Cuando se ofrece un canje de deuda que implica quita de capital o de intereses, algunos de los tenedores de bonos eligen no participar. A éstos se los denomina “holdouts”. ¿Cómo se explica que a los organizadores del canje de deudas de 2005 no advirtieran el riesgo que significaba que los holdouts mantuvieran intacta la posibilidad de litigar en los tribunales de New York?
Esta es una pregunta obligada, teniendo en cuenta que durante el segundo semestre de 2001, la preocupación fundamental de las autoridades del FMI y de quienes estábamos trabajando en la reestructuración de la deuda había sido cómo evitar esos litigios . ¿Cuál fue la razón por la que los organizadores del canje de 2005 no le dieron ningún valor a ese riesgo?
Para responder esa pregunta me tomé el trabajo de leer atentamente el informe que preparó Guillermo Nielsen sobre el proceso de selección de los bancos organizadores del canje de 2005. Es muy interesante, porque se detallan las discusiones que se llevaron a cabo con cada uno de los bancos invitados a hacer propuestas sobre la organización del canje.
Lo primero que me llamó la atención es que en ninguna de las conversaciones con los bancos candidatos a organizar el canje surgió el tema de qué ocurriría con los holdouts. Supongo que al invitarlos, la Secretaría de Finanzas ya les había anunciado que iba a ser sancionada la denominada “ley bloqueo”, por la que se prohibía que el Estado pagara cifra alguna a quienes no se presentaran al canje. Es decir, disponía el repudio liso y llano de la deuda con los holdouts. Pero aun así, es sorprendente que los bancos y, en especial, sus asesores letrados, no le advirtieran al gobierno sobre el riesgo que esa ley no tuviera ningún valor en los tribunales de New York.
Me puse a ver los antecedentes de los bancos que fueron invitados y advertí que faltaban tres de los que más habían mostrado preocupación por nuestro problema de deuda en 2001: Citibank, al que está asociado desde tiempo inmemorial el banquero con más experiencia en el mundo sobre restructuraciones de pasivos, Bill Rodhes; Deutche Bank, el más importante banco de Europa y Merril Lynch, el banco que en 2001 nos había traído la iniciativa de incluir “exit consent clauses” en la oferta de canje para resolver el problema de los holdouts.
Luego de leer que los invitados con más prestigio y experiencia, Goldman Sachs y Morgan Stanley, luego de reunirse con Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, acompañados de sus asesores, manifestaron por carta su decisión de no participar como organizadores del canje, encontré dos párrafos reveladores. Los transcribo:
“El 29 de enero, la entidad financiera Merril Lynch se contactó con las autoridades de este Ministerio con el objeto de ser tenida en cuenta en el referido proceso de selección. Cabe recordar que la mencionada institución no había sido invitada a participar en el proceso de selección dado que uno de sus miembros ejecutivos había prestado asesoramiento a la República –rentado, con un nivel de exposición pública desproporcionado y sin lograr ningún resultado- en el momento más álgido de la crisis financiera e institucional que desembocó en los hechos del 21 de diciembre de 2001.”
“Atento a ello y teniendo en cuenta que la mencionada entidad figura en los primeros puestos de las tablas de posicionamiento utilizadas en el momento de cursar las invitaciones, se les hizo extensiva la convocatoria con la condición de que dentro del grupo de trabajo para la propuesta se abstuviera de participar el señor Jacob Frenkel, quien había prestado el asesoramiento antes cuestionado. En ese marco y habiendo aceptado ese condicionamiento continuaron las negociación incluyendo a esa institución financiera”
Está todo dicho: excluyeron expresamente a quienes nos habían estado asesorando durante el segundo semestre del 2001 y, con muchos más prejuicios que inteligencia, no quisieron escuchar lo que esos prestigiosos expertos nos habían insistido en aquel momento: que el más grave riesgo que conllevaba el proceso de reestructuración de la deuda era la litigiocidad en los tribunales de New York que podría sobrevenir a partir de la existencia de holdouts.
No he tenido acceso a las cartas por las que Goldman Sachs y Morgan Stanley desistieron de participar en el grupo organizador del canje, pero presumo que fue por la misma razón por la que ni Citibank ni Deutche Bank se sintieron afectados por no haber sido invitados. Ninguno de ellos querían participar de un operativo que en el largo plazo terminaría siendo una mala solución al problema de la deuda argentina.
Obviamente, la desesperación de Merril Lynch por participar, aceptando el condicionamiento de que se debería abstener de usar la experiencia e inteligencia de su más prestigioso ejecutivo, Jacob Frenkel, no habla bien de cuan prolija es esa institución en el cuidado de su reputación.
Además de esta lamentable autocensura aceptada por los bancos y los prejuicios y falta de conocimientos de quienes actuaron en nombre del gobierno, es también reprochable que los asesores letrados de Argentina en New York, la firma Cleary Gorrlieb Steen & Hamiltob LLP, hayan aceptado que en los bonos restructurados se incluyera la cláusula “derecho sobre ofertas futuras” (conocida por su acrónimo en Inglés RUFO por “Right Upon Future Offers””). Esta cláusula establece que los tenedores de bonos restructurados tienen derecho a recibir los mismos términos que eventualmente se le reconozcan a los holdouts.
Esa firma de abogados conocía a la perfección el significado de las “exit consent clauses” y el riesgo que significaba la posibilidad de que los holdouts recurrieran a los tribunales de New York. Ellos también habían estado participando de las discusiones de 2001 sobre los holdouts. ¿Si realmente estaban convencidos que la “ley de bloqueo” iba a ser efectiva, a punto tal que se prescindió de incluir exit consent clauses, porqué cubrieron a quienes aceptaron los bonos restructurados del riesgo de que se les terminara pagando más a los holdouts?
No estoy dando todos estos detalles para criticar a Nestor Kirchner, Roberto Lavagna, Guillermo Nielsen y a los bancos y asesores legales que organizaron el canje de 2005. Lo hago para destacar que, en el futuro, quienes estén a cargo en el Estado en negociaciones tan delicadas y complejas como son las que se relacionan con la deuda pública, deben acudir a los mejores y más experimentados especialistas y no a improvisados que lo único que buscan es obtener réditos políticos inmediatos o cobrar honorarios profesionales brindado el asesoramiento en los términos en los que sus prejuiciosos clientes desean escuchar.