Muchos se sorprenden por el reciente acuerdo de Argentina con Irán para crear una «Comisión de la Verdad» en relación al atentado a la AMIA. Unos lo explican por el deseo del Gobierno de producir avances en la investigación del atentado, otros lo atribuyen a futuros negocios de importación de petróleo y gas o de exportación de tecnología aeroespacial. Creo que hay una explicación más sencilla: el deseo del Gobierno de Cristina de remover los obstáculos que dificultan una relación política estrecha con el régimen de Irán, semejante a la que ese país tiene con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba.
Desde que Cristina Kirchner asumió como Presidente, la política exterior argentina se hizo cada vez más coherente alrededor de una definición muy clara: abandonar la pertenencia al mundo que adhiere a la idea de una comunidad de naciones organizadas en base a reglas, tal como lo pretendieron los acuerdos de Bretton Woods y la Carta de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial, e integrarse al conjunto de naciones que ven al proceso de globalización como una etapa más del «Imperialismo Yanqui».
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner habían comenzado insinuar ese distanciamiento desde la caída del gobierno de De La Rúa, pero lo habían hecho más por torpeza o conveniencia circunstancial que como elección estratégica y definición ideológica. Desde que asumió Cristina, la política exterior refleja tanto una elección estratégica nítida como una clara definición ideológica: Argentina quiere de socios a Venezuela, Irán, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Argentina decidió no respetar los tratados bilaterales de protección de inversiones que se firmaron durante la década del 90 y se propone denunciarlos. Desconoce la autoridad del FMI para realizar auditorias anuales dispuestas por su carta orgánica y ratificadas por el Grupo de los 20, instituciones ambas de las que Argentina es miembro pleno. Argentina no respeta ni cumple con las decisiones del CIADI y desdeña el crédito del Banco Mundial, otras dos instituciones de las que Argentina es todavía miembro pleno. Argentina viola casi todas las reglas de la Organización Mundial del Comercio y amenaza con desconocer sentencias de los tribunales de Nueva York si las decisiones judiciales no les son favorables, algo que no debe extrañar porque también desconoce las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. No me sorprendería que en los próximos meses Argentina denuncie su adhesión de 1993 al tratado sobre el control de tecnología de misiles para reflotar el proyecto Cóndor II. Tampoco me extranaría que denuncie su adhesión al tratado de no proliferación de armas nucleares para poder embarcarse nuevamente en un proyecto de enriquecimiento de uranio para todo tipo de usos.
No se puede acusar de incoherente a la política exterior de Cristina. Sí se puede afirmar, que se trata de una política exterior que va a imposibilitar una re-conducción de la política económica capaz de recrear un clima de estabilidad y seguridad jurídica en el que renazca la inversión productiva imprescindible para conseguir crecimiento sostenido y mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos. Un futuro gobierno que quiera resolver los cada vez más gravosos y evidentes problemas económicos y sociales de Argentina, deberá comenzar por cambiar de cuajo la política exterior, como me tocó a mí hacerlo como primer ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Menem. Con la actual política exterior es impensable erradicar la inflación y sentar las bases de la modernización económica de la Argentina.