Por Felipe Murolo.
Como comentarios a este post iré subiendo las informaciones relacionadas con la evolución de los mercados y estadísticas del Banco Central de la República Argentina, correspondientes al corriente mes, cuya divulgación considere de interés.
Espero que resulten de utilidad a los visitantes de este blog.
Tal como ocurría en el segundo semestre de 2001 en Argentina, hay muchos economistas y financistas que sostienen que Grecia debería salirse del Euro, reimplantar el Dracma y devaluar. Argumentan que de esa forma Grecia evitará tener que hacer un ajuste fiscal recesivo. Este es un muy mal consejo que los griegos no deberían escuchar. La experiencia Argentina es sumamente instructiva: el abandono del régimen monetario impondrá sobre el pueblo griego un ajuste socialmente mucho más costoso que el que se han comprometido a hacer como condición para recibir apoyo de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional.
Cuando un país tiene muchos años de excesiva expansión fiscal, es ineludible que lleve a cabo un ajuste fiscal, es decir que reduzca el nivel del gasto público y aumente la recaudación impositiva. Si lo hace de manera transparente y sincera, como corresponde a un régimen republicano, es muy posible que los costos sociales de este ajuste sean menores y más equitativos que si los hace de manera subrepticia y desordenada. Los devalúo-maníacos en realidad lo que pregonan es que el ajuste fiscal se le imponga a trabajadores y ahorristas a través de un golpe devaluatorio e inflacionario, que reduce salarios, jubilaciones, ahorros e ingresos en términos reales, es decir, a través de la pérdida de su poder adquisistivo. Esa propuesta lleva inexorablemente a una crisis financiera como la que vivió Argentina hacia el final de 2001 y durante los primeros meses de 2002. La consecuencia de una crisis semejante es más ajuste que el que hubiera resultado del proceso ordenado y transparente y, adicionalmente, significa una redistribución regresiva de riqueza, con pérdidas para los ahorristas y beneficios a los deudores. Además corre el riesgo de desarticular toda la base contractual de la economía.
Es muy probable que Grecia necesite reestructurar sus pasivos de manera de reducir el costo del servicio de su deuda por el período de tiempo en el que estará llevando a cabo el ajuste fiscal ordenado. Esta reestructuración debería hacerla a través de un mecanismo cmo el que se utilizó para reestructurar la deuda latinoamericana a principios de los 90s, es decir a través de una suerte de Plan Brady. Esto significaría utilizar el apoyo europeo y del FMI como garantía de cumplimiento de los servicios de los nuevos bonos, menos onerosos, que reemplazarían a los emitidos en el pasado. Pero de ninguna manera Grecia debería apelar al cambio del Euro por el Dracma seguido por devaluación como forma de licuar sus pasivos, porque este procedimiento de reestructuración dsordenada que utilizó Argentina en 2002, trae todas aquellas consecuencias negativas antes mencionadas.
Para recuperar competitividad, además del ajuste fiscal, Grecia necesitará reducir el costo laboral en relación al precio de los bienes y servicios que entran en su comercio internacional. Este es el argumento que utilizan los devalúo-maníacos para bregar por el abandono del Euro y la devaluación. Con Joaquín Cottani hemos hecho una propuesta que permite producir el mismo cambio en los precios relativos que resultaría de una devaluación, sin alterar el régimen monetario. Se trata de reducir drásticamente la incidencia de los impuestos al trabajo sobre el costo laboral. Hace algunos días publicamos en VoxEU, en inglés, un artículo dando más detalles sobre esta propuesta y extendiéndola a los casos de Portugal y España. Fernando Díaz se ha tomado el trabajo de traducir ese artículo que acabo de subir a las página de artículos en español de este sitio. Se titula «Haciendo que la Consolidación Fiscal Funcione…«
Durante el mes de enero escribimos con mi amigo Rodrigo Botero una propuesta sobre como redirecccionar los incentivos fiscales de tal manera de aumentar el empleo formal en la economía colombiana. Tal como me lo había anticipado Rodrigo, el tema ha despertado interés en el contexto de la campaña electoral del país hermano. Pienso que a los visitantes de mi blog les va a interesar el reportaje que el Diario El Tiempo, de Bogotá, le hizo a Rodrigo Botero y publicó en primera página.
Alertado por varios visitantes de este blog, he estado navegando por sitios que tratan de descubrir las causas de la inflación que hoy azota a la economía Argentina. Los argumentos de los participantes en esta discusión, casi todos ellos profesores jóvenes de economía y estudiantes avanzados, me hicieron recordar las discusiones sobre estos mismos temas que se llevaban a cabo durante las más de cuatro décadas de experiencia inflacionaria, anterior a la década del 90. En aquella época, como está volviendo a ocurrir ahora, quienes trataban de explicar la inflación pasaban por alto una premisa fundamental: la inflación es un fenómeno monetario y tiene que ver con los defectos de las instituciones monetarias de la economía.
Una economía, para gozar de un nivel promedio de los precios aproximadamente estable, es decir, para no sufrir un fenómeno de inflación persistente y difícil de predecir, tiene que tener una moneda en cuyo valor la gente pueda confiar y cuya administración (lo que normalmente se denomina política monetaria) apunte precisamente a mantener estable el nivel promedio de lo precios. Esto es lo que Argentina no tuvo entre 1945 y 1990 y ha dejado nuevamente de tener desde 2002 en adelante.
Entre 1991 y 2001 la economía argentina tuvo un régimen monetario que permitió que la economía desplegara estabilidad del nivel promedio de los precios porque el Peso Convertible tuvo un valor fijo en relación al Dólar, una moneda que en esos años fue símbolo de estabilidad de precios a nivel global. La economía argentina podría haber continuado siendo una economía de nivel promedio de precios estable, aún abandonando la paridad con el Dólar. Pero para ello, el Peso Convertible debería haber flotado frente al Dólar con el Banco Central administrando una política monetaria que apuntara a una meta de inflación baja, como lo hicieron la mayor parte de los países latinoamericanos que durante la década del 90 llevaron a cabo reformas semejantes a las de nuestro país y, en su momento, también fijaron su moneda al Dólar como forma de salir de la hiperinflación. Lamentablemente, el abandono de la paridad Peso-Dólar, en Argentina significó también la destrucción de las instituciones monetarias necesarias para mantener la estabilidad.
Desde 2002 en adelante, nuestra economía está azotada nuevamente por la inflación porque nuestra moneda, el Peso, ahora no convertible, es administrada de tal forma de influir no sobre el nivel promedio de los precios, sino sobre la estructura de precios relativos de la economía, algo que en una economía bien organizada surge del funcionamiento de mercados libres, con un Estado que interviene a través de su política fiscal y aplica regulaciones para remover el efecto distorsivo de las fallas del mercado. Lamentablemente, desde 2002 en adelante, la política monetaria (sea utilizando como variable controlada el tipo de cambio nominal, la cantidad de dinero o las tasas nominales de interés) fue utilizada para afectar los precios relativos de la economía en la dirección deseada por el Gobierno, aún cuando los niveles deseados de precios relativos estuvieran muy alejados de los de equilibrio. De esta forma la política monetaria creó inicialmente desequilibrios de precios relativos que determinaron que en la economía apareciera simultáneamente, inflación abierta, en la medida que para afectar los precios relativos se empujó hacia arriba a algunos precios (por ejemplo, el de los bienes transables internacionalmente, en 2002) e inflación reprimida (en la medida que se utilizaron otros instrumentos, como las regulaciones, para evitar o, al menos demorar, el ajuste de los precios que quedaron artificialmente atrasados).
La inflación reprimida se transforma necesariamente en más inflación abierta si es que luego del impulso inicial al aumento de algunos precios, la política monetaria se transforma en “acomodaticia”, es decir, simplemente acompaña la evolución del ingreso nominal de la economía, para evitar que actúen en la economía las fuerzas recesivas que permitirían la eliminación de la inflación reprimida a través del ajuste simultáneo, hacia arriba, de aquellos precios que quedaron rezagados y, hacia abajo, el de los bienes que subieron demasiado. Al ser la política monetaria, simplemente “acomodaticia”, el curso de la inflación estará determinado no por la política monetaria sino por la fuerza de los distintos participantes de la puja distributiva y por la capacidad fiscal del gobierno de financiar subsidios que compensen las distorsiones en los precios relativos. En términos más formales y teóricos, en una economía organizada de esta forma, el nivel promedio de los precios y la tasa de inflación, estarán indeterminados y pueden resultar cualquier número. La inflación será más alta cuanto más débil sea el Gobierno para controlar la puja distributiva y cuanto más delicada sea su situación fiscal y más difícil su acceso al crédito.
En estas circunstancias existe una sola forma de volver a librar a la economía de inflación: reorganizarla de tal forma que vuelva a tener instituciones monetarias que provean una moneda de valor estable y enderecen la política monetaria a alcanzar una meta de inflación baja. Esto significa que si el gobierno quiere influir sobre la estructura de precios relativos, tendrá que utilizar otros instrumentos, particularmente la política fiscal y las regulaciones correctoras de distorsiones. Es decir, volver a tener instituciones monetarias como las que tuvimos en la década del 90 o como las que tienen Chile, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, México, y la mayor parte de las economías estables del mundo.
Por Felipe Murolo.
Las políticas de ajuste son habitualmente repudiadas por la mayoría de la población.
Es la mayoría de la población que es engañada por quienes llevan adelante políticas demagógicas laxas.
Lo que no advierte esa población engañada es que cuanto mas tiempo perduren esas políticas artificialmente expansivas mayor será el sacrificio intertemporal que recaerá sobre las generaciones futuras. Con el agravante de que los beneficios en tiempo real que se generaban al comienzo de este ciclo ya no existen.
Para no encontrarnos aún peor se sigue utilizando una cantidad cada vez mayor de grageas distorsivas. Pero esas grageas adictivas tienen un límite para su utilización y debido a ello se echa mano a recursos complementarios que son finitos.
IDESA muestra en uno de sus últimos artículos que son las familias el componente de la demanda que menos ha crecido, en términos nominales, desde la gran devaluación del año 2002. Se podría querer explicar ese fenómeno en los subsidios a los servicios públicos. Pero demanda, en especial en ese segmento sectorial , es equivalente a ingresos. Y lo que se está mostrando es una caída de los ingresos, en términos reales, de la población. Dentro de ese componente son los trabajadores formales los que mas han defendido su capacidad adquisitiva, aunque muchos desocupados friccionales han debido resignar una buena parte de su nivel de remuneraciones para poder reinsertarse en el mercado laboral. Por otra parte, los jubilados, globalmente, han disminuído significativamente sus ingresos, también en términos reales.
Cabe entonces preguntarse ¿quién pagará el costo político-social del ajuste que será inevitablemente necesario? ¿el expansivo Amado Budou o aquél al que le toque jugar el rol del contractivo Celestino Rodrigo? Creo que la respuesta dependerá del resultado que pueda obtener el contractivo. Si las demandas sociales lo sobrepasan, volverá a perder. Si la población toma conciencia de su responsabilidad en la emergencia y hace oídos sordos a los cantos de sirenas que seguramente se harán escuchar nuevamente, podrá tener éxito.