Domingo Cavallo

Segunda nota de seis

La crisis energética que denuncia Lavagna es fruto de la destrucción de las reglas de juego que en la década de los 90 impulsaron inversiones muy eficientes, tanto en generación, como en transmisión y distribución. Esta destrucción se produjo como consecuencia de las decisiones de Duhalde durante 2002, y no hubieran sido revertidas ni por los tímidos aumentos de tarifas que Lavagna gestionó, ni por las inversiones cuasi-públicas cuya demora Lavagna ahora critica.

La superación del riesgo de crisis energética sólo se logrará con un replanteo integral de reglas de juego para el sector, que Lavagna nunca pregonó porque es contrario a los postulados del denominado Modelo «Productivo». Con las nuevas condiciones de la energía en el mundo, los precios en dólares de todo tipo de energía en la Argentina tendrán que ser más elevados que en la década de los noventa. Por consiguiente, el tipo de cambio real, al menos en relación a los precios de la energía, no podrá ser mas alto que en la época de la Convertibilidad.

El aumento del gasto público por subsidios al transporte a los que Lavagna también critica es, como la crisis energética, una consecuencia inevitable de la decisión de mantener el tipo de cambio real alto. Para que los precios del transporte público y otros servicios públicos y privados no aumenten al mismo ritmo que el precio de los bienes atados al dólar serán necesarios más y más subsidios. No sólo se necesitará subsidiar la operación de las empresas prestadoras, sino también su inversión, porque de otra manera los servicios públicos y privados terminarán totalmente descapitalizados y degradados.

Las re-estatizaciones parciales, como las de Aeropuertos y Aerolíneas y las re-estatizaciones totales como las de los servicios de aguas, que Lavagna también critica, son solo el comienzo de un proceso inevitable, si continúa en vigencia el denominado Modelo “Productivo” con tipo de cambio real alto. De hecho, la fijación de tarifas de servicios que aún con subsidios sólo cubren los costos operativos, significa que ya se ha decidido estatizar toda la nueva inversión, aún en servicios cuya operación siga concesionada al sector privado. Y no puede ser de otra manera si para mantener bajas las tarifas, en relación al tipo de cambio, se recurre a dejar sin remuneración el capital privado invertido con anterioridad.

Otra de las críticas de Lavagna se refiere al control de precios. Pero si el precios de los bienes en el mercado interno y los salarios deben mantenerse bajos para que el precio del dólar en términos reales sea alto, elevadas al extremo las retenciones y comprometida la política monetaria en la compra de reservas ¿qué otro instrumento le queda al gobierno para lograr ese objetivo?

Yendo más al terreno de la calidad institucional de naturaleza política, Lavagna critica la utilización de los recursos presupuestarios y de los superpoderes para disciplinar a gobernadores e intendentes y comprar su apoyo político. Esta utilización de los recursos del fisco es el resultado de la aplicación de las retenciones como principal fuente de recaudación, que reduce la base tributaria de un impuesto coparticipable, como el Impuesto a las Ganancias, y aporta recursos no coparticipables al Presupuesto Nacional. Pero las retenciones son inherentes del Modelo “Productivo”, dado que si éstas se eliminaran el tipo de cambio real se desplomaría.

Yendo al plano de la política exterior, Lavagna critica el acercamiento a Hugo Chávez, y los numerosos conflictos con otras naciones hermanas. Pero esta política exterior es la consecuencia natural del auto-encerramiento económico al que llevaron las decisiones de Duhalde en 2002.

Finalmente, la crítica que pretende tener más impacto político, porque sugiere que hay corrupción de por medio, es la que se refiere al “capitalismo de amigos”. Corresponde preguntarse: en un sistema de ausencia total de reglas de juego y redistribuciones arbitrarias como el que se inauguró en 2002, ¿a quien, sino a los capitalistas y sindicalistas amigos, beneficiarán las medidas discrecionales del gobierno? Si Lavagna siguiera siendo Ministro de Economía, o si resultara elegido Presidente, ¿utilizaría la repartija discrecional de premios y castigos, que es inherente al Modelo “Productivo”, a favor de sus enemigos?

Sin duda, el Gobierno de Kirchner merece severas críticas por todo lo que señala Lavagna y muchas cosas más. No menos criticables son: la deuda creciente que se está acumulando con los Jubilados a los que no se les dio suficiente movilidad a sus jubilaciones, los atrasos salariales de los trabajadores de la salud y otros servicios privados, los compromisos de inversión pública crecientes por ausencia de inversión privada en sectores de la energía, los transportes y la infraestructura, la desproporción entre los costos de la vivienda y los salarios de los trabajadores y el encarecimiento prohibitivo de los insumos tecnológicos en muchas actividades de servicios.

Pero si esas críticas sirven para que Kirchner sea reemplazado por los ideólogos del Modelo “Productivo”, sólo conseguiremos salir de la sartén para caer en el fuego.

Primera nota de seis

Quienes sigan con atención los pasos del ex Presidente Raúl Alfonsín y de su Rasputín, Leopoldo Moreau, podrán advertir que la eventual candidatura de Lavagna a la Presidencia de la República, los llena de entusiasmo, aún cuando el ex Ministro de Economía de Kirchner hace esfuerzos por aparecer lejos de ellos. El ex presidente, y el frustrado candidato radical del 2003, esperan que una campaña presidencial de Lavagna ayude a que la opinión pública siga creyendo que el Golpe Institucional que dieron juntos para sacar del poder a De la Rúa tuvo un sentido épico.

Alfonsín y Moreau han convencido a la mayoría de los Argentinos, con una formidable maquinaria propagandística puesta a funcionar por Duhalde, financiada por grandes empresarios endeudados y con el respaldo intelectual de los ideólogos del Modelo “Productivo”, que la devaluación que se produjo desde el abandono de la Convertibilidad, en Enero de 2002, marcó el comienzo de la vigencia en Argentina de un nuevo modelo basado en el tipo de cambio real alto, en reemplazo del Modelo “Neoliberal” de la Convertibilidad.

Llamo ideólogos del Modelo “Productivo” a economistas que entienden la ley de la oferta y la demanda y que han defendido la devaluación del Peso en 2002 como un “cambio de modelo económico”. Los ejemplos más relevantes son Roberto Lavagna y Javier González Fraga, en contraste con, digamos, Julio De Vido y Guillermo Moreno, que son ejecutores pragmáticos, sin pretensiones de liderazgo ideológico.

Como el accionar de los ejecutores avanza sin contención en el Gobierno de Kirchner, especialmente desde que el Presidente lo sacó a Lavagna del Ministerio de Economía, los ideólogos del Modelo “Productivo”, han comenzado a sugerir que por errores de ejecución el nuevo modelo puede llegar a fracasar.

En ese sentido, Lavagna critica la inminente crisis energética, el aumento del gasto por subsidios al transporte, las re-estatizaciones parciales o totales de empresas privatizadas, el control de precios, la utilización de los recursos no coparticipables y de los superpoderes para disciplinar políticamente a gobernadores e intendentes y la proximidad a la Venezuela de Chávez. Y terminan argumentado que Kirchner quiere construir un “capitalismo de amigos”, con lo que dejan sembrada la sospecha de corrupción.

Alfonsín y Moreau se muestran muy preocupados por que estos desvíos puedan desdibujar el sentido épico de la gran batalla que dieron para sacar a Argentina del abismo en la que, según ellos, había caído como consecuencia de las gestiones de Menem y De la Rúa, y sobretodo, de la “nefasta ideología Neoliberal aportada por Cavallo”.

Para neutralizar este riesgo, esperan llevar a Lavagna a la Presidencia de la República. Esta candidatura concitaría, según ellos, el apoyo de suficientes partidarios del Modelo “Productivo” y, en una eventual segunda vuelta, de los liberales e independientes, que puestos a optar, lo harían por Lavagna, aunque más no sea, por odio a Kirchner. Esta es, en una apretada síntesis, la principal novedad del panorama electoral para 2007.

Para desconsuelo de Alfonsín y Moreau, pero para bien de todos los argentinos, me atrevo a predecir que gracias a los acontecimientos políticos y económicos de los próximos cuatro años, gobierne Kirchner o gobierne Lavagna, la opinión pública va a descubrir la verdad de lo que ocurrió en las vísperas del Año Nuevo de 2002. Y esto permitirá, sino en 2007, con seguridad en 2011, la recuperación de las instituciones políticas y económicas necesarias para el progreso sostenido de Argentina, sin las lacras de la inflación y del aislamiento internacional.

El Golpe Institucional de Diciembre de 2001 marcó el comienzo de un período caracterizado por una degradación extrema de las instituciones políticas republicanas y de las instituciones económicas protectoras de la propiedad y de la libertad.

La pesificación y la devaluación , el congelamiento selectivo y arbitrario de tarifas y precios de servicios, salarios y jubilaciones, la destrucción de la base contractual de la economía , la presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que convalidara la violación de los derechos de propiedad de los ahorristas, la confrontación inamistosa con naciones hermanas y con aquellos países desde los que más inversiones habíamos recibido, la amistad con la Venezuela de Chávez y el distanciamiento de muchas naciones serias, ocurrieron no desde la salida de Lavagna del Ministerio de Economía, sino desde el mismo momento en que Duhalde se hizo del Poder con el apoyo cómplice de Alfonsín, Moreau y muchos radicales.

Todos los problemas que hoy los ideólogos del Modelo “Productivo” quieren hacer aparecer como responsabilidad de los ejecutores pragmáticos, no son sino la consecuencia natural de la degradación política y económica en la que entró Argentina desde aquel trágico momento.

En mis próximas cinco notas explicaré las razones por las que la opinión pública descubrirá la verdad y votará, a mas tardar en el 2011, para recuperar instituciones políticas y económicas que permitan el bienestar de todos los argentinos y, no sólo, de los beneficiarios privilegiados de la Argentina devaluada.

Artículo editorial publicado por La Nación el 6/10/06

La resolución del juez Jorge Ballestero de procesar al ex presidente Fernando de la Rúa y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la operación de megacanje de deuda efectuada en 2001 es arbitraria e infundada, al tiempo que avanza por la peligrosa línea de enjuiciar las decisiones de política económica, especialmente cuando no coinciden con las ideas dominantes en el gobierno de turno.

El juez Ballestero imputó al ex mandatario y a varios ex funcionarios el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y, con ello, pretende sostener que aquéllos incurrieron en un crimen, que excede el margen de discrecionalidad propio de las medidas políticas.Pero más allá de esa afirmación genérica y vaga, la resolución del magistrado no contiene prueba alguna que demuestre que De la Rúa, Cavallo y sus colaboradores de entonces intentaron perjudicar «a sabiendas» al país o que obtuvieron un beneficio económico para sí o para otros, los únicos dos supuestos que, según el Código Penal, podrían haber justificado el procesamiento de los ex funcionarios por defraudación.

La operación de megacanje de títulos de la deuda externa consistió en la postergación de los vencimientos que se iban a producir entre 2001 y 2005 hasta el período 2006-2031, a cambio de pagar cuantiosos intereses que hacían incrementar la deuda durante este último período. Varios legisladores nacionales presentaron una denuncia por el supuesto fraude, sosteniendo que De la Rúa buscó beneficiar a los bancos internacionales que intervinieron en la refinanciación.

Para dictar su fallo, el juez Ballestero se apoyó en un peritaje oficial encargado a expertos de reconocida probidad profesional, aunque con una visión política y económica muy distinta de la sostenida por el ex ministro Cavallo. Sin embargo, aun cuando se dejen de lado las fundadas sospechas de parcialidad que pueden surgir de la elección de esos peritos, ni siquiera el peritaje avala la decisión del juez Ballestero.En efecto, si bien los peritos calificaron de «inútil» el megacanje que De la Rúa había realizado años antes, describieron la difícil situación económica que atravesaba la Argentina en 2000 y 2001, como consecuencia del tipo de cambio, el déficit fiscal, la recesión, el endeudamiento externo, el desequilibrio de la balanza de pagos y otros factores que ponían de manifiesto la endeblez financiera de la Argentina. Es más, los expertos indicaron que sólo existían tres alternativas para salir de ella: el default, la reestructuración unilateral de la deuda por el Estado o el canje voluntario de la deuda en condiciones de mercado.De la Rúa tomó este último camino.

La distancia que dan los años y los acontecimientos ocurridos desde 2001 hasta la fecha pueden hacernos pensar a muchos que la decisión adoptada por el ex presidente fue incorrecta e incluso perjudicial desde el punto de vista económico. Pero las decisiones se toman en el momento en que se precipitan los hechos, que en medio de la emergencia que se vivía en aquellos años eran especialmente graves y dramáticos, y pretender que la Justicia pueda hacer una evaluación de determinaciones políticas llevará al país por una peligrosa senda de confrontaciones y de persecuciones ideológicas.

En efecto, la decisión del juez no contiene prueba alguna de que haya habido una operación oscura en el pago de comisiones a los bancos internacionales de primera línea que concurrieron en rescate del país, alargando plazos cuando la Argentina ya no gozaba en absoluto de crédito internacional. Es más, el peritaje comentado sostiene que «fue celebrado conforme con los usos y costumbres -internacionales y del país- y las comisiones acordadas coincidían con las que usualmente se abonaban por operaciones como la investigada».

Por más que se pudiera sospechar que el megacanje fue una operación riesgosa y hasta ruinosa para el país, porque a lo largo de los años no lograría mejorar su situación financiera, y por más que se pudiera imaginar que el default llegaría inevitablemente -como sostienen, ex post facto, los peritos y el juez-, tampoco puede el magistrado desconocer que la decisión de declarar al país en default hubiera traído aparejados otros problemas.Por lo demás, el juez no tiene una sola prueba que demuestre que los imputados intentaron dañar al país, aun cuando su administración haya sido absolutamente errónea.

En tal sentido, puede añadirse que en aquella época otros países, como Turquía y Brasil, tomaron decisiones parecidas en momentos en que transitaban situaciones muy frágiles. Turquía evitó el default de su deuda, aunque sus indicadores financieros eran peores que los de la Argentina. Brasil también optó por evitar la cesación de pagos, incluso con cargas de intereses muy elevadas.

La decisión del juez Ballestero de procesar a quienes tomaron medidas económicas es desacertada y sólo puede entenderse si se tiene en cuenta su expresada pretensión de ocupar un cargo en la Cámara Federal, como una solapada intención de congraciarse con el gobierno de turno.Como si ello fuera poco, llama más aún la atención el apresuramiento que mostró el mismo magistrado cuando el 29 de septiembre, apenas tres días después de haber procesado la política económica de De la Rúa, desestimó otra denuncia que le habían presentado varios legisladores contra los superpoderes concedidos por el Congreso nacional al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En este último caso, en una abierta contradicción con su resolución sobre el megacanje, el magistrado resolvió que se trata de una cuestión política y, por lo tanto, no es judiciable, por lo cual no puede investigarse si los legisladores que votaron los superpoderes incurrieron en el delito de traición a la patria.

Una resolución judicial como la referida al megacanje, que se acomoda a los lineamientos de los intereses oficiales y resulta absolutamente arbitraria, deja flotando la posibilidad de que, en el futuro, se emplee igual criterio para juzgar una decisión política en cualquier otra materia, como educación o salud. Al mismo tiempo, se aleja de la independencia y probidad que deberían demostrar en todos los casos quienes tienen la excelsa misión de impartir justicia.

Artículo de Jorge Oviedo para La Nación publicado el 02/10/06

Domingo Cavallo está indignado por la decisión judicial que lo procesó a él junto con Fernando de la Rúa y otros ex funcionarios por el megacanje de mediados de 2001. Afirma que es una operación política, pero no culpa al Gobierno. En cambio, dice que es a Eduardo Duhalde a quien deberían procesar por aumentar la deuda a propósito. Poco antes de partir para Estados Unidos, dialogó con LA NACION y criticó también, pero sin cargar tanto las tintas, a Kirchner y a Lavagna.

¿Qué lectura hace del procesamiento por el megacanje?

Es una decisión absurda del juez. Se basa en un peritaje hecho por peritos, pero designados por el fiscal y seleccionados de entre quienes permanentemente habían fogoneado la devaluación y el default: [Jorge] Schvarzer, [Eduardo] Conessa, [Eric] Calcagno, y no me acuerdo de quién es el cuarto. Han hecho un dictamen que no tiene ningún sustento técnico y es puramente ideológico. Dicen que el megacanje no podía evitar ni la devaluación ni el default; que creaba más riesgos; que eso lo sabíamos y que pese a eso fuimos adelante con la operación, para pagarles honorarios a los bancos, y que aumentamos la deuda. Es todo falso. Y no aumentamos la deuda.-Pero las tasas fueron altas.-Eran las que la Argentina pagaba en ese momento. El argumento de que aumentó la deuda es falaz. Y el megacanje se hizo precisamente para evitar la devaluación y el default.-…Que igualmente ocurrieron.-Porque se produjo un golpe que nos sacó del gobierno precisamente para llevar adelante las políticas que implementó Duhalde. Si buscan quien más endeudó al país, sin duda fue Duhalde, con todos los bonos que tuvo que emitir por la pesificación asimétrica y todas las compensaciones que tuvieron que dar por los zafarranchos que hicieron en enero de 2002.-Pero entre los peritos hay economistas.-Pero el dictamen está hecho con una intencionalidad política. El objetivo es hacer una especie de juicio a una política económica.

¿Ve una mano del Gobierno?

No veo qué gana el Gobierno. Si hay una intencionalidad política, tiene que ver con los que quieren consolidar la idea de que salvaron al país.-Duhalde.-Duhalde, Alfonsín y todos los que dieron el golpe de 2001.

¿Cómo ve a Lavagna como candidato apoyado por Duhalde y Alfonsín?

[Largo silencio.] Me parece que Lavagna ha logrado crear una imagen sobre la base de una gran confusión acerca de las causas de la crisis y el origen de la reactivación. Pero estuvo ahí en el momento oportuno y obviamente hoy inspira cierta confianza. Duhalde y Alfonsín ven en él la oportunidad de recuperar cierto protagonismo político, en particular el radicalismo. Pero yo no creo que sea una alternativa superadora del gobierno de Kirchner. Lavagna sería más de lo mismo, quizá con mejores modales y un poco más prolijo, pero también con mucha menos convicción que la que parece tener Kirchner. Me parece triste que la alternativa para el país esté entre Kirchner y Lavagna. Pero los hechos políticos son así: dependen de circunstancias que a veces llevan a que la confrontación se dé entre personas que cometen los mismos errores.