Mientras el Gobierno de los Kirchner habla de “desendeudamiento” el Estado se está endeudando de la peor forma posible.

Todos los meses la deuda con los jubilados aumenta por incumplimiento de las leyes jubilatorias en vigencia y por multiplicación de reclamos judiciales. El origen de esta deuda es la falta de movilidad de las jubilaciones superiores a la mínima entre enero de 2002 y  diciembre de 2006. La deuda por el capital adeudado más los intereses hasta el momento del pago y las costas judiciales se hacen exigibles una vez que salen las sentencias judiciales y quedan firmes. Ese proceso, que comenzó lentamente en 2003, se va acelerando cada vez más y muy pronto adquirirá la misma magnitud que tenía al final del Gobierno del Dr. Alfonsín en 1989. En aquella época ascendía a 18 mil millones de dólares que debieron ser consolidados en 1991 y dieron lugar a la emisión de los denominados “bocones previsionales” por ese mismo monto.

Cuando se habla del aumento del endeudamiento de la  década del 90 se computan a estos 18 mil millones de dólares como si hubieran sido fruto de déficit fiscal durante los años de Menem, pero en realidad, se trató de un simple reconocimiento de una deuda que se fue acumulando a lo largo de los años durante el gobierno anterior. Ahora está ocurriendo lo mismo que en la década de los 80 y por la misma causa: no se reconoce a los jubilados el derecho a la movilidad que se torna muy relevante cuando hay inflación. Pero la Justicia finalmente hace lugar a los reclamos y la deuda acumulada debe pagarse. Es muy probable que el próximo Gobierno tenga que iniciar su gestión con un esquema de consolidación de pasivos semejante al de 1991. Y los montos involucrados serán aún mayores que los de aquella época.

Pagar los vencimientos de capital de la deuda en dólares que vence a lo largo de 2010 y 2011 con reservas del Banco Central  no significa que el Estado Argentino se desendeude, a menos que las reservas para esos pagos sean adquiridas por el Gobierno con superávit fiscal. El Gobierno, a través del mal denominado “Fondo de Desendeudamiento”,  compra esas reservas con un bono en dólares que coloca compulsivamente en el Banco Central. La emisión de ese bono es la prueba más clara de que no hay “desendeudamiento” y si la operación se hiciera con todas las de la ley, es decir haciéndose cargo el Tesoro del pasivo que el Banco Central adquirió para financiar esas reservas, tendría que emitir letras del tesoro para reemplazar a las lebacs, pagando tasas de interés seguramente más altas que las que actualmente paga el Banco Central. Ello pondría de manifiesto, de manera más clara aún, que no se trata de “desendeudamiento” sino de un cambio de fuente de financiamiento, pasando a una fuente más onerosa que la anterior.

Es bien conocido que desde el año 2008 han venido acumulándose atrasos en los pagos a proveedores y contratistas de obras públicas, a los beneficiarios de subsidios y a los exportadores que tienen derecho a la devolución del IVA. Todo eso significa un aumento de la deuda flotante, que si bien no aparece en las estadísticas, es una deuda más exigible y  más acuciante que la que está documentada en bonos del tesoro. Además, tiene el inconveniente que entorpece el funcionamiento de las empresas que en la medida en que sufren esos atrasos en sus cobranzas, se quedan sin capital de trabajo.

Cuando un Gobierno incurre en déficit fiscal lejos de desendeudarse está necesariamente aumentando su deuda. Claro que para disimularlo puede “defaultearla” en forma implícita, a través de la inflación, o simplemente esconderla para que la gente no lo advierta. Desde 2002 en adelante se están utilizando estos dos procedimientos en proporciones cambiantes. A medida que la gente no se deja engañar, la única vía que le queda al Gobierno para “desendeudarse” es licuando su deuda a través de la inflación.

Por eso, el “desendeudamiento” es otra mentira tan infame como aquella a la que nos tiene acostumbrado el INDEC cuando publica sus índices de precios.

                             Por Domingo Cavallo, para La Nación, domingo 7 de marzo

Usando un término acuñado por Juan Carlos de Pablo muchos años atrás, denomino “devalúo maníacos” a los empresarios y economistas que sostienen la teoría de que todo se arregla con una devaluación fuerte de la moneda.  

Para los devalúo maníacos la devaluación tiene la virtud de producir una rebaja del gasto público y de los salarios reales, a la vez que permite cobrar impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y, de esa forma, reestablecer el equilibrio fiscal. Era la receta que aplicaba el FMI hasta bien entrada la década de los 80s. Consideran como un buen ejemplo de una devaluación “exitosa”, a la de enero de 2002, que licuó deudas, gastos públicos y salarios reales y permitió la introducción de las retenciones. Argumentan que fue esta devaluación la responsable de que la economía se recuperara y, durante seis años consecutivos, creciera a tasas chinas.

Ahora comienzan a acariciar su próximo protagonismo porque observan que la inflación ya ha vuelto a dejar atrasado al precio del dólar, los salarios reales ya alcanzaron el nivel promedio del período 1991-2001 y los costos laborales son incluso más altos que en aquella época, porque han vuelto a aumentar las contribuciones patronales y otros impuestos al trabajo. Observan además que el Gobierno ya no tiene suficientes recursos para afrontar sus gastos y deberá mantener las retenciones; las que, devaluación mediante, podrían aumentar los recursos tributarios sin provocar mayor enojo de los agricultores, a los que, en cierta medida, la devaluación también beneficiaría.

Los devalúo maníacos aspiran a que el Gobierno de los Kirchner se deje convencer  por esta argumentación, porque además le brindaría un argumento para presentar la emisión monetaria con que financiarán el déficit fiscal como un reparto de dividendos del Banco Central.

Lo que los devalúo maníacos no tienen en cuenta es que, en la actualidad, existen desequilibrios en los precios relativos de la economía que obligan al Gobierno a pagar enormes subsidios fiscales que, lejos de reducirse, podrían aumentar proporcionalmente más que el propio precio del dólar.

Se trata de todas las tarifas de servicios públicos y los precios de los bienes esenciales, como trigo y leche, que por haber sido congelados o estar controlados, además de frenar la inversión en esos sectores claves, obligan al Gobierno a pagar subsidios, para cubrir costos variables, por montos de la misma magnitud que el déficit fiscal. Para que esa masa de subsidios no aumente, la devaluación tendría que ser acompañada por un tarifazo de la misma magnitud que la devaluación.

En el actual contexto político y con el actual entrenamiento de los sindicatos para conseguir aumentos de salarios nominales, la estrategia que proponen los devalúo maníacos llevaría inevitablemente a la reedición del “Rodrigazo” de 1975. Los Kirchner entienden el costo político que tendría tomar esta medida, y por eso, pese a estar rodeados de técnicos de profunda convicción devaluacionista, tratan de evitar la devaluación.

Lamentablemente recurren a una enorme emisión monetaria  que a la postre transformará a la devaluación en inevitable. Por eso, los devalúo maníacos no se sienten defraudados. Creen que una vez que los Kirchner hayan dejado el gobierno, lograrán convencer a las nuevas autoridades que comiencen su gestión con una fuerte devaluación. La emisión monetaria provocada por los Kirchner y la brecha que habrá para entonces entre el dólar paralelo y el dólar oficial, les darán argumentos adicionales. 

Si dejaran de asesorarse con devalúo maníacos, los Kirchner podrían resolver los problemas, con un menor costo social, avanzando hacia una completa y sincera liberalización de todos los mercados. Las tarifas de servicios públicos deberían subir al nivel que permita cubrir los costos y eliminar todos los subsidios sin finalidad social. Las restricciones cuantitativas a las exportaciones e importaciones, igual que todos los controles de precios, deberían eliminarse. Las retenciones sobre las exportaciones deberían transformarse de inmediato en un pago a cuenta del impuesto a las ganancias. El precio del dólar no debería ser decidido por el gobierno sino por el mercado. Los salarios también deberían surgir de paritarias libres.

El Banco Central tendría que controlar estrictamente la emisión monetaria y, para resolver el problema de financiamiento del sector público, en particular el que requiere de dólares por hacer pagos en esa moneda, el Gobierno debería recurrir al Fondo Monetario Internacional y plantear un plan de completa normalización de las relaciones financieras con el exterior contra financiamiento de esa institución. Debe ser un plan que, por unos cuantos años, no requiera esfuerzo fiscal adicional a aquel necesario para cubrir los gastos en pesos. Estas dos últimas medidas evitarían genuinamente la mega-devaluación.

Los Kirchner se niegan a  aplicar esta solución porque no quieren reconocer que lo que han venido haciendo hasta ahora es la causa de los problemas. Y, de paso, si se salen con la suya y logran postergar estas decisiones, esperan que la enorme emisión que provocarán en los próximos meses y la capacidad persuasiva de  los devalúo maníacos logren convencer a las nuevas autoridades que todo se arregla, paradójicamente, con una  mega devaluación. De esa forma ellos podrán decir: nos fuimos nosotros y llegó el caos.

Hoy hemos leído en los diarios la insólita carta que la Sra Edwin le ha enviado a Cristiano Ratazzi, criticándolo por su identificación del aumento del ïndice de Precios con la inflación y el costo de la vida. Por supuesto, el sentido común de Cristiano lo ayuda mucho más a llegar a la verdad que la mala técnica de la directora del INDEC. En el sitio inflación Verdadera hay una explicación técnica que demuestran que los argumentos de Edwin son absurdos. Lean «El IPC y el Costo de Vida»

En todas las economías avanzadas, quienes tratan de entender lo que está ocurriendo prestan especial atención a los denominados «indicadores de alerta temprana». Son los indicadores que anticipan lo que en economía será noticia en unas semanas, meses o trimestres del futuro.

En nuestro país, lamentablemente, la frecuencia con la que se publican las estadísticas no permite contar con muchos indicadores de alerta temprana. Entre los pocos que existen, el sitio InflaciónVerdadera.com provee información diaria sobre los precios de los alimentos y bebidas que integran la canasta con la que el INDEC mide el ïndice de Precios al Consumidor. Esta información es muy valiosa y nos anticipa que la inflación de los alimentos y bebidas ya se ubica por arriba del 30 % anual mientras que la inflación mensual fue superior al 6 % en febrero y ya está en el 7 % en este momento, a sólo 4 días de haber comenzado el mes de marzo.

Hasta hace algunas semanas también podían utilizarse como indicadores de alerta temprana la información diaria que con una demora máxima de 3 o 4 días publicaba el Banco Central (hacer click en «Estadísticas e Indicadores» , «principales variables»). Lamentablemente, tal como me lo ha hecho notar Felipe Murolo, el Banco Central está muy atrasado con la actualización de la información diaria. Hoy debería figurar la del 28 de febrero y figura sólo la información hasta el 19 de febrero. Es sorprendente que los analistas económicos que siguen la marcha de los mercados monetarios no hayan puesto ya el grito en el cielo.

¿Porqué el Banco Central ha dejado de publicar los datos como lo hacía hasta hace apenas algunas semanas? ¿Esta ocurriendo algún fenómeno que quiere ocultar? Ojalá sea sólo una demora sin intenciones de agregar oscuridad, porque en este momento la economía argentina necesita, más que nunca, indicadores de alerta temprana.

(A continuación se transcribe la traducción que hizo Esteban Fernándes Medrano del artículo de Domingo Cavallo y Joaquín Cottani publicado en inglés en http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4666)

Para Grecia, una “devaluación fiscal” es una mejor solución que una “licencia temporal” de la Eurozona. Martin Feldstein sostiene que, para mitigar los costos asociados con el ajuste fiscal, Grecia debería pedir a sus socios de la Eurozona “un permiso temporal para ausentarse con el derecho y la obligación de volver a un tipo de cambio más competitivo” (Feldstein 2010). Más específicamente, él sugiere que Grecia reintroduzca de nuevo el dracma a la par con el euro, devaluarlo el 23 %, y volver a la Eurozona unos años más tarde con un tipo de cambio más competitivo de 1.3 dracmas por euro.

Su propuesta no incluye una nueva denominación de contratos financieros de euros a dracmas (ya que esto sería lo mismo que el default de los contratos) sino que, simplemente, sería un cambio temporal de la unidad de valor usada para fijar precios y salarios en la economía. El objetivo es reducir los costos unitarios de mano de obra para incrementar exportaciones y reducir importaciones (suponiendo que el impacto de la devaluación sobre los precios locales es bajo o nulo) y, de esta manera, estimular la economía a fin de compensar la contracción esperada debido al inevitable ajuste fiscal que necesita Grecia para mejorar su solvencia (esto, a su vez, supone que el cambio de gasto debido al efecto de la devaluación pesa más que el efecto contracción debido a otras razones, como el efecto de balance y el aumento en los precios de importación).

Eurozona como Bretton Woods?

En esencia, lo que Marty propone es volver a crear dentro de la Eurozona el mismo mecanismo que existía bajo el sistema de Bretton Woods, que permitía a los países que enfrentan graves desequilibrios fiscales y externos ajustar sus tipos de cambio fijos, previa consulta con el FMI y los demás países que participan en el acuerdo.

En este sentido, la propuesta tiene cierta lógica, pero, lamentablemente, abre la puerta a cuestiones de credibilidad en otros países de la zona del euro, lo que la hace políticamente difícil de aceptar por todos.

Nosotros, sin embargo, estamos totalmente de acuerdo con Marty, que, a menos que se haga algo para mejorar la competitividad externa, el ajuste fiscal por sí solo no hará el trabajo de llevar la economía griega a estar de nuevo en pie. En Argentina, una regla monetaria similar a la que tiene Grecia hoy impidió que la economía se ajuste suavemente en 2001, cuando, ante una crisis de confianza y poco apoyo internacional, el gobierno se vio obligado a aplicar un drástico programa de ajuste fiscal. Las tensiones sociales causadas por ésta y otras medidas, incluyendo la aplicación temporal de control de capitales, condujeron a la caída del gobierno y la adopción, por una nueva administración, de políticas terriblemente equivocadas, precio que Argentina está todavía pagando hoy. Una de estas políticas fue la conversión forzada a pesos de los contratos financieros denominados en dólares de EE.UU., algo que (como Marty percibe correctamente) Grecia debería resistirse a hacer.

¿Es necesaria la devaluación  para mejorar la competitividad?

El punto en que discrepamos con Marty es su idea de que la devaluación del tipo de cambio es necesaria para restaurar la competitividad. En realidad, el mismo efecto puede lograrse por otros medios, que, al menos en el caso de Grecia hoy en día, son menos perjudiciales, por ejemplo, cambiando la estructura tributaria sin afectar la recaudación de impuestos.

En nuestra opinión, una de las razones por las cuales los costos laborales son elevados en Grecia, son los impuestos de la seguridad social. Estos importes son del 44% del salario bruto, de los cuales el 28% es pagado por el empleador y el 16% por el empleado. Juntos, estos impuestos aumentan € 33 millones para el sistema de seguridad social o poco menos del 14% del PIB. En contraste, el impuesto al valor agregado, cuya base es más amplia, recauda menos de € 32 mil millones. Y esto a pesar de que la evasión de impuestos sobre la nómina (particularmente entre los mismos empleados, pero también entre empresas) es conocida en Grecia, lo que no es sorprendente dado el alto nivel de estos impuestos.

Por supuesto, la razón por la cual hay menos recaudación de IVA que de los impuestos de la seguridad social, a pesar de la amplia base y la relativamente más baja evasión (en general, es más difícil de evadir el IVA que los impuestos sobre la nómina) es que la tasa efectiva de IVA es relativamente baja. La cuestión es el hecho de que, en Grecia, no hay uno sino varios tipos de IVA, que varía en los diferentes productos y regiones. Así, mientras que la tasa general es del 19%, la que se aplica a las necesidades básicas, como alimentos y medicinas, es del 9% y para los libros y periódicos es de 4,5%. Además, algunas islas griegas disfrutan de un IVA más bajo que el resto del país. Además de introducir distorsiones a nivel microeconómico, una tasa no uniforme del impuesto, reduce la recaudación de impuestos para un nivel dado de la tasa fiscal promedio por inducir el arbitraje impositivo. Conservadoramente, se podría decir que si el Gobierno griego aplicara una tasa uniforme del 15% en todos los sectores, podría cobrar la misma cantidad de dinero que recauda hoy bajo un sistema de tipo diferenciado con una tasa máxima del 19%.

 Utilizando el sistema impositivo en lugar de la devaluación, dada esta información, parece posible, en principio, rediseñar el sistema fiscal griego de tal manera de lograr la misma reducción en euros de los costos laborales que Marty tiene en mente, sin necesidad de requerir que Grecia salga de la Eurozona y sin sacrificio en la recaudación de impuestos. Esto se puede hacer:

* aumentando la tasa del IVA al 25%;

* aplicándola de manera uniforme en todos los bienes y servicios producidos en la economía, y

 * eliminando los impuestos al trabajo ya sea en su totalidad o permitiendo a las empresas que compensen los pagos contra el IVA (de estas dos opciones, nosotros preferimos la última, ya que garantiza la continuidad del financiamiento del sistema de seguridad social, mientras que recompensa a las empresas que cumplan con sus obligaciones de impuestos laborales).

El siguiente cuadro muestra cómo llegamos a esta conclusión. Aumentando la tasa del IVA al 25% y haciéndola uniforme aumentaría la recaudación del IVA por € 21 mil millones (de € 31,5 a € 52.5 millones de dólares). Esta es la misma cantidad que se perdería, si se permite a las empresas registrar como crédito al IVA los pagos de impuesto sobre la nómina salarial (es decir, el 28% de los salarios que los empleadores contribuyan a la seguridad social).

Mientras que el efecto sobre la recaudación tributaria es neutral, el efecto sobre la economía no lo es. Bajo nuestra propuesta, los costos laborales totales (la suma de los salarios brutos y los impuestos de nómina) se reducirían desde € 96 millones a € 75 mil millones. La diferencia de € 21 mil millones es, en términos porcentuales, similar a la que Marty tiene en mente. Sin embargo, ausente el efecto contractivo de la devaluación, el impacto sobre la competitividad debe ser mayor, tal vez de manera significativa. Naturalmente, algunas empresas se beneficiarán más que otras. Pero, a menos que se quiera premiar a los evasores de impuestos, no habría nada que lamentar.

Como nota final, debemos señalar que esta medida, junto con otras, incluyendo una reducción nominal del 13% en los salarios del sector público y una reestructuración ordenada de la deuda pública en poder de los acreedores nacionales, se aplicaron con éxito en Argentina durante 2001.

Si no fueron suficientes para evitar la crisis monetaria y de deuda que se produjo a finales de ese año fue porque – después de haber prometido apoyo financiero a cambio de la aplicación de estas medidas – el FMI decidió repentinamente tirar del enchufe a la Argentina anunciando, en noviembre de 2001, que no desembolsaría los fondos que había prometido, lo que provocó una corrida masiva de depósitos bancarios y bonos soberanos y precipitaron la crisis.

Esperamos que Alemania, Francia, y los otros países de la Eurozona no cometan con Grecia el mismo error que el FMI cometió con Argentina.

Tabla 1. Cómo funciona una «devaluación fiscal»

                                                                             (en billones de euros)

	Actual				Propuesta
	Recaudación	Tasa	Base	Costo laboral	Tasa	Recaudación	Costo laboral
IVA bruto	31.5	15%	210.0		25%	52.5
Crédito Salarial	–					21.0
IVA neto	31.5					31.5
Imp s/salarios	21.0	28%	75.0	96.0	28%	21.0	75.0
Total	52.5					52.5