Autor: Domingo Cavallo

Hoy la mayoría de los argentinos está alarmado por el clima de destrucción institucional que el gobierno de Cristina Kirchner está agravando día tras día. El dictado de normas inconstitucionales y la subversión del orden republicano está provocando una sensación de inseguridad física y jurídica sin precedentes en gobiernos elegidos por el pueblo. La oposición no parece encontrar la forma de frenar este avasallamiento y sólo los medios de comunicación y, ojalá la Justicia, parecen estar empeñados en detener y obligar a revertir este proceso.

Cabe preguntarse porqué la oposición es tan inefectiva en frenar el desquicio institucional. Mi opinión es la siguiente: la mayor parte de los políticos de la oposición apoyó o al menos festejó el Golpe Institucional del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ninguno denunció la destrucción de instituciones económicas (la base contractual de la economía) que significó la pesificación compulsiva de todo tipo de contrato y el congelamiento de los precios y tarifas de los servicios públicos que virtualmente confiscaron el capital de todas las empresas privadas que durante una década habían invertido en la modernización de la infraestructura del país. Se produjo una redistribución harto regresiva de la riqueza que sustrajo el grueso de los ahorros de la población para reducir a su cuarta parte la deuda de grandes empresas y provocó una drástica caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. La dirigencia argentina, tanto la que está en el gobierno como la mayor parte de la que está en la oposición aplaudió la remoción de la Corte Suprema de Justicia porque ella había decidido declarar inconstitucional la pesificación compulsiva. Se utilizaron otros argumentos, pero la verdad es que ésta fue la motivación más inmediata.

A partir de allí se sucedieron muchas decisiones del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo que son claramente violatorias de las garantías constitucionales. Por ejemplo, la estatización de los fondos de pensiones, que quitó a los futuros jubilados la propiedad de los aportes obligatorios que iban acumulando para su jubilación y que expropió hasta los ahorros voluntarios que algunos trabajadores habían hecho dentro de sus cuentas previsionales. Se permitió al Poder Ejecutivo que no cumpliera con las sentencias de la Justicia en favor de los Jubilados y se admite que pese a la inflación no se ajusten el mínimo no imponible ni las escalas del Impuesto a las Ganancias, algo tan injusto como no haber ajustado por el aumento del costo de la vida las jubilaciones de más de 1000 pesos por mes desde enero de 2002 a diciembre de 2007 cuando la inflación se reinstaló en el país. Se ha permitido la virtual confiscación de YPF y la violación sistemática por parte de las autoridades del Banco Central de su obligación de no financiar al Estado y velar por la estabilidad monetaria.

Sólo dirigentes que sean capaces de reconocer que desde 2002 en adelante se ha venido degradando nuestra organización institucional, tanto política como económica, tendrán autoridad moral para ofrecer al Pueblo una alternativa superadora. Da lástima ver la pobreza argumental de muchos dirigentes de la oposición, que para oponerse a las últimas arbitrariedades del Gobierno (las leyes de reforma de la Justicia y el blanqueo de capitales), comienzan destacando que hasta hace poco apoyaron las más disparatadas iniciativas del Gobierno porque coincidían con su proyecto económico social y estaban obnubilados por su supuesta prédica «progresista».

Me sorprende que economistas profesionales sostengan que, en este momento, un salto devaluatorio podría aportar alguna solución. Yo, por el contrario, sostengo que un salto devaluatorio desembocaría en un “Rodrigazo”, es decir en una explosión inflacionaria sin alterar de manera significativa la pérdida de competitividad que se ha venido acumulando durante los últimos años.

El sistema monetario vigente es sumamente perverso y transformaría al salto devaluatorio en el detonante de una explosión inflacionaria. El costo social para los argentinos sería cruelmente elevado. Y, además, nada aseguraría que después de esta explosión sea elegido un mejor gobierno. La confusión puede llegar a ser de tal magnitud, que emerjan ideas económicas tan disparatadas como las que viene pregonando la extrema izquierda, que hacen del aislacionismo internacional y el estatismo sus principales banderas.

Voy a utilizar este post para explicar porqué tengo una opinión tan diferente de la que predomina entre varios de los economistas que militan en partidos de la oposición.

El sistema monetario vigente en la Argentina obliga a que todas las transacciones se hagan exclusivamente en pesos. No permite que se utilicen como monedas de curso legal ni el Dólar, ni el Euro ni el Real, que serían buenas alternativas, especialmente para las transacciones financieras que persiguen proteger el ahorro y financiar la inversión. Tampoco permite que con los pesos se puedan comprar libremente monedas extranjeras ni que las monedas extranjeras que existen en el país o que ingresan del exterior puedan convertirse en pesos a un tipo de cambio libre en forma legal. El Banco Central o, por caso, el Gobierno, establece el tipo de cambio al que pueden comprar divisas los autorizados para hacerlo y deben vender sus divisas los exportadores. Por supuesto, hay fuertes restricciones tanto a las importaciones como a cualquier pago financiero al exterior.

Desde 2002 en adelante el gobierno ha intervenido fuertemente en el sistema de determinación de los precios de la economía. Lo ha hecho a través de congelamientos de precios y tarifas de los servicios públicos, controles de precios de los alimentos y otros productos básicos, retenciones a las exportaciones y restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones. Esto ha determinado que muchos precios claves de la economía se ubiquen muy por debajo del nivel de equilibrio entre  la oferta y la demanda, aún medidos con la vara del tipo de cambio oficial.

Lamentablemente, quienes hablan de retraso cambiario nunca advierten que existen muchos precios claves de la economía que están retrasados con respecto al precio del dólar en el mercado oficial y que es, precisamente ese retraso el que ha permitido que el resto de los precios libres de la economía se hayan adelantado tanto como el precio del dólar en el mercado paralelo. Dada una cierta cantidad de dinero en la economía, cuando se obliga a que una porción significativa de los precios se ubiquen por debajo del equilibrio de mercado, el ingreso nominal de los demandantes, que está estrechamente vinculado a la cantidad de dinero en circulación, termina gastándose en la porción de bienes y servicios con precios libres y estos aumentan mucho más que lo que hubieran podido aumentar de no existir el retraso forzoso de los demás.

Cuando los congelamientos y controles llevan a que los precios ni siquiera cubran los costos variables de producción, el Gobierno se ve obligado a pagar subsidios, como está ocurriendo con la energía y los transportes, o a cubrir pérdidas o financiar inversiones de empresas estatales, como Aerolíneas Argentina, AYSA, ENARSA , ARSAT e YPF. Por supuesto, los congelamientos y controles llevan a que sólo el Estado invierta en los sectores afectados y la inversión estatal resulta, las más de las veces, más ineficiente y más cara que la que hubiera hecho el sector privado. Además, las inversiones decididas por el estado son el vehículo más utilizado para las prácticas corruptas.

Un salto devaluatorio acentuaría la mayor parte de los desequilibrios que hoy crean inflación reprimida, obligan al pago de fuertes subsidios estatales y aumentan la emisión monetaria. Crearía más inflación reprimida porque las tarifas y precios de los servicios públicos y los precios controlados por el Estado quedarían más retrasados que lo que ya están, obligarían al pago de fuertes subsidios adicionales para mantener en operación a las empresas afectadas por los controles y aumentaría la emisión para financiar el déficit fiscal.

Para los que no advierten que la devaluación provocaría un fuerte aumento del déficit fiscal, les presento un pequeño ejercicio aritmético: hay una relación aproximada de 1 a 5 entre el déficit comercial externo del sector energético y el monto de los subsidios a la energía y los transportes. El primero asciende a aproximadamente 15 mil millones de dólares y el monto de los subsidios a alrededor de 75 mil millones de pesos. No es casualidad que el cociente entre las dos magnitudes sea 5 pesos. Se trata del tipo de cambio oficial. Si el tipo de cambio oficial saltara a 10 pesos, el monto de los subsidios pasaría de 75 mil millones a 150 mil millones. Es decir, el déficit fiscal podría llegar a duplicarse .

Por supuesto, este aumento del déficit fiscal originado en el monto de subsidios, lo mismo que el aumento de la inflación reprimida, podría evitarse. Pero para ello el gobierno debería duplicar los precios y las tarifas de los servicios públicos. Salto devaluatorio y tarifazo difícilmente no sean acompañados por reclamos de aumentos salariales de la misma magnitud. Estos tres golpes juntos no son otra cosa que la re-edición del «Rodrigazo» de 1975. La inflación se espiralizaría de inmediato porque el Banco Central se vería presionado a producir un fuerte aumento de la emisión y, si no lo hiciera, el aumento de la velocidad de circulación de la enorme masa monetaria que se ha venido acumulando en los últimos años, financiaría la propagación  del efecto inflacionario inicial.

Pero, ¿Es posible darle una salida diferente a la situación económica que ha resultado de 10 años de desmanejos económicos? Sí, es posible. Pero solamente lo puede hacer con alta probabilidad de éxito, un gobierno que tenga un diagnóstico claro y goce de la credibilidad necesaria para avanzar rápidamente hacia la estabilización de la moneda y los precios. Lo que, en mi opinión, un gobierno de ese tipo debería hacer, está detallado en el post del 3 de mayo. El éxito de un plan semejante depende en forma crucial del cambio del sistema monetario en la dirección de una completa libertad para comprar y vender las monedas que hagan sentir a los argentinos que sus transacciones y ahorros están protegidas de la desvalorización monetaria y la inflación.

Pero, mientras tanto, ¿no hay nada que el gobierno actual pueda hacer? Sí: si este gobierno quisiera mejorar las chances de una salida no traumática, tendría que abocarse a eliminar lo más rápido posible la inflación reprimida, eliminar los subsidios a la energía, los transportes y a las empresas estatales, eliminar los impuestos distorsivos y las trabas a importaciones y exportaciones, aumentar el ritmo diario de ajuste en el tipo de cambio oficial y permitir que las tasas de interés pagadas a los depositantes de pesos aumenten a un nivel algo superior al ritmo de devaluación en el mercado oficial. La unificación y liberación del mercado cambiario sólo podrá ser hecha sin riesgo de «Rodrigazo» por el próximo gobierno, si es que llega bien preparado y goza de credibilidad.

Cuando los Argentinos hayamos elegido un nuevo Gobierno, seguramente el país estará en una situación peor que la actual, con recesión, alta inflación y una brecha entre el precio del dólar en el mercado oficial y precio en el mercado paralelo como la que hoy tiene Venezuela, muy parecida a la que nuestro país tenía inmediatamente antes del «Rodrigazo» en 1975.

Si el Gobierno es inteligente y ganó diciéndole la verdad a la gente, podrá comenzar explicando las nuevas reglas de juego de la economía:

Fuerte reducción del Gasto Público como porcentaje del PBI, programada sobre la base de eliminar todos los subsidios, salvo los que tienen fines sociales y están bien focalizados hacia las familias pobres y re-privatizar todas las empresas que en los últimos años demandaron aportes o subsidios del Tesoro.

Eliminación de todos los impuestos distorsivos (retenciones a las exportaciones pari passu con el proceso de apreciación cambiaria que se describirá más abajo, impuestos al trabajo formal, impuesto a las transacciones financieras que no sean pagos a cuenta de IVA y Ganancias, impuestos a los ingresos brutos en etapas intermedias de producción o comercialización y el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación)

Normalización de la relación financiera con el exterior aceptando las resoluciones judiciales sobre la deuda externa o interna que adopte la justicia (comenzando con la deuda con los Jubilados) mediante la sanción de un régimen de consolidación de pasivos. Publicar nuevos índices de precios desde 2007 en adelante y ofrecer a los tenedores de bonos indexados por CER un canje a la par (del valor técnico de los bonos en circulación) por bonos idénticos, indexados hacia adelante por el nuevo índice de precios.

Normal integración de la economía argentina a la economía mundial, como la que tienen la mayoría de nuestros vecinos y, por supuesto, todas las naciones que progresan en el mundo. Esto significa remover todas las restricciones al comercio exterior (incluidas las retenciones sobre las exportaciones, a medida que se aprecie el tipo de cambio) y remover todas las restricciones a las transferencias de dólares al exterior y al acceso de la gente al mercado cambiario.

Financiar del déficit fiscal mediante acceso al crédito público, prohibiendo recurrir al financiamiento por emisión monetaria.

Permitir la intermediación financiera  y las transacciones comerciales en cualquier moneda convertible (básicamente pesos, dólares, reales y euros) pero con encajes legales más elevados para los depósitos en moneda extranjera y disponiendo que las entidades podrán prestar esos fondos a las personas y empresas que demuestren ser capaces de generar sus ingresos  en esas monedas.

Encomendar al Banco Central conducir la política monetaria enderezada a metas decrecientes de inflación, bien definidas de antemano.

Liberar todos los precios y permitir que las empresas prestadoras de servicios públicos fijen tarifan que cubran los costos de operación y de inversión y que produzcan una ganancia razonable.

Dejar que los salarios se negocien libremente al vencimiento de las convenciones colectivas de trabajo vigentes.

En la medida que la gente advierta que el Gobierno va a cumplir con sus anuncios, el precio del dólar en el mercado único y libre de cambios se estabilizará primero a un nivel relativamente alto, pero luego el Peso comenzará a apreciarse como ocurrió en Brasil a partir de 2003. La inflación comenzará a bajar y Argentina recuperará el crédito. Cuando la economía vuelva a crecer  en forma sostenida, la recaudación impositiva aumentará no por una presión fiscal insoportable sino por mayor nivel de actividad y podrá cerrarse el déficit fiscal, sobre todo si se logra reducir efectivamente el nivel del Gasto Público.

En 2008, en mi libro «Estanflación» yo propuse que el Gobierno de Cristina aplicara esta estrategia ( de paso la pueden encontrar explicada con mucho más detalle allí). Muchos me preguntan porqué ahora sostengo que debemos esperar a que haya un nuevo Gobierno. ¿Porqué Cristina no hace esto mismo? La respuesta es simple: si Cristina sale hoy a anunciar por cadena nacional estas nuevas reglas de juego, nadie le creerá y el efecto va a ser un Rodrigazo. El mayor problema del gobierno de los Kirchner es que han rifado todo vestigio de credibilidad. Ha mentido tanto que de aquí en más, aún cuando dijera la verdad, nadie le creería.

Hoy salió publicado en el sitio que creó y dirije Jimena Zuñiga un reportaje que ella me hizo algunos meses atrás. Lo subo al blog en honor a la calidad de las preguntas y también para que los visitantes de mi blog conozcan este promisorio esfuerzo editorial de Jimena.

Mientras repasaba «Bastión Digital», éste es el nombre del mencionado sitio, recordé que no había subido a mi blog otro buen reportaje que me hizo el periodista cordobés Juan Turello, oportunidad en la que quiso grabar dos videos de 3 minutos cada uno con mis opiniones. Aprovecho para hacerles llegar estos dos videos:

No me refiero a las mini-devaluaciones que viene admitiendo el Gobierno desde hace tres años ni a la gran devaluación espontanea que ha venido sufriendo el Peso en el mercado paralelo del Dólar, totalmente independiente de la voluntad del Gobierno. Sino a un  salto devaluatorio del Peso en el mercado oficial del Dólar que el Gobierno controla desde que restringió severamente la venta de dólares para ahorro y transferencias financieras al exterior, incluidas pagos por regalías, repatriación de capitales y remisión de dividendos.

Las sugerencias de los economistas Kirchneristas y no Kirchneristas que se sienten cómodos con la actual organización del mercado cambiario, van desde un salto devaluatorio que ubique al precio del dólar en 6.50 para algunos, a 7.50 para otros y al nivel en el que está el dólar en el mercado paralelo para los más comprometidos con la teoría del dólar real alto.

En este post voy a explicar porque Cristina no presta atención a estas sugerencias y, en uno próximo, voy a explicar de qué forma resolvería este dilema un  nuevo Gobierno que quiera velar por el futuro del país.

Cristina no presta atención a estas sugerencias porque teme que un salto devaluatorio termine provocando un “Rodrigazo”. ¿Se equivoca? No, porque un gobierno que ha dejado absolutamente de lado a la política monetaria como herramienta inflacionaria y quiere evitar a toda costa un enfriamiento adicional del nivel de actividad económica, no puede evitar que un salto devaluatorio termine provocando una explosión inflacionaria. Sólo acompañando a alguna de estas dos decisiones con una fuerte política monetaria anti-inflacionaria podría llegar a evitar este resultado. Pero ello significaría permitir que en el sistema bancario las tasas a pagar por los depósitos sean positivas en términos reales, es decir se ubiquen por arriba de la inflación esperada y del ritmo devaluatorio. Algo que el gobierno ha jurado no permitir jamás.

Estoy seguro que, además, cualquiera sea el nivel que vaya alcanzando el precio del dólar en el mercado oficial, la brecha con el precio en el mercado paralelo, lejos de achicarse, se agrandaría. Lo hemos visto en Venezuela en todos los casos en que ese país aplicó un salto devaluatorio y lo hemos visto muchas veces  también en nuestro país cuando teníamos dos mercados cambiarios. Esto ocurre porque existiendo restricciones para operar en el mercado oficial y una política monetaria pasiva, la devaluación en el mercado oficial confirma y multiplica las expectativas devaluatorias que ya se habían manifestado en el mercado paralelo.

La existencia de inflación reprimida y fuerte déficit fiscal vinculado a la necesidad de financiar los servicios públicos con tarifas congeladas y de cubrir el déficit energético, acentúa el riesgo de espiralización de la inflación, porque el Gobierno no podría dejar de acompañar la devaluación con un tarifazo de al menos la misma magnitud. De no hacerlo, el déficit por subsidios se multiplicaría y con ella la emisión monetaria. Es impensable que, ante semejante devaluación y tarifazo, los sindicatos no soliciten aumentos de los salarios nominales en la misma proporción. Esto es, ni más ni menos, la descripción del Rodrigazo.

Muchos argumentan que la posibilidad del Gobierno de postergar la devaluación tiene como límite la disponibilidad de reservas y que no podrá mantener las políticas actuales si las reservas se reducen a un umbral peligroso. Es cierto, pero ese límite puede ser alejado en el tiempo. El gobierno podrá apelar a suspender el pago de servicios de la deuda externa, usando como excusa lo que va a resolver la Cámara de apelaciones de Nueva York y, en caso extremo, a expropiar (sin pago inmediato del precio, como ya lo hizo con YPF) a las empresas mineras que ya están en la etapa de generar fuertes flujos de fondos positivos en moneda extranjera porque han terminado la etapa de la inversión. La izquierda, aunque hoy se dice anti-Kirchnerista, apoyaría y daría argumentos a esta decisión. La gente sensata denunciaría que se trata de una estrategia chavista que nos aísla aún más del mundo, pero no creo que estas críticas logren frenar a Cristina.

La apuesta del Gobierno va a ser que la explosión se produzca cuando el gobierno ya esté en otras manos. Si se trata del cambio de Gobierno que seguramente sobrevendrá después de las elecciones presidenciales de 2015, el discurso oficial será que la explosión fue el resultado de que la gente no haya votado por la continuidad de Cristina. Si la explosión se anticipara, cuando el Gobierno la advierta inminente, organizará un auto golpe y acusará a la oposición, a los mercados y a la «sinarquía»  internacional de haberla sacado del Poder. Los Kirchneristas argumentarán que la explosión fue la consecuencia de ese golpe y comenzarán a trabajar para volver al poder luego del fracaso del Gobierno que soportó la explosión. Si se saldrán con la suya, no lo sé; pero que lo intentarán, no me cabe la menor duda.