Autor: Domingo Cavallo

Este es el título que le puso la periodista ecuatoriana a la entrevista que me hizo para la televisión de Guayaquil. Después de más de 10 años volví al Ecuador invitado por mi amigo Roberto Goldbaum con motivo del  70 aniversario de la Compañía de Seguros La Unión, la más antigua de país hermano. Quiero compartir este video con los visitantes de mi blog.

Y de paso, para que no todo sea serio y formal, aprovecho para compartir con ustedes otro video, de la época en la que estábamos lanzando la convertibilidad en la Argentina.

Ayer y hoy los diarios de Argentina se llenaron de referencias graciosas a las expresiones del desconcertado y asustado Ministro Lorenzino frente a la pregunta obvia que la periodista le hizo sobre la tasa de inflación que publica el INDEC y las múltiples evidencias, reflejadas incluso en un pronunciamiento del FMI,  de que la inflación real más que duplica a la reconocida oficialmente.

Pero el valor de los dos documentales va mucho más allá que el traspié de Lorenzino. En mi opinión los dos documentales narran de una manera objetiva los acontecimientos de nuestro país alrededor de la crisis del 2001 y 2002. Y aportan un material muy valioso para conocer los hechos y los actores a través de sus propias manifestaciones. Lamentablemente no está traducida la narraciónen griego de la periodista ni las preguntas y respuestas que hace y recibe en inglés. Voy a tratar de conseguir una buena traducción para subir a este blog, porque espero escribir varios artículos comentando, sobre todo, cómo actuó el FMI y cómo algunos de mis propios colaboradores y otros personajes que en el 2001 decían compartir mi percepción de la realidad, a punto de haberme pedido integrarse al equipo, ahora quieren aparecer como sagaces predictores de la inevitabilidad del default y de la pesificación compulsiva. Mientras tanto, para quienes quieran ver las documentales en su versión para la televisión griega, acá van los links: primera parte (hasta la declaración del Default) y segunda parte (desde que asume Duhalde hasta la actualidad).

La situación que vive hoy Maduro, luego de la muerte de Chávez, es muy parecida a la que vivió Isabel Perón luego de la muerte de Perón en 1974. La economía de Venezuela se encuentra en una situación muy parecida a la que prevalecía en Argentina a principios de 1975: fuerte inflación reprimida, brecha gigantesca entre el precio del Dólar en el mercado oficial y el precio en el mercado paralelo, trabajadores y sindicatos demandando fuertes aumentos de salarios para sostener los niveles de vida prometidos en los años anteriores, enorme déficit fiscal, total descontrol monetario y muy bajos niveles de productividad.

Desde el punto de vista político, la desaparición de Chávez, como ocurrió con la muerte de Perón en 1974, deja sin liderazgo a un movimiento fuertemente personalista. Además, Maduro debe enfrentar una situación en la que las expectativas populares, por la naturaleza misma de la metodología política del régimen, son muy elevadas e imposibles de satisfacer frente a las penurias económicas que ya se han puesto de manifiesto y aparecerán con más claridad en el horizonte inmediato.

Es sabido que en 1975 se produjo en Argentina el episodio conocido como «Rodrigazo» cuando una fuerte devaluación, acompañada por fuertes aumentos de tarifas públicas y demandas de aumentos  salariares que fueron satisfechas luego de pujas distributivas y conflictos sociales extendidos, terminó en una explosión inflacionaria que llevó la tasa de inflación del 30 al 300 % anual. La probabilidad de que en Venezuela pase algo similar es alta. Si llegara a ocurrir, es importante que la crisis política que le suceda se resuelva dentro de los cauces constitucionales. Una renuncia anticipada de Maduro, al verse superado por la Crisis y no contar ya con el apoyo unánime de las fuerzas Chavistas, podría llevar a una nueva elección en la que seguramente resultaría electo Capriles, un dirigente que ha dado muestras de liderar una fuerza opositora bien organizada y preparada para gobernar.

Si, por el contrario, los militares Venezolanos llegaran a dividirse y un grupo anti-Chavista derrocara a Maduro para reemplazarlo por un jefe militar, el resultado para Venezuela  sería tan malo como fue para Argentina el Golpe Militar de 1976, porque la gente quedará confundida sobre quien tiene la responsabilidad política de una crisis que en Venezuela puede llegar a ser tan dolorosa como lo fue para Argentina la crisis de 1975.  Entre 1975 y 1990 Argentina sufrió mucha violencia, muy alta inflación y un completo estancamiento de la economía, fenómenos que se prolongaron durante 15 años. La estanflación prevaleció tanto con gobiernos militares como luego de la vuelta a la democracia en 1983.Todos los gobiernos responsables del Mundo, y en particular el de Argentina, que es el que está en mejores condiciones de advertir los riesgos con que se enfrenta Venezuela, deberían tratar de contribuir a que Venezuela se aferre a su sistema constitucional con transparencia y honestidad.

Lamentablemente, el Gobierno de Cristina, en lugar de solicitar a Maduro mesura y sensatez, como lo han hecho, entre otros, los gobiernos de Estados Unidos y España, actúa con el mismo fanatismo Chavista que ha llevado a Maduro no sólo a crear dudas sobre la legitimidad de su mandato sino que también lo aleja del clima de diálogo con la oposición que puede tornarse imprescindible para resolver  con éxito los seguros conflictos internos que ya se insinúan dentro del Chavismo.

Las políticas del Gobierno de Cristina son fuertemente inflacionarias. Basta observar el ritmo de crecimiento del gasto público y de la emisión monetaria. Si uno quiere entrar en más detalles vale la pena observar la evolución del déficit fiscal, bien medido, y de los salarios nominales pactados en las negociaciones colectivas de trabajo. Otra evidencia incontrastable la ofrece la evolución del precio del Dólar en el mercado paralelo y la tasa de interés aplicada a los préstamos para el consumo cuando no existen controles impuestos por el Gobierno.

Pero, al mismo tiempo, el Gobierno trata de contener el aumento de los precios con congelamientos y controles impuestos por decisiones administrativas. Por supuesto, esta combinación de políticas contradictorias hace que además de inflación abierta (a la que pretenden medir, tanto los índices oficiales como los índices privados, con grandes diferencias a causa de la estrategia deliberadamente mentirosa del INDEC) se vayan acumulando dosis cada vez mayores de inflación reprimida.

Este fenómeno no es nuevo. En realidad comenzó a existir en 2002 cuando la fuerte política inflacionista que se inauguró con la pesificación de los depósitos y de las deudas y la fuerte devaluación nominal de la Moneda fue acompañada por el congelamiento delas tarifas de los servicios públicos (agua, gas, electricidad y transportes), la implantación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, las restricciones cuantitativas a las exportaciones de alimentos y los controles de precios sobre productos como el pan, la carne y la leche. Como no podía ser de otra manera, esta inflación reprimida oficial terminó provocando una aceleración de la inflación abierta, sobre todo cuando, a partir de 2005 comenzó a observarse restricciones de oferta de carne y leche y sus precios ya no pudieron seguir controlados. También debieron liberarse, aunque sea en forma parcial y marginal, los precios del gas y de la electricidad pagados por las industrias y los comercios.

En el mismo momento en el que se comenzaba a transformar esta inflación reprimida oficial en inflación abierta, la política monetaria dejó de ser estabilizadora, como lo había sido desde fines de 2002 hasta fines de 2004, cuando el Banco Central dejó que el Peso se apreciara de la misma forma como se estaba apreciando el Real en Brasil. Como consecuencia la inflación abierta no dejó de crecer desde 2005 hasta bien entrado el 2008, cuando la crisis global y la caída de los precios internacionales trajeron un cierto respiro en materia de inflación.

La interrupción del proceso estabilizador reflejado en la apreciación del Peso y la continuidad del congelamiento de precios para los servicios públicos brindados a las familias, inauguró un nuevo período de inflación reprimida el que además fue alimentado por aumentos de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y crecientes restricciones cuantitativas a las exportaciones de alimentos.

A partir de que la fuerte expansión monetaria dejó de originarse en la compra de dólares por parte del Banco Central destinada a evitar la apreciación del Peso y pas’o a originarse en el financiamiento monetario de un déficit fiscal creciente, comenzó a observarse, como era de esperar, un proceso de fuga de capitales. La respuesta del Gobierno no fue esta vez dejar que se ajustara el tipo de cambio nominal sino imponer restricciones a las importaciones y a la compra de divisas, con lo cual pasó a controlar el tipo de cambio, pero sólo en el mercado oficial de acceso restringido. Por supuesto, como ocurre con cualquier control de precios acompañado por restricciones cuantitativas, no tardó en aparecer la brecha con el mercado paralelo de divisas, un indicador claro de que la inflación era también reprimida en el mercado del Dólar.

Al final del primer trimestre de 2013, cuando la expectativa de inflación ya se ubicaba por arriba del 30 % para todo el año y el Gobierno tendrá que enfrentar elecciones parlamentarias en Octubre en las que espera obtener un triunfo que habilite la reforma constitucional para permitir re-elección Presidencial indefinida, la decisión del Gobierno ha sido acentuar, una vez más, los controles de precios, disponiendo el congelamiento de los precios en los supermercados y, a partir de hoy, para los combustibles. Como consecuencia la inflación reprimida será cada vez de una magnitud mayor.

El gobierno espera que este aumento de la inflación reprimida signifique una reducción en la inflación abierta, aunque más no sea hasta el momento de la elección, pero claramente no está dispuesto a implementar una política fiscal y monetaria estabilizadora. Todo lo contrario, anuncia que va a acentuar la expansión monetaria y fiscal para conseguir que la economía, estancada desde principios de 2012, se reactive. Esta estrategia es sumamente peligrosa. Aumenta de manera geométrica la probabilidad de que luego de la elección se produzca una explosión inflacionaria tipo Rodrigazo de 1975.

Si uno presta atención a las declaraciones de los funcionarios más sinceros, debe concluir que el Gobierno piensa hacer responsable de esa explosión a la gente que no lo haya votado y, con esa actitud, haya provocado una mengua enorme en el poder político de Cristina al cerrarle el paso a su re-elección. Pero lo que el Gobierno no parece advertir es que el riesgo de la explosión existirá de todos modos, aun cuando los resultados electorales fueran favorables al Gobierno. ¿Qué hará en ese caso para llegar a la elección presidencial sin que se haya producido un descalabro económico fenomenal?

Yo creo que el Gobierno ni siquiera lo ha pensado, pero observando la experiencia de Venezuela, me atrevo a predecir que vendrán más estatizaciones de empresas que signifiquen fuentes de ingresos para el gobierno en los próximos dos años, aún cuando resienta las inversiones de largo plazo. El Gobernador Gioja, puntilloso defensor de la minería privada, tendrá que comenzar a poner las barbas en remojo. Puede llegar a pasarle lo que a los Eskenazy con YPF. Y no sólo la minería va a estar en el ojo de los estrategas políticos de un Gobierno de Cristina triunfante en las elecciones de Octubre. Bancos, Comercio Exterior y grandes empresas también estarán en la mira.

La represión, cuando comienza, nunca se sabe donde termina.

Con inteligencia, el Parlamento Chipriota se negó a votar el impuesto sobre los ahorros de menos de 100 mil Euros. Ese impuesto era equivalente a la pesificación con devaluación que Duhalde decidió en enero de 2002, a la que se denominó «Corralón».

En su lugar el Gobierno de Chipre, con el apoyo de la Unión Europea y el FMI, decidió reestructurar la deuda de sus bancos. Es equivalente a lo que nosotros estábamos haciendo cuando tuvimos que imponer el «Corralito» el 1 de diciembre de 2001. La única diferencia es que en el caso de Chipre la deuda que deben reestructurar es la de los bancos, que tienen pasivos por varias veces el PBI de Chipre. En nuestro caso sólo teníamos que reestructurar, en forma ordenada, una deuda del sector público del 50 % del PBI. Por eso la reestructuración será mucho más complicada y resistida por los acreedores, en particular los rusos, que lo que hubiera sido en Argentina.

Para reestructurar la deuda de sus Bancos, Chipre ha decidido liquidar un banco que había caído en insolvencia total. Esta reestructuración  no afectará para nada a los depósitos garantizados de hasta 100 mil Euros. Los mismos serán transferidos como obligación del Banco Nacional de Chipre al que a su vez se le transferirán los mejores activos del banco liquidado, hasta una cifra equivalente al monto de los depósitos garantizados de los que se hace cargo. Los demás acreedores del banco liquidado recibirán el producido de la liquidación del resto de los activos, es decir serán afectados por una quita que quedará determinada luego de que termine el proceso de liquidación.

El Banco Nacional de Chipre, deberá re-capitalizarse con aportes del Gobierno y de los acreedores no garantizados. Nuevamente, sus depositantes hasta 100 mil Euros no sufrirán quita ni pagarán impuesto alguno. El resto de los depositantes y demás acreedores deberán transformar una cierta proporción de sus acreencias en acciones.

Para que la economía de Chipre pueda seguir funcionando normalmente dentro del Euro, el Banco Central Europeo tendrá que comenzar a actuar cuanto antes como prestamista de última instancia del Banco Nacional de Chipre y de los demás bancos que no sean liquidados. Apénass el Banco Central Europea adopte esta decisión, el Gobierno de Chipre podrá levantar las restricciones que hay afectan a los depositantes. Es decir, el «Corralito» habrá sido una medida transitoria, hasta completar la reestructuración de deudas. Así debió haber sido en Argentina. Lamentablemente, el Golpe Institucional del 20 de diciembre de 2001, llevó a que lo que debía ser una medida transitoria para proteger los ahorros,  se terminara transformando en un mecanismo de confiscación de los ahorros de las familias.

Si el Banco Central Europeo, la Unión europea y el FMI no ayudan rápidamente a que la población de Chipre advierta que lo esta solución es mucho mejor que la alternativa de abandonar el Euro y que las restricciones al retiro de efectivo son medidas transitorias, todavía existe el riesgo de que los deudores de los Bancos consigan que se «lirisen» (es decir se conviertan los Euros  chipriotas en «liras») los depósitos y las deudas y luego la lira sufra una fuerte devaluación. En ese caso los depositantes de hasta 100 mil Euros terminarán pagando un impuesto virtual incluso superior al que el Parlamento Chipriota se negó a votar. Ojalá el pueblo Chipriota no se deje engañar como lamentablemente los malos políticos engañaron al pueblo Argentino en 2002.