Autor: Domingo Cavallo

Leyendo los diarios de hoy, aparecen manifestaciones de miembros del gobierno y también de dirigentes empresarios que culpan a los bancos de las altas tasas de interés y de la contracción del crédito al sector privado. Es como si esos eventos los hubieran sorprendido. Obviamente, si los sorprendieron es porque no conocen la triste, pero rica, historia inflacionaria de nuestro país. Así como ya en 2008 anticipé que sobrevendría un período de estanflación, también expliqué que la etapa más dolorosa de esa experiencia se viviría cuando ya fuera inevitable la carrera entre la brecha canbiaria y las tasas de interés. Esa es la etapa en la que estamos ahora.

El Banco Central tuvo que aumentar mucho la tasa de LEBACs para ayudar a bajar y luego estabilizar la cotización del dólar en el mercado paralelo. Con el aumento de la tasa de LEBACs aumentó la tasa de los depósitos a plazo fijo, que es el mecanismo indispensable para inducir a la gente a mantener sus ahorros en pesos en lugar de comprar dólares. La tasa que los bancos cobran por su préstamos suben por dos razones, una el aumento de la tasa que pagan por los depósitos y otra porque tienen la alternativa de colocar su dinero en LEBACs a casi el 30 % de interés anual, sin ningún riesgo crediticio.

Lo único efectivo que el gobierno puede hacer para aliviar esta tensión entre la brecha cambiaria y las tasas de interés, es legalizar el mercado paralelo, dejarlo funcionar como un mercado financiero totalmente libre, sin intervención del Banco Central y permitir que por ese mercado se cursen todas las transacciones financieras, incluidas repatriación de capitales y remisión de dividendos. La oferta de divisas en ese mercado estará asegurada porque habrá muchas empresas que ante las altas tasas de interés, preferirán endeudarse en el exterior y traerán fondos blancos para ser vendidos en ese mercado y además, al removerse la restricción para repatriar capitales y pagar dividendos, la inversión directa extranjera volverá a pensar en la Argentina, sabiendo que no le obligarán a entrar sus divisas por un mercado oficial con una cotización muy alejada de la realidad.

Además, la legalización del hoy ilegal mercado paralelo, abrirá el camino para que un futuro gobierno creíble pueda unificar totalmente el mercado cambiario, algo indispensable para organizar una economía en la que la estabilidad pueda ser reconquistada. Sorprende que todavía no hayan adoptado esta decisión. La única explicación es que las anteojeras ideológicas no les permiten ver la realidad. por eso se muestran sorprendidos por las altas tasa de interés.

Durante el primer año de la convertibilidad, cuando se produjo un crecimiento del PBI superior al 10%, las estadísticas registraron una caída de la tasa de desocupación. A su vez, la fuerte reducción de la tasa de inflación permitió una significativa disminución de la pobreza. Esta tendencia comenzó a revertirse en 1993 para la desocupación y en 1995 para los índices de pobreza. A partir de entonces se observó una sostenida tendencia al aumento tanto de la desocupación como de la pobreza.

La discusión sobre la estrategia que debía seguirse para revertir estos fenómenos continuó a lo largo de la década. Quienes estábamos convencidos de la necesidad de preservar la apertura, la desregulación, las privatizaciones y la protección de los derechos de propiedad como herramientas para asegurar el crecimiento sostenido de la economía insistimos en que se necesitaban reformas laborales, tributarias y de la administración de las políticas sociales para que el crecimiento de la economía fuera acompañado por la disminución de las tasas de desocupación y de pobreza.

En materia laboral insistimos en la introducción de flexibilidad contractual. En materia tributaria propusimos y comenzamos a implementar la eliminación de los impuestos al trabajo y otros impuestos distorsivos y reclamamos una administración menos clientelista y más eficiente de la política social, la educación, la salud y la asistencia alimentaria por parte de los gobiernos provinciales.

Otros dirigentes empezaron a hablar de “cambio de modelo” porque sostenían que las reformas económicas de la década, a las que caracterizaban como “neoliberales”, eran las responsables del aumento de la desocupación y la pobreza. Por consiguiente, sólo se podrían revertir las tendencias negativas observadas en la segunda mitad de la década anulando aquellas reformas.

Como para ellos el símbolo de las reformas “neoliberales” era la Ley de Convertibilidad, comenzaron a sugerir su derogación. Los dirigentes más importantes que abrazaron esta posición son Eduardo Duhalde en el Partido Justicialista y Raúl Alfonsín en la Unión Cívica Radical. Ninguno de los dos consiguió éxito electoral con ese discurso en el ámbito nacional, pero ambos creyeron que la evolución de los acontecimientos económicos y sociales durante el año 2001 les estaba dando la razón.

Por eso, cuando Eduardo Duhalde asumió la Presidencia de la Nación apoyado por Raúl Alfonsín, creyó que las circunstancias lo habían convocado para eliminar la Ley de Convertibilidad y “cambiar el modelo”. Ambos esperaban contribuir de esa forma a disminuir la desocupación y la pobreza.

En el interesante blog de Alfonso Prat Gay hay un gráfico que permite seguir este tipo de discusión con datos a la vista:

Con motivo de mi post anterior, varios lectores me pidieron que explique si la recesión que se inició en el segundo smestre de 1998 y la crisis financiera de 2001 no fue también una suerte de fracaso del Plan de Convertibilidad, como plan de estabilización, no muy diferente al fracaso de los planes de Martínez de Hoz y de Sourrouille. Me permito transcribir una parte de mi artículo «Régimen Monetario y Políticas cambiarias» que, además de figurar en la página de «artículos en español» de este blog, fue publicado como apéndice en mi libro Estanflación.

Así como durante la década del 90 se eliminó la inflación y se recuperó un vigoroso crecimiento de la economía argentina, no es menos cierto que desde mediados de 1998 la economía entró en recesión y hasta el año 2003 no logró reactivarse. ¿Fue la convertibilidad responsable de esta recesión? La respuesta a esta pregunta requiere analizar la relación entre la convertibilidad, el tipo de cambio fijo y el déficit fiscal.

La recesión iniciada en 1998 tuvo su origen en el aumento del gasto de las provincias que se financió con crédito bancario. Esta política caracterizó al período 1997-1998 cuando Eduardo Duhalde, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, competía con Carlos Menem por la candidatura presidencial del Partido Justicialista en 1999.

La gran magnitud asumida por la asistencia bancaria a las provincias y las altas tasas de interés que éstas estuvieron dispuestas a pagar por préstamos garantizados con los recursos de la coparticipación federal de impuestos, significaron una reducción del crédito al sector privado, manifestado tanto por el racionamiento crediticio como por el aumento de la tasa de interés. Este fenómeno se acentuó desde la crisis rusa, cuando comenzó a disminuir la afluencia de capitales hacia todas las economías emergentes

La recesión se hizo más severa y más intratable como consecuencia de la devaluación del real en febrero de 1999 y la depreciación sostenida del euro entre 1999 y mediados de 2001. El tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar no permitió que el peso se depreciara como habría ocurrido en un régimen de libre flotación y a la recesión se le adicionó un proceso deflacionario imprescindible para restablecer el equilibrio de largo plazo de los precios relativos entre bienes exportables y bienes domésticos.

Una alternativa para atenuar el efecto deflacionario de la posible depreciación del euro hubiera sido la adopción a partir del 1 de enero de 1999 del patrón dólar-euro en reemplazo del patrón dólar original. Pero de la misma forma como la libre flotación que hubiera sido posible en 1997 no fue ni siquiera considerada, tampoco lo fue la introducción del euro en el régimen de fijación cambiaria en aquella época.

Recién en marzo de 2001, al asumir nuevamente el Ministerio de Economía, propuse y conseguí la aprobación legislativa para pasar del patrón dólar al patrón dólar-euro, pero la economía ya había soportado durante dos años los efectos deflacionarios de la depreciación del euro, además de los de la fuerte devaluación del real.

En síntesis, el déficit fiscal originado en la expansión del gasto provincial y el tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar explican la recesión y la deflación que sufre la economía argentina desde mediados de 1998. ¿Era entonces imprescindible abandonar la convertibilidad para que algún día se pudiera salir de la recesión? Mi contestación es negativa.

Por el contrario, estoy convencido de que abandonar la convertibilidad para sacar al país de la recesión fue como demoler la casa para desobstruir una cañería. Lo que había que hacer era encontrar la forma de eliminar el déficit fiscal y corregir los precios relativos sin afectar la protección que la convertibilidad había venido brindando a los derechos de propiedad de ahorristas e inversores en la economía argentina.

La eliminación del déficit fiscal era posible combinando una reducción acotada de los salarios nominales del sector público con una re-estructuración de la deuda pública que significara una fuerte reducción de la factura de intereses, particularmente la de las provincias.

Con convertibilidad, es decir, sin entorpecer el sistema de intermediación financiera utilizando monedas extranjeras, era más fácil lograr tanto la reducción salarial como la reducción de intereses, porque el mantenimiento de un clima de estabilidad monetaria e institucional permitía una administración ordenada de ambos procesos.

De hecho, el Congreso Nacional aprobó la ley que permitía la reducción de salarios nominales y, de no haber sido por el abandono de la convertibilidad, la Corte Suprema de Justicia hubiera avalado esta decisión, tal como lo había hecho con otras reducciones salariales decididas en años anteriores.

Los bancos, los fondos de pensiones y muchos tenedores de bonos argentinos respondieron en forma positiva a la propuesta de canje de bonos por préstamos garantizados con tasa de interés más baja y plazos más largos, lo que permitió reestructurar nada menos que 55 mil millones de dólares de deuda pública interna y economizar 4 mil millones anuales de intereses.

Ello demuestra que con convertibilidad era posible concluir un proceso ordenado de re-estructuración de deuda. De hecho, el canje de bonos por préstamos garantizados le dio al gobierno la mayoría de votos necesaria para imponer las denominadas “cláusulas de salida consensuadas” (en inglés: exit consent clauses) en la letra de los contratos de los bonos y alentar así la participación en el canje de la deuda externa.

La corrección definitiva del desajuste en los precios relativos y la inflexibilidad cambiaria determinada por el tipo de cambio fijo podrían haberse conseguido perseverando en la eliminación de impuestos distorsivos, insistiendo con el patrón dólar-euro y yendo progresivamente a la libre flotación una vez que la deuda estuviera reestructurada y el déficit fiscal fuera prácticamente eliminado. Estas circunstancias se habrían dado a principios de 2002 de no haberse producido el golpe institucional del 20 de diciembre de 2001.

En mi libro Estanflación, dedico varias páginas a explicar porqué fallaron los planes de estabilización durante los gobiernos de Perón, particularmente el liderado por Gómez Morales a principios de los cincuenta y el plan Gelbard de 1973. Allí enfaticé los problemas que se derivan de producir inflación reprimida mientras se mantienen políticas fiscales y monetarias demasiado expansivas. Pero releyendo Estanflación, advertí que prácticamente no expliqué cuáles son las razones por las que fallaron los planes implementados después del «Rodrigazo», siendo que los mismos no produjeron inflación reprimida. Ahora que es necesario buscar en nuestra historia experiencia relevante para evitar el fracaso del próximo plan de estabilización, traté de subsanar esa omisión.

A continuación transcribo, como anticipo, una sección del nuevo libro que ya está yendo a la imprenta y que espero esté disponible a partir de junio.

Los sucesivos intentos de estabilización del período 1975-1990 —fundamentalmente dos: el del gobierno militar entre 1977 y 1980 y el del gobierno del doctor Raúl Alfonsín entre 1985 y 1987— fallaron por varias razones concurrentes.

En el caso del programa de estabilización que aplicó el ministro José Alfredo Martínez de Hoz durante el gobierno militar, como partió de una tasa de inflación muy alta, con un gran ingrediente de inflación inercial y no contempló ningún mecanismo de reforma monetaria capaz de quebrar las expectativas inflacionarias, resultó ser un típico programa monetarista basado en muy altas tasas de interés en términos reales.

A partir de 1978 procuró influir sobre las expectativas preanunciando un ritmo decreciente de devaluación de la moneda nacional pero aun así, necesitó seguir aplicando muy altas tasas reales de interés que terminaron creando una gran crisis financiera.

Si bien el programa de estabilización fue acompañado de algunas reformas estructurales, como la reducción de los gravámenes al campo y la apertura de la economía, éstas no fueron acompañadas de un programa de ajuste fiscal que redujera significativamente el déficit. Tampoco se complementó con un programa de restructuración de empresas públicas y de  privatizaciones que, además de reducir el déficit, podría haber contribuido al aumento de la productividad, ingrediente crítico para el éxito en la apertura al comercio exterior.

El insuficiente ajuste fiscal y la inercia inflacionaria heredada del proceso post-Rodrigazo obligaron a que la contracción monetaria generara muy altas tasas reales de interés y éstas tornaron impagables muchas de las deudas de las empresas y las familias con el sistema bancario.

En la explicación habitual del fracaso de la política de estabilización del período 1977-1980, se pone mucho énfasis en señalar a la “tablita” como causante de la pérdida de competitividad y de la sucesión de devaluaciones, con la consiguiente aceleración inflacionaria que se produjo a partir de 1981. Pero este argumento no es realista.

Durante el período 1977-1980 se produjo en el mundo el reciclaje de los petrodólares acumulados por los países de la OPEC y los bancos ofrecieron fondos abundantes a todos los países de América Latina. Con las altas tasas reales de interés imperantes en Argentina y el déficit fiscal todavía elevado que existió durante todo ese período, el influjo de dólares financieros del exterior hubiera llevado a una fuerte apreciación de la moneda local, aún sin ningún tipo de tablita cambiaria. Cuando Paul Volcker comenzó a aplicar un drástico plan anti-inflacionario en el país del norte, aumentaron las tasas de interés en los Estados Unidos y los flujos de capitales se revirtieron. En consecuencia, sobrevinieron fuertes devaluaciones en todos los países de Latinoamérica, independientemente del sistema cambiario de cada uno.

Incluso antes de que se comenzara a producir la fuerte salida de capitales por el shock estabilizador de los Estados Unidos, en nuestro país ya se había desatado una crisis financiera de magnitud. En eso, Argentina se diferenciaba del resto de los países de la región. En nuestro país la crisis comenzó en abril de 1980 con la caída del Banco de Intercambio Regional y del Banco de los Andes.   

Cuando se produjeron  las devaluaciones, en 1981, la crisis financiera se agravó y llegó a su máxima expresión al finalizar la Guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Todo lo que aconteció en ese período tuvo que ver con la necesidad de encontrarle una solución a la crisis financiera que se había originado en el endeudamiento del sector privado a enormes tasas reales de interés.

La resultante fue una fuerte aceleración de la tasa de inflación que continuó hasta la implementación del Plan Austral, por parte del Ministro Juan Sourrouille durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

El Plan Austral, a diferencia del que había aplicado Martínez de Hoz, incluyó una reforma monetaria enderezada a quebrar la inercia inflacionaria, que incluyó el ingenioso mecanismo denominado “desagio”. Los contratos monetarios con fecha posterior al día en que se lanzó el Plan Austral y  la nueva moneda, debían ser corregidos del efecto de la expectativa inflacionaria que llevaban incorporados.

Gracias a este ingrediente de reforma monetaria, la tasa de inflación descendió mucho más rápidamente que lo que lo había hecho en 1977 y el plan produjo un gran alivio económico y social que le permitió al Gobierno de Alfonsín ganar las elecciones parlamentarias de 1985. Lamentablemente, esa fuerte recuperación de poder político y apoyo popular no fue utilizada para avanzar rápidamente en las reformas de fondo que la economía requería y, una vez más, el necesario ajuste fiscal estuvo ausente, como había ocurrido en el caso del plan de estabilización de 10 años antes.

A mediados de 1986 el gobierno decidió comenzar a devaluar el Austral en forma gradual, pero una vez que los sindicatos comenzaron a demandar aumentos salariales por arriba del aumento de la productividad y el gobierno perdió las elecciones de 1987, el plan Austral comenzó a naufragar.

Ambos planes, el de Martínez de Hoz y el de Sourrouille,  terminaron en una sucesión de mini y macro-golpes devaluatorios, no muy diferentes al Rodrigazo, que generaron una espiral inflacionaria, a pesar de que en ninguno de los dos intentos de estabilización se había creado inflación reprimida.

Éste es el título del otro de los capítulos que redacté, originalmente en inglés, para el libro «Handbook on Emerging Economies» editado por Rudlege Taylor and Francis Group de Londres y Nueva York. La editorial me ha autorizado a publicar en mi blog la traducción preparada por Mariano Giachetti.

Cuando leí el libro completo, me agrado mucho encontrar en el prefacio, escrito por el prestigioso economista indio Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Angeles y ex- presidente de la sociedad Mont Pelerin, la siguiente opinión sobre mi artículo: «Hay una excelente presentación de este conjunto de políticas liberales clásicas en el capítulo 27 de Domingo Cavallo en este volumen… Como Myint y yo señalamos en nuestro volumen para el estudio comparativo del Banco Mundial titulado La economía política de la pobreza, la equidad y el crecimiento: un estudio comparativo (Lal and Myint, 1996, Clarendon Press, Oxford) nuestro argumento general en favor de las políticas de libre mercado se deriva no de las propiedades del modelo de competencia perfecta sino en evidencias empíricas que surgen de la experiencia y la historia» (la traducción es mía).