Domingo Cavallo

Esta es la reflexión que me vino a la mente luego de escuchar las presentaciones de Diego Bossio y Axel Kiciloff y el discurso de la Presidente.

Bossio y Kiciloff deberían haberle advertido a la Presidente que los recursos de la Anses (aportes jubilatorios y rentas de los activos acumulados hasta la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones) vienen siendo computados como recursos del Tesoro y por ende se utilizan para financiar el Gasto Público. Si ahora esos recursos van a ser destinados a financiar la construcción de 100 mil viviendas al año, habrá que computar a esa inversión como una componente más del gasto. Por consiguiente el programa de viviendas que están anunciando es, lisa y llanamente, un aumento equivalente del déficit fiscal. Y como no tienen ninguna fuente de financiamiento alternativa, ese aumento del déficit fiscal significará más emisión monetaria. Otra posibilidad es que conviertan la liquidez de aproximadamente 30 mil millones que la Anses tiene como activo en préstamos hipotecarios. Pero esa liquidez era una de las fuentes de financiamiento del déficit que iba a reducir el monto de la emisión monetaria del Banco Central. Por consiguiente, si este fuera el procedimiento a utilizar, igualmente el resultado será una emisión monetaria adicional del Banco Central equivalente al monto del financiamiento hipotecario.

También deberían haberle explicado que los Boden 2012 no se emitieron como consecuencia del corralito financiero de 2001 sino como consecuencia de la pesificación forzosa de los ahorros decidida por Duhalde en el 2002. Si lo hubieran hecho, al menos la Presidenta hubiera advertido que toda la prédica actual sobre «Pesificación» sólo preanuncia nuevos y graves problemas como los que emergieron de la «Pesificación» del 2002 (mal llamada «Corralón», porque tuvo un propósito opuesto al del «Corralito» del 2001).

Tampoco tranquiliza a los mercados decir que pagarán con dólares los BODEN 2012, que nadie predecía que pudieran llegar a ser pesificados. Por eso ayer no habían bajado de valor sino que habían aumentado cuando todos los otros bonos en dólares emitidos bajo ley Argentina habían sufrido fuertes quebrantos. Quedó claro desde el principio que la modificación del artículo 756 del Código Civil no estará vigente antes de setiembre y, por lo tanto, no podrá aplicarse a los BODEN 2012. Pero tal como ha quedado redactado, dicho artículo preanuncia que los bonos en dólares emitidos bajo ley argentina que venzan a partir de 2013 podrán ser pagados en pesos al tipo de cambio oficial.

Es natural que ente tantas amenzas pesificadoras, los titulares de depósitos en dólares se apresuren a retirarlos del sistema bancario. Están sugiriendo que pueden llegar a hacer lo que hizo Duhalde en Enero de 2012. Aprovechando que tienen que pagar en Agosto los BODEN 2012, si adviertieran que fueron consecuencia de la insensata pesificación del 2002, podrían llegar a entender que una nueva pesificación de depósitos en dólares no es una buena idea.

Bueno sería que Bossio y Kiciloff le mostraran los muchos estudios que comparan el acceso que tenían los asalariados al crédito para la vivienda en los 90’s y el que tuvieron durante los últimos 10 años. Si lo hicieran, ella llegaría seguramente a entender que el crédito hipotecario no depende de la voluntad política sino de la existencia de ahorros dispuestos a mantenerse en el sistema fianciero nacional. Esos ahorros, que existieron durante los 90’s gracias al clima de estabilidad conseguido por la convertibilidad, dejaron de existir en los últimos 10 años a causa de que la inflación volvió a infectar a la economía argentina.

Mientras no haya ahorro a mediano y largo plazo que se canalice voluntariamente hacia el sistema financiero nacional no podrá haber crédito hipotecario. Lo que le han hecho anunciar a la Presidente es una burda mentira.

El subtítulo de mi libro «Estanflación», editado por Sudamericana en 2008, es «como evitar un nuevo Rodrigazo y otros peligros de la economía kirchnerista». Hoy, cuando muchos economistas hablan de estanflación y del «Rodrigazo» como un nuevo fantasma en el horizonte, creo oportuno recordar la recomendación que hice entonces para que sea posible implementar un plan de estabilización que no vaya precedido de una explosión inflacionaria como la de 1975. A continuación transcribiré lo que escribí en 2008, porque tiene total actualidad.

«Lo primero que deberá proponerse el gobierno actual o un futuro gobierno que quiera sacar con éxito a la Argentina de la situación de angustia y desesperanza en la que se encuentra es una lucha frontal contra la inflación. Pero su objetivo deberá ser eliminarla de nuestra economía, al menos como fenómeno diferente del que se observa en el resto del mundo.

En lo que resta de este capítulo voy a explicar cómo se puede alcanzar este objetivo. Anticipo, desde ya, que no es tarea sencilla. No es cuestión, simplemente, de aplicar la receta de economistas que entienden del tema. Es una formidable empresa política.

Anunciar una regla monetaria

Para luchar eficazmente contra la inflación, el gobierno debe establecer una “regla monetaria”. Esto significa ratificar que el Banco Central de la República tiene un compromiso prioritario e ineludible con la estabilidad del nivel general de precios de la economía, tal como lo establece su carta orgánica.

Hay tres reglas monetarias factibles de ser utilizadas: 1) fijar el tipo de cambio en relación con una o más monedas extranjeras; 2) fijar un ritmo de crecimiento preestablecido para la cantidad de dinero en circulación, medida a través de algún concepto claro de “dinero”; o, 3) manejar la tasa de interés a la que presta o toma prestado el Banco Central, o algún otro indicador intermedio del grado de “dureza” de la política monetaria.

Las tres requieren que el peso, nuestra moneda, sea “convertible”, en el sentido de que deben removerse las restricciones a la entrada y la salida de capitales y la libre compra y venta de monedas extranjeras.

Si el peso no es convertible, cualquiera de las tres reglas monetarias, aplicadas en un contexto en el que inicialmente la expectativa de inflación será mucho más elevada que la que se fije como meta, puede llevar a que aparezca un mercado paralelo de monedas extranjeras, que provocará más confusión y exacerbará las expectativas.

En una situación como la que hoy está viviendo la Argentina, la típica recomendación “monetarista” de controlar la cantidad de dinero a un ritmo predeterminado, como lo señala la segunda de las reglas monetarias posibles, no resultaría efectiva, porque ante expectativas descontroladas de inflación como las que se derivan de la existencia de inflación reprimida, ausencia de reglas y las mentiras del INDEC, la velocidad de circulación del dinero puede resultar muy volátil, incluso aumentar hasta límites insospechados y frustrar el efecto inflacionario del control de la cantidad de dinero en circulación.

Por consiguiente, habrá que elegir entre la primera y la tercera reglas monetarias: tipo de cambio fijo o “metas de inflación”, como se denomina en la literatura técnica a la regla 3.

La regla 3, en un sentido estricto, requiere que esté muy bien organizado el mercado de compra y venta de letras del Tesoro y la participación del Banco Central, algo que aún no existe, porque desde 2002 este banco emite su propia deuda pero no interviene en el mercado de títulos emitidos por el Tesoro.

Será necesario integrar estos dos mercados e ir reemplazando la deuda del Banco Central por deuda del Tesoro. Mientras esto ocurre y no se disponga de una tasa de interés de corto plazo susceptible de ser utilizada como indicador intermedio de la política monetaria, será necesario utilizar al tipo de cambio nominal, es decir, al precio del dólar y las demás monedas extranjeras, como indicador de la política monetaria.

En la práctica, un manejo semejante significará combinar las reglas 1 y 3, para converger, cuando funcione bien el mercado de letras del Tesoro, en una aplicación estricta y exclusiva de la regla denominada “metas de inflación”.

Hasta aquí, la lucha contra la inflación parece una operación de política monetaria. Pero, lamentablemente, no es tan sencillo. Para tener éxito, es decir, para que se logre el objetivo de reinstalar un clima duradero de estabilidad de precios que permita a todos los argentinos prosperar, sin las incertidumbres y las angustias del presente, el gobierno de los Kirchner, o cualquier otro que lo suceda, tendrá que enmarcar esta política monetaria del Banco Central en una reforma mucho más completa de las reglas de juego de nuestra economía. A esto me voy a referir en los próximos apartados.

Eliminar rápidamente la inflación reprimida

Hoy hay inflación reprimida. Esto significa que los precios de muchos bienes y servicios están artificialmente fijados a un nivel en el que no se igualan la oferta y la demanda. En otros términos, con los precios fijados por intervención del Estado en los mercados, la demanda de esos bienes y servicios excede largamente a la oferta.

Cuando Cristina Kirchner quiso argumentar que la inflación no era alta porque el precio de la carne, la leche, el gas natural, el gasoil y la electricidad, entre muchos otros, son más bajos en nuestro país que en Uruguay, Brasil y Chile, en realidad estaba diciendo que en la Argentina hay mucha inflación reprimida. Sólo así se pueden explicar diferencias de precios en países vecinos y económicamente muy integrados.

La inflación reprimida, paradójicamente, termina provocando tasas más altas y erráticas de inflación abierta, porque alienta expectativas inflacionarias muy difíciles de revertir por el gobierno. Esta “inercia inflacionaria” —como se denomina a este fenómeno en la literatura especializada— se produce porque la gente sabe que necesariamente, en algún momento, el Estado deberá autorizar aumentos de los precios de los bienes y servicios controlados. Y cuando lo hace en forma parcial e insuficiente sólo consigue confirmar las sospechas de la población, con lo que ésta espera más ajustes en el futuro y acomoda sus expectativas inflacionarias hacia arriba.

Hay otra razón por la que la inflación reprimida retroalimenta la inflación. A medida que el Estado impide que los precios controlados suban, la gente tiene mayor ingreso disponible para gastar en los bienes y servicios cuyos precios no están controlados.

Utilizaré, para ejemplificar, el caso de la electricidad y los electrodomésticos. Si la gente gasta menos en electricidad, porque el gobierno obliga a las empresas eléctricas a proveerla por debajo del verdadero costo económico, tendrá más ingresos disponibles para comprar, por ejemplo, electrodomésticos que consumen electricidad. La demanda de electrodomésticos aumenta más que lo que habría aumentado si no se controlaban las tarifas eléctricas.

El precio de los electrodomésticos, que no está controlado, aumenta más de lo que debería hacerlo si la oferta de electrodomésticos no crece tan rápido como la demanda. También se incrementa la cantidad de electrodomésticos que consumen electricidad, porque la gente consigue comprar más. Cualquiera sea la combinación de estas dos consecuencias, el desequilibrio inicial entre la oferta y la demanda de electricidad aumenta. Y la brecha entre los precios controlados (electricidad, por ejemplo) y los no controlados (electrodomésticos, en este caso) se amplía.

El caso de la electricidad y los electrodomésticos es sólo uno de miles de ejemplos similares que se podrían mencionar. El resultado es que puede llegar a ocurrir que aun cuando se intente disminuirla en forma gradual, permitiendo el aumento insuficiente de los precios controlados, la inflación reprimida siga ¡aumentando!

Por consiguiente, en algún momento se debe eliminar rápido la inflación reprimida. Ése es el momento de los “tarifazos”, que eran tan comunes en las décadas del 70 y del 80. La decisión de dar el tarifazo puede ser del gobierno, o, si éste mantiene las distorsiones por largo tiempo, puede resultar de lo que muchos políticos argentinos han denominado “golpes de mercado”.

Los golpes de mercado no ocurren por impulso político de grupos económicos opositores, sino por la falta absoluta de realismo del gobierno que trata de perpetuar, sin éxito, el estado de inflación reprimida.

Se necesita credibilidad y convicción

A esta altura el lector seguramente se preguntará qué se puede esperar si el gobierno, el actual o el que lo suceda, decide anunciar una regla monetaria y simultáneamente eliminar de cuajo la inflación reprimida, tal como parece ser la solución conforme a mis explicaciones en los dos apartados precedentes.

La respuesta es simple e independiente de las condiciones políticas y económicas en que se implementen esas decisiones: habrá un período de estanflación. Es decir, seguirán por un tiempo altos índices de inflación y de inmediato se comenzará a vivir un clima recesivo. Esto es inevitable.

Cuando los precios atrasados por las distorsiones introducidas por el gobierno en años y meses anteriores se eliminen de golpe, se producirá un salto en el nivel general de precios. Ante este aumento, con niveles de ingresos nominales que estarán frenados por la dureza de la regla monetaria, la demanda de casi todos los bienes decrecerá.

Obviamente, la disminución de la cantidad demandada de bienes y servicios cuyos precios se liberan será fuerte, porque sus precios saltarán como un resorte. Pero también disminuirá la demanda de todo el resto de bienes y servicios, en particular de aquellos con precios no controlados, que se habían beneficiado del nivel artificialmente alto de los ingresos disponibles de los consumidores.

Los precios de estos bienes y servicios, que habían subido excesivamente, tenderán a bajar por caída de demanda, pero no lo suficiente como para compensar el efecto sobre el nivel general de precios de los que aumentan por eliminación de la represión.

En un contexto de incertidumbre, habrá presiones alcistas sobre las tasas de interés, sobre la cotización de las monedas extranjeras, y mucho impacto negativo sobre las cuentas fiscales, porque se reducirá la recaudación impositiva y los gremios del sector público reclamarán ajustes de salarios.

Todos estos efectos colaterales aumentarán el resultado estanflacionario de las decisiones dirigidas a luchar contra la inflación. Sin duda, habrá costos políticos, económicos y sociales. Costos que son inevitables.

Pero la cuestión fundamental a la que me quiero referir es la siguiente: ¿Cómo se pueden reducir a un mínimo estos costos y conseguir, lo antes posible, la reinstalación de la estabilidad, el regreso del crecimiento económico y un clima de prosperidad?

La respuesta tiene que ver con la política. Los costos serán reducidos y el éxito se conseguirá más rápido si el gobierno es sincero, explica con claridad los fundamentos de las decisiones que adopta y logra convencer a la gente. La convicción respecto de la estrategia adoptada y la credibilidad que sea capaz de inspirar son cruciales.

Por eso es imposible que un gobierno, el actual o el que le suceda, pueda luchar eficazmente contra la inflación si se sigue mirando la economía argentina a través de las anteojeras ideológicas del Plan Fénix.

Si un gobierno sin convicción e incapaz de inspirar credibilidad anuncia las políticas correctas en materia de lucha contra la inflación, mi predicción es que no tendrá fortaleza política para sostenerlas todo el tiempo que es necesario para que comiencen a dar resultados aceptables para la población. En circunstancias de este tipo, el intento de luchar contra la inflación se transformará en un nuevo Rodrigazo.

Aun con convicción y credibilidad, el éxito de la lucha eficaz contra la inflación no está asegurado porque las circunstancias internacionales y la falta de crédito interno y externo pueden hacer que la estabilidad se torne inalcanzable en un horizonte temporal socialmente aceptable.

Además, se necesitará crédito

Finalmente, debo destacar que un gobierno convencido de la necesidad de luchar contra la inflación, que logra credibilidad para sus anuncios, que además adopta y comienza a implementar una buena regla monetaria y elimina de cuajo la inflación reprimida corre el riesgo de fracasar si previamente no ha tomado precauciones para conseguir el crédito que necesitará para financiar el desajuste fiscal, que aun cuando no existiera antes, seguramente aparecerá poco después de los anuncios.

No es posible confiar en que cuando se pone en marcha un plan de estabilización bien diseñado se conseguirá mantener, de inmediato, el equilibrio presupuestario. La eliminación de la inflación reprimida significará resignar recaudación de muchos impuestos distorsivos.

Si bien ya no serán necesarios los subsidios económicos para cubrir el desfasaje entre los costos y las tarifas de los servicios públicos, no se podrá prescindir de subsidios sociales orientados a neutralizar el impacto negativo del tarifazo sobre las familias que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Deberán ajustarse las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos, y aumentará el gasto público en servicios, de los que el Estado también es usuario.

El mismo efecto recesivo inicial de la eliminación de la inflación reprimida reducirá la recaudación de impuestos no distorsivos, como el IVA y el Impuesto a las ganancias. Y, finalmente, pero no menos importante, para recuperar la competitividad de la economía será necesario permitir que los impuestos sobre la nómina salarial se tomen como pago a cuenta del IVA.

La única forma de que, con semejante panorama fiscal, el Banco Central pueda aferrarse a una regla monetaria estricta es que exista crédito público y se consiga financiamiento interno y externo voluntario, a tasas de interés razonables.

Si previamente al lanzamiento del plan de estabilización no se ha recuperado el crédito público, lo más probable es que el Banco Central termine teniendo que relajar la regla monetaria para proveer financiamiento del gobierno. Si ello ocurre, se producirá una espiral inflacionaria y el plan de estabilización se hará trizas. Todo se transformará en un nuevo Rodrigazo.»

Las medidas de fondo de las que se  habla en casi todos los países de Europa destinadas a lograr la consolidación fiscal, así como las modificaciones en la legislación laboral y en el régimen regulatorio en general para introducir más flexibilidad tanto en los mercados de bienes y servicios como en el mercado laboral, no son sencillas.

Cabe esperar que  España  las adopte si se crea un clima de diálogo constructivo en las Cortes y con las fuerzas sociales, como se lo logró en la época de los Pactos de La Moncloa. Pero no debe esperarse que la implementación gradual de estas reformas cambien drásticamente las expectativas negativas que hoy alientan la fuga de capitales. Es por ello que será necesario adoptar medidas urgentes para remover del horizonte el fantasma del colapso financiero y de la salida de España del Euro.

En lo inmediato, los esfuerzos de las autoridades españolas deberían concentrarse en aventar el riesgo de que haya una corrida en contra de los depósitos bancarios y de que se profundice la fuga de capitales.  Es imprescindible que no se caiga en la tentación de querer eliminar esos riesgos otorgando garantía total a los pasivos de las entidades financieras con problemas de solvencia. Si se llegara a cometer este error, se podría llegar a poner en duda la solvencia del propio Estado Español y de allí a la necesidad de una restructuración de la deuda pública, como la que ha debido negociar Grecia, habría un corto tramo.

Las cajas de ahorro que tienen patrimonio claramente negativo tendrían que ser liquidadas o restructuradas en forma ordenada. Una forma de hacerlo es sometiéndolas a un proceso de restructuración de todos sus pasivos que no sean depósitos garantizados del público y ofreciéndoles al resto de los acreedores no amparados por el sistema de garantía de los depósitos que capitalicen sus acreencias y se constituyan en accionistas de la entidad restructurada. Mientras se lleva adelante esta restructuración, las entidades seguirán funcionando con toda su infraestructura y personal para seguir administrando las cuentas de depósitos garantizados y continuar con la cobranza de sus créditos, pero no podrán asumir nuevos riesgos. A partir de que los acreedores hayan aceptado capitalizar sus acreencias y hayan elegido una nueva conducción, el Banco Central podrá autorizar el funcionamiento normal de la nueva entidad, si es que queda debidamente capitalizada. Caso contrario deberá disponer su liquidación.

Además de resolver la situación de las entidades financieras que ya se han tornado insolventes para detener la fuga de capitales será necesario demostrar que en un período corto de tiempo se producirá la suficiente “devaluación interna” como para que ya nadie especule con una salida de España del Euro como forma de recuperar la competitividad externa de la economía.

Todas las medidas que ya se adoptaron para producir una reducción de los costos laborales unitarios del orden del 20% tendrán un efecto muy lento en el tiempo y no son suficientes para remover del horizonte el fantasma de la salida de España del Euro. Es por esta razón que el Gobierno debería prestar mucha atención a la propuesta de eliminación de las contribuciones patronales a la Seguridad Social que hicimos con Joaquín Cottani en Mayo de 2010.

Para que esta medida, que permitiría reducir de una sola vez el 20 % de los costos laborales unitarios en la economía formal, no acentúe el desequilibrio fiscal estructural, podría ser acompañada por el aumento hasta el 25 % de la tasa del IVA, algo que está permitido dentro de las normas impositivas europeas. Si bien al Gobierno del Partido Popular le resulta políticamente complicado decidir este aumento del IVA, porque se opuso al aumento del 2 % que en su momento sancionó el Gobierno Socialista, el sentido del nuevo aumento no sería para aumentar la presión fiscal sobre la economía sino para redistribuirla de tal forma que se produzca la imprescindible disminución de los costos laborales unitarios. Como beneficio quedaría el aumento del Empleo y de los Ingresos que se lograría con la recuperación de la competitividad externa de la economía.

Recuperar el Crecimiento de la economía y reducir el desempleo a niveles normales no va a ser una tarea fácil. Pero la alternativa de pretender resolver la crisis reintroduciendo la peseta y haciendo posible una devaluación monetaria no sólo producirá hacia el mediano plazo los malos resultados que hoy demuestra la experiencia Argentina luego de 10 años de haber abandonado la Convertibilidad, sino que en lo inmediato sometería a los españoles a sufrimientos mucho mayores que los que son requeridos por las reformas estructurales capaces de restaurar el crecimiento sin abandonar la estabilidad.

Quienes proponen a España la “solución a la Argentina” no sólo se equivocan cuando atribuyen el crecimiento de la economía Argentina entre 2003 y 2011 a salida de la Convertibilidad, omitiendo computar el efecto del fuerte mejoramiento de los términos del intercambio externo sobre una economía altamente productiva gracias a las inversiones de la década anterior, sino que esconden la caída del PBI y el aumento del desempleo, que resultaron de la fuerte devaluación subsecuente a la pesificación de la economía.  No dicen que durante 2002 el PBI declinó en Argentina un 5 % adicional a lo que ya había caído entre 1998 y 2001 y que la desocupación salto del 18 al 24 % de la población económicamente activa. El año 2002 fue para Argentina un verdadero infierno que España debe evitar a toda costa.

“Españoles: cuando algunos macroeconomistas norteamericanos y algunos políticos argentinos vengan a recomendarles la “solución a la Argentina”, échenlos con un argumento contundente: España no quiere estar en el 2022 en la situación en la que está Argentina en 2012”. Este fue el mensaje central de la conferencia que di el 30 de Mayo en la Escuela de Negocios del Instituto de la Empresa de Madrid.

Luego de esta introducción, pasé a explicar como está Argentina a 10 años de haber decidido abandonar al Dólar como moneda, convertir los dólares bajo ley argentina en pesos inconvertibles y haber, supuestamente, reconquistado la “soberanía monetaria”.

Hoy Argentina no tiene crédito público, ni externo ni interno. Pruebas al canto: si  quisiera emitir títulos en dólares debería pagar una tasa de interés que es el triple de la que, con toda su crisis, paga actualmente España. Por esta razón, las provincias, que están sufriendo fuertes déficits y a las que la Nación ha dejado de compartir el impuesto inflacionario y las retenciones agropecuarias, han desistido de emitir bonos, como lo habían anunciado hace apenas un mes atrás. Por supuesto, tampoco tuvo crédito público durante los últimos 10 años, precisamente porque aplicó a su crisis del 2001 la “solución  a la Argentina” que Nouriel Roubini propone para España.

Por no haber tenido crédito público, debió financiar su creciente gasto público con impuestos distorsivos (retenciones a las exportaciones agropecuarias, impuesto a las transacciones financieras, impuestos sobre la nomina salarial, reintroducción de impuestos a los sellos y a los ingresos brutos, etc.). Como éstos no alcanzaron, tuvo que echar mano a la confiscación de activos privados (inversiones en empresas privatizadas mediante el arbitrio de congelar las tarifas de los servicios; fondos de pensiones que acumulaban recursos para las futuras jubilaciones de los trabajadores activos; expropiación de empresas, como es el caso de las acciones de Repsol en YPF, etc.) Y, a lo largo de todo el período, debió recurrir a la emisión monetaria (disfrazada de distribución de utilidades ficticias del Banco Central, préstamos al Tesoro de reservas externas compradas con emisión monetaria y financiamiento liso y llano del Banco Central al Tesoro).

La inflación originada en la fuerte emisión monetaria del Banco Central y, al comienzo, en la devaluación extrema del Peso Inconvertible, trató de atenuarse con congelamiento de tarifas de servicios públicos, controles de precios de alimentos, retenciones a las exportaciones agropecuarias y, últimamente, apreciación real del Peso Inconvertible en el mercado oficial de cambio. Aún con todos estos mecanismos de represión inflacionaria, en promedio, entre 2002 y 2012, la inflación fue del 20 % anual y en 2012 tiende a escalar al 30 % anual. En la década de la Convertibilidad la inflación anual había promediado  sólo 3 % por año.

La fuga de capitales, que desde 2002 hasta 2012 fue tres veces superior a la que se dio en los momentos críticos de la convertibilidad (1995, por el efecto Tequila y entre 1999 y 2001 por la exagerada apreciación del Dólar) se está tratando de detener con controles de cambios  que han dado lugar a la aparición de un mercado paralelo. Éste muestra ya una brecha de más del 30 % con el precio oficial.

En la última década, en términos reales, las exportaciones crecieron menos que en la década de la Convertibilidad. El superávit comercial se produjo por un inédito mejoramiento de los precios de exportación, pero, ahora que los precios se han estabilizado y tienden a bajar, el Gobierno comenzó a aplicar fuertes restricciones cuantitativas a las importaciones. El efecto es un creciente aislamiento de la Argentina de las corrientes comerciales internacionales y una caída abrupta de las inversiones.

Una buena parte del crecimiento del PBI y del empleo entre 2003 y 2011 fue efecto del aumento del gasto y del empleo público. El Gasto público es hoy 10 % del PBI mas alto que en 2001 y el empleo público total aumentó de 2 a 3 millones de personas, cuando en la década del 90 había descendido de 2,7 a 2 millones. El resto del crecimiento del PBI y del empleo se explica por el aumento de los precios de nuestros productos primarios de exportación, que generó ingresos cuadruplicados para los sectores beneficiados (no siempre los productores, porque en la mayoría de los casos el gobierno se quedó con los beneficios vía las retenciones) .El efecto multiplicador de este aumento en los ingresos, aplicado sobre una capacidad productiva muy amplia, heredada de las inversiones de los 90’s, explica todo el crecimiento adicional que se dio desde 2003 en adelante.

El efecto de la inversión en construcciones así como en las industrias que crecieron al amparo de una fuerte protección, primero cambiaria y luego arancelaria, fue temporario y no sostenible en el tiempo, porque la inversión en construcciones sólo persigue proteger los ahorros frente a la inflación, aunque no genere rentabilidad, lo mismo que la inversión en industrias artificialmente sustitutivas de importaciones, que no lograrán sostenerse en un contexto de economía razonablemente abierta e integrada al mundo.

Todos los cuellos de botella que enfrenta hoy la economía argentina: desde el déficit energético hasta la disminución notable en la producción de carne, son fruto de la distorsión de precios relativos que emergió del proceso de pesificación y de las medidas no monetarias que se implementaron para atenuar el efecto inflacionario de la mega-devaluación inicial.

Y la eliminación de esos cuellos de botella vía la liberación de los precios en los mercados reprimidos junto a eventual liberalización del mercado cambiario amenaza con espiralizar la inflación como ocurrió en 1975 cuando se produjo la explosión que quedó registrada en la historia económica argentina como “Rodrigazo”, en alusión al Ministro de Economía al que le tocó la penosa misión de sincerar los precios de la economía luego de un período de represión económica y populismo no muy diferente al que se vivió en los últimos años.

Si España decidiera inclinarse por la “solución a la Argentina” para su crisis actual, no me cabe ninguna duda que en 2022 estará viviendo las angustias que hoy vive el Pueblo Argentino. Y hasta es altamente probable que las angustias sean peores y se vivan más cercanas en el tiempo, porque no es prudente ni realista esperar que España vaya a tener la suerte que tuvo Argentina en relación a los términos de intercambio externo.

¿Pero tiene España una alternativa?,¿Puede evitar la “solución a la Argentina”?;A esto me voy a referir en la próxima nota.

Llegué a Madrid el lunes 28 de Mayo y salí para Londres el jueves 31. Dos días completos en la capital española fueron suficientes para convencerme que nuestra experiencia de 2001 es aún más relevante para España que para Grecia, porque la situación de España hoy es casi calcada a la de Argentina en 2001.

Grecia 2011 y Argentina 2001

El año pasado, en oportunidad de dos viajes a Grecia, tuve la posibilidad de comparar la situación de ese país con la del nuestro en 2001. Encontré  varias similitudes, pero también algunas diferencias que pintaban un panorama mucho más grave en Grecia que el que vivimos nosotros en 2001. Con todo, mi consejo a los Griegos fue que no trataran de aplicar a su crisis la “solución a la Argentina” que les recomendaba Nouriel Roubini.

Lamentablemente, a pesar de la sensatez de los dirigentes de los dos partidos tradicionales (el conservador Nueva Democracia y  el socialista PASOK), en primera vuelta los griegos le dieron demasiados votos a Alexis Tsipras, el candidato del Partido Izquierda Radical, que en una actitud demagógica e irresponsable le promete al Pueblo Griego que va a poder seguir gozando del Euro, como moneda que protege los ahorros y el valor real de los ingresos de la gente, sin tener que reducir el gasto excesivo ni introducir reformas estructurales en su economía. Si en los pocos días que faltan hasta el 17 de junio, cuando se vota en segunda vuelta, la mayoría del Pueblo Griego no advierte que Tsipras le está mintiendo, puede llegar a ocurrir que en el segundo semestre de este año Grecia pase por el infierno que significó para Argentina el año 2002.

Sería una verdadera tragedia, porque a diferencia de lo que ocurrió en los últimos meses de 2001, cuando los Estados Unidos y el FMI nos quitaron el apoyo y no nos dejaron terminar la restructuración ordenada de la deuda pública, ahora Europa y el FMI le brindaron  a Grecia todo el apoyo que necesitaba para completar una restructuración exitosa de su deuda y comprometieron apoyo financiero adicional para que Grecia pueda implementar en forma ordenada y transparente las reformas necesarias para recuperar el crecimiento.

España 2012, Grecia 2011 y Argentina 2001

España, desde la entrada al Euro en 1999, lo mismo que Argentina durante los años de la Convertibilidad, experimentó un valioso proceso de modernización de su economía: es impresionante ver como ha mejorado la infraestructura y cómo ha aumentado la productividad en todas las actividades productoras de bienes y servicios. Sin duda el nivel de vida alcanzado por el pueblo español hacia 2008 era muy superior al que tenía en 1999, cuando ingresó al Euro, exactamente como había ocurrido con el nivel de vida de los argentinos hacia 1999 en comparación con el de 1990. En un artículo anterior titulado “¿Cuán costoso es para España estar en el Euro?” presenté una comparación entre España y el Reino Unido desde 1999 hasta 2011 para mostrar, precisamente, todos los beneficios que obtuvo España por entrar en la Eurozona.

Grecia, a diferencia de la España en el Euro y de la Argentina durante la Convertibilidad, no logró grandes avances ni en infraestructura ni en productividad, porque lejos de introducir reformas favorables al crecimiento, aumentó descontroladamente el gasto público y distribuyó beneficios a sectores de la población en forma clientelista a través de estructuras corporativas.  Estas políticas determinaron aumentos en los costos unitarios de producción fuera de toda proporción con el resto de Europa, no solo en comparación con Alemania.

España, durante los años del Euro, como Argentina durante los años de la Convertibilidad,  no aumentó descontroladamente su deuda pública. Hasta 2009, los déficits fiscales de España, como los de Argentina hasta 1999, nunca habían excedido del 3 % del PBI y hoy España tiene una deuda pública del orden del 60 % del PBI, apenas algo mayor a la de Argentina en 2001, que ascendía al 50 % del PBI. Muy diferente es la experiencia de Grecia que llegó a acumular una deuda pública del 160 % del PBI antes de la reciente restructuración.

Causas de la crisis española

La crisis que está viviendo España tiene tres causas principales, dos de las cuales son idénticas a las que explican la crisis Argentina de 2001  y una tercera que fue muy notable en España pero no se observó en Argentina.

La primera causa es el excesivo endeudamiento de autonomías y municipios ( y de las empresas constructoras y los desarrollistas urbanos vinculados a ellas) con las Cajas de Ahorro para financiar inversiones de muy baja productividad. En España las cajas de ahorro, como en Argentina los bancos provinciales, fueron manejadas, la mayor de las veces, por políticos y no por banqueros profesionales. El endeudamiento de las autonomías y de los municipios, así como el de las empresas constructoras y desarrollistas urbanos que consiguieron mucho crédito para financiar emprendimientos que generaban ingresos extraordinarios a los gobiernos locales y, no pocas veces, alimentaban circuitos de corrupción, es la causa principal de los activos tóxicos que hoy tienen las entidades financieras de España.

El fenómeno parece un calco de lo que ocurrió en Argentina entre los gobiernos provinciales con sus bancos, mientras los tuvieron, e incluso con los bancos privados desde que las provincias pudieron utilizar como garantía los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos, a partir de 1997. Lo que está ocurriendo con Bankia hoy en España es lo mismo que ocurrió con el Banco de la Provincia de Buenos Aires en Argentina en 2001. Y lo que está ocurriendo con el resto de las cajas de ahorro regionales es lo mismo que lo que ya había ocurrido con los bancos provinciales de Argentina en la primera parte de los 90’s . Esa fue la causa principal de la vulnerabilidad de nuestra economía frente a la Crisis Tequila de 1995.

La experiencia nuestra de 1995 es relevante para la España de hoy. Pudimos superar la crisis de los bancos provinciales porque recibimos apoyo del exterior para recapitalizarlos previa restructuración y liquidación de los bancos mayoristas que le habían prestado fondos a los bancos provinciales. Gracias a que nosotros en 1995 no estatizamos los bancos con problemas, sino que los liquidamos o recapitalizamos previa restructuración para ser reprivatizados de inmediato, el costo en términos de aumento de la deuda pública nacional fue insignificante.

Lamentablemente, no todos los bancos provinciales fueron privatizados y los dos más importantes que siguieron siendo manejados por las provincias: el de La Provincia de Buenos Aires y el de la Provincia de Córdoba, se transformaron en los problemas financieros más graves del año 2001. Para colmo de males, en 1997, el Gobierno Nacional autorizó a las provincias a endeudarse con los bancos privados y con el Banco de La Nación dando como garantía los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos, algo que había estado prohibido durante los seis primeros años de la Convertibilidad.

En 2001 el origen de los activos tóxicos del sistema financiero y, por tanto, la causa principal de la crisis financiera fue nuevamente el endeudamiento excesivo y a tasas flotantes de las Provincias con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el Banco de la Provincia de Córdoba, con el Banco de la Nación y con los bancos privados que habían confiado en la garantía de la Coparticipación Federal de Impuestos. En esta oportunidad ya no conseguimos apoyo del exterior para encarar una tarea de saneamiento como la que habíamos logrado llevar a cabo en 1995. Y el apoyo del Gobierno Nacional y del Banco Central a los bancos que se estaban tornando insolventes, terminó por destruir el crédito público nacional.

España va a necesitar irremediablemente apoyo financiero de Europa para recapitalizar a los bancos y cajas de ahorro que sean recuperables, pero deberá, al mismo tiempo, liquidar a aquellas entidades que se han tornado insolventes, otorgando sólo protección a quienes tengan depósitos cubiertos por el sistema de garantías. Si, por el contrario, otorga ex post garantía plena del Estado a todos los acreedores de las entidades insolventes se le va a presentar el mismo problema que a Irlanda: terminará duplicando o triplicando el nivel de su deuda pública.

La segunda causa de la crisis que está sufriendo España es la exagerada apreciación del Euro hasta 2007 y su recuperación excesiva luego de la caída que se produjo en 2008 y 2009. Este fenómeno, que es equivalente a la fuerte apreciación del Dólar desde mediados de los 90’s hasta el 2001 que tanto perjudicó a la economía Argentina, es el resultado de que ni la política monetaria del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (la “FED”) ni la del Banco Central Europeo (el “ECB”) prestaron atención a los efectos globales de las medidas que tomaban.

La FED, antes de la crisis de las hipotecas “subprime” siguió una política monetaria muy expansiva con el objetivo de depreciar al Dólar frente al resto de las monedas y poder reducir así el déficit de la cuenta corriente de su Balanza de Pagos. La moneda que más se apreció frente al Dólar fue precisamente el Euro que pasó de valer 82 centavos de Dólar en 2001 a casi 160 centavos en 2007. Esta fuerte apreciación fue soportada por la economía alemana que desde los ajustes a los que la obligó el proceso de reunificación, había logrado mantener relativamente bajos los costos unitarios de producción, pero fue fatal para la competitividad de España, que a pesar de haber aumentado mucho la productividad en todos sus sectores, había permitido aumentos de costos laborales a un ritmo mayor que el de Alemania.

En 2008 y parte de 2009, se produjo una fuerte recuperación del Dólar por la “fuga hacia la calidad” que decidieron los administradores de portafolios financieros en el mundo y el Euro se depreció hasta 1,20 dólares. A partir de allí si el ECB hubiera aplicado la misma política monetaria que la FED, España, como el resto de los países de Europa con fuertes déficits en cuenta corriente, podrían haber recuperado competitividad y re-equilibrado sus economías.

Lamentablemente, mientras La FED acentuó al extremo el caracter  expansivo de su política monetaria, el ECB demoró mucho en seguir el mismo camino y aún hoy, tiene una política monetaria bastante más restrictiva que la de la FED. Como consecuencia, el Euro volvió a apreciarse hasta llegar a valer casi 1,40 dólares. Esta re-apreciación fue fatal para España y para casi todos los países de Europa y explica en gran medida que a los efectos recesivos iniciales de la crisis global de 2009 le hayan sucedido efectos recesivos adicionales localizados en varias de las economías de la Eurozona.

Ahora el Euro ha vuelto a debilitarse, pero no como resultado de la política monetaria del ECB sino de la desconfianza que ha generado la posibilidad de que la eurozona se desintegre. A esta altura, para evitar el agravamiento de la crisis y frenar el proceso de desintegración monetaria, la política del ECB tendrá que ser extremadamente laxa y, muy probablemente, el Euro tendrá que bajar hacia la paridad con el Dólar. De otra manera varias economías europeas, incluía por supuesto España, van a entrar en un proceso muy doloroso de depresión económica.

La tercera causa de la crisis que hoy vive España es la explosión de una enorme burbuja inmobiliaria que tuvo un largo período de gestación. Esta burbuja se dio también en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Afortunadamente no se dio en la Argentina de la Convertibilidad porque pese a toda la confianza que aquel régimen monetario logró crear durante los 90’s, nunca se produjo una expansión del crédito a tasas muy bajas de interés como las que durante muchos años parecieron beneficiar a las economías de aquellos países. La burbuja inmobiliaria adquirió una magnitud muy grande en España porque el optimismo es contagioso y los intermediarios financieros, en especial las cajas de ahorro en el caso de España, no midieron bien los riesgos que estaban asumiendo. Las ventajas que la actividad inmobiliaria brindaba a las finanzas de las autonomías y de los municipios y los incentivos a la corrupción de funcionarios, banqueros, constructores y desarrollistas, se trasformó también en España, como en los Estados Unidos y en el Reino Unido, en un aceitado mecanismo alimentador de la burbuja.

Es muy intensa la tentación a la que son sometidas las autoridades políticas y monetarias de resolver el exagerado endeudamiento con un poco de inflación (y el control indirecto de las tasas nominales de interés) como para generar tasas reales negativas de interés. Ya se está reflejando en las políticas monetarias de la FED y del Banco de Inglaterra.

España no puede caer en esta tentación porque ya no cuenta con la Peseta y por lo tanto el Banco de España no puede imitar a la FED o al Banco de Inglaterra. Y, su banco central relevante, el ECB, responde, por el momento, mucho más a los dictados y opiniones del Gobierno Alemán que a los del Gobierno Español. Por eso volveran a escucharse voces insistiendo que la salida del Euro, o lo que llaman “la solución a la Argentina”, es no sólo la medicina apropiada para Grecia sino, también, para España. Para hacer este argumento van a utilizar la observación de que España 2012 se parece a Argentina 2001 aún más que la misma Grecia y que las tasas negativas de interés a que dará lugar la reintroducción de la Peseta ayudarán a resolver los problemas de sobre-endeudamiento que dejó la burbuja inmobiliaria..

Voy a contradecir esta opinión aún con mucho más énfasis con que lo hice para el caso de Grecia. Pero dejo esta tarea para mi próxima nota.