Domingo Cavallo

Durante los últimos meses el Peso y el Real se han estado fortaleciendo. El año pasado ambas monedas llegaron a valer 25 centavos de Dólar, apenas un cuarto de lo que valían durante la mejor época del Mercosur. En la última semana el Peso se aproxima a los 33 centavos de dólar y el real a los 30. Esta tendencia, si se mantiene en ambos países, facilitará la recuperación económica en cada uno de ellos y revitalizará al Mercosur.

Mientras las autoridades brasileñas son conscientes del beneficio que significa la apreciación del Real, en Argentina el Gobierno insiste en que va a impedir que el Peso siga apreciándose. En materia económica, Lula está mucho mejor asesorado que Duhalde.

Los brasileños saben que si el Real tiende a apreciarse la tasa de inflación comenzará a ceder, las tasas de interés internas podrán bajar y el mercado interno saldrá fortalecido. Tienen en claro que si el actual esfuerzo fiscal para generar un superávit primario del 4 % del PBI no va acompañado de un significativo fortalecimiento del Real y de una baja de la tasa de interés interna que permita reducir a la mitad la proporción que los intereses de la deuda representan del PBI, seguirán teniendo un déficit fiscal incompatible con un sendero sostenible para su endeudamiento público.

Los beneficios que acarrea la apreciación del Peso en Argentina son los mismos que en Brasil. En la medida que el Peso se aprecie, la tasa de inflación tenderá a ceder. En octubre del año pasado en una de mis columnas semanales dije que con el precio del Dólar a casi 4 pesos la economía Argentina tenía incorporada una inflación latente del 100%[1]. Hoy, con el Dólar a casi 3 pesos, la inflación latente se ha reducido a la mitad, y si el Dólar bajara a 2 pesos, el riesgo inflacionario terminaría de desaparecer.

Además, la tendencia a la apreciación del Peso permite que las tasas de interés sigan bajando por retorno de los dólares billetes al circuito comercial primero y, si renace la confianza en el respeto a los derechos de propiedad de los ahorristas, al circuito financiero después. Con el Peso cada vez más fuerte y las tasas de interés en baja, será mucho más fácil encontrar una solución al problema de la deuda pública. Mi análisis de la complicación que para la reestructuración de la deuda significaba un Dólar a casi 4 pesos en octubre del año pasado, permite concluir que con el dólar a casi 3 pesos hay mejores chances de encontrar un sendero sostenible para la deuda. Si el precio del Dólar bajara a 2 pesos, la solución del problema de la deuda sería inmediata porque se podría retomar rápidamente la reestructuración que quedó a mitad de camino en diciembre de 2001.

Con el Peso apreciándose en dirección a los 50 centavos de Dólar la reactivación económica durante los próximos dos o tres años podría ser del orden del 10 % anual, como lo fue luego del lanzamiento del Plan de Convertibilidad. Esto es así, porque habría una recuperación vigorosa del mercado interno. Además, la baja de muchos precios que aumentaron casi el 200% a consecuencia de la devaluación extrema del Peso el año pasado, permitiría que el inevitable aumento de precios de los servicios públicos y privados, incluidos naturalmente los salarios del sector privado, no tenga efectos inflacionarios y sólo represente una recomposición de precios relativos favorable a la recuperación del mercado interno.

Al aumentar significativamente el poder de compra de los ingresos de la población, la demanda interna de bienes de consumo aumentará en dirección a los niveles que tenía antes de la devaluación del Peso y podrá aumentar también la inversión necesaria para asegurar el mantenimiento y posterior expansión de la capacidad productiva que la Argentina tenía hacia fines de 2001.

¿Cómo se explica, que desplegando tantos beneficios, la apreciación del Peso sea vista con preocupación por el Gobierno? La explicación radica en que las autoridades, e incluso algunos empresarios industriales, siguen creyendo que la incipiente recuperación de la economía refleja los “beneficios” de la pesificación y la devaluación. Pero están absolutamente equivocados porque los “beneficios” de los que hablan no son tales para el conjunto de la población, ni son sostenibles en el tiempo.

La pesificación y la devaluación han beneficiado a algunos sectores productores de bienes que han podido aumentar sus precios y cancelar sus deudas utilizando dólares que habían logrado acumular antes de la devaluación. Pero para la población en su conjunto, no sólo no ha producido beneficios, sino que le ha ocasionado serios perjuicios. Estos se reflejan en desvalorización extrema de los salarios y de los ahorros que las familias mantuvieron en el sistema bancario. Además, las empresas y familias que derivan sus ingresos del mercado interno, no han visto ningún alivio en su endeudamiento, aún cuando sus deudas hayan sido pesificadas, porque sus ingresos no han aumentado al ritmo del CER, coeficiente con el que se ajustan las deudas después de la pesificación. Demás está decir, que si sus deudas siguieron en dólares, esas empresas y familias estarían seguramente en cesación de pagos.

Para los productores de bienes de exportación los beneficios de la pesificación y devaluación son sólo transitorios, porque han sido seguidos de la creación de impuestos de fuerte sesgo anti-exportador, y la experiencia de los 80’s demuestra que los impuestos distorsivos y la inestabilidad cambiaria tienen un efecto más negativo sobre las exportaciones que episodios esporádicos de sobrevaluación de la moneda local.

Después de toda esta argumentación, espero haber convencido al lector que hay una forma de comenzar a salir de la crisis actual: adoptar reglas de juego que recreen confianza y que faciliten la valorización del Peso hacia los 50 centavos de dólar. Entre ellas, deberán ocupar un valor destacado la completa eliminación de impuestos que graven directa o indirectamente a las exportaciones y la re-dolarización de depósitos pesificados y de las deudas empresarias. Las únicas que deberían mantenerse pesificadas son las deudas familiares.

Por supuesto que todo esto funcionará si Brasil tiene éxito en su política enderezada a recrear confianza y lograr la apreciación del Real y la baja de las tasas de interés. Si algo conviene hacer para revitalizar el Mercosur, es precisamente trabajar juntos y apoyarse recíprocamente para que se recupere el mercado interno en las dos economías. Ello significa revertir las equivocadas políticas que por varios años en Brasil y desde enero del 2002 en Argentina, creyeron que la desvalorización extrema de las respectivas monedas nacionales podía ayudar a recuperar de manera permanente la competitividad. Los brasileños ya lo han entendido y lo están haciendo. Es crucial que el futuro Gobierno Argentino lo entienda y actúe en consecuencia.

[1] Ver “Con el dólar a casi 4 pesos la inflación latente es del 100%”, 15 de octubre de 2002, en www.cavallo.com.ar

La desunión frente a la adversidad y frente a los desafíos difíciles es una de las principales falencias de nuestra Nación. Estoy convencido de ello por experiencia propia. Siento que mi fracaso como hombre político tiene mucho que ver con mi falta de habilidad para trabajar por la unidad nacional durante el trágico año 2001.

Entré al Gobierno de De la Rúa creyendo que el Presidente, con mi ayuda, podría formar un Gobierno de Unidad Nacional para el que el Peronismo parecía predispuesto. Por lo menos así me lo habían comentado durante el año 2000 varios dirigentes importantes de ese movimiento. Entre ellos Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde. Ni siquiera pude lograr que la Alianza se recompusiera como coalición.

De hecho, mi propuesta de que Chacho Álvarez fuera el Jefe de Gabinete cuando los radicales forzaron la renuncia de López Murphy y sólo aceptaban mi presencia en el gabinete como Ministro de Economía, se diluyó en la noche de la indecisión presidencial frente al embate de Nosiglia por mantener en el cargo a Chrystian Colombo.

Con Colombo de Jefe de Gabinete, los gobernadores peronistas tenían asegurado lo único que los motivaba a integrar un Gobierno de Unidad Nacional: financiamiento del Banco Nación y gestoría de recursos federales para las provincias. ¿Para que comprometerse participando en el Gobierno, si Colombo les aseguraba lo que ellos necesitaban?

Mi gran error fue creer que aplicando mis conocimientos y experiencia como economista podría revertir la crisis económica trabajando en un gobierno que no había logrado unir a la Nación detrás de ese objetivo. Esta es la responsabilidad política que reconocí hablando en la Universidad de Columbia, cuando culpé a la clase política Argentina-de la que naturalmente no me excluí- y no al FMI o al Consenso de Washington de la tragedia que estamos viviendo en nuestro país.

Estoy convencido que el gran problema de nuestra Patria es el proceso de feudalización de la política que se agregó a la estructura extremadamente corporativa de nuestra sociedad luego de la reforma constitucional de 1994. La disminución del Poder Presidencial acompañado por un aumento del tamaño y poder del Senado, así como de la autonomía de las provincias para gastar y endeudarse, pero no para recaudar impuestos, ha permitido que se expandan estructuras clientelistas en grandes municipios y provincias que hoy dominan la política argentina.

El aumento desmesurado del gasto y el endeudamiento con el sistema bancario interno es consecuencia de esa feudalización de la política. La coincidencia de intereses de provincias y empresas endeudadas que creyeron ver en el default, la pesificación y la devaluación la solución a sus problemas financieros precipitó la etapa final de la crisis. Estructuras políticas feudales y estructuras económicas corporativas unieron fuerzas para echar sobre las espaldas de trabajadores y ahorristas el peso de sus deudas excesivas. La clase política permitió que estos intereses se sobrepusieran a los de la Nación y de su Pueblo.

La elección anticipada del Presidente de la Nación en relación a la renovación del Congreso y de los gobernadores provinciales brinda una oportunidad inédita para comenzar a revertir este proceso y sentar las bases para una recuperación institucional duradera de nuestra Nación. Si quien resulte elegido por el voto popular llama de inmediato a un referéndum para llevar a cabo una profunda reforma política tendrá grandes posibilidades de revertir rápidamente la crisis económica y social.

La Reforma política deberá permitir que resulten elegidos para el Congreso Nacional verdaderos representantes del Pueblo y no de las estructuras partidistas. Además deberá asegurar que se conformen gobiernos provinciales que asuman responsabilidades equilibradas en materia de gastos y recursos en los que no quede margen para el clientelismo y la corrupción.

Si por el contrario, el nuevo Presidente se limita a buscar soluciones económicas y financieras, sin impulsar primero la reforma política que cree las condiciones para la unión de esfuerzos del Gobierno Federal, los Gobiernos Provinciales y el Congreso Nacional en pos del progreso económico y social de la Nación, tendrá asegurado su fracaso.

Con todo lo difícil que se presentan los problemas económicos, el principal desafío del próximo Presidente de la Nación será la acumulación de poder para gobernar en un clima de Unidad Nacional sin el cual, ninguno de los demás problemas encontrará solución. Mas allá de simpatías o antipatías y más allá de las ideologías, yo espero que los argentinos votemos por un gobierno fuerte, que sepa ser eficaz en su accionar y que se comprometa a impulsar de inmediato la reforma política que Argentina necesita.

Las decisiones judiciales, incluidas las de la Suprema Corte, no podrán reparar todas las injusticias que se derivaron de la Pesificación y Devaluación decididas por el Gobierno de Duhalde. Hay situaciones que son irreversibles. Por ejemplo, quienes retiraron sus depósitos en pesos o aceptaron algunos de los bonos que se ofrecieron durante el año pasado, ya han soportado una pérdida y resignado el derecho a reclamar compensación. En la dirección contraria, quienes hayan cancelado total o parcialmente deudas pesificadas vendiendo dólares en el mercado libre han realizado una ganancia, que aunque injusta, nadie les podrá quitar.

Estas injusticias tienen una enorme dimensión y sólo podrían haberse acotado mediante un pronunciamiento más temprano de la Corte Suprema. Si a los pocos días del fallo Smith, cuando el Gobierno dictó el decreto 214 de Pesificación, la Suprema Corte de Justicia hubiera decretado su inconstitucionalidad, se podrían haber evitado sus injustas consecuencias. Pero esta observación hoy sólo sirve para destacar la importancia de que los controles republicanos funcionen con agilidad. Lamentablemente no puede reparar el daño que la demora provocó.

En la actualidad sólo se puede evitar que se sigan produciendo transferencias arbitrarias desde depositantes hacia deudores por los depósitos aún no retirados y las deudas pendientes. Aún cuando la magnitud de estos daños evitables sea muy inferior a la de las injusticias que ya son irreparables, es muy importante que el Gobierno implemente sin demoras la despesificación. Ello ayudará a remover las incertidumbres que hoy impiden el funcionamiento del sistema financiero y comenzará a recrear confianza sobre la capacidad del sistema monetario y legal para proteger y preservar los ahorros de la población. Sólo así volverá a aparecer el crédito en la Argentina.

La despesificación no puede ser asimétrica, porque dejaría pendientes de resolución judicial un número tan grande de conflictos como el que la decisión de la Suprema Corte ha tratado de solucionar. Además, si la despesificación fuera asimétrica, los incentivos económicos llevarían a un comportamiento de depositantes y deudores que aumentan los riesgos de hiperinflación. Para ejemplificar este peligro basta razonar sobre qué política cambiaria aplaudirían depositantes y deudores en el caso en que los depósitos se re-dolarizaran y las deudas quedaran en pesos sin indexación. Ambos ganarían cada vez que el peso se devaluara. Pero, ¿Quién pagaría la diferencia entre el valor de las acreencias y el valor de las deudas? Sin duda, sería inicialmente el Estado, lo que en la práctica significa más emisión monetaria y más devaluación. Puse el adverbio “inicialmente”, porque al provocar inflación, quien termina pagando la diferencia es la gente.

La indexación de las deudas atenúa este incentivo perverso, ¿Pero si la Suprema Corte admite una depesificación asimétrica con el argumento de que no es justo que los deudores paguen en la moneda original, quien garantiza que no declaren inconstitucional la indexación de las deudas? Hay que tener presente que así como existía una ley de intangibilidad de los depósitos también existía prohibición de indexar los contratos en pesos y esta cláusula de la ley de Convertibilidad fue expresamente ratificada por la Ley de Emergencia Económica de enero de 2002.

La única forma de quitar estímulos a la devaluación permanente del Peso con sus consecuentes riesgos hiperinflacionarios es equilibrar la demanda de devaluación de los acreedores con la demanda de apreciación de los deudores. Esto es, haciendo que la ganancia de uno sea a costa de una pérdida del otro. Pero evitando que ambos puedan ganar a costa del resto de la población.

Afortunadamente la ley de Emergencia Económica que autorizó la devaluación del Peso sentó reglas claras sobre la Pesificación de las deudas inferiores a 100 mil dólares, autorizando expresamente su indexación, al mismo tiempo que ratificaba en general la prohibición de indexar de la Ley de Convertibilidad. La Suprema Corte ya ha dicho que considera constitucional la pesificación de las deudas inferiores a 100 mil dólares conforme lo estableció esta ley. Sobre esta cuestión corresponde mantener la situación tal como había resultado de dicha ley. Por otro lado el Estado ya ha decidido compensar a las entidades financieras por las pérdidas que esta pesificación le ocasionó, así que lo único que hay que hacer al respecto es implementar esa decisión.

Todo el resto de las deudas pesificadas del sector público y del sector privado que aún no hayan sido canceladas deberán volver a su valor original en dólares, comenzando por el Préstamo Garantizado que surgió de la reestructuración de la deuda pública interna concluida en diciembre de 2001.

Adoptada esta decisión, se habrá recompuesto totalmente la situación patrimonial de los bancos, por lo que estos no tendrán derecho a reclamar bonos o compensaciones, con excepción de las que se derivan de la pesificación de las deudas inferiores a 100 mil dólares y de todas las operaciones de devolución de depósitos o cancelación de créditos pesificados asimétricamente que se hayan realizado hasta el presente.

Quedará como problema a resolver el incremento de la deuda del sector privado ocasionado por la devaluación, pero este es un problema que la pesificación había resuelto de una manera muy injusta y costosa. Injusta, porque resolvía sólo el problema de los endeudados bajo ley argentina, pero no el de los endeudados bajo ley extranjera. Costosa, porque obligaba a compensar a los bancos por la diferencia entre el valor de las deudas pesificadas y su valor original en dólares, con independencia de si el crédito era finalmente cobrado por el banco, es decir, relevando a éste del riesgo crediticio.

El Gobierno deberá ofrecer una solución al problema del aumento del endeudamiento privado provocado por la devaluación, pero sin diferenciar entre deuda interna y externa y comprometiéndose a pagar una parte de esas deudas sólo en el momento que el deudor original pague cuotas de intereses o amortización. Además la proporción de las deudas a pagar por el estado debería estar relacionada con la composición por monedas de los ingresos del deudor. Aquellas empresas que tienen el grueso de sus ingresos en dólares o atados al valor del dólar no deberían recibir compensación alguna, mientras que las empresas con ingresos en pesos y precios no ligados al dólar, deberían recibir el máximo posible de compensación. El presupuesto total de la compensación debería ajustarse a una proyección razonable de ingresos fiscales adicionales asociados con la recuperación de la economía que puedan asignarse a financiar esta erogación de manera específica. Podría establecerse una sobre tasa del impuesto a las ganancias de los contribuyentes que son beneficiarios del sistema de compensación de deudas.

Así implementada, la despesificación reestablece la solvencia del sistema bancario y atenúa los riesgos de insolvencia del sector privado no financiero. El efecto sobre la solvencia del sector público dependerá de las políticas fiscal y monetaria futuras. Si éstas ayudan a restaurar la confianza en la moneda argentina, se producirá una apreciación del Peso que ayudará a reestablecer rápidamente la solvencia del Estado.

Queda por explicar cómo se evita el problema de liquidez del sistema financiero si es que los depositantes beneficiados con la despesificación deciden retirar en efectivo la mayor parte de sus depósitos. La respuesta es sencilla. El único caso en el que podría darse esa conducta de los ahorristas es aquel en que el sistema financiero no les diera la opción de mantener sus depósitos en dólares y ellos hubieran decidido a tenerlos inexorablemente en esa moneda. La solución es clara: los bancos tienen que volver a ofrecer la posibilidad de que los depósitos sean en dólares, incluso los que el depositante desee mantener a la vista.

En síntesis, la única forma de implementar la despesificación de manera que contribuya al reestablecimiento de la estabilidad y la confianza es recreando un sistema financiero que devuelva a los argentinos la posibilidad de elegir la moneda en la que prefieren mantener sus ahorros. Esa era la virtud del Régimen de Convertibilidad que nunca debería haberse eliminado.

La Suprema Corte de Justicia ha cumplido con su deber. No podía convalidar la alevosa violación del derecho de propiedad de los ahorristas que significó el decreto 214/02 al disponer la pesificación de los contratos en dólares a un tipo de cambio arbitrario. Nadie puede argumentar que ésta no era la decisión jurídicamente razonable. Sin embargo, hay muchas opiniones de economistas que consideran que la decisión no es razonable desde el punto de vista económico. Se dice incluso que el FMI solicitaba que la Suprema Corte resolviera a favor de la pesificación.

Los economistas que tienen esta opinión están absolutamente equivocados. Si el Ministerio de Economía y el Banco Central no aprovechan la oportunidad que la Suprema Corte les está ofreciendo para reconstruir un sistema monetario y financiero que recree la confianza de los ahorristas, ambas instituciones serán responsables de un largo período de estanflación en Argentina. Afortunadamente, la proximidad de las elecciones permite que sea el futuro gobierno el que aproveche la oportunidad que brinda el fallo de la Corte, si es que el Gobierno de Duhalde sigue empecinado a obligar a los argentinos a ahorrar en una moneda en la que no confían.

La redolarización de los depósitos no tiene porque costar a los presupuestos públicos futuros más de lo que ya le ha costado la pesificación asimétrica. Y la razón es muy simple: cualquier organización razonable de la economía argentina hacia el futuro, acompañada de disciplina fiscal, tiene que generar un tipo de cambio real que no se alejará del de la convertibilidad en más del 40 % que se le reconoció a los bancos con motivo de la pesificación asimétrica. En otros términos, si la comparación entre 1,40 ajustado por el CER y el precio del dólar en el mercado libre se hace en el momento de cada pago de amortización e intereses, el valor presente neto de todos esos pagos no superará al de los bonos que se prometieron entregar a los bancos como compensación por la pesificación asimétrica.

Una organización razonable de la economía argentina para el futuro tiene que incorporar tres ingredientes claves: eliminación completa de los controles de cambio, libre circulación de cualquier moneda convertible, incluidos naturalmente el Dólar y el Euro, tanto como dinero papel o como dinero bancario, y eliminación de las retenciones y cualquier otro impuesto directo o indirecto que cree un sesgo anti-exportador. Si además el presupuesto público se mantiene en equilibrio para el promedio del ciclo económico, el precio en términos reales del dólar que surgirá de una libre flotación no superará al de la convertibilidad en más del 40 %. Esto es lo mismo que decir que se puede volver fácilmente a un PBI en dólares superior al cociente entre el PBI en dólares de la convertibilidad y 1,40.

Con una organización de la economía como la descripta en el párrafo anterior, el Peso competirá con el Dólar y con el Euro, por lo que el Banco Central deberá administrar la política monetaria de tal manera que recree la confianza de los argentinos en su capacidad para preservar valor, ésto es, para no ser erosionado por la inflación. Por supuesto que esta cualidad del Peso deberá ser adquirida con la ayuda de mecanismos indexatorios como los que usa Chile para que la gente se anime a ahorrar en pesos en plazos medianos y largos. La gran virtud de un sistema monetario y financiero semejante será la existencia de crédito y contratos a mediano y largo plazo, que hoy han desaparecido de la economía argentina.

Si la Suprema Corte de Justicia convalidaba la pesificación iba a ser imposible recrear este tipo de sistema monetario y financiero, con lo que la economía iba a estar condenada a la estanflación, dado que la mayor parte del ahorro argentino migraría en búsqueda de la seguridad de mantenimiento de valor que para muchos argentinos sólo brindan las monedas convertibles. Sin ahorro dispuesto a quedarse en el país, tampoco existiría ingreso de capital extranjero. La consecuencia no sería otra que la inexistencia de crédito y, por consiguiente, de inversión. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia ha creado la oportunidad para que este sombrío panorama se transforme en una tenue luz de esperanza.

Las entidades representativas de los productores agropecuarios, los comercializadores de granos y todas las empresas del complejo agroindustrial granario, incluidos los principales proveedores de insumos, han dispuesto un paro nacional entre el 3 y el 7 de marzo. Esta decisión sorprende a quienes ven al campo, junto a las industrias sustitutivas de importaciones y al turismo, como los grandes beneficiarios de la política económica del gobierno de Duhalde. Pero, la actitud del campo no debería sorprender a nadie porque los agricultores tienen 45 años de experiencia de reglas de juego como las que esta reinstalando el gobierno actual, para advertir de inmediato que, tal como se suceden los acontecimientos, el beneficio que les dejará la fuerte devaluación del peso será transitorio, mientras que los perjuicios asociados a las reformas impositivas que le siguieron serán permanentes.

El complejo energético, que también incluye actividades de exportación desde la alta inversión de los 90s, ya ha advertido también que el efecto beneficioso de la fuerte devaluación será sólo transitorio mientras que las retenciones y las regulaciones represoras de la actividad, pueden transformarse en permanentes. Por eso han reducido significativamente sus inversiones con efectos sobre la oferta que no tardarán en percibirse.

A las actividades de exportación de la industria manufacturera les costará un poco más advertir los costos permanentes del sesgo anti-exportador que introducen las nuevas reglas de juego que hoy parecen facilitar la reactivación a través de la sustitución de importaciones. Es que con una moneda muy subvaluada, podrán exportar los mismos bienes que producen para sustituir importaciones. Pero sólo a costa de cobrar precios muy bajos en dólares, por la mercadería que exportan. Cuando el precio del dólar tenga un valor mas equilibrado, esas exportaciones se tornarán no rentables y la nueva sustitución de importaciones sólo podrá sostenerse mediante una política de protección arancelaria que reintroducirá el viejo sesgo anti-exportador de la política industrial argentina.

Más tarde o más temprano, todas las actividades que hoy aparecen como beneficiarias de la devaluación, terminarán formulando los mismos reclamos que hoy plantean con elocuencia los representantes del campo y de la actividad agroindustrial. La razón es muy clara: las retenciones a las exportaciones, la demora en devolver el IVA y los demás impuestos sobre los insumos, la inflación no reconocida por la legislación del impuesto a las ganancias y el deterioro creciente de la infraestructura y los servicios que sobrevendrán como consecuencia del acelerado proceso de descapitalización que sufre el país, no sólo corroerán los beneficios transitorios de la devaluación sino que quedarán como determinantes permanentes de baja rentabilidad de todos los sectores vinculados a la exportación.

¿Cómo se explica que el gobierno que hace del aliento a la producción exportable una de sus banderas fundamentales, sea tan miope en relación a las consecuencias anti-exportadoras permanentes de su accionar?

Mi explicación es política. La verdadera motivación del conjunto de medidas puestas en marcha desde que asumió la Presidencia Eduardo Duhalde, devaluación, pesificación, retenciones a las exportaciones y negación del ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, fue el logro de una fuerte quita, en términos reales, de la deuda de las provincias y de los grandes deudores privados. La transferencia inmediata de ingresos a favor de los productores de bienes de exportación, de sustitución de importaciones y del turismo, fue una consecuencia positiva pero secundaria. Lo mismo que el alivio a los deudores hipotecarios, personales y de la pequeña y mediana empresa. Por supuesto que en términos políticos, al gobierno le conviene decir que su objetivo fue obtener estos beneficios, y es lo que esta haciendo. No obstante, como la motivación verdadera fue resolver el problema de las provincias que se habían endeudado en exceso y de los grandes deudores privados, no tendrán escrúpulos en cobrar los impuestos más anti-productivos e injustos, si ello les ayuda a consolidar la fuerte transferencia de riqueza que buscaron con el abandono de la convertibilidad y la declaración de default.

El campo tiene suficiente experiencia para no dejarse ilusionar con beneficios transitorios. Tuvo 45 años de experiencia como para descubrir fácilmente que toda esta política es una trampa para volverlos a transformar en los que pagan la factura del despilfarro público. Por eso sostengo que el campo tiene razón en protestar.