Recién hoy leí el artículo que publico Horacio Tomás Liendo en Clarín del lunes 28 de julio. No lo había visto antes porque ese día estuve viajando por el interior  y no tuve al diario Clarín en mis manos. Por si a alguno de los visitantes del blog también se les escapó el artículo, decidí subir el link a mi blog. En mi opinión, se trata de la interpretación más inteligente que he leído sobre el problema que estamos enfrentando. Acá va el link http://www.clarin.com/opinion/default-innecesario_0_1183081723.html

Prudencio Bustos Argañarás y Eduardo Ibañez Padilla me entrevistaron en Córdoba para su programa «Palabra de Honor». Deseo compartir el video de ese muy buen programa televisivo con los seguidores de este blog.

 

Por Domingo Cavallo, para Perfil

Los buitres van a realizar ganancias importantes a costa de la Argentina porque el gobierno de Néstor Kirchner en 2005 llevo a cabo una muy mala restructuración de la deuda pública. Se engolosinó con una supuesta quita, que por otro lado no fue muy importante porque terminaron pagando los denominados cupones de PBI, pero le dejaron el terreno preparado a los fondos buitres para que llevaran a cabo su tradicional estrategia de litigar en los tribunales de Nueva York y terminar cobrando, no sólo el monto de la deuda original, sino todos los intereses, más punitorios y costas.

En lugar de haber planteado cláusulas de salida consentida que hubieran quitado a quienes no se presentaban al canje la posibilidad de litigar en Nueva York, algo que era bien conocido y que en 2001, cuando estábamos preparando la reestructuración ordenada de la deuda teníamos muy en claro, sancionaron la denominada ley cerrojo y concedieron las clausulas RUFO. Si los asesores letrados del exterior y de los órganos argentinos intervinientes  no alertaron al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas del enorme riesgo que estaban asumiendo, deberían ser demandados por mala praxis profesional. Si les advirtieron del riesgo y las autoridades argentinas lo asumieron a sabiendas de lo que significaba, se trató de un grave error político.

Pero ahora no es momento de llorar sobre la leche derramada. Lo que el gobierno debe hacer es evitar que se cree el caldo de cultivo para más buitres. Los buitres necesitan del default y del desorden de las economías. Por eso yo los denuncié en noviembre de 2001 cuando hacían todo lo posible para que Argentina no terminara la reestructuración ordenada de la deuda que había comenzado el  1 de noviembre de aquel año. Lamentablemente, la pesificación, la devaluación extrema y el default generalizado crearon el ambiente que los buitres deseaban para llevar a cabo su estrategia.

Lo que hay que hacer ahora es cumplir con la sentencia del juicio que nos ganaron para evitar que se sucedan juicios adicionales que pueden terminar multiplicando las pérdidas para el país.  Las consecuencias que podría acarrear la aplicación de la cláusula RUFO han sido magnificadas por la interpretación (muy poco razonable) que el propio gobierno argentino ha hecho y que puede ser utilizada en contra de nuestros intereses. Ahora lo único que queda es ofrecer las garantías que sean necesarias de que Argentina va a cumplir con las sentencias judiciales definitivas a partir de enero, de tal forma que el Juez Griesa esté dispuesto a extender hasta enero la suspensión de la ejecución de la sentencia.

Si en lugar de lograr esa decisión de Griesa, el gobierno Argentino deja que se opere el default de la deuda el 30 de julio, se enfrentará un riesgo de aceleración de la deuda reestructurada que es mucho más peligrosa que la propia cláusula RUFO. En ese clima de desorden y falta de respeto a las decisiones judiciales, lo único que se estará logrando es que los buitres se multipliquen y cuenten con más y mejores armas para seguir luchando en contra del interés de todos los argentinos.  Y mientras tanto Argentina tendrá que seguir financiándose con enormes tasas de interés como las que paga por las LEBACs o como las que rinden los bonos que el gobierno coloca a través de la ANSES.

Ojalá el gobierno de Cristina Kirchner no actúe en los próximos días con el grado de irresponsabilidad con que lo hizo en 2005 cuando llevó a cabo la reestructuración de la deuda con absoluta falta de profesionalidad y pésimo asesoramiento.

Después de tres horas de conversación con dos periodistas de Ámbito Financiero y The Buenos Aires Herald, tuve dudas sobre cómo resumirían un reportaje tan largo. Pero debo reconocer que, salvo el título, que seguramente no fue elegido por ellos, el contenido del reportaje resume muy bien lo que yo les dije. Como homenaje a la calidad de la labor de Sebastián Lacunza y Fermín Koop, deseo hacer llegar su contenido a los seguidores de este blog.

En el artículo titulado “La torpeza fue peor que la deuda” que acaba de publicar en Clarín, Rodolfo Terragno sostiene que fue un error de Néstor Kirchner haber rechazado la idea de Anne Krueger de que en caso de una convocatoria a los acreedores de un país soberano, los acreedores minoritarios tuvieran que aceptar, si o sí, lo que decidieran los acreedores mayoritarios.

Luego de hacer un relato donde elogia la negociación que hizo Kirchner con los acreedores en 2005, sosteniendo que el país se ahorró 27.300 millones de dólares, argumenta que sólo el manejo comunicacional fue torpe, tanto antes como después del canje y, por eso, hoy el problema de la deuda sigue sin ser resuelto.

Su moraleja es la siguiente: “Habrá que sacar una lección de lo que pasó con Krueger. Ante cualquier propuesta se debe analizar «qué» se propone y que efectos tendría. No «quien» la propone y «porqué» la propone. Sobre todo si se lo hace con prejuicios y suspicacia. Estados Unidos rechazó la idea de someter a los acreedores minoritarios, lo cual indica que esa idea favorecía a los deudores, no a los acreedores. Esa idea nos habría evitado todo el problema que hoy tenemos».

La Moraleja sería correcta y relevante si en lugar de referirse a la propuesta de Krueger, que nunca pudo haber sido utilizada por nuestro país porque ya había sido rechazada por los Estados Unidos, se refiriera a la propuesta de Jacob Frenkel que era una solución factible y eficaz. Lamentablemente ésta no logró llevarse a la práctica, entre otras cosas, por el clima de oposición a la política económica que tanto contribuyó a crear el propio Terragno en la campaña electoral de septiembre y octubre de 2001.

Como este no parece ser un tema suficientemente conocido, ni siquiera por el propio Terragno que por su rol y posición debería haber estado muy bien informado, lo explicaré en detalle.

Cuando en el mes de julio de 2001 volvió a desatarse un proceso peligroso de retiro de depósitos del sistema bancario y las tasas de interés que nos pidieron por colocar nuevas letras ascendió al 16 % anual, el Presidente, y todo el equipo económico entendimos que Argentina no podía seguir pidiendo prestado al mercado de capitales. La única forma de poder abstenerse de pedir prestado es eliminando totalmente el déficit fiscal. De allí nació la idea de aprobar una ley de Déficit Cero que fue apoyada por los gobernadores y sancionada por el Congreso Nacional durante el mismo mes de julio. Con esa ley en la mano, fui al FMI a pedirle que nos dieran un apoyo adicional de 5 mil millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central, algo que era imprescindible para que esa institución pudiera ayudar a los bancos a mantener niveles adecuados de liquidez y detener la fuga de depósitos.

En ese momento se produjeron las lamentables declaraciones de Paul O’Neill, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, diciendo que era injusto que los impuestos pagados por los plomeros y carpinteros de los Estados Unidos fueran despilfarrados por países como la Argentina”. Cuando lo llamé a O’Neill para explicarle que sus afirmaciones no sólo eran imprudentes sino absolutamente equivocadas, él advirtió el error y sostuvo que quería ayudar a la Argentina, pero sólo si conseguíamos que los acreedores redujeran las tasas de interés sobre sus acreencias. Es decir, que lleváramos a cabo una reestructuración de la deuda pública. Yo le dije que me parecía magnífico, pero que para hacerlo necesitábamos que ellos y el FMI nos ayudaran, porque los principales acreedores de la Argentina eran los bancos locales y éstos podrían perder mucha liquidez mientras se llevara a cabo el proceso. El sólo anuncio de una reestructuración de la deuda acentuaría el retiro de depósitos dada la gran cantidad de bonos que los bancos tenían como activos.

Además, en conversaciones con Stanley Fisher y Ann Krueger, que se preparaba para reemplazar al primero como gerente alterno del FMI, habíamos discutido sobre el riesgo que podían significar los holdouts en un proceso de reestructuración, por lo que se necesitaba estudiar mecanismos que le quitaran efectividad a sus posibles reclamos judiciales. O ‘Neill propuso una reunión con el staff del FMI, nuestros técnicos y el subsecretario del Tesoro, John Taylor, para discutir cómo podría llevarse a cabo la reestructuración de la deuda.

Esa reunión resultó muy útil. El staff del FMI tomó conciencia de que el dinero que le solicitábamos para reforzar las reservas del Banco Central era imprescindible para sobrellevar los sobresaltos a que estaría sometido el sistema bancario argentino y sobre la necesidad de encontrar mecanismos para evitar o desalentar a los holdouts. Nuestros técnicos, especialmente Horacio Liendo, volvieron a la Argentina con una idea muy clara de los temas que debían resolver acá y los funcionarios del Tesoro se fueron de la reunión con la sensación de que habían lanzado el puntapié inicial de una nueva forma de enfrentar a las crisis de deuda: obligar a los acreedores a pagar parte del costo. Todos nos pusimos a trabajar en la nueva dirección.

En el FMI, con la llegada de Ann Krueger el 1 de septiembre, ella y el staff comenzaron a trabajar en lo que luego se denominó el «SDRM» (acrónimo para Sovereign Debt Reestructuring Mechanism), que es la propuesta a la que se refiere Terragno en su artículo. Yo le dije que su idea era muy buena, pero que como tomaría no menos de dos años tener aprobada la eventual reforma de la carta orgánica del FMI, era importante encontrar mecanismos que pudieran aplicarse de inmediato, porque la solución de nuestro problema urgía. Ann Krueger sostuvo que mientras no estuviera aprobado el SDRM el FMI no tenía autoridad para intervenir, de manera que la restructuración de la deuda argentina iba a tener que hacerse entre Argentina y los acreedores, con el FMI apoyando desde atrás, por ejemplo con un refuerzo de fondos, pero sin jugar el rol de mediador.

Yo lo entendí y decidí crear un grupo de trabajo en Buenos Aires para planear la restructuración inmediata y ordenada de nuestra deuda. Trabajamos en paralelo con Ann Krueger y haciéndonos consultas recíprocas. No tengo nada que recriminarle a ella, salvo la imprudencia de decir, como lo hizo el 23 de noviembre de 2001, que mientras un país está restructurando su deuda debe imponer controles de cambio. Esas afirmaciones fueron el detonante de la corrida final y letal sobre los depósitos bancarios, que nos obligó a poner el corralito. En un régimen altamente dolarizado, los controles de cambio significan la limitación del retiro de dólares en efectivo del sistema bancario.

En Buenos Aires, además del análisis que comenzaron a hacer nuestros técnicos, recibimos el importante aporte de Jacob Frenkel. El prestigio ex-economista jefe del FMI, dos veces Presidente del Banco Central de Israel y líder, junto a Paul Volker, del Grupo de los 30, llegó a Buenos Aires con un grupo de expertos financieros y legales que nos explicaron el significado de las denominadas «claúsulas se salida consentida» (en realidad se conocen por su nombre en inglés «Exit Consents Clauses«).

Nosotros conocíamos que aquellos bonos que incluían desde su emisión «Claúsulas de Acción Colectiva» (CACs) permitían, con un cierto porcentaje mayoritario de votos de los acreedores, imponer a los acreedores minoritarios el arreglo de la deuda aceptado por la mayoría. Lamentablemente, nuestros bonos en circulación, como la mayoría de los bonos emitidos hasta entonces por las economías emergentes, no incluían las CACs.

La novedad que nos traían era que en una nueva emisión de bonos con condiciones de interés y plazo más convenientes para el deudor, ofrecidos en canje por bonos en circulación, se podían agregar cláusulas de salida consentida. Si éstas eran aprobadas por una cierta mayoría de votos, permitían cambiar condiciones no monetarias de los bonos viejos, tales como la jurisdicción para los eventuales reclamos judiciales. Nadie iba a querer quedarse con bonos viejos, que, aunque pagaran más interés y tuvieran menores plazos, no iban a poder ser reclamados judicialmente en las cortes de new York en caso de default. Es decir, a nadie le iba a convenir quedar como holdout. Sin duda, ésta era la solución que necesitábamos!

Además de designar a Jacob Frenkel asesor, Horacio Liendo comenzó a preparar lo que iba a ser la primera etapa de la reestructuración ordenada de la deuda: un canje de los bonos viejos en circulación por un préstamo garantizado con la recaudación del impuesto a las transacciones financieras. Este canje voluntario, que se haría dentro de la ley argentina y, por consiguiente, no necesitaba ser autorizado por la Security and Exchange Comission de los Estados Unidos, nos permitiría alcanzar dos objetivos complementarios: una reducción importante de los intereses y la captura de una cantidad significativa de votos asociados a los bonos en circulación que se presentaran para ser canjeados por el préstamo garantizado.

Este canje, que se concluyó el 30 de noviembre en forma muy exitosa, nos daba las mejores bases para completar la restructuración de la deuda con un canje organizado bajo las jurisdicciones extranjeras en las que todavía había bonos en circulación, pero que iba a incluir Exit Consents. Éstas quitarían efectividad a los eventuales reclamos judiciales de los holdouts. Para los bonos más importantes y, sobre todo para los de la jurisdicción de New York, con el canje por el préstamo garantizado ya habíamos conseguido los votos necesarios para imponer esas cláusulas.

Lamentablemente, el golpe institucional de diciembre de 2001 impidió que la restructuración ordenada se llevara a cabo. Pero lo peor de todo es que cuando, luego de una demora de más de 3 años, decidieron llevarla a cabo, en lugar de utilizar la iniciativa que nos había traído Jacob Frenkel, le pusieron a Merril Lynch, como condición para aceptarlo como organizador del canje, que excluyera al prestigioso economista y rechazaron implícitamente su iniciativa, aún sin haberla escuchado.

Por eso sostengo, que la moraleja de Terragno debería basarse en la falta de aceptación de una idea de Jacob Frenkel, que sin dudas hubiese evitado el problema de los holdouts, más que el rechazo a la iniciativa de Anne Krueger, que nunca podría haber sido aplicada en nuestro país. Terragno comete este error de personajes por una de dos razones: o porque no quiere reconocer que con su campaña electoral del 2001, él contribuyó a que aquella restructuración ordenada de la deuda no se completara o porque  no sabe que existe el sistema de las cláusulas de salida consentida.

En este último caso, demostraría que conoce muy poco sobre los temas de los que habla. Las cláusulas de salida consentida no eran muy conocidas en 2001, pero es imperdonable que no se las conozca ahora, cuando  han sido aplicadas con éxito en muchas reestructuraciones de deudas soberanas, incluida la de Mendoza en 2003, llevada a cabo por el gobierno de Julio César Cleto Cobos, un inteligente correligionario de Rodolfo Terragno.

Ah… y como nota final, cuando estima la supuesta ganancia que consiguió Néstor Kirchner con la reestructuración del 2005, demuestra no prestarle atención a los cálculos que también ha hecho su prolijo cuasi-correligionario Alfonso Prat Gay sobre lo que le han costado y le seguirán costando al país los cupones de PBI.