Decidí escribir este post, no para reivindicar nuestra gestión en 2001 sino para alertar sobre las consecuencias de la lamentable costumbre de los nuevos gobiernos de rechazar las gestiones anteriores, sin entenderlas, y no prestar atención a la experiencia de sus predecesores. Es importante además, porque si se entiende bien este punto, será posible encontrar una salida a la situación que ha creado el fallo de la justicia de Nueva York, que no agrave aún más la situación de pérdida del crédito y aislamiento internacional en el que ha caído nuestro país a causa de las gestiones crontradictorias y antagónicas de los sucesivos gobiernos.

A lo largo de 2001, toda la gestión de la deuda estuvo signada por la preocupación de que no quedaran «holdouts» con capacidad de provocar un gran daño al proceso de reestructuración de la deuda pública. Por eso se llevaron a cabo medidas inicialmente poco compulsivas, como el blindaje de fines de 2000, el canje de febrero de 2001, el megacanje de mayo de ese año y la primera etapa del proceso de reestructuración de la deuda lanzado en noviembre de 2001, consistente en la transformación voluntaria de bonos y otras acreencias en préstamos garantizados al Gobierno Nacional. Estaba en preparación la medida más compulsiva sobre los acredores, que iba a ser lanzada el 15 de enero de 2002, cuando ya se hubiera recuperado el apoyo del FMI y se lograra aprobar el canje definitivo en las comisiones nacionales de valores de todas las jurisdicciones extranjeras en las que se habían emitido títulos de la deuda pública argentina.

Había suficiente experiencia sobre la acción depredadora de los «holdouts» si no se encontraban formas eficaces de evitar su posible reclamo judicial en los tribunales de las jurisdicciones extranjeras. Tal es así que durantre el año 2001 casi todos los países emergentes comenzaron a poner «Cláusulas de Acción Colectiva» (Colective Accion Clauses, CACs, en inglés) en las nuevas emisiones de bonos. Estas claúsulas estaban destinadas a permitir, en el futuro, reestructuraciones de deuda en las que una mayoría pueda imponer los términos al 100 porciento de la serie de bonos con CACs.

Pero conscientes de que las CACs no resolvían el problema de los países que necesitaban reestructurar deudas emitidas sin esas cláusulas, los expertos legales y financieros comenzaron a estudiar la aplicación de «Cláusulas de Salida Consentida», las que , a diferencia de las CACs, no están incluídas en las emisiones originales de bonos sino que se imponen por ciertas mayorías de votos (diferentes en las distintas jurisdicciones) a partir de la oferta de canje de los bonos en circulación por bonos reestructurados. Las cláusulas de salida consentida permiten debilitar los mecanismos de reclamo judicial de los bonos viejos que quedan como «holdouts». Conscientes de que esos bonos pierden eficacia, lo más probable es que nadie quiera quedar como holdout y entonces la reestructuración es completa y sin conflictos judiciales posteriores. Justamente, un visitante del blog, Héctor Rubini, me hizo llegar un interesante artículo publicado en 2000 en los Estados Unidos, que resume esta discusión sobre las Cláusulas de Salida Consentida.

Fue precisamente a lo largo del año 2001 que Anne Krueger, cuando asumió como nueva sub-directora gerente del FMI en reemplazo de Stanley Fisher, comenzó a bosquejar su proyecto de mecanismo para la reestructuración de deudas soberanas («SDRM» como acrónimo de Sovereign Debt Restructuring Mechanism, en inglés). El objetivo de su proyecto era bueno, pero mi discusión con ella fue sobre ls oportunidad y la metodología. Aprobar un SDRM requeriría un tratado internacional que en el mejor de los casos podría demorar no menos de 2 años. Por eso, le sugerí a Ann Krueger que el FMI ayudara a Argentina a reestructurar su deuda utilizando el mecanismo de las Exit Consent Clauses. De esa forma, se crearía experciencia como para que el futuro SDRM naciera como ley a la usansa anglosajona, es decir, fruto de los usos y costumbres. Lamentablemente, Ann Krueger y, sobre todo Hurst Köler, se desentendieron del problema argentino y concentraron sus esfuerzos en proyectar un mecanismo que nunca llegó a ponerse en marcha. Nos quedamos sin el pan y sin la torta.

Pese a la falta de interés del FMI, nosotros creamos un comité asesor de tres banqueros prestigiosos, Jacob Frenkel, Bill Rhodes y Joe Ackerman, para que nos ayudaran a planear la reestructuración ordenada de nuestra deuda, utilizando las Cláusulas de Salida Consentida. La iniciativa nos había sido aportada por Jacob Frenkel que por entonces trabajaba en Merril Lynch.

La primera etapa del proceso reestructurador, que no necesitaba ser aprobado por las comisiones nacionales de valores de las jurisdicciones extranjeras, porque se haría toda bajo legislación argentina, consistió en invitar a los tenedores de bonos y de otras acreencias, a que los canjearan voluntariamente por préstamos al gobierno nacional cuyo pago sería garantizado con la recaudación del impuesto a las transaccione financieras. Apostamos a que muchos tenedores argentinos, especialmente los fondos de pensiones, los bancos y otros inversores institucionales, acogerían este canje como una forma de reducir su exposición a un riesgo argentino que estaba aumentando peligrosamente. El cierre de la operación, el 30 de noviembre de 2001 nos dió la razón. Conseguimos transformar en préstamos garantizados bonos por un valor de 40 mil millones de dólares, los que representaban el 43 % de todos los bonos en circulación antes de ese canje. Para los principales bonos, sobre todos los emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, los porcentajes de participación fueron mayores al 80 %. Para quienes estén interesados en analizar en detalle como quedó la deuda pública al 31 de diciembre de 2001 y cuáles fueron los resultados de esta primera etapa de la reestruturación que se cerró exitosamente el 30 de noviembre, subí al blog el excel que presenta toda esa información.

Se puede ver que del total de la deuda pública neta, que al 31 de diciembre de 2001 ascendía a casi 135 mil millones de dólares, sólo 54 mil millones eran todavía títulos y bonos en circulación. De los 94 mil millones que circulaban antes del proceso de reestructuración ordenada, 40 mil millones se babían transformado en préstamos garantizados al gobierno con una tasa máxima de interés del 7 % anual y alargamiento de los plazos de vencimiento originales en tres años.

Cabe preguntarse, ¿Por qué la reestructuración de la deuda que llevó a cabo Nestor Kirchner con Roberto Lavagna en 2005 no incluyó «Claúsulas de Salida Consentida», tal como había sido planeado para la segunda etapa, lamentablemente no ejecutada, de la reestructuración ordenada que se puso en marcha en noviembre de 2001? Se los explico en el próximo post, porque éste está resultando demasiado largo.

Una de las mayores satisfacciones de mi vida pública ha sido conocer y dialogar con Nestor Grancelli Chá. En mi última estadía en Buenos Aires, me reuní y tuve una larga conversación con él,  como lo hacía cada vez que volví al país durante los últimos 13 años. Fue el domingo 6 de junio y cuando lo llamé para invitarlo, me dijo que trataría de cancelar otro compromiso previamente adquirido. A la hora me llamó y se vino a almorzar conmigo.  Por supuesto, no me imaginé que sería la última oportunidad en la que nos veríamos.

Hacía poco había cumplido 94 años, pero tenía la lucidez y vitalidad de una persona en el mejor momento de su vida. Me contó que estaba escribiendo una novela que, con nombres ficticios, reflejaba una experiencia que lo había impactado mucho. Se trataba de las peripecias por las que atravesó el hijo de un gran amigo suyo que en 1976 tuvo que exiliarse. Él lo alojó en su casa de campo de Uruguay y luego lo ayudó a enfrentar numerosos problemas derivados del cambio de nombre y nacionalidad a los que debió recurrir para poder sobrevivir. Cuando ya de regreso en la Argentina que había recuperado la democracia, su protegido murió siendo aún joven y dejó una esposa y un hijo. Los problemas derivados del cambio de nombre y nacionalidad continuaron afectando a sus sobrevivientes y Néstor trató de ayudarlos a resolver el problema en los tribunales de Argentina, sin conseguirlo. La solución vino de una actuación mucho más eficaz de la justicia brasilera, país en el que el protagonista de esta historia se había casado durante el exilio.  Ojalá haya dejado un manuscrito bien avanzado, porque escucharlo narrar la historia me fascinó y estoy seguro que si logra publicarse, esa novela será un legado adicional a los muchos que nos ha dejado su larga trayectoria.

Yo tuve el privilegio de conocerlo hace 37 años y desde entonces gocé de innumerables conversaciones con él. Era un hombre sabio y sensato, lleno de experiencia, de gran cultura y sólidos principios morales.  Fue uno de mis principales consejeros a lo largo de toda mi vida pública. Me lo presentó Piero Astori, el entonces Presidente de la Fundación Mediterránea, el mismo año en que nació esa institución. Néstor Grancelli Chá era asesor de las empresas de Astori  y el hombre de confianza de sus hermanos residentes en Italia.

Cuando me enteré de la experiencia que Néstor había acumulado a lo largo de su vida, comencé a pedirle que me contara sobre su relación con el Presidente Arturo Frondizi. Escucharlo era revivir una etapa importante de nuestra historia, que siempre me había provocado admiración, pero a la que valoré mucho más aún luego de los relatos de mi nuevo amigo.

En otras oportunidades me contó sobre su experiencia como dirigente estudiantil en la década del 40 y en sus peripecias como joven universitario y militante radical durante los dos primeros gobiernos de Perón. Conocía todos los pormenores de cómo Rogelio Frigerio había logrado el apoyo de Perón a la candidatura de Frondizi a la Presidencia y de la gestiones de Ramón Prieto, quien era amigo personal de Néstor y su esposa.

Cuando ocupé el Ministerio de Economía, entre 1991 y 1996, colaboró conmigo en varias funciones importantes. Donde yo quería tener a una persona de mi máxima confianza, nunca dudé en pedirle a Néstor que me representara. Luego me acompañó en la creación y la conducción de Acción por la República. Estuvo conmigo en los momentos de éxito y también cuando llegaron los tiempos amargos. Fue, sin lugar a dudas un gran amigo, de esos que no es fácil encontrar en la vida de un hombre público. Los amigos se multiplican en los momentos en los que uno tiene poder, pero desaparecen tan pronto como se presentan tiempos de adversidad.

Vivió con lucidez y en plenitud sus 94 años. Siempre tratando de hacer el bien. Creo que su muerte sobrevino sin que él lo advirtiera. Sus hijos, sus nietos y todos los que fuimos sus amigos lo vamos a recordar siempre y a pesar de que creo que él era agnóstico, estoy seguro que el Dios de los creyentes lo va a recibir en el cielo con los brazos abiertos. Si me piden que aporte un ejemplo de hombre bueno y sabio, yo no dudo en responder que el mejor ejemplo que conocí  en forma directa se llamó, en vida,  Néstor Grancelli Chá.

Un visitante atento del blog, que además leyó mi libro «Camino a la Estabilidad», me hizo llegar la sugerencia de calcular la evolución de la deuda pública desde el final del gobierno de Isabel Perón hasta la actualidad en dólares de valor constante. Es decir corrigiendo por la inflación de los Estados Unidos, medida por el índice de precios al consumidor de ese país. De esta comparación se puede extraer una interesante conclusión. El aumento de la deuda, medida en dólares de valor constante, fue mayor en los períodos de estanflación: entre 1976 y 1990, durante los gobiernos del régimen militar y de Raún Alfonsín y durante el corto gobierno de Duhalde en 2002.

A continuación presento los dos cuadros: el que aparece en el libro «Camino a la estabilidad», en la página 44 (entre paréntesis, encontré dos errores numéricos en la primera edición del libro, donde dice 14 debe decir 144 y donde dice 19 debe decir 49; estos errores serán salvados en una próxima reimpresión) y en el post titulado «Cristina insiste en seguir a contramano«.

 

Evolución de la deuda
En miles de millones de dólares corrientes
		Según Zaiat	Corregida	Aumento en el período	No registrada
Perón		8	8
Militar		45	45	37
Alfonsín		65	90	45	25
Menem		122	122	32
De la Rúa		144	144	22
Duhalde		179	179	35
2013		198	228	49	30
Evolución de la deuda
En miles de millones de dólares constantes de 2013
		Según Zaiat	Corregida	Aumento en el período	No registrada
Perón		32	32
Militar		103	103	71
Alfonsín		119	165	62	46
Menem		166	166	1
De la Rúa		185	185	18
Duhalde		221	221	36
2013		198	228	7	30

Las sentencias del Juez Griesa en favor de los “holdouts” y su confirmación por todas las instancias judiciales de los Estados Unidos, no son el resultado de un ensañamiento de esos jueces con nuestro país ni una decisión de la Justicia de los Estados Unidos en contra de la posibilidad de que los países reestructuren ordenadamente sus deudas soberanas. Interpretarlo así, como lamentablemente lo está haciendo desde la presidente Cristina Kirchner al editorialista del Financial Times, Martín Wolf, es un error que puede acarrear funestas consecuencias para Argentina.

Lo que ha ocurrido es consecuencia de dos errores fundamentales cometidos por los gobiernos argentinos desde 2002 en adelante.

El primer error fue suspender los pagos de la deuda pública luego del golpe institucional de diciembre de 2001. El grueso de la deuda más onerosa y que tenía vencimientos de capital durante los años 2002, 2003 y 2004 había sido canjeada por préstamos garantizados que pagaban como máximo una tasa de interés del 7 % anual y vencían tres años después de los plazos pactados en orígen.

Esto se puede ejemplificar con los bonos surgidos del Megacanje, que, por las circunstancias de un mercado ya en crisis en mayo de 2001, son los que devengaban tasas de interés más altas. Cuando a partir del 1 de noviembre se ofreció canjearlos por préstamos garantizados, el 87% de esos bonos aceptaron el canje. El detalle por tipo de bonos aparece en el cuadro siguiente:

 

Situación de los Bonos surgidos del megacanje luego del canje por préstamos garantizados
	Valor en circulación al 06/11/01	Montos canjeados por préstamos garantizados	Porcentaje de bonos canjeados
Global 08	11.095	9.050	82%
Global 18	7.060	6.154	87%
Global 31	9.029	8.553	95%
TOTAL	27.184	23.757	87%

 

Lo mismo ocurrió con todos los créditos que los bancos habían otorgado a las provincias con tasa flotante de interés (BADLAR+7%) que eran los más onerosos y con plazos de vencimientos más perentorios. El total de esos créditos (por más de 16 mil millones de dólares) se habían transformado en préstamos garantizados aceptando una tasa de interés máxima del 7 % anual.

Sólo quedaban sin convertir en préstamos garantizados, bonos que circulaban en el exterior por 44 mil millones de dólares. Sobre todo los que habían sido emitidos bajo leyes de Londres, Frankfurt y Tokio y que pagaban tasas de interés más bajas, porque habían sido colocados cuando la tasa de riesgo del país era inferior a las de Brasil y México.

Para la mayor parte de los bonos, especialmente aquellos que habían sido emitidos a tasas más altas, estaba preparada una nueva oferta de canje, que perseguiría reducir la tasa de interés al 5 % anual (2% menos que la del préstamo garantizado porque se les daba el privilegio de ser emitidos bajo ley extranjera, como los bonos originales que se estaban canjeando).

La iniciativa de llevar a cabo este segundo canje había sido traída al país por Jacob Frenkel, un prestigioso ex-economista jefe del FMI y ex-Presidente del Banco Central de Israel que en ese momento representaba a Merril Lynch. La clave para lograr que no quedaran holdouts era ofrecer el canje con la propuesta de modificar las cláusulas no monetarias (jurisdicción, pari passu, procedimientos para la ejecución, etc.) de los bonos que no se presentaran al canje. A las cláusulas que se incluyen en este tipo de oferta de las denomina “cláusulas de salida consentida” o, en inglés; “exit consent clauses”. Estas cláusulas se pueden imponer con una cierta mayoría de votos (50% en el caso de la jurisdicción Nueva York).

Para la mayor parte de los bonos en circulación, estaba asegurada la mayoría de votos para imponer las “exit consent clauses” porque el Estado tenía en su poner un alto porcentaje de los bonos. Por ejemplo, para el Bono Global 2008 disponía del 82%, para el Global 2018 del 87 % y para el Global 2031 del 95 % de los votos.

Para la organización de este canje habían sido designado asesores de Argentina tres de los principales banqueros más prestigiosos de ese momento: el ya mencionado Jacob Frenkel de Merril Lynch, Bill Rodhes del Citibank y Joe Ackerman del Deutch Bank. El canje se iba a lanzar el 15 de enero luego de que el FMI rehabilitara el programa de apoyo a la Argentina que había suspendido los primeros días de diciembre, pero que estaba dispuesto a relanzar tan pronto quedara aprobado el presupuesto para 2002, con déficit cero, y estuviera presentado al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Si en lugar de declarar la suspensión de pagos de la deuda, se hubiera continuado con la implementación de este canje, el problema de la deuda hubiera quedado completamente resuelto en los primeros meses de 2002, sin ningún riesgo de conflictos judiciales posteriores. Por eso sostengo que el primer gran error fue decretar la suspensión de pagos y mantener la deuda en situación irregular por más de tres años.

El Segundo gran error fue que una vez suspendido los pagos y habiendo estado toda la deuda en situación irregular por tres años, cuando en 2005 se decidió llevar a cabo una reestructuración completa, en lugar de aprovechar lo que se había planeado a fines del 2001, se ofreció un canje sin “exit consent clauses”. Ello significó perder la oportunidad de dejar a los holdouts sin recursos judiciales susceptibles de obligar a un pagos posteriores, completos y con punitorios. Esto ocurrió por falta de inteligencia y por pretender argumentar que todos los problemas se derivaban de lo que habíamos hecho en 2001. La mejor prueba es que cuando se contrató a Merril Lynch para que organizara el nuevo canje, se puso como condición que no interviniera Jacob Frenkel, justamente la persona que nos había traído lo que hubiera sido la mejor solución para lograr una reestructuración exitosa de la deuda.

La participación en el canje del 2005 de los tenedores de los bonos que habían surgido del megacanje fue incluso más alta que lo que había sido en oportunidad de ofrecerse su transformación en préstamos garantizados. Acá están las cifras de participación:

 

Situación de los Bonos surgidos del megacanje luego del canje de 2005
	Valor en circulación al 31/12/2004	Montos canjeados por nuevos bonos	Porcentaje de bonos canjeados
Global 08	5.010	4.570	91%
Global 18	8.309	7.496	90%
Global 31	12.058	11.254	93%
TOTAL	25.377	23.320	92%

 

Es decir que las “exist consent clauses” podrían haberse impuesto y los bonos que quedaban como “holdouts” no hubieran podido recurrir a los tribunales de Nueva York como lo hicieron los fondos buitres. De hecho, es seguro que la participación en el canje hubiera sido del 100%, porque nadie hubiera querido quedar con bonos viejos cuyas cláusulas de ejecución habrían sido prácticamente licuadas.

La mejor demostración de que este tipo de reestructuración ordenada de la deuda era posible la brindaba la experiencia de Uruguay. En 2002, nuestro vecino del otro lado del Río de la Plata, había logrado llevar a cabo con éxito la reestrucuturación de su deuda , utilizando la metodología de las “exit consent clauses”. Incluso en 2005 ya había experiencia en nuestro propio país. Mendoza había reestrucutrado exitosamente su deuda pública aplicando “exit consent clauses” y prácticamente no hubo conflictividad judicial posterior.

Valdría la pena averiguar porqué los asesores legales del país, que eran los mismos que en 2001 habían estado trabajando con la Secretaría de Finanzas y los tres banqueros asesores en la preparación del canje que incluiría “exit consent clauses”, no alertaron de los riesgos que significaba lanzar un canje con la “ley cerrojo”, que iba a resultar totalmente inefectiva y muy inconveniente para la defensa posterior de los intereses argentinos. ¿Será que los asesores legales estaban más interesados en tener trabajo por muchos años, defendiendo a la Argentina del reclamo de los fondos buitres? ó ¿Será que nuestros funcionarios creyeron que podrían poner a una ley de nuestro Congreso Nacional  por encima de la ley del mayor centro financiero del mundo, que era donde se iban a plantear los reclamos?

Cualquiera sea la razón, fue un error garrafal, cuyas consecuencias estamos pagando ahora.

Es muy importante que la Presidente salga cuanto antes del error en el que ha caído al echar la culpa de lo que está aconteciendo al Blindaje de 2000 y al Megacanje de 2001. Ambas operaciones se llevaron a cabo para evitar el default y prepararon el terreno para una reestructuración de la deuda pública que podría haber sido completa, exitosa y sin secuelas judiciales posteriores.

Lo mejor que puede hacer ahora la Presidente es ordenar a su Ministro de Economía que busque buen asesoramiento legal y financiero y acuerde una forma de pago que sea factible, termine con los conflictos que han mantenido a Argentina aislada de los mercados de capitales por 13 años y procure no dejarle al gobierno que le suceda una situación conflictiva con sus acreedores peor que la que su marido heredó al hacerse cargo de la presidencia en 2003.

Transcribo a continuación una parte del artículo titulado «Argentina sin convertibilidad: ¿mejores o peores chances de estabilidad y crecimiento?», en la que se describe la reestructuración de la deuda que se comenzó a ejecutar el 1 de noviembre de 2001. Lamentablemente no fue completada por el gobierno de Duhalde. De haberlo sido, se hubiera evitado el reclamo judicial de los «hold outs». La pesificación compulsiva deshizo la mayor parte del canje de bonos por un préstamo garantizado al gobierno y el Estado dejó de tener los votos necesarios para imponer las «claúsulas de salida consentida» (exit consent clauses, en inglés) a los bonos que no se presentaran al canje final. De no haberse cometido este error, se hubiera logrado la participación del total de los bonistas en la segunda etapa del proceso de reestrucutración de la deuda que iba a quedar concluído el 15 de febrero de 2002. Nadie hubiera retenido bonos viejos que quedarian sin acción por vía ejecutiva.Ésta, entre otras muchas cosas, fue la nefasta consecuencia del golpe institucional del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Evolución de la deuda pública.

En el segundo semestre de 2001, cuando argentina perdió el crédito, el problema más grave era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los déficits fiscales desde 1995. La deuda más onerosa y que estaba creando más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con los bancos del sistema financiero Argentino.

La deuda pública provincial ascendía a 16 mil millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3.500 millones de dólares. Hacia mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los bancos comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus acreencias por el préstamo consolidado, conforme la propuesta de reestructuración de deuda que había sido lanzada el 1 de noviembre anterior. De esta forma, esa deuda había sido transformada en un préstamo consolidado al 7 % de interés anual y a plazos 3 años más largos que los originalmente pactados. Es decir que las provincias recién deberían afrontar vencimientos de capital a partir del año 2005 y desde diciembre de 2001 gozarían de una reducción de gastos por intereses de más de  2 mil millones anuales.

La deuda pública nacional, que ascendía a 128 mil millones de dólares, constaba de tres componentes: a) la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 36 mil millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de riesgo elevada, y podía ser refinanciada en forma normal; b) La deuda con acreedores no oficiales que había sido transformada en un préstamo garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a plazos 3 años más largos que los originalmente planeados. Se habían presentado voluntariamente a este canje acreedores por 39 mil millones de dólares, entre los cuales estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de bonos, residentes en Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley argentina y la garantía ofrecida por el gobierno Argentino[1];c) Los bonos en manos de tenedores, preponderantemente del exterior, que no habían participado en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 44 mil millones de dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 % anual.

La transformación de 39 mil millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo garantizado suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto nacional, de algo menos de 2 mil millones de dólares, es decir una reducción absoluta, no muy diferente a la que obtenían las provincias por su deuda[2].

El 15 de enero de 2002 se iba a lanzar una propuesta de canje para los bonos aún no transformados en préstamo garantizado, que en la práctica significaría una reducción a la mitad de su factura de intereses. Es decir que se esperaba conseguir otra reducción adicional de 2 mil millones de dólares en el costo anual de intereses para el presupuesto nacional[3]. Para esta oferta ya se había designado un comité de asesores financieros que habían aceptado integrar: Jacob Frenkel de Merryl Linch, Bill Rhodes de Citigroup y Joe Ackerman del Deutsch Bank. Planeábamos utilizar “exit consent clauses” para asegurar una participación completa de los acreedores cuyas acreencias aún no habían sido reestructuradas.

En definitiva, la deuda pública de la Nación y de las provincias seguiría siendo de 144 mil millones de dólares, pero con un costo anual de intereses inferior al de 2001 en 6 mil millones de dólares. Ello haría posible  alcanzar la meta del déficit cero en todas las jurisdicciones desde 2002.

Con déficit cero, este nivel de deuda se mantendría constante hasta 2005. A partir de allí la Nación y las provincias deberían generar superávit fiscal, para afrontar las amortizaciones del capital adeudado o acceder nuevamente al mercado voluntario de crédito demandando montos equivalentes a esas amortizaciones.