Autor: Domingo Cavallo

Revisando los archivos guardados en mi computadora, encontré este artículo que había escrito para La Nación en abril de 2016, pero que nunca fue publicado. Me parece útil subirlo al blog para que lo lean quienes confiaron en el gobierno del Presidente Macri y, en algunas oportunidades, consideraron inapropiadas algunas de mis críticas. Además ejemplifica, cómo se puede utilizar la historia para evaluar las políticas que se anuncian para el futuro.

Lo que la Historia Económica nos dice sobre las políticas económicas de Macri

                                                Domingo Cavallo, abril de 2016, para La Nación

Basándome en el libro que hemos escrito recientemente con mi hija Sonia Cavallo-Runde, titulado Historia Económica de Argentina, trataré de resumir qué es lo que la historia tiene para decirnos sobre la estrategia y las políticas que el gobierno de Macri está aplicando para sacar al país de la situación crítica en la que había quedado luego de 12 años de gobierno de los Kirchner.

En una apretada síntesis, el gobierno de Macri está tratando de:

1. Volver a integrar la economía argentina a la economía global luego de 14 años de virtual aislacionismo político, comercial y financiero.
2. Derrotar a la inflación y conquistar la estabilidad de precios luego de 14 años en los que la inflación promedió un 25 % anual y llegó a ser del orden del 40% anual a pesar de haber estado en un promedio del 2% anual en los 10 años precedentes.
3. Recuperar el crecimiento sostenido luego de cinco años de recesiones recurrentes, recuperaciones tímidas y transitorias y virtual estancamiento.
4. Reducir el desempleo, el empleo informal y la pobreza, luego de muchas décadas en las que ninguno de esos objetivos fue alcanzado de una manera sostenible en el tiempo.

Sobre cada una de estas cuestiones la historia económica argentina tiene mucho para decirnos.

Sobre el primer punto, la experiencia comparada de dos períodos analizados en el libro es particularmente instructiva.

Cuando la economía argentina estuvo integrada al mundo tratando de aprovechar las oportunidades ofrecidas por la primera ola de globalización (como entre 1870 y 1914), consiguió estar entre los países con mayor crecimiento mientras que cuando se mantuvo aislada del mundo que volvía a globalizarse (como de 1945 a 1990) fue uno de los países más rezagados.

Macri, en esta materia, ha elegido el rumbo correcto.

Sobre el segundo punto, también es posible comparar experiencias que son muy ilustrativas.

La economía argentina sufrió muchas crisis inflacionarias a lo largo de su historia. Pero los procesos de estabilización con las que se las intentó superar tuvieron muy diferentes resultados dependiendo de si la economía estaba integrada o desintegrada del sistema monetario y financiero predominante en el mundo. Mientras en el mundo funcionó el patrón oro, cada crisis inflacionaria, provocada por excesos fiscales y falta de disciplina monetaria, fue resuelta con un plan de reestructuración ordenada de la deuda pública y un regreso a la disciplina impuesta por el patrón oro. Mientras el mundo funcionó, como lo sigue haciendo ahora, con el patrón dólar, ninguno de los planes de estabilización que se aplicaron luego de crisis inflacionarias que pretendieron bajar la inflación de manera sostenida lo consiguió, salvo cuando se adoptó explícitamente el patrón dólar, como ocurrió durante los años 90 con el plan de convertibilidad. La experiencia de los 90 enseña que para sostener la convertibilidad monetaria y la estabilidad se necesita disciplina fiscal y, cuando aparece una crisis de deuda, seguir el camino de la reestructuración ordenada de la deuda y nunca la de la licuación de pasivos por retorno de la inflación.

En materia monetaria y de lucha contra la inflación la estrategia del Banco Central en lo que va del gobierno de Macri procura manejar al peso como una moneda convertible, pero en lugar de utilizar al dólar como patrón, se maneja con la tasa de interés de las operaciones en pesos de una manera que crea mucha incertidumbre sobre el precio futuro del dólar. Al partir de un muy alto nivel de gasto público y déficit fiscal, esta estrategia monetaria provoca un fuerte déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y un creciente endeudamiento externo que hace que la economía sea muy vulnerable ante posibles interrupciones repentinas en el flujo de capitales. La mejor ilustración de los problemas que pueden sobrevenir los aporta la experiencia de la estabilización post Rodrigazo, entre 1976 y 1980, que terminó en una crisis bancaria interna y de deuda externa que llevó a la completa desestabilización de la economía al cabo de cuatro años de lucha antiinflacionaria basada en una fuerte entrada de capitales atraídos por altas tasas de interés.

Sobre la recuperación del crecimiento y la lucha contra el desempleo, la informalidad y la pobreza, los puntos tercero y cuarto de nuestra enumeración inicial, la experiencia histórica también aporta información relevante, aunque mucho menos concluyente. Sin duda que alentar la inversión eficiente, buscar ganancias de competitividad por aumento de la productividad y eliminación de regulaciones e impuestos distorsivos, introducir competencia y transparencia en la economía, son todos mecanismos que promueven el crecimiento, pero la historia también demuestra que estos incentivos son imposibles de mantener a menos que se los acompañe con una reforma del Estado que concilie la búsqueda de la equidad social con una presión fiscal soportable por el sector privado, algo que, por la herencia recibida, el gobierno de Macri está aún muy lejos de alcanzar.

No somos escépticos, pero si precavidos. Si algo debemos concluir de este ejercicio de tratar de evaluar nuestro presente con la experiencia del pasado, es que el mejor consejo que se le puede dar al gobierno de Macri es acelerar lo más posible las reformas que ha anunciado para dejar de depender cuanto antes del financiamiento externo para una situación fiscal demasiado desequilibrada y poder bregar porque nuestra moneda sea lo más estable posible frente al dólar, sin tener que recurrir a tasas reales de interés exorbitantes.

El aumento del déficit fiscal y la fuerte expansión monetaria provocada por la crisis del coronavirus, complicarán la estabilización futura de la economía. Sin lugar a dudas, un efecto macroeconómico negativo. Pero es inevitable para apoyar a las personas que se quedan sin ingresos y a las empresas que si no son ayudadas entrarían en quiebra, de manera que hay que tratar de que cree el menor número posible de distorsiones microeconómicas adicionales a las que ya existían en la economía.  

La crisis del coronavirus provoca cambios en la oferta y en la demanda de los bienes y servicios. Los cambios por el lado de la oferta ocurren porque el aislamiento social impuesto por el coronavirus afecta a la producción de bienes y servicios. Los cambios en la demanda de esos mismos bienes y servicios se originan en la disminución de los ingresos familiares y en la caída de los mercados de exportación afectados por la crisis del comercio internacional. Estos cambios provocan, inevitablemente, alteraciones en los precios relativos. Tratar de evitar esos cambios con controles administrativos sólo llevará a ennegrecer la economía y demorar o incluso, impedir, el ajuste entre la oferta y la demanda, provocando desabastecimiento y cuellos de botella productivos.

Lamentablemente el apego al intervencionismo de muchos economistas y políticos, apoyados muchas veces por los empresarios y sindicalistas acostumbrados a conseguir, mediante presiones políticas o corrupción, tratamientos especiales, está llevando a que la política económica agregue a los  inevitables desajustes macroeconómicos, distorsiones al conjunto de precios relativos que serían evitables si no existiera un apego ideológico a las intervenciones del estado en mercados con competencia y transparencia.

Intervenciones ineficaces en el mercado cambiario

El mercado monetario no es sólo el de los pesos sino también el de los dólares, porque nuestra economía es, inescapablemente, bi-monetaria. La moneda tiene que servir para darle la máxima seguridad y transparencia posible a las transacciones comerciales y financieras, con un mínimo costo transaccional. Las transacciones comerciales son las que se realizan entre oferentes y demandantes de bienes y servicios. Las transacciones financieras son las que se originan en el deseo de los ahorristas de proteger sus ahorros y en la necesidad de familias, empresas y gobiernos de acceder al financiamiento que requieren sus actividades.

Para que en una economía bimonetaria el mercado monetario funcione eficientemente y preste los servicios con el mínimo costo transaccional, se requiere que exista libre convertibilidad entre las monedas, es decir, que con pesos se puedan comprar dólares y con dólares se puedan comprar pesos, sin ningún tipo de restricción. Esto significa que el denominado mercado cambiario sea totalmente libre y sin restricciones para compradores y vendedores de bienes y servicios y para ahorristas y tomadores de crédito, es decir, para todos los que demandan servicios monetarios.

Los controles de cambio, que obligan a exportadores e inversores que traen sus capitales del exterior a vender sus dólares en el mercado controlado a un tipo de cambio inferior al que se establecería en un mercado libre, es, de por sí, una fuente de muchas distorsiones. Desalientan las exportaciones y crean oportunidades para su subfacturación. Al mismo tiempo alientan exageradamente las importaciones y crean oportunidades para su sobrefacturación. En definitiva, alimentan el contrabando y el ennegrecimiento de la economía.

En la actual coyuntura y teniendo en cuenta que la introducción de los controles de cambio fue decidida por el gobierno anterior para evitar la aceleración inflacionaria en un contexto de gran incertidumbre económica y política, no es recomendable eliminar de cuajo los controles de cambio. Pero hay que tener en cuenta que ellos tendrán que ser eliminados en el futuro, si una vez que la economía vuelva a operar sin las limitaciones impuestas por el aislamiento social obligatorio, se quiere avanzar hacia una buena organización de la economía, que permita lograr estabilidad y crecimiento.

Aun manteniendo los controles de cambio para las transacciones comerciales con el exterior, no tiene ninguna justificación que haya controles de cambio para las transacciones financieras, porque lo único que éstas consiguen, es que se acentúe la salida de capitales y aumente al mismo tiempo la economía negra. Es perfectamente posible dejar que se organice un mercado financiero totalmente libre y legal para las transacciones cambiarias que no estén obligadas a cursarse por el mercado controlado.

De hecho, luego de la introducción de los controles de cambio, se organizó inmediatamente el mercado denominado ¨contado con liquidación¨ y el ¨dólar bolsa¨ que permite cierto grado de convertibilidad entre pesos y dólares, pero con altos costos transaccionales y no fácilmente accesible a los ahorristas que prefieren atesorar dólares billete o, en el mejor de los casos, dólares depositados en el sistema bancario.

Preocupado por el aumento de la brecha entre estas formas de dólar libre y el tipo de cambio del mercado controlado, el gobierno ha comenzado a introducir restricciones adicionales, como el denominado ¨parking¨ en las operaciones de contado con liquidación o el aporte de información sobre las transacciones de los grandes operadores a la Comisión Nacional de Valores, claramente destinados a aumentar el costo y riesgo de las operaciones en estos mercados.

Las dificultades para acceder a dichos mercados por parte del pequeño ahorrista y el aumento de los costos transaccionales para los grandes operadores, tendrán como contrapartida la expansión del mercado negro, llamado eufemísticamente, mercado ¨blue. Esto se ha visto claramente ayer, cuando el anuncio de restricciones a la inversión en dólares o activos dolarizados de fondos comunes de inversión, junto al pedido de información sobre las grandes transacciones en los mercados contados con liquidación y dólar bolsa por parte de la CNV, llevó a una brecha significativa entre la cotización del dólar en esos dos mercados y el precio del dólar blue.

Lo mejor que el gobierno podría hacer en esta materia, es permitir que funcione, sin restricciones, un mercado financiero totalmente libre, que reemplace al contado con liquidación y al dólar bolsa y lleve a su mínima expresión al mercado blue. En ese mercado cualquier tenedor de dólares, sean billete o depositados en los bancos, podrá venderlos y cualquier persona humana o jurídica podrá comprarlos.

Dada la fuerte expansión monetaria, seguirá existiendo una brecha entre la cotización del dólar en este mercado libre y el precio en el mercado controlado, pero, para una misma cantidad de pesos en circulación, esa brecha será más baja que la que se daría con las actuales intervenciones inconvenientes del gobierno en el mercado cambiario, porque para una misma demanda de dólares por parte de los ahorristas, habrá más oferta de dólares de quienes necesiten complementar sus ingresos con ahorros del pasado y por parte de las empresas que tienen activos financieros en dólares y necesitan capital de trabajo, pero se resisten a transformarlos en pesos a un tipo de cambio artificialmente deprimido.

Al mismo tiempo, en la medida que se consolide la idea de que el mercado financiero para el dólar seguirá siendo libre, podrá recomenzar la entrada de capitales de quienes deciden volver a invertir en nuestra economía. Algo que tomará algún tiempo en suceder, pero que es imprescindible que ocurra desde que comience a normalizarse el funcionamiento de la economía.

Permitir el funcionamiento de un mercado financiero libre y transparente para el dólar ,ayudará a que no se desaliente el depósito de dólares en el sistema bancario. Con las actuales restricciones, los depositantes de dólares blancos en el sistema bancario tienen la sensación de que la utilización de esos dólares también está restringida, porque, si quieren convertirlos en pesos dentro del sistema, lo tendrían que hacer al tipo de cambio oficial. No sería sorprendente que los pequeños ahorristas decidan extraer esos depósitos, transformarlos en dólares billete y luego venderlos en el mercado blue si es que necesitan transformarlos en pesos. Otro vehículo para el ennegrecimiento de la economía.

Otra gran ventaja de permitir que funcione un mercado financiero libre para el dólar es que podría legalizarse también la utilización del dólar para los pagos internos, lo que seguramente reactivaría inmediatamente mercados como el inmobiliario y el de los automóviles y otros medios de transporte. Por supuesto, para que esto ocurra, los bancos tendrían que admitir cuentas corrientes en dólares.

Evidentemente, si se permite que funcione un mercado financiero libre para el dólar, ya no se justificará la venta de dólares para atesoramiento o turismo en el mercado oficial. Con la actual organización del mercado cambiario, no sólo se está alentando la extracción de los dólares depositados en el sistema bancario, sino también la compra de los 200 dólares mensuales a que tienen derecho los inversores individuales, cuyo precio, incluido el impuesto, es bastante más bajo que la cotización del dólar blue.

Intermediación financiera y mercado de capitales en pesos

Así como en una economía bi-monetaria, es importante que las dos monedas sean convertibles, es aún más importante que el peso, que es la moneda que el Banco Central puede emitir, sirva para una intermediación financiera eficiente y para que pueda funcionar un mercado de capitales en pesos.

Es imprescindible que el gobierno honre estrictamente sus obligaciones financieras en pesos y asegure que siempre dispondrá de los pesos necesarios para pagar sus deudas. Por eso fue un error grave haber re perfilado las deudas en pesos en agosto del año pasado y haber creado algunas dudas al reprogramar el bono dual este año. De aquí en más, el Gobierno, en todos sus niveles, deberá cumplir con sus obligaciones en pesos y, para ello, el Banco Central tendrá que estar dispuesto a emitir todos los pesos que sean necesarios. Si el Banco Central no actúa como prestamista de última instancia del sector público, se pondrá en duda su capacidad de actuar como prestamista de última instancia del sistema financiero y esto puede llevar a una corrida contra los depósitos en pesos en el sistema bancario.

Para controlar la emisión de pesos, los únicos recursos que tendrá el gobierno serán, la venta de dólares del superávit comercial al sector privado (para que éste pueda cumplir con sus obligaciones en el exterior, originadas en financiamiento que ingresaron por el mercado controlado) y la colocación de deuda pública en forma de letras y bonos en pesos. Por supuesto, para que alguien compre las letras y los bonos, el gobierno tendrá que aceptar las tasas de interés que resulten de la operación completamente libre del mercado de esas letras y bonos, así como de las obligaciones en pesos que pueda emitir el sector privado. La operación libre de los mercados de deuda es incompatible con el control de las tasas de interés. Estas deberán ser las que determine el mercado. Obviamente, si el gobierno quiere reabsorber proporciones importantes de la expansión monetaria anterior, no podrá fijar tasas de interés por debajo de las que determine el mercado.

Al ser libres las tasas de interés en el mercado de capitales, el Banco Central no podrá fijar arbitrariamente las tasas de interés para los depósitos y préstamos bancarios. Estas también deberán ser libres y la única forma de influir sobre ellas será mediante el manejo de los encajes bancarios, y en materia de tasas para los préstamos, mediante el otorgamiento de garantías o subsidios explícitos, a la tasa de interés en el caso de los préstamos que se necesite conceder a familias o empresas en condiciones preferenciales, es decir, para operaciones que los bancos no encontrarían viables sin incurrir en riesgos elevados de insolvencia.

Por más liquidez que se haga llegar a los bancos, es muy poco probable que éstos vayan a otorgar préstamos a deudores con riesgo de insolvencia por más regulaciones que el Banco Central introduzca, salvo que las acompañe con mecanismos de garantías y susidios a la tasa de interés. Esta es la forma que utilizan los bancos centrales de los países bien organizados para hacer llegar crédito a las empresas y personas con alto riesgo de insolvencia, pero que deben ser asistidas para atenuar los efectos de la crisis y facilitar la normalización posterior de la economía.

Las políticas que han pretendido forzar a la baja las tasas de interés mediante la inyección de liquidez, sólo han conseguido bajar las tasas que se pagan a los ahorristas sin aumentar la cantidad de crédito disponible para las empresas y consumidores. Por supuesto, tasas pasivas de interés bajas, son otro mecanismo para inducir a los ahorristas a convertir sus pesos excedentes en dólares en el mercado blue o en alguno de los mercados libres legales, si es que tienen la posibilidad de acceder a ellos.

El Gobierno, incluido el Banco Central, no están haciendo un manejo adecuado del mercado cambiario ni del mercado financiero y de capitales en pesos porque se maneja con ideas anacrónicas de intervencionismo en los mercados. Estos prejuicios, se sintetizan en la idea de que una buena organización económica necesita más Estado y menos Mercado.

Sería bueno que sus economistas y asesores relean la amplia literatura que se fue desarrollando desde aquella expresión de Adolfo Sturzenegger, acuñada a mediados de la década del 80: en nuestra economía conviven un ¨Socialismo sin Plan y un Capitalismo sin Mercado¨. Admitir que el Estado necesita tener un buen Plan (hoy, ni siquiera tiene presupuesto) y la economía privada o capitalista debe hacerse funcionar mediante mercados transparentes y con competencia, sin la intervención distorsionadora del Estado, es fundamentar para que la salida de la crisis sea en la dirección de la estabilidad y el crecimiento y no desemboque en una hiperinflación.

Para facilitar la consulta de esta literatura, me permito transcribir, las páginas 296 a 299 del libro Historia Económica Argentina, que escribí con mi hija Sonia Cavallo Runde

 La estanflación y la hiperinflación como señales de falta de efectividad del Estado

En un artículo titulado “Reformas del Mercado”, Javier Corrales (2003) sintetiza el estado de la economía antes de las reformas usando la expresión “aumento del estatismo, significa declinación de la efectividad del Estado”, y caracteriza las reformas como “más mercados como receta para más efectividad del Estado”. En otras palabras, la inflación se convirtió en estanflación y, en algunos casos en hiperinflación, el signo más evidente de la incapacidad del Estado para dirigir la política económica.

En mayor o menor medida, hasta la década de 1980 casi todas las economías de América Latina sufrieron una inflación persistente. Cada vez que trataban de detenerla, reaparecía con más fuerza. En los años cincuenta y sesenta, los economistas keynesianos y estructuralistas creían que la inflación se debía a un ajuste de los precios relativos en un contexto en el que los precios nominales y los salarios eran inflexibles a la baja. Pero en los años setenta y ochenta, los economistas, en su mayoría, postularon que la persistente y acelerada inflación se debía sobre todo al déficit fiscal y las tensiones distributivas en la economía.

Para ese entonces, las economías latinoamericanas se enfrentaban a dos tipos de anormalidades. Por un lado, funcionaban de tal manera que los gastos e inversiones privados pasaron a manos del gobierno, por tanto, se incluyeron en el presupuesto. Por otra parte, los gobiernos no podían aumentar la recaudación de impuestos para financiar el aumento del gasto. Para empeorar las cosas, los sistemas fiscales se hicieron más complejos e incluyeron gravámenes distorsivos, que a menudo eran difíciles de controlar.

Como consecuencia de este doble problema, el déficit fiscal aumentó y puso a prueba la capacidad del Estado para financiarlo, ya sea a través de impuestos o deuda. Pero cuando el sistema de recaudación de impuestos no alcanzó para financiar todo el gasto y los gobiernos no pudieron aumentar más la deuda, la respuesta se redujo a la impresión de dinero, una manera sutil de recaudar un impuesto que no necesita aprobación por la legislatura, el impuesto inflacionario. En resumen, “el socialismo sin plan” no encuentra una manera de financiar sus desequilibrios que no sea cobrando un impuesto sobre las tenencias monetarias de la gente, incluyendo el ahorro y los salarios.

La tensión distributiva en la economía que se originó en la ausencia de mercados llevó al gobierno a intervenir caso por caso, decidiendo el nivel de los precios más importantes como los salarios, los precios de los servicios públicos y el tipo de cambio. Cuando los ingresos de un sector estaban atrasados, el gobierno trató de compensar a los productores, mediante la concesión de créditos subsidiados, lo que a su vez requería imprimir más dinero.

La inflación se disparó no solo debido a la impresión de dinero, sino también debido a devaluaciones abruptas de la moneda. Por lo general, un tipo de cambio fijo, acompañado de políticas fiscales y monetarias expansivas, termina en una abrupta devaluación. En las etapas posteriores de este proceso, el impuesto inflacionario se convirtió en la principal fuente de financiamiento estatal, dados los desequilibrios del sector privado. Esto ocurre cuando una economía opera con “capitalismo sin mercado”, como en América Latina en los años setenta y ochenta.

Durante los años en los que circunstancias especiales hacían que el crédito fuera abundante, los desequilibrios fiscales y las necesidades financieras del sector privado se satisfacían con el aumento de la deuda. Las economías emergentes podían evitar recurrir a la impresión de dinero para cumplir sus obligaciones durante un tiempo. Sin embargo, la tensión distributiva entre deudores y acreedores finalmente se desataba, y la inflación reaparecía reduciendo el valor de los activos y las deudas monetarias. Se provocaba así una transferencia masiva de riqueza de los acreedores a los deudores.

Además de provocar una redistribución arbitraria de los ingresos y la riqueza, la inflación también desalienta el ahorro voluntario y la inversión financiera dentro de las fronteras del país. Cuando apareció la hiperinflación, los gobiernos se tornaron incapaces de manejar no solo el presupuesto público, sino también los precios relativos. Ninguna de las herramientas económicas habituales producía el resultado deseado. La alta inflación persistente obstaculiza el desempeño económico, ya que afecta negativamente la inversión y la productividad de los factores de la producción. Por lo tanto, en América Latina, el resultado habitual no es una combinación de expansión económica y aceleración de la inflación, como en las economías maduras; por el contrario, el fenómeno que se extendió por toda la región fue la estanflación: la presencia simultánea de recesión e inflación.

Este es un atículo de opinión publicado hoy en el diario ¨Nueva Rioja¨, que dirije Juan Boglione. Es lo más claro y veraz que he leído sobre el tema.

Agradezco la invitación a escribir una nota por el nuevo aniversario de la entrada en vigencia de la ley 23.928, más conocida como Ley de Convertibilidad, hecho ocurrido un primero de abril del año 1991, hace ya 29 años.

El agradecimiento es doble porque me otorga la posibilidad de publicarla en Nueva Rioja, un medio periodístico que batalla a diario por la libertad con la mira puesta en las raíces de nuestra nacionalidad y que, además, pertenece a la tierra de Joaquín V. González, que es también la de Carlos Saúl Menem, que tomó una iniciativa que demostró ser capaz de terminar con la inflación en la Argentina.

No es su responsabilidad, claro, que otros, cuya estatura no les permite ver el porvenir, hayan destruido esa obra y sumido al país nuevamente en el conocido pantano de la inflación que envilece el valor de la moneda y con ello, el del salario y las jubilaciones, en primer lugar.

Pero también hace incomprensible el lenguaje básico de toda organización económica, que son los precios y salarios, sumiendo al país en una Torre de Babel en la que el esfuerzo cotidiano carece de valores de referencia.

No se pueden intercambiar genuina y confiadamente los bienes y servicios producidos, desalienta el ahorro, suprime la posibilidad de cualquier financiamiento lógico y necesario y, en fin, nos condena al atraso y aumento de la pobreza y nos aleja de los niveles de desarrollo que el resto del mundo alcanza en estabilidad y con financiamiento suficiente para que las familias adquieran sus casas, compren sus autos y demás bienes necesarios, se eduquen y, en fin, vivan una vida que merezca ser vivida, como solía decir Menem.

Desde la salida de la Convertibilidad, la devaluación fue de casi el 9.000% al cambio libre y del 6.500% al cambio oficial. 100 pesos, que eran equivalentes a 100 dólares entonces, apenas superan hoy 1 dólar. El peso uruguayo que valía menos de una décima parte, ya cotiza el doble del peso argentino. Incluso el real, cuya devaluación fue una de las causas invocadas para salir de la Convertibilidad cuando cayó a un cuarto de peso, se mantiene en el rango de 4 reales por dólar, es decir que se necesitan alrededor de ¡20 pesos para comprar un real!

Como se advierte, el verdadero objetivo de quienes derogaron la Convertibilidad no fue reducir una pretendida sobrevaluación del peso, que los más aventurados estimaban alrededor de un 20% y no porque hubiera habido inflación ya que la que teníamos entonces era inferior, incluso, a la de los Estados Unidos de América sino por la fortaleza, precisamente, del dólar americano frente a las demás monedas del mundo.

El verdadero objetivo del golpe institucional del 2001 fue liberar a la clase política, empresarial y sindical argentina del corsé que la Convertibilidad les imponía a favor del pueblo. Con la Convertibilidad no podían disponer a su antojo retenciones, subsidios, aumentos de precios o salarios por encima del límite que les imponía la competencia o el aumento de la productividad, ni aumentos del gasto público que no pudieran financiarse con impuestos o crédito público. Tampoco les era posible declarar el default y renunciar así al crédito público.

Pero cuando se puede emitir sin límites y sin preocuparse por las consecuencias, vale todo.

Derogada la Convertibilidad, pudieron devaluar, pesificar, hacerlo asimétricamente destruyendo el sistema financiero y endeudarse sin contrapartida para cubrir la diferencia mientras declaraban el default de la deuda real con quienes habían financiado el desarrollo argentino, confiscar los ahorros bancarios y jubilatorios, crear jubilaciones sin aportes y salarios sin empleos, aumentar el gasto público alocadamente con subsidios irracionales por la pesificación de las tarifas de los servicios públicos, imponer retenciones, el cepo e incluso ahora, ¡un impuesto a la compra de dólares! y, en fin, llevar a la Argentina al estado en el que se encontraba antes de la pandemia del coronavirus. Lo que tendremos que hacer para superar ese otro cataclismo, es harina de otro costal.

A los más jóvenes les parecerá un aniversario raro. En general se festejan aniversarios de aquello que subsiste, no de lo que ya fue… Y tienen razón.

La Convertibilidad duró más de una década que alcanzó para demostrar su viabilidad y los benéficos efectos que produce un plan de estabilidad y desarrollo (sin desconocer los desafíos que plantea), pero claramente un tiempo insuficiente para cambiar el curso de la historia que justifique un aniversario.

Pensemos este aniversario, entonces, como algo contra-fáctico, como aquello que pudo ser y no fue. Clarín (Domingo 29/3/2020) acaba de publicar que conforme a cifras del INDEC los argentinos tenemos casi cuatrocientos mil millones de dólares en el exterior,  incluyendo las reservas del BCRA y de los bancos, de los cuales trescientos treinta y cinco mil trescientos setenta y siete millones de dólares, pertenecen a los particulares.

De no haberse producido los hechos de fines del 2001 y 2002 en adelante, un peso seguiría valiendo un dólar, el sistema financiero local tendría ahorros suficientes para todas las actividades económicas nacionales a costos comparables a los de Chile, Paraguay, Brasil o, incluso, Canadá, Australia y los países del sudeste asiático. La continua refinanciación de la deuda pública argentina no sería un problema y lo que es más importante hoy, la Argentina contaría con reservas estratégicas de todo orden, económico, financiero, sanitario, de infraestructura, de defensa y seguridad, como para enfrentar la pandemia actual como lo  hacen los países desarrollador sin temer, como ahora, por su propia subsistencia después que pasen los efectos de esta terrible enfermedad.

Ese es el aniversario que, lamentablemente, no estamos en condiciones de festejar hoy.

La pandemia del coronavirus ha desatado una crisis global que se va a sentir en todos los países del mundo. En el aspecto sanitario, es probable que Argentina pueda superar esta crisis con menos costo de vidas que otros países que se demoraron en adoptar las medidas de aislamiento social que recomiendan los especialistas en salud.

Sin embargo, las consecuencias económicas y sociales inmediatas de esas medidas van a ser mucho más agudas que en la mayoría de los países, y, si no se adoptan reformas claves en la organización económica, los desequilibrios adicionales a los que ya existían antes del coronavirus, pueden comprometer seriamente el futuro de nuestra sociedad.

Lamentablemente, viejas disputas en materia de ideología económica, totalmente saldadas en la mayoría de los países, están a la orden del día en el nuestro, y pueden constituirse en un obstáculo muy serio para avanzar hacia esas reformas.

¿Por qué los efectos económicos y sociales inmediatos serán más agudos que en otros países?

En todas las economías nacionales la producción y distribución de bienes y servicios es un sistema muy complejo que involucra a toda su población activa, a instituciones públicas y privadas y sobre todo, a empresas de distinto tamaño, así como a trabajadores independientes y cuentapropistas, encargados de producir los bienes y de prestar servicios a través de complejos mecanismos que las interconectan, en especial los sistemas: monetario, financiero, de transporte y de comunicaciones.

El cierre obligatorio de muchos establecimientos y las restricciones a la salida de las personas de sus domicilios, provoca a la vez, fuertes disminuciones de la oferta de bienes y servicios y de los ingresos de las familias afectadas por la pérdida de sus empleos.

Esto ocurre en todos los países, pero en aquellos que tienen sistemas ágiles de seguro de desempleo y poca economía informal, los pagos del seguro actúan inmediatamente como amortiguadores de la caída de ingresos familiares. Lamentablemente, en nuestro país no existe un buen sistema de seguro de desempleo y la economía informal representa el 40% de la población. Por consiguiente, no funciona este mecanismo amortiguador.

Si los gobiernos de los países bien organizados deciden ayudar a las familias de ingresos bajos con pagos adicionales, lo pueden hacer de manera ágil, enviándoles cheques o depositándoles en sus cuentas de ahorro, porque prácticamente el 100% de los trabajadores en relación de dependencia y por cuenta propia, están bancarizados y registrados en la seguridad social con el dato de sus ingresos. Se trata de un operativo sumamente simple desde el punto de vista administrativo. Nuevamente, en Argentina muchos trabajadores de la economía informal no están bancarizados ni registrados en la seguridad social.

Algo similar ocurre con la posibilidad de que los gobiernos y los bancos centrales apoyen financieramente a las empresas y familias. En los países con sistemas financieros de amplia cobertura y mercados de capitales fluidos y eficientes, sólo se necesita que las autoridades monetarias y fiscales asignen recursos suficientes para inyectar liquidez y ayudar a mantener la solvencia de prestatarios y prestamistas. Pero en Argentina, que no cuenta con crédito, ni interno ni externo, y donde el Banco Central emite una moneda incapaz de mantener su valor, esta posibilidad está severamente limitada.

En los países con buenos sistemas de transporte y comunicaciones, el comercio on-line, con entrega a domicilio, funciona amplia y eficientemente. En esos países, se ha atemperado la caída de demanda de los bienes que pueden adquirirse poniendo una orden a través de la web para recibirlos en el domicilio del comprador. Lamentablemente, en Argentina estos sistemas están poco desarrollados y los que existen están paralizados por congestionamiento. No sólo están insuficientemente desarrollados, sino que, además, algunos sindicatos y organizaciones sociales, vienen demandando más restricciones en el futuro.

También por el lado de la demanda, la falta de una moneda que sirva como depósito de valor, dificulta la utilización de los ahorros para complementar los ingresos familiares cuando éstos sufren caídas transitorias. La mayoría de las familias que pudieron ahorrar en el pasado, mantienen sus ahorros en dólares y, si los quieren convertir legalmente en pesos, deben venderlos en el mercado controlado o incurrir en fuertes costos de intermediación en el mercado de bonos, amén de que muchos no saben cómo acceder a ese mercado. Esto no ocurre en la mayoría de los países con buenos sistemas monetarios y cambiarios, porque tienen sus ahorros en la moneda local o acceden a mercados cambiarios libres.

Así como no es fácil en Argentina recurrir a los ahorros del pasado para moderar las oscilaciones de los ingresos corrientes, tampoco es fácil utilizar el financiamiento bancario con ese mismo objetivo, porque el costo del crédito en pesos para los consumidores es muy alto y cuantitativamente muy limitado.

Desequilibrios adicionales que condicionarán el futuro económico y social

Antes de que se desatara la crisis del coronavirus, la economía argentina ya sufría fuertes desequilibrios en sus cuentas fiscales, en la estructura de los precios relativos y se había quedado sin crédito público y con muy reducido crédito privado. Desde 2011 la economía estuvo en estanflación. La inversión tanto pública como privada estaba declinando rápidamente y la inflación estaba en el nivel record de los últimos 30 años.

El esfuerzo fiscal que el gobierno va a tener que realizar y la emisión monetaria que el Banco Central tendrá que admitir para intentar atenuar los efectos recesivos y empobrecedores de las medidas de aislamiento social, son peligrosamente desestabilizantes.

Suponiendo que las restricciones al transporte y al funcionamiento de las empresas industriales y de la construcción, tiendan a normalizarse en el segundo semestre, el déficit fiscal, aún sin contar el pago de intereses, puede llegar a superar el 5% del PBI y la base monetaria difícilmente aumente menos del 100% durante el año 2020.

Definitivamente, la deuda pública en dólares no podrá ser atendida, por lo que, o se logra reestructurarla de una forma que no requiera pago de capital ni de intereses en los próximos 2 a 4 años, o se caerá en un default desordenado.

A la deuda en pesos, en el mejor de los casos, sólo se logrará mantenerla en los niveles actuales como porcentaje del PBI, pero refinanciada a través de bonos ajustables por inflación. Por consiguiente, sólo la emisión monetaria quedará como mecanismo de financiamiento de los déficits fiscales de la Nación, de las provincias y de las situaciones de insolvencia del sector privado que activen mecanismos de garantías oficiales.

Las empresas privadas, aún en el caso de las que no hayan quebrado, quedarán fuertemente descapitalizadas por las pérdidas acumuladas, sin capital de trabajo y, por supuesto, con imposibilidad de autofinanciar inversiones.

El desempleo abierto más el que quede oculto tras la obligación de evitar despidos que se impondrá al sector privado que pueda soportarlo, probablemente supere el 25 % de la población económicamente activa.

Mientras todos estos desequilibrios se van acumulando, la inflación y el desabastecimiento de los bienes de consumo, agravarán la situación de los sectores más carenciados y, aún con todo el esfuerzo que el gobierno intentará hacer para paliar sus efectos, la insatisfacción social se manifestará de muchas maneras. Las oportunidades para los que quieren acceder al poder y empujar reformas sociales a través de la violencia se multiplicarán y, en ese contexto, recrudecerá la discusión política con anteojeras ideológicas de cuño setentista.

Si predominan las tendencias estatistas, intervencionistas y aislacionistas que aún con el tono moderado que caracteriza al discurso del presidente, asoman frecuentemente en el mensaje oficial y si en la búsqueda de chivos expiatorios los dirigentes políticos más influyentes elijen al empresariado, el final de esta crisis puede ser la hiperinflación, como predicen Diego Giacomini y Javier Milei.

Para escapar de este dramático destino, el Presidente Fernández y su gobierno deben advertir que sólo con una reorganización económica de raíz Alberdiana podrá crear un clima de confianza que consiga que los cientos de millones de dólares que los argentinos mantienen en sus cajas de seguridad o en el exterior, vuelvan para financiar inversiones productivas.

Sólo entonces podrá lograrse un clima de estabilidad que posibilite el crecimiento sostenido. El Presidente Menem consiguió hacerlo a principios de los 90s. Lamentablemente, el Presidente Fernández, en lugar de consultarlo a él o a quienes lo ayudamos a encontrar aquellas soluciones, se reúne con Eduardo Duhalde, el responsable de que, a partir de 2002, Argentina haya regresado a la desorganización económica de los años 70s y 80s.

El crédito público en dólares será difícil de recuperar, incluso cuando se haya reestructurado con éxito la deuda pública. Para recuperarlo, sería necesario, primero, dejar que funcione un segmento totalmente libre y legal del mercado cambiario y recrear confianza en la intermediación financiera en dólares dentro del sistema bancario argentino, algo que con el actual discurso des-dolarizador compulsivo, es cada vez más inalcanzable.

Por consiguiente, es muy importante que el gobierno cuide, al menos, el crédito público en pesos. Para ello es imprescindible que cumpla estrictamente con los pagos de intereses y de capital de todas letras y bonos en pesos que venzan de aquí en adelante. Sólo asi podrá conseguir que siga existiendo un mercado para nuevas letras y bonos en pesos.

Por supuesto que cumplir con esas obligaciones obligará a emitir pesos, pero en la medida que siga existiendo un mercado para nuevas letras y bonos, el Gobierno podrá absorber la emisión de pesos que considere excesiva, pagando las tasas de interés que determine el mercado.

Pretender reprogramar compulsivamente los vencimientos en pesos hará mucho más daño a cualquier política anti-inflacionaria que la emisión necesaria para cumplir estrictamente con esas obligaciones.

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