Autor: Domingo Cavallo

Hoy hay inflación reprimida. Esto significa que los precios de muchos bienes y servicios están artificialmente fijados a un nivel en el que no se igualan la oferta y la demanda. En otros términos, con los precios fijados por intervención del Estado en los mercados, la demanda de esos bienes y servicios excede largamente a la oferta.

Cuando Cristina Kirchner quiso argumentar que la inflación no era alta porque el precio de la carne, la leche, el gas natural, el gasoil y la electricidad, entre muchos otros, son más bajos en nuestro país que en Uruguay, Brasil y Chile, en realidad estaba diciendo que en la Argentina hay mucha inflación reprimida. Sólo así se pueden explicar diferencias de precios en países vecinos y económicamente muy integrados.

La inflación reprimida, paradójicamente, termina provocando tasas más altas y erráticas de inflación abierta, porque alienta expectativas inflacionarias muy difíciles de revertir por el gobierno. Esta “inercia inflacionaria” —como se denomina a este fenómeno en la literatura especializada— se produce porque la gente sabe que necesariamente, en algún momento, el Estado deberá autorizar aumentos de los precios de los bienes y servicios controlados. Y cuando lo hace en forma parcial e insuficiente sólo consigue confirmar las sospechas de la población, con lo que ésta espera más ajustes en el futuro y acomoda sus expectativas inflacionarias hacia arriba.

Hay otra razón por la que la inflación reprimida retroalimenta la inflación. A medida que el Estado impide que los precios controlados suban, la gente tiene mayor ingreso disponible para gastar en los bienes y servicios cuyos precios no están controlados.

Utilizaré, para ejemplificar, el caso de la electricidad y los electrodomésticos. Si la gente gasta menos en electricidad, porque el gobierno obliga a las empresas eléctricas a proveerla por debajo del verdadero costo económico, tendrá más ingresos disponibles para comprar, por ejemplo, electrodomésticos que consumen electricidad. La demanda de electrodomésticos aumenta más que lo que habría aumentado si no se controlaban las tarifas eléctricas.

El precio de los electrodomésticos, que no está controlado, aumenta más de lo que debería hacerlo si la oferta de electrodomésticos no crece tan rápido como la demanda. También se incrementa la cantidad de electrodomésticos que consumen electricidad, porque la gente consigue comprar más. Cualquiera sea la combinación de estas dos consecuencias, el desequilibrio inicial entre la oferta y la demanda de electricidad aumenta. Y la brecha entre los precios controlados (electricidad, por ejemplo) y los no controlados (electrodomésticos, en este caso) se amplía.

El caso de la electricidad y los electrodomésticos es sólo uno de miles de ejemplos similares que se podrían mencionar. El resultado es que puede llegar a ocurrir que aun cuando se intente disminuirla en forma gradual, permitiendo el aumento insuficiente de los precios controlados, la inflación reprimida siga ¡aumentando!

Por consiguiente, en algún momento se debe eliminar rápido la inflación reprimida. Ése es el momento de los “tarifazos”, que eran tan comunes en las décadas del 70 y del 80. La decisión de dar el tarifazo puede ser del gobierno, o, si éste mantiene las distorsiones por largo tiempo, puede resultar de lo que muchos políticos argentinos han denominado “golpes de mercado”.

Los golpes de mercado no ocurren por impulso político de grupos económicos opositores, sino por la falta absoluta de realismo del gobierno que trata de perpetuar, sin éxito, el estado de inflación reprimida.

Para luchar eficazmente contra la inflación, el gobierno debe establecer una “regla monetaria”. Esto significa ratificar que el Banco Central de la República tiene un compromiso prioritario e ineludible con la estabilidad del nivel general de precios de la economía, tal como lo establece su carta orgánica.

Hay tres reglas monetarias factibles de ser utilizadas: 1) fijar el tipo de cambio en relación con una o más monedas extranjeras; 2) fijar un ritmo de crecimiento preestablecido para la cantidad de dinero en circulación, medida a través de algún concepto claro de “dinero”; o, 3) manejar la tasa de interés a la que presta o toma prestado el Banco Central, o algún otro indicador intermedio del grado de “dureza” de la política monetaria.

Las tres requieren que el Peso, nuestra moneda, sea “convertible”, en el sentido de que deben removerse las restricciones a la entrada y la salida de capitales y la libre compra y venta de monedas extranjeras.

Si el Peso no es convertible, cualquiera de las tres reglas monetarias, aplicadas en un contexto en el que inicialmente la expectativa de inflación será mucho más elevada que la que se fije como meta, puede llevar a que aparezca un mercado paralelo de monedas extranjeras, que provocará más confusión y exacerbará las expectativas.

En una situación como la que hoy está viviendo la Argentina, la típica recomendación “monetarista” de controlar la cantidad de dinero a un ritmo predeterminado, como lo señala la segunda de las reglas monetarias posibles, no resultaría efectiva, porque ante expectativas descontroladas de inflación como las que se derivan de la existencia de inflación reprimida, ausencia de reglas y las mentiras del INDEC, la velocidad de circulación del dinero puede resultar muy volátil, incluso aumentar hasta límites insospechados y frustrar el efecto inflacionario del control de la cantidad de dinero en circulación.

Por consiguiente, habrá que elegir entre la primera y la tercera reglas monetarias: tipo de cambio fijo o “metas de inflación”, como se denomina en la literatura técnica a la regla 3.

La regla 3, en un sentido estricto, requiere que esté muy bien organizado el mercado de compra y venta de letras del Tesoro y la participación del Banco Central, algo que aún no existe, porque desde 2002 este banco emite su propia deuda pero no interviene en el mercado de títulos emitidos por el Tesoro.
Será necesario integrar estos dos mercados e ir reemplazando la deuda del Banco Central por deuda del Tesoro. Mientras esto ocurre y no se disponga de una tasa de interés de corto plazo susceptible de ser utilizada como indicador intermedio de la política monetaria, será necesario utilizar al tipo de cambio nominal, es decir, al precio del Dólar y las demás monedas extranjeras, como indicador de la política monetaria.

En la práctica, un manejo semejante significará combinar las reglas 1 y 3, para converger, cuando funcione bien el mercado de letras del Tesoro, en una aplicación estricta y exclusiva de la regla denominada “metas de inflación”.
Hasta aquí, la lucha contra la inflación parece una operación de política monetaria. Pero, lamentablemente, no es tan sencillo. Para tener éxito, es decir, para que se logre el objetivo de reinstalar un clima duradero de estabilidad de precios que permita a todos los argentinos prosperar, sin las incertidumbres y las angustias del presente, el gobierno tendrá que enmarcar esta política monetaria del Banco Central en una reforma mucho más completa de las reglas de juego de nuestra economía. A esto me voy a referir en los próximos apartados.

Todo lo que podría comentar sobre las decisiones y acciones del gobierno de Mauricio Macri, que a diferencia del de Cristina Kirchner está integrado por funcionarios honestos, racionales y bien preparados, ya lo escribí en varios libros publicados en los últimos años, en particular en ¨Estanflación¨ (Sudamericana, 2008) y en ¨Camino a la Estabilidad¨ (Sudamericana, 2014).

Como estoy muy ocupado preparando un libro con experiencias argentinas relevantes para las crisis de otros paises, tales como los del sur de Europa, Venezuela, Ecuador, Rusia y las naciones de la Ex Unión Soviética, que me encargó una editorial del exterior, no he tenido tiempo de mantener actualizado mi blog.

Por ambas razones se me ocurrió reproducir en sucesivos posts, algunas páginas de mi libro ¨Camino a la Estabilidad¨ que son relevantes para entender lo que está pasando en materia de inflación. Se trata del capítulo titulado ¨La lucha exitosa contra la inflación¨.

Hoy publico la introdución del capítulo y en sucesivos posts agregaré todos los títulos que le siguen.

Anunciar una regla monetaria; Eliminar rápidamente la inflación reprimida; Se necesita credibilidad y convicción; Además se necesita crédito; Crisis de la deuda por ceguera ideológica; La estrategia inteligente de un nuevo gobierno.

Un gobierno responsable, que quiera crear bases sustentables de prosperidad, debería proponerse luchar contra la inflación, pero no sólo para evitar que se torne explosiva sino para asegurar que, hacia el futuro, la economía argentina no tenga inflación más alta que la que sufre la economía global.

Cualquier inflación crónica y significativamente superior a la del resto de los países se constituirá, inexorablemente, en un freno al desarrollo sustentable de nuestra economía y acentuará la redistribución regresiva del ingreso y la riqueza. Cada vez habrá menos ahorro interno y externo dispuesto a financiar la inversión productiva. Y lo poco que se invierta no servirá para producir fuertes aumentos de productividad, porque no será el resultado de evaluaciones cuidadosas de empresarios con buena información sobre las tendencias de la demanda y de las tecnologías más avanzadas, sino producto de decisiones políticas del gobierno y de los empresarios, enredados en negociaciones oscuras, plagadas de corrupción.

Como ya lo expliqué extensamente en el capítulo anterior, la inflación hace que cualquier economía, y mucho más una que tenga grandes defectos de organización iniciales, se desorganice cada vez más hasta transformarse en una economía sin reglas, en la que impera la ley de la selva y el sálvese quien pueda.
Los ideólogos del tipo de manejo de la economía que se inició en 2002, nucleados alrededor de las ideas del denominado Plan Fénix, se conforman con encontrar maneras de evitar la hiperinflación. Por eso ponen énfasis en la necesidad del equilibrio presupuestario o, como ellos prefieren llamarlo, el “superávit fiscal primario”.

Se refieren a la inflación como si no fuera un problema grave y como si sólo creara el inconveniente de la “pérdida de competitividad por atraso cambiario”. Creen que admitiendo un poco más de inflación se puede evitar el “atraso cambiario” y mantener la economía en un ritmo de crecimiento acelerado.
Ésa era, precisamente, la interpretación de los economistas que asesoraron a los dirigentes políticos de las décadas del 70 y del 80. Por eso caímos en hiperinflación, luego de sufrir varios episodios de estanflación. Todo con un enorme costo económico y social para las familias argentinas, especialmente para las más pobres.

Lo primero que deberá proponerse el gobierno actual o un futuro gobierno que quiera sacar con éxito a la Argentina de la situación de angustia y desesperanza en la que se encuentra es una lucha frontal contra la inflación. Pero su objetivo deberá ser eliminarla de nuestra economía, al menos como fenómeno diferente del que se observa en el resto del mundo.

En lo que resta de este capítulo voy a explicar cómo se puede alcanzar este objetivo. Anticipo, desde ya, que no es tarea sencilla. No es cuestión, simplemente, de aplicar la receta de economistas que entienden del tema. Es una formidable empresa política. Lo era en 2008, cuando redacté este capítulo y lo es aún más en la actualidad, febrero de 2014, cuando el cepo cambiario y la escalada de las expectativas devaluatorias e inflacionarias han agravado mucho el desafío, en comparación al que se enfrentaba seis años atrás. Las complicaciones que se han agregado, serán motivo de discusión en los capítulos que siguen al presente.

Al ex Presidente Carlos Saúl Menem lo condenan por utilizar fondos reservados de la Presidencia para pagar complementos remuneratorios a los funcionarios de su administración. A mí, aparentemente, me condenan por haber cobrado esos complementos entre 1991 y 1993, cosa que hicieron todos los Ministros, Secretarios y subsecretarios y también todos los legisladores nacionales. Eso, a pesar de que yo fui quien en 1991 instruyó a todos los ministros en reunión de Gabinete Nacional a incluir los complementos salariales en las respectivas declaraciones juradas de impuestos, y quien en 1994, conjuntamente con el Ministro Armando Caro Figueroa, convenció el Presidente para que firmara el decreto 838/94 que eliminó el carácter secreto de esos complementos.  La decisión judicial no es solo injusta sino simplemente absurda.

Aún no han dado los fundamentos, pero por lo que leyó el Presidente del Tribunal en oportunidad de dar a conocer la sentencia, el 1 de diciembre, yo habría sido partícipe necesario, igual que el ex Ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, del delito de Peculado (sustracción de fondos públicos por parte de aquel al que le fuera confiada su administración) del que habría sido autor el ex Presidente Menem durante su mandato.

Como además de la condena de prisión, disponen la confiscación de 220.868 pesos, cifra que surge de mis declaraciones de impuestos de los años 1991 a 1993, mi delito habría sido el cobro durante los 34 meses de esos tres años, de 6.500 pesos por mes, procedente de gastos reservados de la Presidencia de la Nación.

En el caso de Granillo Ocampo, quien nunca mencionó haber cobrado sobresueldos en sus declaraciones de impuestos de los años 1991 a 1993, le confiscan 1.350.000 pesos que, según quienes lo acusaron, habría recibido de gastos Reservados de la Presidencia durante los años 1998 y 1999. La cifra revela que en caso de ser cierta la acusación, lo que Granillo Ocampo habría recibido no puede ser considerado complemento salarial. Es muy difícil encontrar la conexión entre el delito del que se me acusa a mi con aquel por el que se lo acusa a Granillo Ocampo, salvo que lo que fue una acusación de pago ilegítimo de sobresueldos se haya transformado en una acusación genérica de pagos ilegítimos con fondos reservados. Si este fuera el caso, no se entiende cómo pueden haber llegado a una conclusión sin haber indagado, por ejemplo, al Secretario de la SIDE y a los demás Ministros que manejaron gastos reservados.

En mi caso, es bien sabido que hay alrededor de 40 funcionarios, entre ex Ministros, ex Secretarios, ex Subsecretarios y algunos asesores, que también declararon ante la Dirección General Impositiva, haber cobrado durante los años 1991 a 1993, cifras parecidas a las que me condenan a devolver. Y es también bien sabido, porque ha estado en la prensa desde el ano 1993 en adelante, que todos los ex Ministros, ex Secretarios y ex Subsecretarios, así como todos los demás  funcionarios públicos de jerarquía equivalente que estuvieron en funciones entre 1991 y 1993, y los diputados nacionales cobraron complementos salariales procedentes de gastos reservados, aún cuando no aparezca la expresión «Ley Secreta 18302» en sus declaraciones de impuestos.

Yo dediqué varias horas, durante el juicio, a explicar en indagatoria, lo que ocurrió en materia de pagos de complementos salariales con Gastos Reservados de la Presidencia hasta que por iniciativa mía y del ex Ministro Armando Caro Figueroa, el Presidente de la Nación dictó el decreto 838/94 por el que se dispuso que se siguieran pagando los mismos complementos con partidas no reservadas de cada Ministerio.

Por lo que surge de lo hasta ahora conocido de la sentencia, como no me reclaman la devolución de los 201.500 pesos  (6.500 durante 31 meses de 1994 a julio de 1996) que declaré como procedentes del decreto 838/94, el Tribunal considera que lo dispuesto por ese decreto no fue un acto delictivo. Quienes estén interesados en mi explicación, he incorporado a este blog el texto y el video de mi declaración indagatoria del 15 de marzo de 2015 y también el video de la sesión en la que respondí las preguntas de los fiscales, de la querella y del Tribunal.

El pago de complementos salariales con gastos reservados de la Presidencia fue una práctica que viene de muy lejos. Se explica porque en las épocas de alta inflación, cuando los aumentos salariales que se disponían eran por sumas fijas, se achataron las escalas salariales del sector público y los sucesivos Presidentes prefirieron pagar complementos con partidas reservadas en lugar de ajustar las escalas de manera explícita. Sin duda, se trataba de una de las tantas prácticas presupuestarias defectuosas y no transparentes que existieron hasta la sanción de la ley de Administración Financiera que mi Ministerio propuso y logró aprobar en 1992. Pero fue precisamente mi labor como Ministro de Economía y la de Armando Caro Figueroa como Ministro de Trabajo que terminó definitivamente con esta práctica. En mi caso, lo hice apoyando el decreto de 1991 que elevó a 6 mil pesos la remuneración explícita de los Directores Nacionales que cumplían funciones ejecutivas y que, en un número aproximado de 500, venían recibiendo también, hasta ese momento, complementos salariales  procedentes de gastos reservados. En 1992, apenas Menem me dio la atribución necesaria, dispuse aumentar hasta 7 mil pesos la remuneración total de los miembros de directorios de empresas, bancos oficiales y organismos descentralizados, terminando, para alrededor de otros 400 funcionarios, la práctica de que cobraran complementos salariales por gastos reservados. Y en 1994, cuando Armando Caro Figueroa me acompañó en mi empeño por sancionar el decreto 838/94, terminamos con el sistema al disponer que los alrededor de 200 funcionarios que seguían cobrando complementos salariales con gastos reservados, dejaran de recibirlos por esa vía y lo hicieran desde partidas transparentes del presupuesto de cada jurisdicción.

Fui yo quien en 1991 instruyó a todos los ministros en reunión de Gabinete Nacional a incluir los complementos salariales en las respectivas declaraciones juradas de impuestos según una fórmula que incluía la mención de la Ley Secreta 18302, tal como me lo recomendó el entonces Secretario de Ingresos Públicos, Dr Carlos Tachi, quien había consultado al Procurador del Tesoro, al Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y al Asesor Letrado de la Secretaria de Informaciones del Estado. Por esta razón, muchos funcionarios declararon los complementos salariales utilizando la fórmula sugerida por el Dr. Tachi. El resto, muy probablemente también los declaró, pero sin mencionar a la mencionada ley. Es asombroso que en la etapa de instrucción se haya procesado precisamente a los funcionarios que declararon  haber recibido esos complementos salariales, aún cuando el entonces jefe de la Oficina de Anti-corrupción, también había sido Subsecretario en el Ministerio del Interior y cobrado esos complementos en los años 1991 a 1993.

Es la primera vez en la que quien corrige una práctica presupuestaria defectuosa y lucha por la transparencia, prestándose sin restricciones a los requerimientos del Congreso Nacional y de los periodistas, es condenado por un supuesto delito de corrupción. ¿Donde está el dolo de mi actuación? Si yo hubiera estado cometiendo un delito ¿piensan los señores jueces que soy tan estúpido como para luchar por que se conociera lo que estaba ocurriendo?.

Sobre este tema he respondido a muchos requerimientos periodísticos y escrito varios posts. Para quienes tengan tiempo y paciencia los invito a releer las notas tituladas «No se investiga la verdadera corrupción» y «Me demonizaron los medios de comunicación» y los posts «La corrupción que no se investiga» y «Siembran confusión para cosechar impunidad«. Espero que la presunción de que los Tribunales Orales y de la Cámara de Casación Penal que hice en el post «Mi procesamiento en la causa de los sobresueldos» termine siendo correcta. Al menos uno de los jueces del tribunal Oral votó en disidencia y la condena no es definitiva y puede ser revisada por la Casación, a la que apelaremos apenas sean dados los fundamentos de la sentencia.

Todos los esfuerzos que me demandaron desde 1995 las persecuciones de los fiscales y jueces de instrucción fueron y siguen siendo un agobio muy grande. Me duele mucho el daño que le causan a mi familia, pero yo los soporto y seguiré soportando mientras tenga fuerza y razón porque la lucha por la verdad y la justicia han acompañado siempre mi empeño en trabajar por el bienestar de los Argentinos. Habré cometido muchos errores, pero nunca delinquí. Si no lo reconoce así la justicia terrenal, confío  en que si lo hará la Justicia Divina.

Agradezco a través de este post las expresiones de solidaridad, pero debo reconocer que estoy sorprendido por las escasas muestras de apoyo que recibí. Obviamente, muchos de quienes fueron mis colegas y saben cuál es la verdad prefieren mantenerse en el anonimato y no arriesgar a escribir un e-mail, enviar un mensaje de texto o hacer una llamada a mis teléfonos.

Mas importante aún, me preocupa el mensaje que la Justicia envía a las personas honestas que deseen ingresar a un gobierno futuro e intenten bregar por la transparencia y la honestidad en las finanzas publicas.  Los que dicen la verdad y declaran sus ingresos, son condenados. Los que mienten y ocultan su patrimonio, aun de la forma mas burda e hipócrita, gozan de impunidad.