Autor: Domingo Cavallo

A quienes me escracharon en la conferencia organizada por la Universidad Católica Argentina les salió el tiro por la culata. Porque lejos de impedir que las 500 personas que asistieron a la misma me escucharan, han logrado que el periodismo independiente de la Argentina se interesara por mi opinión y me diera oportunidad de promocionar mi libro ¨Camino a la Estabilidad¨. Espero no cansar a los visitantes del blog con tantos videos. Pero éste, en particular, está muy bien gravado. Se trata del programa ¨Contragolpe¨ que sale los sábados por METRO conducido por el periodista Roberto Bargas.

Muchos visitantes me pidieron que subiera el reportaje que me hizo Rolando Graña en 3P, su programa diario en América 24. La versión digital no es de mucha calidad, pero es la única que pude conseguir.

1ra Parte:

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2da Parte:

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Al terminar el año 2001 la deuda pública total ascendía a 144 mil millones de dólares, de los cuales, sólo 46 mil millones de dólares eran bonos emitidos bajo ley internacional. Todo el resto era deuda con organismos internacionales, con países del Club de París, con tenedores de bonos bajo ley argentina y con titulares de préstamos garantizados bajo ley argentina que habían convertido voluntariamente sus bonos bajo ley internacional en esos instrumentos durante el mes de noviembre de 2001. Salvo los 46 mil millones de dólares en bonos bajo ley internacional, la tasa máxima que se pagaba sobre el resto de la deuda era del 7 %  y los vencimientos habían sido diferidos en tres años como mínimo.

La re-estructuración ordenada de esos 46 mil millones que no se habían transformado en préstamos garantizados estaba preparada para ser lanzada el 15 de enero de 2002 y contemplaba mecanismos seguros para evitar que quedaran ¨holdouts¨ con posibilidad de transformarse en fondos buitres. La oferta de canje que se iba a proponer, incluía cláusulas de salida consentida que iban a lograr el cambio de jurisdicción de los bonos que no se presentaran al canje y estaba asegurado el número de votos necesario para hacer efectivas esas cláusulas, porque para los bonos más onerosos el gobierno tenía en su poder más del 66 % de los bonos originalmente emitidos. Los había conseguido a través del canje voluntario por préstamos garantizados.

El default desordenado de la deuda pública no comenzó con la declaración de moratoria de Rodriguez Saá surante su corto interinato, porque en realidad no había vencimientos hasta el 15 de enero y, si se hubiese hecho ese día la oferta de canje que estaba preparada, aquella declaración, aplaudida por el Congreso en una jornada bochornosa, hubiera terminado siendo interpretada como el anuncio del canje por venir.

El verdadero default se produjo en el momento en que Eduardo Duhalde decretó la pesificación forzosa de todos los contratos financieros bajo ley argentina. Ahí se decretó el peor y más injusto de los defaults: el que le quitó casi 75 % de su capital a quienes tenían depósitos en dólares en el sistema bancario argentino y a todos los tenedores de bonos en dólares bajo ley argentina. Ese default hizo que la mayoría de los titulares de préstamos garantizados consideraran incumplidas las condiciones por las que habían entregado sus bonos originales y solicitaron su devolución. De esa forma en lugar de 46 mil millones de capital en bonos bajo ley internacional, pasaron a estar en poder de tenedores particulares bonos por más de 80 mil millones de dólares, que a partir de ese momento comenzaron a estar en default y estuvieron en esa situación por más de cuatro años.

Es en ese período en que los bonos pasaron a valer menos de 30 centavos por dólar de capital y fueron comprados, varios de ellos, por los fondos con vocación de buitres. Yo había advertido ese peligro, incluso hablado del riesgo de que entraran a actuar los fondos buitres si caíamos en un default desordenado. Lo hice cuando expliqué que necesitábamos parar con el corralito la corrida bancaria por un plazo de 90 días, hasta que completáramos la re-estructuración de la deuda pública y el FMI desbloqueara los fondos que había dejado de desembolsar los primeros días de diciembre.

La re- estructuración de la deuda llevada a cabo por Kirchner y Lavagna en el año 2005  fue el plato servido para que se alimentaran los buitres. En lugar de incluir cláusulas de salida consentida, tal como había sido planeado por nosotros en 2001, prefirieron dictar la ¨ley cerrojo¨ y aplicar la clausula RUFO. Los mismos fondos buitres cuyos reclamos habían sido desestimados por los tribunales de Nueva York en el caso de la re-estructuración de Mendoza (que sí había incluido cláusulas de salida consentida y había dejado abierto el canje), advirtieron que podrían litigar con éxito por los errores en que estaba incurriendo el gobierno de Kirchner.

Ahora Cristina Kirchner quiere asignar a la gestión del gobierno de De la Rúa y, en particular, a mi gestión durante 2001, la responsabilidad por la derrota judicial que nos infringieron los fondos buitres. Una vez más apelan al engaño, con todo el poder que significa contar con un fenomenal control de los medios de comunicación y el uso alevoso de la cadena nacional, para atribuir a otros su propia torpeza. Sinceramente espero que esta vez la mentira tenga patas cortas. Lo deseo no porque vaya a compensar el daño moral que la prédica de Duhalde y los Kirchner nos han provocado, sino para evitar que nuestro pueblo siga teniendo que hacerse cargo de pagar los platos rotos de tanta incapacidad y mendacidad oficial.

 

 

 

Muchos lectores se van a sorprender por la afirmación que he puesto como título de este post. El relato oficial dice que los años del Kirchnerismo fueron de “des-endeudamiento”. Pero como en tantos otros temas, el relato es absolutamente mentiroso.

La Deuda Pública, bien medida, ascendía al último día de 2013 a 238 mil millones de dólares, contando los “holdouts”, no por el monto de la sentencia de Griesa, sino por los valores nominales y los intereses originalmente pactados y no pagados. Dentro de los 238 mil millones se incluyen 20 mil millones de duda con jubilados por el fallo “Badaro” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se agregaran los reconocimientos adicionales a los holdouts que ha hecho Griesa en sus sentencias, la deuda puede llegar, fácilmente, a 250 mil millones de dólares.

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la Deuda Pública, bien medida desde 1975 en adelante, para los sucesivos períodos de Gobierno. También se incluyen los datos mentirosos utilizados en el relato oficial y se indica la magnitud de la mentira.

 

Durante los años del gobierno de los Kirchner la deuda pública aumentó 59 mil millones de dólares, bastante más que en los períodos de Alfonsín, del Gobierno Militar y del Gobierno de Duhalde, que son, en ese orden, los períodos en que más había aumentado la deuda con anterioridad. Cristina Kirchner, en sus discursos por cadena nacional, asigna la responsabilidad de la deuda que ha dado lugar a la sentencia del Juez Griesa al endeudamiento tomado durante los Gobiernos de Menem y de De La Rúa, es decir durante los años a los que ellos se refieren como “neoliberales”.

Además de esconder que ella y su marido apoyaron las políticas de estabilización y de reorganización económica que tomaron esas dos administraciones, y las acompañaron con políticas semejantes en la Provincia de Santa Cruz, mienten sobre cuáles fueron los períodos en los que más aumentó la deuda pública, comenzando por el que ellos han presidido.

En el próximo post, explicaré en detalle cuál fue el monto de deuda pública en forma de bonos que podía llevarnos al default y necesitaba ser reestructurada que quedó al 31 de diciembre de 2001. Quedará claro que los juicios que Argentina viene perdiendo en los tribunales de Nueva York se deben no a las características o condiciones de los bonos que pasaron del Gobierno de De La Rúa al Gobierno de Duhalde, sino al pésimo manejo de la deuda pública que se hizo a partir del 2 de enero de 2002, incluido, por supuesto, el proceso de re-estructuración de la deuda de 2005.

por Ricardo Hausmann y Miguel A. Santos / Opinión en El Nacional

¿Hará default Venezuela? Los mercados temen que sí. Por esa razón, los bonos de la deuda externa venezolana rinden 11 puntos porcentuales más que los del Tesoro estadounidense, 12 veces más que los de México, 4 veces más que Nigeria y el doble de lo que paga Bolivia. En mayo pasado, Venezuela hizo una emisión “privada” por US$ 5.000 millones en bonos a 10 años con cupones de 6%. Para poder colocarla, tuvo que dar un descuento de 40% por lo que apenas recibió US$ 3.000 millones. La diferencia, US$2.000 millones, es la compensación que demandan los inversionistas por tomar el riesgo del país.

Se aproximan los primeros días de octubre, cuando el gobierno de Venezuela debe afrontar US$5.200 millones en pagos de servicio de deuda. ¿Pagará? ¿Tiene suficientes fondos líquidos? ¿Reunirá los fondos mediante una venta apresurada de Citgo, filial de Pdvsa, la empresa petrolera estatal de Venezuela?

Es una buena pregunta. Otra pregunta diferente es si Venezuela “debería” pagar. Es cierto, qué deberían hacer los gobiernos no está totalmente divorciado de qué es lo que efectivamente harán, pues en general la gente hace lo que debe. Pero las preguntas que involucran “debe hacer” traen consigo juicios morales que no están presentes en las preguntas que involucran “hará”, y por eso suelen ser mucho más complejas.

Uno podría decir que “siempre que se pueda” cumplir con las obligaciones asumidas, eso es lo que se “debería” hacer. Es lo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos.

Pero el cálculo moral se complica cuando es imposible cumplir con todos los compromisos y se hace necesario decidir cuáles cumplir y cuáles no. Hasta ahora, bajo el presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, Venezuela ha optado por pagar religiosamente sus bonos de deuda externa, gran parte de los cuales están en manos de venezolanos ricos y bien relacionados.

Yordano, el popular cantante venezolano, probablemente tendría un orden de prioridades diferente. Diagnosticado con cáncer hace algunos meses, debió lanzar una campaña en las redes sociales para poder conseguir las medicinas necesarias para su tratamiento. La gran escasez de medicamentos y material quirúrgico en Venezuela es una consecuencia directa de un default de US$ 3.500 millones del gobierno con importadores de farmacéuticos.

Algo similar ocurre en el resto de la economía. Los retrasos con importadoras de alimentos alcanzan ya US$ 4.200 millones, lo que ha producido una grave escasez en productos de la canasta básica. En el sector automotriz, el incumplimiento supera los US$ 3.000 millones, lo que ha resultado en el colapso del transporte por falta de repuestos. A las aerolíneas se les deben otros US$ 3.700 millones, lo que ha llevado a varias a suspender sus vuelos y redujo la oferta de cupos en 50%.

En Venezuela, los importadores deben esperar seis meses luego de que sus productos pasan por la aduana para poder adquirir dólares previamente autorizados. Dado que el gobierno ha optado por incumplir estas obligaciones, muchos importadores han venido acumulando una abundante cantidad de moneda local. Durante un tiempo, la falta de acceso a divisas fue compensada con préstamos de proveedores extranjeros y casas matrices, pero las deudas acumuladas y las pérdidas debido a las sucesivas devaluaciones han acabado con su paciencia y cerrado el crédito.

La lista de default es interminable. Venezuela está también en mora con los proveedores, contratistas y socios en joint-ventures de Pdvsa, con lo cual las exportaciones de petróleo han caído 45% en relación con 1997, y su producción apenas roza la mitad de lo que el plan de 2005 había previsto para 2012.

Más aún, el Banco Central de Venezuela también ha incumplido con su obligación de mantener estabilidad de precios, habiendo casi cuadruplicado el dinero en circulación en 24 meses, lo que ha hecho que el bolívar pierda 90% de su valor en el mercado negro y que la tasa de inflación sea la más alta del mundo. Para colmo de males, el Banco Central también ha incumplido con su obligación de publicar la inflación y otras estadísticas esenciales.

Venezuela funciona con cuatro tipos de cambio, donde el más fuerte está 13 veces por encima del más débil. Así las cosas, no ha de sorprender que el arbitraje cambiario sea el negocio más rentable en el país, lo que ha impulsado la corrupción venezolana a las posiciones más altas del ranking mundial.

Todo este caos es consecuencia de un déficit fiscal colosal que ha sido cubierto a través de creación de dinero, represión financiera, endeudamiento y default, aún a pesar de la bonanza petrolera que se deriva de un precio del barril de US$ 100. El gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de atacar las causas del problema, ha decidido complementar los controles cambiarios y de precios con el cierre de las fronteras y la colocación de lectores de huellas dactilares de los compradores, supuestamente para evitar el “acaparamiento”. Esto constituye una violación a las libertades más básicas de los venezolanos que no se observa en Bolivia, Ecuador y Nicaragua; tres países que presumen de una ideología similar pero mantienen un único tipo de cambio y una tasa de inflación de un dígito.

¿“Debería” Venezuela hacer default? Si las autoridades adoptaran políticas con sentido común y buscaran el apoyo del Fondo Monetario Internacional y otros prestamistas multilaterales, como lo suele hacer la mayoría de países en problemas, se le aconsejaría renegociar la deuda externa. De esa forma, el peso del ajuste se compartiría con otros acreedores, como ya ha ocurrido en Grecia, y la economía ganaría tiempo para recuperarse, particularmente en la medida que empiecen a madurar nuevas inversiones en las reservas petroleras más grandes del mundo. Los tenedores de bonos harían bien reemplazando sus papeles actuales por instrumentos de más largo plazo que se beneficiarían de la recuperación económica.

Nada de esto va a suceder bajo el mandato de Maduro, quien carece de la capacidad, capital político y voluntad para moverse en esa dirección. Pero el hecho de que su gobierno haya decidido incumplirle a los 30 millones de venezolanos para pagarle religiosamente a Wall Street no debe ser interpretado como una señal de rectitud moral. Es más bien una muestra de su decadencia moral.

Ricardo Hausmann, ex Ministro de Planificación de Venezuela y ex Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor de economía en la Universidad de Harvard, donde también es Director del Centro para el Desarrollo Internacional.

Miguel Angel Santos es investigador senior en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.