Selecciono mucho los programas radiales en los que acepto entrevistas y lo hago sólo cuando tengo algo importante que decir. En esta oportunidad pude explayarme con Martín Pittón, en el programa Contrapunto de Radio Cultura, sobre el tema de mi post anterior y, de paso, responder una consulta de un oyente sobre lo que está pasando en la aduana. Este es el link.
Autor: Domingo Cavallo
El gobierno puede transformar al fallo de la Corte Suprema en una oportunidad para recrear reglas de mercado y regulación eficiente
El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aumento de los precios y tarifas del gas, si bien obstaculiza un pronto realineamiento de precios relativos y demora la reducción de los subsidios que pesan sobre el déficit fiscal, puede ser transformado en una oportunidad para volver a reglas de juego que permitan que el realineamiento de precios y tarifas de la energía sea sostenible en el tiempo y conduzca a las inversiones eficientes, capaces de eliminar el déficit energético acumulado durante los últimos 14 años.
Sólo la obsesión por oscurecer los importantes logros de la década de los noventa está llevando a especialistas que conocen bien el tema a no decir, con todas las letras, que hay que volver a las reglas que en materia de petróleo, gas y electricidad permitieron, a partir de 1992, superar una enorme crisis energética, incrementar la producción y las reservas y transformarnos en exportadores de energía.
Los inversores encontraban oportunidades rentables de generación eléctrica, transporte y distribución de electricidad, exploración y producción de gas, de petróleo y de transporte y distribución de los hidrocarburos. Al mismo tiempo, los precios mayoristas y minoristas de la electricidad descendían y el precio local del gas era sustancialmente inferior al internacional y el del petróleo ligeramente inferior, porque al ser exportadores se fijaba FOB de exportación y no CIF de importación.
El mercado eléctrico mayorista funcionaba como un mercado competitivo y el Gobierno no intervenía en la determinación de los precios. Las concesiones para transporte y distribución de electricidad establecían reglas claras para la determinación de las tarifas, previas audiencias públicas y con revisiones integrales cada cinco años y las empresas concesionarias tenían que cumplir con reglas estrictas de calidad del servicio. Entre los generadores, distribuidores y grandes consumidores se podían hacer contratos de largo plazo y esos precios, muchos más estables que los precios en el mercado spot, se tenían en cuenta para determinar el precio al consumidor final que resultaba del precio pagado por la generación más las tarifas de transporte y distribución sujetas a regulación.
La organización del mercado mayorista del gas era semejante. Los productores podían vender el gas en mercados spots o firmar contratos a mediano y largo plazo con grandes usuarios (empresas distribuidoras, generadoras eléctricas y empresas gas-intensivas). Se pasó de un precio de transferencia de alrededor de 1 dólar por millón de BTU a un precio diferenciado por cuenta de entre 0.80 y 1.20, con pocas fluctuaciones y siempre por debajo del precio externo porque las limitaciones y los costos de transporte al exterior recortaban el precio FOB de exportación. Los grandes consumidores pagaban además el costo de transporte por gasoductos de acceso abierto según la tarifa regulada por el órgano de control. En el caso del gas domiciliario, las empresas distribuidoras cobraban además del precio mayorista (que surgía del precio spot y de los contratos de largo plazo, debidamente ponderados) y los costos de transporte, el cargo por distribución que también estaba regulado por ENARGAS. El precio al consumidor final era diferente según la localización del consumo, pero nunca superó los 1.60 dólares por millón de BTU.
El mercado del petróleo y sus derivados se organizó a partir de 1991 como un mercado con libre comercio interno y externo, sin ningún tipo de arancel ni intervención administrativa del Estado. El precio del crudo no podía alejarse del precio CIF de importación porque si ello ocurría, los destiladores no integrados podían abastecerse del exterior. En realidad, todo el abastecimiento era interno, porque el precio del crudo resultó levemente inferior al externo por pasar a ser exportadores netos de crudo. Los precios de los derivados tampoco se alejaron mucho de los internacionales, porque en caso de hacerlo iban a competir con importaciones. De hecho, como se exportaba nafta y se importaba gasoil, los precios de ambos derivados estaban también en línea con los internacionales. Los impuestos internos hicieron que, comparados con los de Estados Unidos, fueran más altos aquí. Pero no exageradamente más altos. En el caso particular del gasoil, hasta fines de 1996, para favorecer al agro y a los transportes, no se aplicó impuesto interno alguno. A mediados de los 90, el litro de gasoil costaba 22 centavos de dólares. Luego se le impuso un impuesto interno, y, aún así, su precio no superó los 35 centavos por litro.
Hoy se habla sólo de los últimos 10 o, a lo sumo, 12 años de políticas kirchneristas como responsables de la destrucción de estas buenas reglas de juego de los 90s.
Pero la destrucción de esas reglas de juego se produjo, en un sólo acto, a principios de 2002, cuando el Gobierno de Duhalde dispuso la pesificación compulsiva de la economía. Fue esta decisión la que produjo la devaluación más grande e innecesaria de la historia, llevando el precio de dólar de 1 peso a casi 4 pesos en septiembre de 2002. Mientras los precios de algunas exportaciones (con excepción de aquellas a las que se les comenzaron a aplicar retenciones) y de las importaciones se multiplicaron por 4, los precios de la energía se mantuvieron congelados en pesos. Mientras los generadores de energía, los productores de gas, los transportadores y distribuidores de electricidad y gas perdían todo su capital, los exportadores energía-intensivos incrementaban sus ganancias por múltiplos increíbles. Una inequidad sólo comparable con la de haber licuado, al mismo tiempo, miles de millones de dólares de grandes deudores a costa de haberle sacado entre el 50 y el 75 % de sus ahorros a quienes habían depositado dólares en el sistema bancario.
Duhalde y sus colaboradores, no sólo produjeron esta aberrante alteración de precios relativos sino que suspendieron las concesiones, haciendo inefectivas tanto las obligaciones como los derechos que los contratos daban a los concesionarios de servicios públicos. Esos contratos fueron pesadamente renegociados en 2006, luego que los inversores originales que habían contribuido eficientemente al desarrollo del sector en los 90s se habían ido del país espantados por la arbitrariedad y cuando los inversores argentinos estuvieron dispuestos a aceptar la irracional estatización de la inversión que los kirchneristas iban a utilizar como uno más de los increíbles mecanismos de corrupción que caracterizaron a los últimos 12 años. Los multimillonarios subsidios a la inversión y a la operación de las empresas energéticas no permitieron que la producción y las reservas crecieran, sino que terminaron en los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos, que sobrefacturaron inversiones ineficientes, o indujeron a los consumidores a un uso irracional de la energía, como siempre ocurre, cuando un bien o servicio se regala.
Nada de lo que decidieron e hicieron los Kirchner hubiera sido posible de no haberse destruido, a partir de 2002, toda la base contractual de la economía y, de una manera particularmente perversa, la del sector energético. En esta materia se puede hacer un parangón con la experiencia de Venezuela y de Ecuador en materia de inflación y desequilibrios macroeconómicos. Los gobiernos de Chávez y Maduro no hubieran podido desorganizar la economía venezolana como lo han hecho de no haber contado con un sistema monetario alimentador de inflación. La comparación con el Ecuador de Correa es muy ilustrativa. A pesar de tener el mismo pensamiento que Chávez, Correa se vio obligado a ser mucho más prudente en materia monetaria y fiscal que su vecino, porque la dolarización de su economía le impidió llevar los desmanejos a los extremos venezolanos. Si Duhalde no hubiera destruído el orden monetario y las reglas de juego de los años 90 entonces Kirchner, aún con sus muy malas ideas e intenciones, no hubiera podido destruir al sector energético como lo hizo.
Hago estas reflexiones porque he seguido las exposiciones de muchos de los analistas, opinólogos y supuestos expertos, pero he encontrado muy pocas explicaciones suficientemente completas y realistas de lo ocurrido como para servir de base a decisiones inteligentes del Gobierno de Macri en materia energética. En un extremo están las absolutamente equivocadas de Aldo Pignanelli, que rayan en lo absurdo. Aldo Pignanelli parece hablar en nombre del Lavagnismo y del Duhaldismo. En el otro extremo están las acertadas, claras e inteligentes de Fernando Iglesias, que tienen el sólo defecto de identificar todos los problemas con el Peronismo, lo que lo lleva a esconder que el orden de los años 90, que él por comparación termina elogiando, fue también creado por un gobierno peronista.
En el medio, cada uno acomoda su versión de los hechos, al período en el que estuvo alejado de los Kirchner, desconociendo los errores que se acumularon durante los períodos en los que ellos apoyaron, primero a Duhalde y luego a Kirchner; y de los que conocen bien las virtudes de muchas de las reformas de los 90s, son muy pocos los que se atreven a enumerarlas y sugerirlas como base para el diseño de buenas soluciones. Temen que el ensañamiento de todas las personas, especialmente los periodistas que cayeron en la trampa de la demonización de lo que ellos llaman el ¨neoliberalismo¨, los ataquen también a ellos. El resultado es que el gobierno de Macri encuentra dificultades para salir del intervencionismo irracional del Kirchnerismo y establecer claras reglas de juego de mercado y de regulación eficiente.
El gobierno cuenta con expertos que pueden ayudarlo a reorganizar de inmediato los mercados mayoristas y mantener subsidios a las familias por sus consumos de electricidad y gas que se justifiquen por razones de equidad; incluso es posible avanzar gradualmente en el ajuste de las tarifas residenciales de electricidad y gas sin poner obstáculos a que los generadores y productores obtengan en los respectivos mercados mayoristas los ingresos, con suficiente previsibilidad en el tiempo, que le permitan expandir sus inversiones y producción. Ojalá el complejo de querer diferenciarse de los 90s no lleve al Presidente Macri y a sus ministros a persistir en el error de operar con el cuchillo de carnicero Kirchnerista en lugar de utilizar el bisturí eficiente de los 90s.
Tanto la tasa de inflación como la tasa de interés están bajando. Buena noticia.
El Gobierno debe perseverar en la eliminación de los desajustes de precios
Es imposible estabilizar si antes no se normaliza el funcionamiento de los mercados eliminando, simultáneamente, subsidios e impuestos distorsivos y regulaciones anti-productivas.
Los macro-economistas muchas veces no prestan suficiente atención a esta cuestión. Está ocurriendo en la actualidad cuando se trata de comparar el desafío de estabilización que enfrenta el gobierno de Macri con el que enfrentó el gobierno de Patricio Aylwin en Chile en 1990. Se argumenta que, así como Chile, con adecuadas políticas macroeconómicas pudo bajar gradualmente la inflación del 26% en 1990 a menos del 10 % en 1995 y a menos del 5% en 1999, en Argentina será factible bajar la inflación con políticas semejantes a las aplicadas allá, sin necesidad de apelar a reformas más integrales como las que acompañaron, por ejemplo, al Plan de Convertibilidad de 1991.
El desafío que enfrenta el gobierno de Macri es mucho más complejo que el que enfrentó en Chile el gobierno de Aylwin. Chile funcionaba en 1990 como una economía normal, con mercados libres no distorsionados ni por subsidios, ni por impuestos y mucho menos por regulaciones anti-productivas y trabas al comercio exterior. Tampoco tenía Chile los problemas fiscales que enfrenta hoy Argentina. Además, gozaba de buen crédito interno y externo porque había evitado el default de su deuda. Se trataba de una economía que nunca se había dolarizado, porque habían evitado las tasas reales de interés fuertemente negativas y, por consiguiente, la gente utilizaba la moneda local tanto para sus transacciones como para sus ahorros sin preocuparse por protegerse con dólares.
La situación de Argentina en 2016 es muy diferente a la chilena de 1990. La economía funcionó hasta 2015 como una economía reprimida y desequilibrada, no muy diferente a la que dejaron como herencia los gobiernos peronistas en 1955 y 1976 o los que heredaron los gobiernos de Frondizi en 1958, de Alfonsín en 1983 y de Menem en 1989. En todos los casos mencionados, fue necesario pasar por un período de normalización económica antes de poner en marcha un plan creíble de estabilización. Y ese período de normalización o ¨sinceramiento¨ de la economía, siempre fue política y socialmente penoso.
Recién ahora el gobierno de Macri parece estar tomando conciencia de lo costoso que será la normalización de la economía. Seguramente, sus asesores políticos que no entienden nada de economía, deben estar buscando chivos expiatorios sin advertir que, lo hicieran como lo hicieran, iba a doler mucho.
El Banco Central está haciendo una tarea eficaz para reducir la inflación que se refleja en los precios de mercado. Pero con los desequilibrios heredados esa tarea no es suficiente.
Todo el esfuerzo del gobierno debería concentrarse, en estos momentos, en la difícil tarea de remover subsidios e impuestos distorsivos, eliminar regulaciones anti-productivas, remover obstáculos al comercio exterior y a las inversiones, eliminar de los gastos del Estado, tanto los engrosados por la corrupción como los que resultan de las ineficiencias y despilfarros que se dan en todos los niveles de gobierno. Esto requiere no sólo adoptar las decisiones correctas sino explicarlas a la población, mostrando, al mismo tiempo, que se redoblan los esfuerzos para atenuar el sufrimiento de los más pobres y que se les exige, a quienes tienen gran poder económico y gozan de altos niveles de riqueza, que dejen de reclamar privilegios ni evadan impuestos y responsabilidades.
Es un desafío titánico, pero nada se conseguirá por demorar en el tiempo las decisiones más difíciles. Cuanto antes la economía se haya normalizado, más rápido la gente comenzará a tener buenas expectativas.