Al leer lo que escriben los responsables intelectuales y materiales del abandono de la convertibilidad y la demolición del orden económico de la década del 90, tengo la sensación de que, de repente, quedaron muy confundidos.  Se trata de una reacción natural al desconcierto que les produjo el efecto “tiro por la culata”  en que resultó la recomendación de pesificar y devaluar que ellos mismos pregonaron en los últimos meses del año pasado. Me parece oportuno dar a conocer los argumentos que utilicé desde julio del año pasado para conseguir que Paul O’Neill apoyara el crédito de 8 mil millones de dólares destinado a reestructurar nuestra deuda, pese a que en el mes de julio él había dicho que “Argentina no tiene una sola actividad de exportación que valga la pena”. Estos argumentos convencieron entonces a O’Neill y le demostraron que estaba en un error. Lamentablemente los devalúo-maníacos de la Argentina siguieron pensando equivocadamente, sin mirar la realidad de los noventa y abortaron una reestructuración ordenada de la deuda que hubiera bajado a la mitad la factura anual de intereses pagada por la Argentina. La semana anterior incluí como comentario semanal la segunda parte de una conferencia que estoy preparando. Esta semana me parece oportuno darles a conocer, la primera parte.  

La demolición del orden económico de los ‘90 

La  década de los noventa[1]se caracterizó por la vigencia de una ley de 14 artículos aprobada por el Congreso Nacional el 28 de marzo de 1991. Esa norma, llamada “Ley de Convertibilidad”  dio protección legal a un derecho que habían hecho suyo los argentinos, aún cuando la normativa anterior se lo negaba: poder utilizar a las monedas extranjeras, y en particular, al dólar, para proteger sus ahorros y contratar a mediano y largo plazo. La Ley de Convertibilidad fue una de las pocas normas nacidas de los “usos y costumbres” en un país de tradición jurídica napoleónica. Por haber legalizado un uso y una costumbre decidida por la gente, fue desde el vamos una norma muy popular.[2]^,[3] 

De la Ley de Convertibilidad se ha destacado, especialmente en el exterior, la supuesta fijación por ley del tipo de cambio en la relación  1 peso=1 dólar y se la ha analizado como “La Caja de Conversión Argentina” (“Argentinean Currency Board”). En  varias oportunidades explicamos que no había tal fijación del tipo de cambio, porque a lo sumo se ponía un techo a la cotización del peso en dólares (el 1 a 1) pero no se ponía un piso.  Es decir, que el peso, en momentos de fuerte entrada de capitales, podía muy bien flotar para apreciarse. Ése constituía el mecanismo natural de salida (exit) del tipo de cambio fijo, sin abandonar la convertibilidad. Es decir, sin quitarle legalidad al uso de monedas extranjeras.[4]

De hecho, en 1997, cuando Argentina había superado totalmente la crisis Tequila y estaba creciendo vigorosamente, en lugar de absorber el impresionante ingreso de capitales que comenzó a producirse, podría haber dejado flotar el peso. En ese momento la flotación hubiera significado una apreciación y, por lo tanto, se podría haber planteado al Congreso la eliminación del techo 1 a 1 sin provocar ningún sobresalto. Y para sorpresa de todos los que habían confundido la convertibilidad con el cambio fijo, hubiéramos pasado a tener convertibilidad con tipo de cambio flotante, como la tienen la Europa del Euro, Canadá, Australia, El Reino Unido y Singapur. El caso de Singapur es particularmente interesante porque en ese país se salió del tipo de cambio fijo manteniendo la convertibilidad, precisamente a través de la flotación en momentos en que la moneda de Singapur necesitaba apreciarse frente a la Libra Esterlina primero, y frente al Dólar después.

Cabe preguntarse entonces, ¿por qué la Argentina no fue a la libre flotación en 1997, cuando ello hubiera removido del horizonte la Espada de Damocles de la salida traumática con devaluación? La razón es política-electoral. Hacia 1997 se había desatado ya la competencia entre Menem y Duhalde por la candidatura presidencial del Partido Justicialista para 1999, y ambos decidieron utilizar al gasto público provincial como instrumentos para prevalecer en esa contienda. La libre flotación y la apreciación del peso hubieran significado frenar la entrada de capitales financieros de corto plazo y, por consiguiente, la fuente de financiamiento del creciente gasto provincial. En lugar de pensar en consolidar el sistema monetario que había devuelto la confianza a los argentinos, el gobierno prefirió facilitar el financiamiento del creciente déficit fiscal de las provincias, con lo que se  creó el problema del endeudamiento excesivo y oneroso que no sólo haría insostenible el tipo de cambio fijo, sino, lo que es mucho más grave, terminaría con la convertibilidad.

En síntesis, ésta digresión sobre lo que pudo haber sido y no fue, pretende argumentar, como punto de partida de este análisis, que lo permanente e importante para el buen funcionamiento de la economía argentina era la convertibilidad y no el tipo de cambio fijo. En otros términos, lo importante era la libre elección de la moneda y no, que la moneda nacional fuera inicialmente creada a través de una caja de conversión. Al principio se necesitaba la caja de conversión, es decir el respaldo en dólares 1 a 1 y el tipo de cambio fijo, para que la gente confiara y utilizara el peso. Pero en épocas de fuerte entrada de dólares, la caja de conversión se tornaba innecesaria y el peso podría haber pasado a ser una moneda inspiradora de confianza por el manejo responsable de un Banco Central autónomo. Lamentablemente, la oportunidad de tener convertibilidad sin tipo de cambio fijo se perdió en 1997 y luego de las crisis rusa y brasileña nunca volvió a presentarse.

Pero, si el tipo de cambio fijo era prescindible, ¿porque lamentarse por la pérdida de la convertibilidad? ¿Era acaso tan importante que los argentinos pudieran elegir libremente la moneda para sus ahorros y sus contratos? ¿Porque no hacer lo que consiguen tantos otros países, es decir que la gente ahorre en la moneda nacional y firme todos sus contratos, no sólo los de corto plazo, utilizando la moneda nacional? En la contestación a estas preguntas está la clave para entender qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en la economía Argentina. Y más importante aún, ¿qué es lo que hay que hacer para que la economía Argentina retome su crecimiento y consiga sostenerlo en el tiempo?

La Convertibilidad y la inversión en los ‘90

El principal efecto de la ley de convertibilidad, además de eliminar el flagelo inflacionario que había afectado a la economía argentina durante 45 años y que había desembocado en hiperinflación, fue permitir un importante aumento de la inversión. Por primera vez en muchos años, el ahorro nacional pudo canalizarse a la inversión a través de la intermediación financiera que no existía antes, porque había estado prohibida o severamente restringida la captación de depósitos y el otorgamiento de crédito en monedas extranjeras. Cuando los inversores extranjeros vieron que los argentinos estábamos invirtiendo en nuestro país, comenzaron a evaluar inversiones directas y financieras que hasta entonces no habían estado en sus planes. Este proceso fue incentivado por la desregulación de la economía y por la privatización de las empresas del estado. La desregulación y las privatizaciones  abrieron oportunidades de inversión al sector privado que antes habían estado monopolizadas por el estado.

   

 

 

 

Fuentes: IMF-IFC CD-ROM. 2002 World Development Indicators CD-ROM, World Bank.

   

Se produjeron fuertes inversiones en los sectores de la energía, los transportes, las comunicaciones, los servicios de almacenaje y comercialización, los servicios financieros, la minería, la agricultura y la industria manufacturera. Todos los indicadores de nivel y calidad de servicios, así como de producción de todo tipo de bienes, ponen de manifiesto el fuerte aumento de la capacidad productiva que se logró a través del aumento generalizado de las inversiones. Nada de ésto hubiera ocurrido de no haberse creado la protección a los derechos de propiedad de ahorristas e inversores que se logró con la sanción de la ley de convertibilidad. 

La productividad y el crecimiento de la economía

En décadas anteriores, particularmente durante los ‘60, también se había logrado una alta tasa de inversión. Sin embargo, el crecimiento había sido reducido. ¿Cuál es la explicación del mayor crecimiento durante la década de los ‘90? Sin lugar a dudas, la diferencia entre la década de los ‘90 y las décadas anteriores radica en el aumento de la productividad que se logró con la nueva inversión en un contexto de apertura de la economía, desregulación y privatizaciones.

 

El cuadro anterior muestra cómo la durante la década de 1990, Argentina logró revertir la tendencia histórica que, durante las dos décadas anteriores, arrojó una tasa de crecimiento promedio de la productividad negativa. A modo de comparación, se ve claramente cómo Brasil durante la década del ‘90, lejos de mejorar la tendencia histórica, tuvo una performance promedio peor a la registrada durante las dos décadas anteriores. La clave para entender el crecimiento Argentino durante los ‘90 está justamente en el aumento de la productividad de los factores.

La apertura de la economía no hubiera sido posible sin la reaparición del crédito que significó la puesta en marcha de la convertibilidad. Sin crédito, la agricultura y la industria manufacturera no hubieran podido modernizarse, como lo iniciaron durante los primeros años de la década, y sin modernización, la competencia con el exterior hubiera sido imposible.

Las privatizaciones fueron posibles desde que se autorizó la firma de contratos de mediano y largo plazo en monedas extranjeras. Con la larga experiencia inflacionaria de la Argentina y con las distorsiones que había creado la combinación de indexación con control político de los precios y tarifas de los servicios públicos, hubiera sido imposible redactar contratos de concesión a 30 años de no haberse dictado la ley de convertibilidad

La desregulación, es decir, la eliminación de restricciones a la competencia y la organización de mercados donde antes sólo habían decisiones administrativas adoptadas por el gobierno, fueron posibles en un contexto de estabilidad de precios. Bajo alta inflación la competencia hubiera sido muy imperfecta y muchos mercados no se habrían podido crear. Para lograr el clima de estabilidad luego de la hiperinflación, la ley de convertibilidad fue la herramienta clave.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: IMF-IFC CD-ROM. 2002 World Development Indicators CD-ROM, World Bank. 

En síntesis, tanto el aumento de la inversión como el incremento de la productividad fueron una consecuencia de la convertibilidad. Y sólo la inversión y la productividad pueden explicar que durante la década del ’90 la Argentina haya superado en crecimiento de su economía y el aumento de sus exportaciones al Brasil. Además el crecimiento de la economía fue en la Argentina durante la década del ‘90 muy superior a lo que habían sido en  las décadas anteriores.

 

Las causas de la recesión que se inicio a mediados de 1998

Así como durante la década de los ‘90 se eliminó la inflación y se recuperó un vigoroso crecimiento de la economía argentina, no es menos cierto que desde mediados de 1998 la economía entró en recesión y, desde entonces, no ha logrado reactivarse. ¿Es la convertibilidad responsable de esta recesión? La respuesta a esta pregunta requiere analizar la relación entre la convertibilidad, el tipo de cambio fijo y el déficit fiscal.

La recesión iniciada en 1998 tuvo su origen en el aumento del gasto de las provincias que se financió con crédito bancario. Esta política caracterizó al período 1997-1998 cuando Eduardo Duhalde, entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, competía con Carlos Menem por la candidatura presidencial del Partido Justicialista en 1999. La gran magnitud asumida por la asistencia bancaria a las Provincias  y las altas tasas de interés que éstas estuvieron dispuestas a pagar por préstamos garantizados con los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos, significaron una reducción del crédito al sector privado, manifestado, tanto por el racionamiento crediticio, como por el aumento de la tasa de interés. Este fenómeno se acentuó desde la crisis rusa, cuando comenzó a disminuir la afluencia de capitales hacia todas las economías emergentes

La recesión se hizo más severa y más intratable como consecuencia de la devaluación del Real en Febrero de 1999 y la depreciación sostenida del Euro entre 1999 y mediados del 2001. El tipo de cambio fijo entre el Peso y el Dólar no permitió que el peso se depreciara como habría ocurrido en un régimen de libre flotación y a la recesión se le adicionó un proceso deflacionario imprescindible para reestablecer el equilibrio de largo plazo de los precios relativos entre bienes exportables y bienes domésticos. Una alternativa para atenuar el efecto deflacionario de la posible depreciación del Euro hubiera sido la adopción a partir del 1 de enero de 1999 del patrón Dólar-Euro en reemplazo del patrón Dólar original. Pero de la misma forma como la libre flotación que hubiera sido posible en 1997 no fue ni siquiera considerada, tampoco lo fue la introducción del Euro en el régimen de fijación cambiaria en aquella época. Recién en Marzo de 2001, el Ministerio de Economía propuso y consiguió la aprobación legislativa para pasar del patrón Dólar al patrón Dólar-Euro, pero la economía ya había soportado durante dos años los efectos deflacionarios de la depreciación del Euro, además de los de la fuerte devaluación del Real.

En síntesis, el déficit fiscal originado en la expansión del gasto provincial y el tipo de cambio fijo entre el Peso y el Dólar, explican la recesión y deflación que sufre la economía Argentina desde mediados de 1998. ¿Era entonces imprescindible abandonar la convertibilidad para que algún día se pudiera salir de la recesión? Nuestra contestación es negativa. Por el contrario, nosotros creemos que abandonar la convertibilidad para sacar al país de la recesión es como demoler la casa para desobstruir una cañería. Lo que había que hacer era encontrar la forma de eliminar el déficit fiscal y corregir los precios relativos sin afectar la protección que la convertibilidad había venido brindando a los derechos de propiedad de ahorristas e inversores en la economía argentina.

La eliminación del déficit fiscal era posible combinando una reducción acotada de los salarios nominales del sector público con una reestructuración de la deuda pública que significara una fuerte reducción de la factura de intereses, particularmente la de las provincias. Con convertibilidad, es decir, sin entorpecer el sistema de intermediación financiera utilizando monedas extranjeras, era más fácil lograr, tanto la reducción salarial como la reducción de intereses, porque el mantenimiento de un clima de estabilidad monetaria e institucional, permitía una administración ordenada de ambos procesos. De hecho, el Congreso Nacional aprobó la ley que permitía la reducción de salarios nominales y, de no haber sido por el abandono de la convertibilidad, la Corte Suprema de Justicia hubiera avalado esta decisión, tal como lo había hecho con otras reducciones salariales decididas en años anteriores.

Los bancos, los fondos de pensiones y muchos tenedores de bonos argentinos respondieron positivamente a la propuesta de canje de bonos por préstamos garantizados con tasa de interés más baja y plazos más largos, lo que permitió reestructurar nada menos que 55 mil millones de dólares de deuda pública interna y economizar 4 mil millones anuales de intereses. Ello demuestra que, con convertibilidad, era posible concluir un proceso ordenado de reestructuración de deuda. De hecho, el canje de bonos por préstamos garantizados dio al gobierno la mayoría de votos necesaria para imponer las denominadas “cláusulas de salida consensuadas” (en inglés: “exit consent clauses”) en la letra de los contratos de los bonos y desalentar así la falta de participación en el canje de la deuda externa.

La corrección definitiva del desajuste en los precios relativos y la inflexibilidad cambiaria determinada por el tipo de cambio fijo podría haberse conseguido perseverando en la eliminación de impuestos distorsivos, insistiendo con el patrón Dólar-Euro y yendo progresivamente a la libre flotación una vez que la deuda estuviera reestructurada y el déficit fiscal fuera prácticamente eliminado. Estas circunstancias se habrían dado a principios de 2002 de no haberse producido el Golpe Institucional del 20 de Diciembre de 2001. 

La destrucción de la convertibilidad mediante la combinación de devaluación, reprogramación generalizada de depósitos, pesificación, default de la deuda interna ya reestructurada y ulterior flotación del Peso, significó la demolición de la base institucional y contractual de la economía y la violación generalizada de los derechos de propiedad. Lejos de facilitar el equilibrio fiscal, lo hizo más difícil de alcanzar por la presión hacia el aumento del gasto público originado en la devaluación y la caída adicional en el nivel de actividad económica derivado de la fuerte reducción de la demanda interna. Si bien los precios de los bienes exportables pudieron subir mucho, los precios relativos quedaron más desequilibrados que antes, aunque en la dirección opuesta a la que se había dado desde 1998. 

La completa desaparición del crédito y las dificultades para el abastecimiento de insumos importados, no están permitiendo lograr una respuesta positiva en materia de exportaciones. La sustitución de importaciones que se alentó corre el riesgo de ser ineficiente y no sostenible en condiciones normales  y, simultáneamente, se ha provocado tal caída de la demanda interna, cuyo resultado es una profundización de la recesión sin antecedentes en la historia a


 

 

 

Considera que deben reconocerse en dólares los ahorros atrapados en el corralito* El ex ministro de Economía dará clases especiales en la Universidad de Nueva York* Dijo a LA NACION que escribirá un libro sobre la experiencia argentina NUEVA YORK.

– "Hay que reconocer el valor en dólares de los ahorros de la gente. Si persiste la pesificación de los depósitos y los préstamos, la Argentina entrará en un estancamiento prolongado, sin ahorro ni inversión. Es clave resolver esto para avanzar."

Desde su nuevo despacho en la Universidad de Nueva York, donde dictará cursos y seminarios hasta mayo próximo, Domingo Cavallo no pudo resistirse ayer a opinar sobre la realidad argentina que ha dejado atrás.Sigue todo el tiempo las noticias políticas y económicas, con llamadas de teléfono y por Internet; imprime los artículos de los diarios que le interesan y todos los domingos escribe una opinión en su página web personal (www.cavallo.com.ar).

Relajado, delgado y de excelente humor, Cavallo habla pausadamente, pero con pasión por el país. "No me fui definitivamente. Estaré yendo y viniendo. De hecho, ahora vuelvo a Buenos Aires para arreglar asuntos de mi visa y poder enseñar aquí este semestre y cobrar mi sueldo", dijo a LA NACION Cavallo en su amplia y por ahora casi vacía oficina de la prestigiosa Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU).

Asegura que son "puras mentiras" las versiones periodísticas que señalaron que, por temor a señalamientos públicos, debió viajar en un avión privado."Me vine como cualquiera, en avión de línea y por Ezeiza", contó el ex ministro de Economía, que aquí se maneja, como cualquier neoyorquino, en subterráneo de un lado para el otro de la ciudad."En Buenos Aires iba a comer afuera y salía sin problemas. Obviamente que no iba a meterme a una marcha de protesta, pero hacía mi vida normal y seguiré haciéndola todas las veces que vaya, que serán muchas", añadió, mientras tomaba un café americano en Washington Square, la plaza frente a la universidad, en el corazón del Greenwich Village de Manhattan.El día estaba radiante y cientos de estudiantes de todos lados del mundo disfrutaban de la tarde en el parque, muy pocos reconociendo a este hombre calvo tan controvertido en la Argentina.

Por la vuelta

"Cuando el año próximo vuelva definitivamente a Buenos Aires seguiré haciendo política, aunque por el momento no me involucraré en esta campaña electoral", apuntó el fundador de Acción por la República mientras posaba para unas fotos al lado de la fuente donde años atrás solía tocar Jimi Hendrix.

Cavallo llegó a Nueva York los últimos días de agosto. La Escuela de Negocios Stern lo había invitado a ser profesor visitante ni bien dejó el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, pero no pudo venir por las decisiones judiciales que lo llevaron a la cárcel.De sus días de prisión (por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador) todavía guarda en su billetera tres estampitas que le dieron personas que lo visitaron en Campo de Mayo: una de San Benito Abad, otra de Nuestra Señora del Rosario y otra de la Virgen de Lourdes.

No es la primera vez que Cavallo viene a enseñar a NYU, donde tiene varios amigos; ya estuvo por aquí desde septiembre de 1996 hasta mayo de 1997, cuando dejó el Ministerio de Economía luego de su alejamiento del gabinete de Carlos Menem.Ahora vive con su esposa, Sonia, en un departamento que le dio la misma universidad y que todavía no han terminado de amueblar. Tienen pensado ver seguido a dos de sus tres hijos, Sonia, que vive en Washington, y Eduardo, que estudia en Boston. El tercero, Alberto, está en Buenos Aires.

Seminarios

En NYU, el padre de la convertibilidad y el corralito no dará clases regulares sino que desde octubre participará en seminarios especiales para ejecutivos y clases de otros profesores, en cursos como "Desafíos y oportunidades en la inversión global", "Historia financiera", "Política macroeconómica", "Banca global" y "Modelos de liderazgo", muchos de los cuales tienen alumnos argentinos. Además, ofrecerá charlas y conferencias en la neoyorquina Universidad de Columbia y en institutos y centros académicos en Boston, Washington y Detroit. Serán doce meses de una agitada agenda académica, pero él igual piensa hacerse tiempo para disfrutar del teatro y el ballet con su esposa y también para escribir. "Intentaré escribir un libro sobre mi experiencia y sobre todo cómo enfrentar situaciones como la argentina que pueden darse en otros países -dijo-. Nosotros estábamos en pleno proceso de reestructuración de la deuda sin default. Era un proceso único para reducir la deuda y recuperar el crédito, pero todo se echó a perder con el golpe institucional."

Durante los primeros años de la convertibilidad, cuando el PBI creció por arriba del 10 % anual, las estadísticas registraron una caída de la tasa de desocupación. A su vez, la fuerte reducción de la tasa de inflación permitió una significativa disminución de la pobreza. Esta tendencia comenzó a revertirse en 1993 para la desocupación y en 1995 para los índices de pobreza. A partir de entonces, se observó una sostenida tendencia al aumento, tanto de la desocupación como de la pobreza.

La discusión sobre la estrategia que debía seguirse para revertir estos fenómenos continuó a lo largo de la década. Quienes estábamos convencidos de la necesidad de preservar la apertura, la desregulación, las privatizaciones y la protección de los derechos de propiedad como herramientas para asegurar el crecimiento sostenido de la economía, insistimos en que se necesitaban reformas laborales, tributarias y de la administración de las políticas sociales, para que el crecimiento de la economía fuera acompañado por la disminución de las tasas de desocupación y de pobreza. En materia laboral, insistimos en la introducción de flexibilidad contractual, en materia tributaria propusimos y comenzamos a implementar la eliminación de los impuestos al trabajo y otros impuestos distorsivos y reclamamos una administración menos clientelista y más eficiente de la política social, fundamentalmente en educación, salud y asistencia alimentaria, por parte de los gobiernos provinciales.

Otros dirigentes comenzaron a hablar de “cambio de modelo” porque sostenían que las reformas económicas de la década, a las que caracterizaban como “neoliberales” eran las responsables del aumento de la desocupación y la pobreza. Por consiguiente, sólo podrían revertirse las tendencias negativas observadas en la segunda mitad de la década anulando aquellas reformas. Como el símbolo de las reformas “neoliberales” era la Ley de Convertibilidad, comenzaron a sugerir su derogación. Los dirigentes más importantes que abrazaron esta posición son Eduardo Duhalde en el Partido Justicialista y Raúl Alfonsin en el Partido Radical. Ninguno de los dos consiguió éxito electoral con ese discurso a nivel nacional, pero ambos creyeron que la evolución de los acontecimientos económicos y sociales durante el año 2001 les estaba dando la razón. Por eso, cuando Duhalde asumió la Presidencia de la Nación apoyado por Raúl Alfonsin, creyó que las circunstancias lo habían convocado para eliminar la Ley de Convertibilidad y “cambiar el modelo”. Ambos esperaban contribuir de esa forma a disminuir la desocupación y la pobreza.

La discusión profesional sobre la deuda pública y el régimen cambiario

Mientras en el plano político las posiciones tendían a diferenciarse a causa de las diferencias de diagnóstico y de estrategia para revertir el aumento de la desocupación y la pobreza, los economistas profesionales discutían sobre la sustentabilidad de la deuda pública y el régimen cambiario.

Las posiciones más enfrentadas se daban entre los defensores de la dolarización, que en general argumentaban que luego de adoptado ese régimen monetario, la disciplina fiscal bastaría para asegurar el cumplimiento de la deuda y los partidarios de la flotación cambiaria, la mayoría de los cuales estaban a su vez convencidos de la inevitable necesidad de reestructuración compulsiva de la deuda, previa declaración de default. Los primeros argumentaban básicamente que la perseverando en mantener un clima de estabilidad monetaria y cumpliendo estrictamente con los servicios de la deuda se recrearía la confianza permitiendo la baja de la tasa de interés y, por consiguiente, la recuperación del crecimiento económico. Los segundos argumentaban que mientras no se corrigieran los precios relativos a favor de los bienes comercializables internacionalmente, la economía seguiría estancada y eso llevaría, inexorablemente a la imposibilidad de seguir pagando normalmente los servicios de la deuda.

Si bien yo compartía la mayoría de los argumentos de los partidarios de la libre flotación, y así lo había manifestado al lanzar el Plan de Competitividad, en marzo de 2001, estaba tan convencido como los partidarios de la dolarización, que una afectación gravosa de los derechos de propiedad de quienes habían ahorrado y confiado en el país haría imposible la recuperación del crecimiento, por más rápido y contundente que fuera el reajuste de los precios relativos a favor de los bienes comercializables. Por eso, busqué un camino intermedio, consistente en utilizar todas las posibles herramientas no monetarias para corregir el desajuste de precios relativos, aún a costa de demorarlo, pero preservando el régimen monetario, es decir la convertibilidad. En materia de régimen cambiario la idea era avanzar hacia un régimen más flexible, pero sólo después de haber reasegurado el equilibrio fiscal con la reducción de intereses de la deuda, que se conseguiría a través de una reestructuración ordenada de la deuda.

Lamentablemente, la idea de mantener la libre elección de la moneda y no imponer desde el gobierno alteración alguna de los contratos, ni para dolarizar ni para pesificar, no tuvo suficiente apoyo profesional, posiblemente, porque tanto dolarizadores como pesificadores razonaron más sobre el régimen cambiario (es decir sobre la discusión: “tipo de cambio fijo” versus “tipo de cambio flotante”) antes que sobre el régimen monetario y de protección a los derechos de propiedad en contratos a mediano y largo plazo. La Ley de Convertibilidad había creado el sistema monetario deseado por la gente, pero era compatible con los dos regímenes cambiarios extremos y cualquier variante intermedia, siempre que se dieran las condiciones fiscales necesarias.

Una desafortunada coincidencia táctica

Desde el 1 de noviembre de 2001, día en que anunciamos la reestructuración de la deuda pública en dos etapas, comenzó a gestarse una desafortunada coincidencia táctica entre los dirigentes políticos que querían “cambiar el modelo” y los economistas y empresarios que pregonaban la devaluación. Esta virtual “alianza táctica” fue abonada por importantes medios de comunicación que creyeron que “el cambio de modelo” a partir de la devaluación, brindaría el marco para encontrar una solución al problema del excesivo endeudamiento. Esta alianza táctica fue capaz de movilizar detrás de si a todos los deudores, fueran éstos públicos o privados. Al fin y al cabo, las acciones iban a concluir en una suerte de default simultáneo y generalizado que terminaría provocando una fuerte quita en el valor real de las deudas.

Lo que los dirigentes, economistas y empresarios que integraron esta alianza táctica no tuvieron en cuenta, es que los acreedores no eran sólo “inversores financieros del exterior” sino millones de ahorristas que habían confiado en el sistema financiero argentino y millones de trabajadores que aportan mensualmente para tener un ingreso en la vejez. La gravísima afectación de sus derechos de propiedad que resultaría de la reprogramación forzosa y generalizada de depósitos, la pesificacion de los contratos en dólares y la devaluación seguida de flotación del Peso haría desaparecer, prácticamente, la inversión y la compra de bienes de consumo durables, además de crear un clima de inseguridad jurídica dentro del cual se torna ilusorio pensar en canalización de ahorros hacia la inversión.

Más aumento de la desocupación y la pobreza

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Duhalde apoyado por Alfonsin[1] desde enero de 2002 han acentuado la recesión de manera extrema y, peor aún, han creado un clima de gran escepticismo sobre la posibilidad de que la economía recupere el crecimiento. Esto provocó un importante aumento de la desocupación y la pobreza. ¿Era ésto previsible?

Por supuesto que sí, y de ahí que a lo largo de todo el año 2001, quienes teníamos la responsabilidad de gobernar luchamos para evitar el default y la devaluación[2]. Pero, ¿había realmente alguna alternativa mejor a la que finalmente se aplicó?, ¿No era inexorable que la Argentina cayera en cesación de pagos y crisis cambiaria?, es más, ¿No se habían producido ambas el 1 de Diciembre cuando se introdujo el “corralito” financiero?

La alternativa era perseverar en la eliminación del déficit fiscal de la Nación y de las Provincias, extendiendo a éstas los recortes salariales ya implementados por el Gobierno Nacional desde julio de 2001 y reforzar esta política con una fuerte reducción del gasto de intereses de la deuda pública y postergación de vencimientos de capital a obtener mediante un proceso ordenado de reestructuración de deuda como el que había comenzado el 1 de noviembre. Sin duda, la alternativa implicaba una cierta compulsión en la reprogramación y atenuación de los pagos financieros y una mayor flexibilidad posterior en la determinación del cambio de pesos a dólares, pero ambos procesos debían ser ordenados y afectar lo menos posible los derechos de propiedad de los ahorristas, inversores y trabajadores

Para frenar la salida vertiginosa de los depósitos del sistema bancario, el 1 de diciembre se introdujo lo que popularmente se llamó “corralito” que no era otra cosa que un control transitorio de los cambios, como el que tantas veces se había dado en distintos países entre 1870 y 1930, a través de la entonces denominada “suspensión de la convertibilidad”. Pero el “corralito” de Diciembre sólo limitaba las transferencias financieras al exterior y el retiro de dinero en efectivo de los bancos. Los depositantes mantenían tanto el valor como la disponibilidad de sus ahorros para pagos internos, los que podían hacerse con tarjetas de débito, cheques o transferencias entre cuentas bancarias. Simultáneamente, se promovía la bancarización de los pagos, algo que era necesario para mejorar la administración tributaria. Pero el “corralito”, lejos de significar la cesación de pagos y el abandono de la convertibilidad en el sentido de libre elección de la moneda, fue establecido para preservar el valor y la disponibilidad de los ahorros durante el proceso de reestructuración de la deuda publica y de reajuste fiscal de la Nación y las provincias, que era naturalmente complejo.

¿Por qué el Gobierno de Duhalde apoyado por Alfonsin siguió entonces un camino tan equivocado? Mi respuesta es que la discusión profesional de los economistas y la prédica de los medios fuertemente endeudados los confundió, a tal punto que creyeron sinceramente que lo que estaban implementando era un “cambio de modelo” que reactivaría la economía, generaría crecimiento y disminuiría la desocupación y la pobreza. En este trabajo quiero enfatizar el aporte de los economistas profesionales a la confusión de los dirigentes políticos.

“Prices right” versus “property rights”

Quienes enfatizaban los efectos recesivos y deflacionarios del desajuste en los precios de los bienes comercializadles internacionalmente y los bienes domésticos y propusieron el reemplazo del régimen de tipo de cambio fijo por la flotación del Peso, pensaban que dejando que los precios relativos se realinearan ( set the “prices right”) la economía dejaría de requerir delación y podría reactivarse a través del aumento de la producción de bienes exportables y sustitutos de importaciones[3].Lo que no tuvieron en cuenta es que en la medida que el reajuste de precios relativos implicara el abandono definitivo de la convertibilidad, es decir, de la libre elección de la moneda por la gente, se produciría tal destrucción de los derechos de propiedad (“property rights”), que se harían imposibles los contratos de mediano y largo plazo, con lo que prácticamente desaparecerían, tanto el ahorro en el país como la inversión empresaria y familiar.

Al mismo tiempo, los que proponían la defensa irrestricta de los derechos de propiedad de ahorristas e inversores financieros, criticaban cualquier intervención gubernamental destinada a corregir la precios relativos sin abandonar la convertibilidad[4]. Como todas eran críticas, es entendible que dirigentes políticos como Duhalde y Alfonsin, que siempre habían propuesto el “cambio de modelo”, hayan creído que había llegado el momento de hacerlo.

El futuro

El abandono de la convertibilidad, en el sentido de la libre elección de la moneda y el respeto de la moneda original de los contratos, va a impedir que exista la inversión y el aumento de productividad imprescindibles para cualquier proceso de crecimiento sostenible. La reactivación de la economía por aliento a las exportaciones y la sustitución de importaciones se darán en la medida que no requiriera nuevas inversiones importantes, dado que éstas serán muy difíciles de financiar. Además, pasara mucho tiempo antes que el aumento de la producción de bienes exportables y sustitutos de importaciones compense la enorme caída del mercado interno originada en el deterioro de los ingresos reales de la población provocado por la fuerte devaluación del peso. Este pronóstico desalentador puede cambiar en la medida que se avance en los siguientes frentes:

Reestablecimiento del Estado de Derecho en materia económica mediante la declaración de nulidad de la reprogramación forzosa de depósitos y la pesificación de los contratos. El efecto de estas decisiones sobre la inflación dependerá de la reacción del Poder Ejecutivo a esas decisiones judiciales. Éste puede aprovechar la oportunidad para comenzar a recrear la confianza de los ahorristas y los compromete a no retirar sus ahorros del sistema financiero argentino, cosa que es perfectamente posible manteniendo los depositantes la disponibilidad de sus fondos para pagos internos a través del propio sistema bancario. En ese caso se produciría una apreciación gradual del Peso conducente al equilibrio de los precios relativos a un nivel compatible con la recuperación simultánea de exportaciones y demanda interna. Si, por el contrario, resiste la declaración judicial de inconstitucionalidad o no logra el apoyo de los ahorristas para mantener los fondos dentro del sistema bancario, el Banco Central se verá obligado a emitir pesos, o aparecerán todo tipo de bonos nacionales, provinciales o privados no confiables para la gente, que alimentarán un proceso descontrolado de inflación. Eventualmente, los precios relativos volverán a equilibrarse, pero luego de un proceso inflacionario que puede ser largo, impredecible y muy costoso.

Elección de un gobierno capaz de ofrecer un nuevo liderazgo que la gente vea como protector de los derechos de propiedad y comprometido en la recreación de las condiciones para que vuelva a haber inversión y aumento de la productividad como durante buena parte de la década del ‘90.

Claro compromiso de transformación de las políticas sociales para erradicar la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia y conseguir que la inversión en capital humano no sólo aumente sino se distribuya en beneficio de las familias más pobres.

Se trata, sin dudas, de un desafió monumental para el pueblo y la dirigencia argentina. Los economistas profesionales podrán ayudar a encontrar este camino en la medida que no siga planteando la búsqueda del equilibrio de los precios relativos como antagónica a la preservación de los derechos de propiedad de ahorristas, inversores y trabajadores. En la búsqueda de reglas de juego e instituciones capaces de conciliar el reequilibrio de los precios relativos con el respeto de los derechos de propiedad radica el aporte que pueden hacer los economistas a la recuperación institucional y moral de la Argentina. Sólo en ese contexto podrá decirse que la recuperación económica argentina ha comenzado. Obviamente yo no comparto ni el pesimismo irreversible de Hans Tietmeyer ni el optimismo alegre de Joseph Stiglitz.
 
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[1] Para una descripción del origen de este gobierno ver mi trabajo “El Golpe Institucional” (www.cavallo.com.ar)

[2] Para una descripción de esta experiencia ver mi trabajo “La lucha por evitar el default y la devaluación” (www.cavallo.com.ar)

[3] Joseph Stiglitz acaba de decir en un artículo que era obvio que ello iba a ocurrir. Y que ya esta ocurriendo! Ver “La recuperación Argentina” en el diario español El País, el 20 de septiembre de 2002

[4] Ver las múltiples críticas de quienes pregonaban la “dolarización” a los planes de convertibilidad, a la introducción del euro y a los sucesivos intentos de reprogramación de deudas.

 

La Justicia Argentina está resolviendo las demandas de los depositantes como lo haría la Justicia de cualquier país en el que impera la ley. Esto es importante porque reafirma que la Ley Argentina brinda la misma protección a los derechos de propiedad que la Ley de los Estados Unidos o de cualquier otro país avanzado. Se impide, por ejemplo, que una decisión del Gobierno, como el Decreto 214 que dispuso la pesificación de todos los contratos firmados en jurisdicción argentina, imponga una quita de mas del 50 % a las acreedores argentinos, mientras se mantienen intactos los derechos de los acreedores extranjeros.

Sorprende, por lo tanto, que Duhalde y algunos banqueros hayan reaccionado con tanta alarma ante las últimas decisiones judiciales. Los banqueros argumentan que si se despesifican los depósitos, ellos se verán obligados a demandar la redolarización de los préstamos bancarios ¡Por supuesto que tendrán que hacerlo! Más aún, deberían haberlo hecho en forma simultánea a la iniciación de las demandas por los ahorristas, tal como lo hicieron los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones. La gente confía en los bancos cuando éstos se preocupan por resguardar la intangibilidad de los depósitos, no cuando buscan una forma de liquidar sus negocios y pretenden devolver los depósitos en moneda desvalorizada. Cuando un banco asume esta última actitud, la conclusión de los depositantes es que la institución tiene la intención de terminar sus actividades en el país y lo único que busca es minimizar las pérdidas de su decisión original de prestar servicios de intermediación financiera en la Argentina.

El temor del Gobierno y de los banqueros es injustificado por varias razones. Primero, porque si se revierte la pesificación de manera integral comenzará a bajar la cotización del dólar, y ello facilitará la reactivación de la economía argentina, además de comenzar a resolver los muchos casos de insolvencia que se derivaron de la fuerte devaluación del peso. Segundo, porque si el Gobierno y los banqueros comienzan a trabajar en una solución más eficiente y general para el problema de los endeudados en dólares, sin discriminar en contra de los acreedores argentinos, tendrán mejores chances de recuperar la solvencia de sus clientes.

El primer argumento requiere entender que la cotización del dólar en una economía que estaba altamente dolarizada depende mucho más de las decisiones de la gente sobre la moneda en la que quieren tener sus activos financieros que del comportamiento de las exportaciones e importaciones. Si la gente vuelve a sentir que tiene sus ahorros bancarios en dólares y que puede disponer de ellos en esa moneda, aún cuando deba enfrentar por algún tiempo limitaciones para hacer pagos o transferencias al exterior, disminuirá la ansiedad por convertir los pesos excedentes y cualquier otro papel del gobierno emitido bajo Ley Argentina en dólares billete o en el exterior. Esto aflojará la presión sobre el mercado de dólares y provocará una baja sostenida en su cotización. Volver a un precio razonable para el dólar ayudará mucho a la reactivación de la economía, porque permitirá la recomposición del mercado interno y la reaparición del crédito bancario. La actual cotización del dólar está mucho más alejada de un valor de equilibrio de largo plazo compatible con el crecimiento de la economía argentina, que lo que estaba en las últimas épocas del 1 a 1. En otros términos, la caída del mercado interno que genera la exagerada devaluación del peso es mucho más recesiva que el desaliento a las exportaciones originado en la fortaleza exagerada de nuestra moneda mientras rigió la convertibilidad.

El segundo argumento es fácil de entender si se analizan los costos y las ineficiencias de las soluciones que el Gobierno ha pretendido dar a los deudores. Y, sobre todo, si se advierte que el problema de la insolvencia generalizada de los deudores está muy lejos de haberse resuelto. La pesificación, tal como fue hecha, significa un enorme costo fiscal, adicional a la quita que impone a los depositantes. El gobierno tiene que emitir un bono por la diferencia entre los tipos de cambio a los que transformó depósitos y préstamos bancarios. Además, está emitiendo bonos en dólares para ofrecer como alternativa a los depositantes, que aún cuando no los deja satisfechos, crean un compromiso fiscal importante para el presupuesto público. La solución es muy ineficiente, porque además de costosa es incompleta. Han quedado sin resolverse los problemas de insolvencia derivados de las deudas contraídas en jurisdicción extranjera, que, lógicamente, no pudieron ser pesificadas. Peor aún, estos problemas se han agudizado por el excesivo aumento en la cotización del dólar provocado por la pesificación de los activos de la gente.

Las decisiones judiciales obligarán al Gobierno a pensar en mejores soluciones al problema del endeudamiento. Y, si se pone a buscarlas, las va a encontrar porque las soluciones existen. Se trata de asignar mejor el costo fiscal ya devengado por la decisión de pesificar. Se deberá crear un sistema de subsidios explícitos a los deudores, sujeto a ciertos condicionamientos y a pagar en el momento en que el deudor cumpla con la parte que le corresponde de sus obligaciones, que no discrimine por la jurisdicción de los contratos. Es decir, que preserve el carácter protectivo de los derechos de propiedad de la Ley Argentina

Si no se respeta la decisión de la Justicia, o, peor aún, si se presiona a la Corte Suprema para que cometa una gran injusticia, en perjuicio de todos los ahorristas y trabajadores argentinos, se registrará en nuestra historia una nueva paradoja: la de los “nacionalistas” que “desnacionalizan”. Los mismos nacionalistas que durante décadas de aislamiento llevaron a la hiperinflación y consiguieron desnacionalizar el dinero, ahora, mediante la pesificación, conseguirán desnacionalizar la legislación. Entonces pasarán a tener razón los economistas del CEMA que sostienen que la única solución para Argentina es la banca off-shore. En otros términos, que habrá que resignarse a contratar en la Argentina en moneda y ley extranjeras.
 

Nueve meses después de haber impulsado el abandono de la convertibilidad, los populistas que apoyaron el golpe institucional del 19 y 20 de Diciembre pasado ya deberían haber advertido que les salió el tiro por la culata. No se puede interpretar de otra manera que ninguno de los candidatos peronistas quiera aparecer respaldado por el Gobierno de Duhalde y que ningún candidato del Partido Radical consiga valores significativos de intención de voto. ¿Cuál es la explicación?

Los populistas de ambos partidos tradicionales, muy particularmente el Duhaldismo y el Alfonsinismo, habían denostado la ley del Déficit Cero, con el argumento de que significaba un recorte del 13 % en los salarios y las jubilaciones superiores a 500 dólares mensuales y que iba a acentuar la recesión. Cuando yo les explicaba que la devaluación como mecanismo alternativo para reducir el gasto público era mucho más costoso, tanto en términos de caída real de los salarios y jubilaciones como en términos de recesión, preferían escuchar los consejos de los que desde afuera del país recomendaban la pesificación y la devaluación. No se dieron cuenta, que los “expertos” de afuera no estaban interesados para nada en defender los ingresos reales de los argentinos, sino en tratar de posicionarse mejor en la negociación en marcha por la reestructuración de la deuda pública.

La exitosa reestructuración de la deuda “interna” que se había concluído el 15 de diciembre por la impresionante cifra de 55 mil millones de dólares, garantizaba a los acreedores nacionales que iban a cobrar en dólares y una tasa de interés razonable. Mucho más baja que la originalmente pactada en los préstamos bancarios que habían sido otorgados a las provincias, pero suficiente como para que las AFJP’s y los bancos pudieran seguir reconociendo y honrando sus deudas con los trabajadores y los depositantes. Los acreedores del exterior, que por pretender legislación extranjera para sus bonos, no participaron del canje de bonos por préstamos garantizados, comenzaron a temer que a ellos se les solicitara una rebaja mayor de los intereses o una quita en el capital. Por eso decidieron boicotear el proceso de reestructuración en dos etapas. Para ello, nada mejor que impulsar la pesificación de todos los contratos hechos en el marco de la legislación Argentina y promover una fuerte devaluación. Los acreedores nacionales que habían entrado en el canje de bonos por préstamos garantizados soportarían de esa forma una quita adicional en el monto de la deuda (posiblemente superior al 50%) mientras que los acreedores del exterior mantendrían inalterados sus derechos en dólares.

Lamentablemente, los dirigentes que apoyaron el golpe institucional, además de populistas son muy ignorantes, y no advirtieron que lo que convenía a los acreedores del exterior significaba una impresionante caída de los salarios y las jubilaciones en términos reales y un verdadero robo a los ahorristas argentinos. Era impensable que se pudiera reducir a la mitad el activo de los bancos y de las AFJP’s y que no se terminara haciendo una quita semejante en el valor de los depósitos y las prestaciones jubilatorias. Sólo la ignorancia de los populistas puede haberlos llevado a aplaudir de pie la declaración del default de la deuda “externa”, para terminar imponiendo una quita de más del 50 % a la deuda “interna”, mientras los derechos y el poder de negociación de los acreedores extranjeros se mantenía intacto.

Algo parecido ocurrió con los ataques furibundos al “corralito” de diciembre. Dijeron que se trataba de una confiscación de depósitos, cuando se respetaba la moneda original y los ahorristas podían disponer de los mismos a través de cheques, transferencias o tarjetas de débito. El abandono de la convertivilidad, lejos de permitirles emitir todos los pesos para abrir el “corralito”, los obligó a crear el “corralón” que, sin lugar a dudas, significó una brutal afectación del derecho de propiedad de los depositantes. En diciembre se rasgaron las vestiduras porque la bancarización forzosa afectaba a los comerciantes y prestadores de servicios acostumbrados a manejarse en efectivo y a no pagar impuestos. Ahora quieren descubrir a los evasores revisando la nómina de depositantes que vieron reducidos sus ahorros a la mitad. Las contradicciones en las que incurren son increibles!

Si el objetivo era mejorar los ingresos reales de trabajadores y jubilados y abrir el corralito, el abandono de la convertibilidad significó, sencillamente, gatillar un arma de la que iba a salir el tiro por la culata. Casi nueve meses de evidencias tan claras debería convencer al Gobierno de Duhalde y al Partido Radical, que es hora de que reviertan decisiones tan equivocadas y restauren en la mayor medida posible el sistema institucional que permitió a la Argentina conquistar la estabilidad y el crecimiento en la década del ‘90. Afortunadamente, los pronunciamientos de la Justicia, están empujando en esa dirección.