Domingo Cavallo

Por Felipe Murolo.

Los activos que se les confiscaron a los jubilados afiliados al sistema de capitalización ya no volverán a esas personas. Están mezclados dentro del sistema de reparto y siendo utilizados por el Gobierno para otros fines.

Un destino justo para esos activos sería el que permitieran cumplir con la deuda que se tiene con los jubilados que, hayan iniciado o no juicio, se encuentren en situación semejante a la que generó el caso Badaro.

Una manera posible de encarar esa solución, sería que el Tesoro canjeara todos los títulos que tiene el Anses, a su paridad teórica, por un único título, cuyas condiciones, por ejemplo, podrían ser 2% de interés anual mas CER, y 100 amortizaciones mensuales del 1% cada una y que esos nuevos Bonos de Consolidación Previsional se entreguen, tambien a su paridad teórica, a los acreedores que se individualicen según lo mencionado en el párrafo anterior.

Una condición necesaria para que esa opción sea realmente viable y constituyera una verdadera solución para los jubilados acreedores es que se sanee la información del INDEC, aunque ello sólo tuviera impacto para el futuro, dado que, en ese caso, esos nuevos títulos deberían cotizar con buena perfomance y mantendrían su valor en términos reales, por lo que serían una buena opción para aquellos jubilados que quisieran quedarse con ellos, ya sea a finish, o para cuando debieran afrontar alguna emergencia.

 

A nadie le deberían quedar dudas de que el Gobierno de los Kirchner ha venido mintiendo a los jubilados. Viene diciendo que se preocupa por ellos porque desde que tiene el poder ha decretado 17 aumentos de la jubilación mínima y, desde 2009 ha reinstalado un régimen automático de movilidad. Pero omite decir que aún con todos estos aumentos y esta tardía movilidad, la mayor parte de las jubilaciones tienen hoy un poder adquisitivo mucho menor que el que tuvieron durante la década del 90. Esto es el resultado natural de la inflación cuando la movilidad es parcial y tardía.

La mejor forma de trabajar por el bienestar de los jubilados es erradicando la inflación, como lo hicimos entre 1991 y 2001. En un ambiente inflacionario como el que hemos vivido desde el abandono de la convertibilidad, la única forma de evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo es con una movilidad ágil y completa.

La Corte Suprema de Justicia, que en la década de lo 90s había reconocido que cuando hay estabilidad no es necesaria la indexación, fue realista y demostró sabiduría y afán de justicia cuando dispuso en el  fallo “Badaro” que los jubilados que en 2001 recibían jubilaciones superiores a la mínima, tienen derecho a un aumento del 88 % por la falta de movilidad ente enero de 2002 y diciembre de 2006. Lamentablemente el Gobierno no está  respetando ese fallo. No ha reparado la injusticia hacia el futuro y, mucho menos, se ha hecho cargo de la deuda acumulada con esos jubilados por haberles pagado mucho menos de lo que les correspondía.

Si el Gobierno de los Kirchner fuera respetuoso de la ley y de la justicia, y si realmente quisiera respetar el derecho de los jubilados, debería haber ajustado, hacia delante, todas las jubilaciones alcanzadas por aquel fallo y, al mismo tiempo, debería haber pagado, o, al menos, documentado, la deuda acumulada con ellos a partir de que la inflación volvió a transformarse en un problema crónico. Esto es lo que hicimos en setiembre de 1992, cuando, además de ajustar hacia adelante todas las jubilaciones que tenían derecho al reajuste de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, entregamos a un millón cuatrocientos mil jubilados bocones previsionales por un valor total de18 mil millones de dólares. De esa forma dejaron de acumularse cientos de miles de sentencias y otros tantos juicios en curso ante los tribunales por legítimos reclamos de los jubilados.

Hoy, en materia de reclamos judiciales, se está viviendo la misma situación que se vivió durante los últimos años del Gobierno de Alfonsín y los primeros del Gobierno de Menem: los jubilados recurren a la justicia, con legítimas demandas y, cuando logran sentencias a su favor, sus reclamos se apilan en la ANSSES para ser atendidos cuando al gobierno decida abonarlos. Que esto ocurra ahora, cuando el Gobierno se desvive diciendo que tiene holgura fiscal, es mucho más grave e injusto que haya ocurrido en aquellos años en los que el País cayó en la hiper-inflación por décadas de desmanejos fiscales.

El Congreso Nacional, que hace bien de ocuparse de los Jubilados, debería ser prudente en sus decisiones. Está muy bien que decida obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con el fallo “Badaro”, como además lo ha reclamado reiteradamente La Corte Suprema de Justicia. También seria razonable que obligue al Gobierno a reconocer la deuda acumulada con los jubilados por la omisión del ajuste entre 2002 y 2006, e incluso, tiene razón cuando plantea que en el ambiente inflacionario que estamos sufriendo el mejor índice para la movilidad es el salario promedio del personal en actividad. Pero no debería reclamar más que estas dos legítimas reivindicaciones.

Pretender que la jubilación mínima se ajuste para alcanzar el 82 % del salario mínimo con el argumento que ese ajuste podría pagarse con los recursos acumulados por los aportes de quienes habían elegido el sistema de capitalización antes de la apropiación por el Gobierno de esos fondos, sería convalidar un saqueo a los jubilados del futuro, es decir, a los actuales trabajadores activos, tal como ocurrió con la decisión, también demagógica del Gobierno de los Kirchner, de incorporar dos millones ochocientos mil nuevos beneficiarios al sistema jubilatorio que no habían hecho aportes durante su vida activa. Estos actos demagógicos sólo terminarán perjudicando a los jubilados presentes y del futuro a los que, cuando los beneficios devengados excedan largamente los recursos del sistema previsional, se les va a pagar con moneda desvalorizada y sufrirán brutalmente, como lo  hicieron entre 2002 y 2006, la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones.

La oposición, en particular la que aspire a gobernar desde diciembre de 2011, debe evitar que promesas imposibles de cumplir, entendible políticamente ante tanta demagogia y mentiras del Gobierno, se transforme en el factor agravante de la peligrosa crisis inflacionaria que ya se avizora en el horizonte y que podría llegar a explotar justo al comienzo del próximo gobierno.

Por Felipe Murolo.

La eliminación del régimen de capitalización (AFJP) sigue generando polémicas y confusiones. En todo caso, como anticipara Domingo Cavallo en Noviembre de 2008, esta es otra situación en la que, también desde el punto de vista político, al Gobierno le ha salido el tiro por la culata. Aunque desde el punto de vista fiscal le permite seguir tirando algo de manteca al techo.
Mientras los títulos públicos estaban en los Fondos de Jubilaciones y Pensiones no había necesidad de preocuparse. El pago de las prestaciones en un sistema inmaduro generaba menores egresos que los ingresos mensuales. De manera que el Gobierno podía seguir refinanciando los cupones de renta y amortización a través de compras de nuevas emisiones por parte de los mismos fondos.
Ahora, como los han confiscado, son un bocado muy atractivo, al que le está echando el ojo mas de un sector. Pero no se dan cuenta de que es un bocado tan inexistente como el traje invisible del rey que se paseaba desnudo entre sus súbditos. En todo caso, inaccesible en el presente.
El nuevo fondo de sustentabilidad, aún manejado prolijamente, sólo admite egresos semejantes a los que estaban previstos para el régimen de capitalización: casi nulos en el presente.
No es posible echar mano a esos recursos porque ello requeriría un superavit fiscal equivalente para pagar la deuda pública de la que ese fondo es acreedor, y esa no es la situación actual, en especial cuando no existen inversores dispuestos a comprar nuevas emisiones de deuda pública que sirvieran para pagar los cupones de renta y amortización de los papeles que se encuentran en poder del fondo de sustentabilidad, ya que solo de esa manera se podrían utilizar para mejorar sustancialmente los haberes de los jubilados y pensionados sin que se afecte la situación de la Tesorería.
Solo cabe esperar que en algún momento del futuro, siempre que no se dilapiden esos recursos, o se licúen a expensas del fisco, pueda mejorar la situación macroeconómica, Argentina recupere el crédito, y esta situación, actualmente sin salida, pueda revertirse, como un caso atípico de hambre para hoy, pan para mañana.

Por Felipe Murolo.

¿A quién se dirige Néstor Kirchner cuándo habla? ¿A enanos mentales?
Sus dichos son un insulto a la inteligencia de sus conciudadanos, en especial a la de sus seguidores, porque supuestamente a éllos les habla.
¿Cómo puede comparar la inmovilidad de las pasividades en términos nominales en los años de inflación cero, con los 17 aumentos de los que se jacta, en un contexto altamente inflacionario y luego de no haberse reconocido para nada el traslado a precios de la devaluación, durante los primeros 18 meses posteriores a la macrodevaluación del año 2002?
El doloroso efecto provocado a los jubilados y pensionados por esa política fué por supuesto mucho mayor que el recorte del 13% propugnado en el año 2001, ferozmente resistido y criticado por una parte de las ranas, la mayoría de los escorpiones y la voraz oposición de entonces. (Mas adelante volveré al tema de las ranas y los escorpiones).
Seguramente a Néstor Kirchner le debe haber provocado una crisis de nervios el artículo de Ismael Bermúdez publicado en Clarín, en el que sostiene que el promedio de las jubilaciones en Argentina equivale al 36% de los salarios del personal en actividad. Y como se habla de promedios puede ser (en rigor lo es) que en algunos casos la pasividad que se recibe equivalga al 10% de las remuneraciones del personal en actividad.
Es que la verdad duele, y en especial cuando con ella se refutan argumentos principales que, consecuentemente, se revelan falaces.
Se ha caído tan abajo que ha cambiado el discurso político justificativo de los errores, que era común en todos los Gobiernos: «la culpa la tuvo el otro». Ahora, después de 7 años, eso ya resulta difícil de sostener. Entonces lo han cambiado por: «nosotros somos malos pero los anteriores fueron peores».
Volviendo al tema de las ranas y los escorpiones, parecía genuino en 1999 dudar de la continuidad del acompañamiento de los escorpiones, pero fué ingenuo olvidarse del canibalismo de las ranas.
Olvidarse de que cuando se recuerda la caída de Don Arturo Illia, siempre se habla de pacto sindical – militar, pero pocos mencionan la participación de sus opositores internos. Y de que si nos remontamos en el tiempo hacia atrás podemos seguir encontrando ejemplos de la destrucción de sus propios Gobiernos, a causa de “desavenencias” internas.
En mi juventud, me tocó sufrir, en la Ciudad en la que me crié, la presentación de un referendum revocatorio del Gobierno Municipal en ejercicio, elegido democráticamente, impulsado por la rama partidaria opositora a ese Gobierno Municipal. ¡Qué casualidad! Estoy hablando del año 1964, pocos meses antes de la caída de Don Arturo.

Después de una década en la que Argentina reconstruyó lazos de amistad con casi todas las naciones del Mundo, inclusive con aquellas con las que había tenido conflictos más graves y, gracias a ello, consiguió ingresar al grupo de las 20 naciones que se reunirán dentro de pocos días para discutir las reglas del juego internacional del futuro, estamos terminando una década en la que política exterior nos ha llevado a quedar auto-marginados del Mundo. Sólo falta que nos expulsen del Grupo de los 20, cosa que puede llegar a ocurrir si nuestra Presidente sigue haciendo el tipo de discursos que ha hecho hasta ahora y la política exterior de Argentina contradice todos los compromisos asumidos en ese ámbito.

El primer acto de auto-marginación fue el aberrante manejo de la relación con los acreedores externos de la Argentina desde que se declaró el default de la deuda. En lugar de mostrarse compungidos por no poder cumplir con sus obligaciones, nuestros gobernantes trataron a los acreedores como usureros mal-intencionados, cuando ellos, particularmente muchos jubilados italianos, alemanes, españoles, franceses, japoneses y norteamericanos, habían comprado bonos de la Argentina cuando éstos pagaban rendimientos inferiores a los de México y Brasil. Hoy esos dos países han conseguido el grado de inversión para su deuda y tienen tasas de riesgo país muy bajas, mientras el nuestro no accede a crédito externo alguno y, los bonos en circulación, reflejan una tasa de riesgo cinco veces más alta que la de esas dos naciones.

El segundo acto de auto-marginación fue la tendencia a imponer restricciones a nuestras exportaciones de gas natural, trigo y carnes que nos llevó a incumplir con contratos y a desabastecer mercados tan tradicionales e importantes como los de Chile, Brasil y Europa. Lo que había sido una política de aliento generalizado a las exportaciones durante la década de los 90s, que había recreado la imagen de una nación capaz de cumplir con sus compromisos comerciales, fue reemplazada por una secuela de decisiones que, en aras de abastecer al mercado interno a precios ruinosos para los productores y satisfacción apenas temporaria de los consumidores, restringieron las ventas al exterior, aún de bienes que el país se había comprometido a proveer en contratos de largo plazo.

El tercer acto de auto-marginación fue la rehabilitación de la anacrónica política de sustitución de importaciones, forzada por restricciones cuantitativas, altos aranceles específicos y uso y abuso de las denuncias de dumping y de subsidios. Este tipo de política comercial externa afectó nuestra relación con Brasil, prácticamente puso en crisis al Mercosur y, más recientemente, ha dado lugar a fuertes reclamos y reproches de países como China, probablemente nuestro mercado más importante del futuro y Grecia, una nación amiga que está atravesando una situación económica extremadamente crítica.

La  descabellada forma de pretender evitar la contaminación del Río Uruguay que se llevó a cabo alentando a la gente de Gualegüaychú a que persistiera con el bloqueo del Puente al Uruguay por más de cinco años, es una manifestación escandalosa de inamistad hacia una nación hermana a la que nos unen los mayores lazos imaginables de la historia y la geografía.

Todos estos actos de barbarie económica y diplomática han sido coronados con discursos agresivos, prepotentes, llenos de falsedades obvias y con descortesías dignas del más vulgar comensal de un comedor de los arrabales.

Una de las tareas más urgentes que tendrá que hacer un futuro gobierno es reparar todos los daños emergentes de esta pésima política exterior. Si no se comienza por este ángulo, Argentina va a tener que enfrentar la crisis en la que terminará el Gobierno de los Kirchner, en el peor de los escenarios imaginables, dado que nadie en el Mundo estará dispuesto a darnos una mano cuando más la vamos a necesitar. La auto-marginación internacional a que nos ha conducido el gobierno de los Kirchner sólo tiene parangón, como herencia muy pesada hacia el futuro, con la crisis inflacionaria y fiscal a la que está conduciendo la política económica.