Domingo Cavallo

Encontré un ejemplo contundente y claro de la arbitrariedad con la que deciden los jueces que no logran sustraerse a la presión del Gobierno de Cristina. Los detalles se pueden leer en un escrito presentado a la Cámara Federal de Apelaciones por Matías Ordoñez, como parte de su defensa en el juicio por la venta del Predio de Palermo a la Sociedad Rural.

Hoy los voceros del Gobierno y sus aliados ideológicos salieron a vociferar todo tipo de insultos contra la Justicia a causa de tres decisiones que le disgustaron: el rechazo del per saltun en el caso de la discusión sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios, el sobreseimiento definitivo del Dr De la Rúa en la causa sobre los muertos el 20 de Diciembre de 2001 y la condena de la ex-Ministra Felisa Micheli en la causa sobre la bolsa con dinero encontrada por la policía  en el baño privado de la funcionaria. Afortunadamente, La Suprema Corte de Justicia, La Cámara de Casación Penal y algunos tribunales orales están actuando con dignidad e independencia.

Lamentablemente hay también jueces y peritos que no logran sustraerse a la presión del gobierno. Pocos días atrás, el gobierno de Cristina utilizó un pronunciamiento en primera instancia de un juez federal para argumentar que el predio de Palermo a la Sociedad Rural que el Estado vendió 19 anos atrás en 30 millones de dólares, en realidad valía 132 millones de dólares. En base a esta decisión judicial, que aún no está firme porque fue apelada a la Cámara Federal, salió a argumentar que la venta fue hecha a un «precio vil» y decidió anular, por un decreto, el acto administrativo anterior por el que se convalidó esa venta. Anulación que es absolutamente ilegal según la opinión unánime de todos los especialistas en derecho constitucional y administrativo que opinaron sobre el tema.

Pocas veces se consiguen pruebas tan contundentes y claras de la arbitrariedad con la que deciden los jueces de que se vale el Gobierno.

Ocurre que en 1997 el Estado vendió un inmueble muy parecido al de la Sociedad Rural. Se trata de las 34 hectáreas del predio denominado «Parque Norte» que se vendió al Sindicato de Empleados de Comercio. Ese predio, ubicado al lado de Aeroparque, entre la Costanera Norte y la autopista Arturo Illia, tiene varios aspectos en común con el predio de Palermo vendido en 1991 a la Sociedad Rural. Ambos son predios importantes (34 hectáreas el de Parque Norte, 11 hectáreas el de la Rural), ubicados en zonas de alto valor inmobiliario. Ambos predios estaban y siguen estando caracterizados como zonificación UP, sin posibilidad de que se cambie el uso a que venían y siguen siendo destinados.

El procedimiento de la venta fue el mismo. Se trató de ventas directas a quienes venían ocupando cada predio, previa tasación del Banco de la Ciudad. En el caso del predio de Palermo, el gobierno pidió además otras tasaciones al Banco Hipotecario y a un consorcio de seis inmobiliarias prestigiosas. La tasación del Banco de la Ciudad (y por ende la operación de venta) fue de 43 pesos dólares de 1997 el metro cuadrado, en el caso de Parque Norte, y de 263 pesos dólares de 1991 el metro cuadrado, en el caso del predio de Palermo. Las tasaciones del Banco Hipotecario y por el consorcio de inmobiliarias fueron similares. En ambos casos las tasaciones se hicieron utilizando la metodología habitual del Tribunal de Tasaciones de la Nación, basada en la comparación con los precios  pactados en operaciones reales de inmuebles de similares características, corregidas por las restricciones al uso de la tierra impuesta por la normas sobre zonificación y los cargos impuestos por el Estado.

En ambos casos existieron denuncias penales argumentando que las operaciones de ventas constituían delito, por lo que fueron motivo de evaluación judicial. El Juez de primera Instancia que actuó en el caso de la operación de Parque Norte, basado en una nueva tasación hecha por un miembro del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegó a la conclusión que nada había que objetar en relación a esa venta y dispuso que los funcionarios involucrados fueran sobreseídos. Ese sobreseimiento fue convalidado por la Cámara Federal de Apelaciones.

En el caso del predio de Palermo, el juez de primera instancia pidió también una nueva tasación a un miembro del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema y resolvió procesar a los funcionarios intervinientes (a mi, entre ellos), a los peritos tasadores del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario que hicieron las tasaciones en 1991 y a los directivos de La Sociedad Rural. El procesamiento se basó en la diferencia entre la nueva tasación de 132 millones de pesos dólares y el precio de la venta que fue de 30 millones de pesos dólares.

El perito elegido por el juez sostuvo que el procedimiento habitual del Tribunal de Tasaciones de La Nación que habían utilizado los peritos del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario en 1991, y en el que se basaron el peritaje original y el nuevo solicitado por el juez en el caso del predio de Parque Norte, era de imposible aplicación por las características «especiales» del predio de Palermo. Entonces, inventó una metodología que pretendió calcular la rentabilidad que tendría el predio adquirido por la Sociedad Rural, con tan poco criterio que estimó un flujo de fondos que no guarda ninguna relación con la realidad del negocio emprendido por la Sociedad Rural y sus socios inversores, que, como era de esperar, en lugar de obtener rentabilidad generó pérdidas. A punto tal que no pudieron cancelar aún las deudas incurridas para financiar las inversiones.

A esta altura de la descripción uno podría pensar que se trata de dos casos similares en los que los jueces y peritos intervinientes tuvieron criterios diferentes, algo que es perfectamente posible si se tratara de personas distintas. Pero lo notable es que el juez que condujo el caso de Parque Norte es el mismo Sergio Torres que juzgó sobre el caso del predio de Palermo y el perito que intervino también es el mismo en los dos casos: se trata del decano del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, Arquitecto Juan José Bialet Sala.

¿Que es lo que ocurrió? La respuesta es simple. Después del conflicto con el campo, el gobierno decidió preparar un castigo a la Sociedad Rural y puso tanta presión sobre el juez y el perito que los hizo cambiar arbitrariamente de criterio, siendo que, a simple vista, si cabía alguna sospecha de sub-valuación, el candidato a revisar era el predio de Parque Norte y no el de Palermo.  Vuelvo a señalar los valores: el predio de Palermo se vendió a la Sociedad Rural a 263 pesos dólares el metro cuadrado, con cargo a mejorar y ampliar los servicios que venía prestando, mientras que el de Parque Norte se vendió a 43 dólares el metro cuadrado, sin ningún tipo de cargo adicional. El Gobierno de Cristina y los jueces que se someten a su presión no tienen vergüenza. Con tal de llevar adelante sus maldades, no reparan ni en los más elementales principios de prudencia y sensatez. En síntesis, son un peligro público.

Ya se han escrito muchos artículos, con sólidos argumentos jurídicos y constitucionales, que demuestran la ilegalidad del decreto por el que el Gobierno de Cristina Kirchner pretende confiscar el Predio Ferial vendido en 1991 a la Sociedad Rural. Yo no me voy a referir a ese aspecto porque lo han hecho voces mucho más autorizadas que la mía, con argumentos claros y contundentes. Pero sí siento la obligación de referirme a las numerosas mentiras que el Gobierno utiliza como fundamento de su ilegítimo decreto. Lo hago porque forma parte de la estrategia que, de manera alevosa, viene utilizando este Gobierno para tergiversar la historia de nuestra Patria. Y para el el bienestar futuro de los Argentinos es imprescindible que las nuevas generaciones no se dejen engañar por este relato.

La venta a la Sociedad Rural del predio de Palermo en 1991, por 30 millones de dólares, fue no sólo legítimo, sino altamente beneficioso para los intereses generales de nuestro País. La sociedad Rural había ocupado este predio, por decisiones de sucesivos Gobiernos, comenzando por el de Nicolás Avellaneda en 1875 cuando el ex-Presidente Domingo Faustino Sarmiento era director del Parque 3 de febrero, durante más de 100 años. Todas las edificaciones realizadas sobre ese predio habían sido hechas por la Sociedad Rural Argentina que desde 1878 organizó, sin interrupción alguna, la Feria Ganadera que adquirió fama mundial y que fue siempre un símbolo del importante progreso de la ganadería y de la agricultura de nuestro país.

En 1991, pocos meses después de que el Gobierno del Presidente Menem (en el que yo había sido Ministro de Relaciones Exteriores desde julio de a989 y Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos desde enero de 1991) lanzara la política de re-capitalización y modernización del campo argentino, simbolizado en la eliminación completa de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, la Sociedad Rural Argentina ofreció adquirir el predio ferial para posibilitar fuertes inversiones que mejorarían significativamente los servicios que había prestado y seguiría prestando esa institución.

Desde el punto de vista legal, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a vender el predio en forma directa dado que se trataba de una venta a quienes lo venían ocupando. Además, la venta de ese inmueble, que de hecho había tenido el destino de predio Ferial desde 1876, encuadraba perfectamente en la política de venta de los inmuebles innecesarios del Estado que se lanzó en 1989 precisamente para permitir que esos inmuebles sirvieran para emprendimientos privados enderezados al crecimiento y la modernización del país.

Se siguieron todos los pasos exigidos por las normas en vigencia, incluso excediendo las precauciones demandadas por la ley. Por ejemplo, siendo que con una tasación del Banco Hipotecario o del Banco de la Ciudad era suficiente para cumplir con la normativa, se pidieron las dos tasaciones y se solicitó también una tasación adicional a un grupo de prestigiosas empresas inmobiliarias. Todas las tasaciones, que obviamente se hicieron teniendo en cuenta las restricciones al dominio que afectaban a esa propiedad, ascendieron a valores del orden de los 30 millones de dólares en los que se terminó realizando la operación de venta. La Sociedad Rural no sólo estaba comprometida a pagar ese precio, sino que debía hacer las inversiones necesarias para cumplir con un ambicioso plan de  ampliación y mejora de las instalaciones y el Estado ingresaría además una participación en el precio de las entradas a los eventos que se llevaran a cabo en el predio. Fue precisamente esta operación la que posibilitó que hoy las instalaciones tengan la magnificencia y funcionalidad que han podido admirar millones de visitantes argentinos y del exterior en los últimos 20 años.

En el año 2010, 19 años después de que se hubiera concretado la operación, el Juez Federal Sergio Torres dispuso mi procesamiento, junto con los de algunos funcionarios que me acompañaron en el Ministerio, con los directivos de la Sociedad Rural y con los peritos tasadores de las instituciones oficiales (Banco Hipotecario y Banco de La Ciudad) que hicieron las tasaciones en las que se basó la operación. Nos procesaron por el supuesto delito de «peculado», es decir de sustracción del predio de Palermo en favor de la Sociedad Rural, con el argumento de que un perito oficial designado por el Juez y sin que hayan participado peritos de las partes involucradas, sostuvo que el precio correcto del predio, en el año 1991, debió ser de 132 millones de dólares.

La tasación presentada 19 años después por el perito oficial se basó en una supuesta evaluación de los ingresos que obtuvieron la Sociedad Rural y sus socios inversores luego de la compra del terreno. Esa evaluación se hizo sin tener presente que además de pagar el precio del terreno, la Sociedad Rural y sus socios invirtieron más de 100 millones de dólares adicionales. Tampoco tuvieron en cuenta el costo del capital, porque el perito no procedió a descontar a la tasa de mercado el flujo de fondos para determinar el valor presente en 1991 y, si todos estos errores fueran pocos, el cálculo se hizo en base a información que obviamente era imposible que estuviera disponible en 1991. Es tan absurda la valuación, que se desmiente por la misma realidad del negocio que manejaron la Sociedad Rural y sus socios inversores. Lejos de resultar rentable, esas inversiones le generaron pérdidas, a punto tal que algunos de los inversores terminaron quebrando y no pudieron pagar,  o demoraron mucho en hacerlo, los créditos que habían obtenido para financiar las inversiones. Este magro resultado económico no debe sorprender. En todos los países del mundo, predios feriales como el de Palermo se sostienen con aportes y subsidios de los Estados, mientras que en este caso, no sólo esos aportes y subsidios no existieron, sino que los inversores tuvieron que pagar el precio del terreno y una participación en sus ingresos al Estado.

Hay muchos indicios de que éste es un fallo político, como muchos otros que promovió el Gobierno de Cristina a través de su presión y condicionamiento permanente a los miembros del Poder Judicial. Lo primero que sorprende es que me haya procesado a mí, mientras decretó la falta de Mérito del Presidente Carlos Menem. Ambos tuvimos la misma participación en el proceso de decisión, somos los que firmamos el decreto aprobatorio de la venta. ¿Porque a mí me procesaron y a Menem le decretaron la falta de mérito? Pues la respuesta es simple: Menem había comenzado a acompañar con su voto en el Senado algunas leyes claves que el Kirchnerismo quería sancionar y para las que le faltaban votos en el Senado. Yo, por el contrario, he sido y seguiré siendo, un crítico severo de todos los desmanejos y arbitrariedades que ha venido cometiendo el Gobierno de los Kirchner.

Otra manifestación de la intención política de la decisión del Juez Sergio Torres, surge de los fundamentos del decreto que acaba de firmar Cristina Kirchner. Ahí utilizan el argumento de mi procesamiento cuando esa decisión ha sido apelada a la Cámara Federal respectiva y ésta aún no se ha pronunciado. Es decir, el procesamiento no está firme. Pero además, como uno de los procesados argumentó la prescripción del supuesto delito y la Cámara de Casación le dio la razón, esta cuestión, que está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia tampoco está firme, porque de haberlo estado, todos los procesados estaríamos ya beneficiados por la decisión de la Cámara de Casación. Nada de esto menciona el decreto presidencial en sus fundamentos y no cabe duda que persigue constituirse en otra fuente de presión sobre la Corte Suprema de Justicia para impedir que convalide la sensata decisión de la Cámara de Casación Penal. Por supuesto, el decreto presidencial tiene también por objeto presionar a la Cámara Federal de Apelaciones, para que cuando el expediente vuelva a sus manos, si es que la Corte Suprema revierte la decisión de la Cámara de Casación,  convalide el procesamiento dispuesto por el juez Sergio Torres. Si el decreto no tuviera el propósito de presionar al Poder Judicial, no deberían haberse mencionado en su fundamento decisiones no firmes de un juez de primera instancia, cuando están actuando las instancias de revisión que prevé nuestro sistema republicano de gobierno.

En síntesis, el decreto de la Presidente Cristina Kirchner, con que pretende anular al que aprobó la venta más de 20 años atrás, es una manifestación más del carácter autoritario y corrupto de este Gobierno. Pretende apropiarse de un emprendimiento que ha acompañado con jerarquía el formidable proceso de re-capitalización y modernización de la capacidad productiva agropecuaria que permitieron las políticas productivas de la década del 90 y de la que han sacado fuerte provecho los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para financiar los desmanejos y arbitrariedades de la última década. Y seguramente esa apropiación se lleva a cabo para aumentar las fuentes de ingresos corruptos con los que se han venido enriqueciendo muchos de los miembros de este Gobierno.

En la misma época en que el gobierno del que yo formé parte vendió el predio de Palermo a la Sociedad Rural, se vendieron a precios que estoy seguro no fueron muy diferentes, teniendo en cuenta los usos a los que podían estar destinados, todos los terrenos del emprendimiento de Puerto Madero. Me pregunto si este Gobierno, cuyos funcionarios parecen deleitarse de gozar de la alta jerarquía de ese desarrollo inmobiliario, decidirán en algún momento anular por decreto esas operaciones de venta y apropiarse de todos los inmuebles de Puerto Madero, con el argumento que sus des-arrolladores parecen haber hecho muy buenos negocios. No me sorprendería que lo hicieran, si es que siguen saltando evidencias de que algunos de esos inmuebles son la prueba del enriquecimiento ilícito de varios funcionarios kirchneristas. Podrían llegar a argumentar que lejos de haber adquirido esos inmuebles con dineros mal habidos, lo hicieron con préstamos de sus amigos para permitir la recuperación por parte del Estado de bienes que nunca deberían haber salido de su patrimonio. Después de todo, no sería un argumento distinto al que en la práctica usaron para expropiar a la empresa Cicone Calcográfica cuando esta había, previamente, pasado a manos de los amigos de Boudou.

Por supuesto, son muchos los que ya le han preguntado a la Presidenta si piensa anular por decreto las operaciones de venta de terrenos hechas por el Municipio de Calafate. Es asombroso que se considere «precio vil» los 30 millones de dólares más los 100 millones de dólares que agregaron los inversores socios de la Socieda Rural y no se considere «precio vil»el que pagaron los Kirchner, a razón de menos de 2 dólares el metro cuadrado, los terrenos que pocos meses después le vendieron a Cencosud por más de 100 dólares el metro cuadrado.

Argentina no puede apelar el fallo del Juez Griesa con chances de convencer a las instancias superiores (Cámara de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia) si sigue diciendo que no hará ningún pago a los tenedores de bonos que no entraron en los canjes aceptados por el 91 % de los bonistas. En mi opinión, el Gobierno debería presentarse diciendo que está dispuesto a pagarles a dichos tenedores los mismos montos (en relación al valor de sus tenencias originales) que hasta aquí le ha pagado a los bonistas que aceptaron las condiciones del canje. Que además está dispuesto a seguir abonando hacia el futuro pagos equivalentes y que está dispuesto a discutir quien se hace cargo de las costas del juicio. Yo creo que incluso el Juez Griesa podría haber aceptado una postura semejante, pero las declaraciones de la Presidenta en el sentido que no se les pagará nada a los reclamantes, lo llevó a una postura extrema: el pago del 100% de los fondos reclamados, siendo que es de sentido común que no es justo darle un tratamiento distinto a acreedores que al momento del default tenían los mismos derechos. Una postura como la que propongo que presente el Gobierno Argentino, en caso de ser aceptada por la Justicia de New York, sería bienvenida por la Reserva Federal de los Estados Unidos y por las autoridades monetarias de la mayor parte del mundo. Todas ellas son conscientes de que las re-estructuraciones de deuda soberana van a ser bastante más frecuente en el futuro que lo que lo fueron en el pasado.

La época de las vacas gordas ya ha llegado a su fin. Hemos entrado en la época de vacas flacas. Como los años de bonanza no se aprovecharon para acumular reservas que permitieran aliviar el costo de las adversidades por venir, los años de vacas flacas se proyectan, políticamente, muy difíciles, para cualquiera que gobierne o le toque gobernar.

He aquí una lista de desequilibrios que inexorablemente habrá que corregir:

1. Sentencias a favor de los jubilados a quienes no se les ajustaron sus jubilaciones entre 2002 y 2007. La magnitud del problema es mayor que el que, por las mismas causas, se había acumulado al final del Gobierno del Doctor Alfonsín. En el caso de las sentencias incumplidas de fines de los 80s, la solución en 1992 significó reconocer una deuda de 18 mil millones de dólares (que se saldó con los denominados «BOCONES» previsionales) además de ajustar las jubilaciones hacia adelante con un costo fiscal anual de casi 2 % del PBI.

2. Sentencias en el exterior a favor de las empresas que habían invertido en privatizaciones y reclamaron a través del CIADI, así como sentencias a favor de los denominados “holdouts”, las que pueden resultar por los reclamos de Repsol  y las deudas bilaterales que deben re-negociarse en el Club de París.  Estos reclamos son superiores a los 15 mil millones de dólares.

3. Desequilibrios entre los precios y tarifas por los servicios públicos (transporte, electricidad, gas y agua) que ascienden a no menos de otros 15 mil millones de dólares anuales y que, en promedio, pueden significar aumentos del 200 % sobre las tarifas que se aplican actualmente.

4. Inversiones imprescindibles en los sectores de la energía y los transportes por no menos de 10 mil millones anuales, para restablecer una capacidad productiva equivalente a la que existía hacia fines de la década de los 90s.

5. Cierre de la brecha entre el precio del dólar paralelo y el dólar oficial, lo que exigirá o una devaluación real que puede llegar a ser del 30 % por arriba de la inflación  (si las tasas reales de interés no son fuertemente positivas), o tasas reales de interés positivas que pueden llegar a requerir tasas nominales de interés tres o más veces superiores a las actuales (si es que se quiere evitar la devaluación real)

6. Eliminación de las trabas al comercio exterior y a la compra de monedas extranjeras, para volver a contar con un mercado único y libre de cambios y un nivel sostenible de déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.

7. Reducción de la presión tributaria a niveles compatibles con adecuados incentivos a la inversión y creación de empleos por parte del sector privado. Son tantos y de tal magnitud los impuestos distorsivos (impuestos sobre la nómina salarial, retenciones a las exportaciones, impuestos a los ingresos brutos provinciales en etapas intermedias de producción, impuesto a las transacciones financieras no tomados a cuenta de IVA o Ganancias) que la reducción de la presión tributaria necesaria para devolver incentivos al sector privado y facilitar el aumento de la productividad puede llegar a representar más de 10 mil millones de dólares anuales.

8. Refuerzo importante de los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, para luchar efectivamente contra el crimen y la inseguridad.

9. Refuerzo de todas las partidas destinadas a pagar remuneraciones a trabajadores públicos a los que se les está abonando una parte importante de sus remuneraciones en negro, sin aportes a la seguridad social.

10. Eliminación de gastos superfluos en las áreas no prioritarias para poder redistribuir recursos hacia las que hoy cuentan con asignaciones presupuestarias insuficientes. Estos recortes de gastos, incluido el recorte de los subsidios por fijación de tarifas por debajo de los costos, pueden llegar a ascender a más de 20 mil millones de dólares anuales.

Las decisiones necesarias para corregir estos desequilibrios implican muy fuertes costos políticos para quien las adopte e implemente. Estos son los costos que Cristina está tratando de evitar con discursos que pintan un panorama promisorio cada vez más distante de la realidad. Mi impresión es que no podrá seguir dilatando tres años más las decisiones necesarias para eliminar estos desequilibrios. Ojalá la realidad la obligue a adoptar la mayor parte de estas decisiones políticamente costosas antes de que termine su mandato. Si ello no ocurriera, el costo político deberá ser soportado por el próximo Gobierno y, una vez más, la ciudadanía quedará confundida sobre cuales son los dirigentes responsables de sus penurias.

Este fue el tema de una conferencia organizada por Guillermo Calvo en Columbia University el pasado miércoles. Yo fui uno de los panelistas y para quienes quieran ver la discusión, aquí va el link a Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=t0LVG2xg-pQ&feature=youtube. Le pido disculpas a los visitantes de mi blog por no haber subido ningún artículo durante las dos últimas semanas, pero quede varado en Cartagena de Indias, ciudad a la que fui para participar en el Foro Iberoamericano, cuando llegó el Huracán Sandy a la costa este de los Estados Unidos. Se suspendieron las clases en Yale University y las tuve que recuperar en los días siguientes, por lo que la actividad docente y los viajes accidentados me impidieron trabajar en el blog. Mañana viajo a China para participar en sendas reuniones de la Universidad Politécnica de Hong Kong, que cumple 50 años y ha organizado una conferencia sobre el Sistema Monetario Internacional, y del Internacional Finance Forum de Beijing que va a desarrollar su duodécima reunión anual. Espero poder escribir un post sobre lo que está ocurriendo en Argentina mientras estoy en el avión. Hasta entonces.