Autor: Domingo Cavallo

La mejor forma de describir a la economía Argentina no es diciendo que se trata de una economía estancada ni de que ha vuelto a ser una economía inflacionaria. En realidad, la descripción mas apropiada es que nos hemos transformado en una economía “desacreditada”. Nuestro mayor problema actual no es ni el estancamiento ni la inflación. El mayor problema es el “des-crédito”. O, utilizando más palabras, la desaparición y pérdida del crédito. El gobierno argumenta que hay cierta reactivación, y lo presenta como una evidencia de que estamos saliendo del estancamiento de los últimos cuatro años. Y algunos indicadores le están dando la razón. Gracias a la gran inversión de la década del 90 y del consecuente aumento de la productividad, los sectores capaces de producir para la exportación o para la sustitución de importaciones están respondiendo al mayor incentivo que significa un peso muy devaluado. Algo parecido ocurre con los sectores del comercio y los servicios que atienden al turismo receptivo, que obviamente se está beneficiando del dólar caro. Por otro lado, los precios muy ligados al dólar han dejado de subir y ya se argumenta que el gobierno ha sido exitoso en evitar que la inflación volviera a transformarse en una mal endémico de la economía Argentina. Detrás de este logro también está la gran inversión de los 90, particularmente la que permitió el mejoramiento de la infraestructura energética, de los transportes y de las comunicaciones. Gracias a la existencia de una gran capacidad instalada, el Gobierno pudo poner en práctica un virtual congelamiento tarifario sin que se produjera de inmediato el fenómeno de desabastecimiento que normalmente acompaña a la fijación de precios artificiales. Pero estas buenas noticias, que tienen su origen en la capacidad instalada de la economía para producir bienes y servicios, se verán empañadas cada vez más por el creciente deterioro de esa capacidad productiva a causa de la falta de inversión. ¿Por qué no se invierte en la economía Argentina? La respuesta es muy clara. No hay inversión porque la economía ha perdido el crédito. Ningún ahorrista argentino ni extranjero está dispuesto a invertir sus fondos en el país, dado que no siente que la propiedad de sus ahorros será respetada. La cesación de pagos internos y externos decidida por el gobierno, más el establecimiento del corralón para los depósitos a plazo fijo, que no es otra cosa que la cesación de pagos de los bancos, se transformó en una invitación a la cesación de pagos de las empresas. Además, la caída de los ingresos reales de los trabajadores provoca la cesación de pagos de las familias. En síntesis, hay una cesación generalizada de pagos que no sólo ha hecho desaparecer el crédito, sino que, en la medida que sea ensalzada como una “solución” y se hable de ella como de una “virtud”, hará casi imposible la reaparición del crédito en el futuro. Durante la década del 90, el crédito que logramos como país, nos permitió construir una valiosa capacidad instalada a través de una triplicación de la inversión promedio anual, en comparación con la década del 80. Esa inversión explicó no sólo el crecimiento de la década del 90 sino también la tenue reactivación económica y la aparente estabilización de precios que hoy está engolosinando al Gobierno. Lamentablemente, el descrédito en que hemos caído como país, está poniendo en marcha el proceso opuesto. La ausencia de inversiones provocará un deterioro de la capacidad productiva y llegará un momento en que los cuellos de botella y el desabastecimiento se van a constituir en los determinantes del estancamiento y la inflación. Comenzaremos a vivir un fenómeno de estagflación como el que nos azotó durante la década del 80. Cuando el Gobierno advierta que nuestro problema hoy es que somos una economía “desacreditada” y que eso preanuncia estancamiento e inflación en el futuro, es de esperar que comience a trabajar para la recuperación del crédito. Si no lo hace, Argentina no tendrá futuro.

La hiperinflación siempre se origina en el aumento descontrolado de una moneda que la gente no quiere tener. Es bien conocido que la gente prefiere mantener sus ahorros en dólares y no en pesos. ¿Cómo se explica entonces que reconocerle a los ahorristas que vuelven a ser propietarios de dólares bancarios puede generar hiperinflación? La respuesta es sencilla. El Gobierno, al prohibir las cuentas corrientes y caja de ahorros en dólares, esta impidiendo que los dólares bancarios existan. Hoy no se pueden escribir cheques o utilizar tarjetas de débito en dólares. Esto es lo que provoca el riesgo hiperinflacionario. No la decisión de la Corte de defender el carácter protectivo de los derechos de propiedad que la Constitución Nacional le asigna a la Ley Argentina.

El riesgo hiperinflacionario se elimina con sólo permitir que vuelvan a existir las cuentas a la vista en dólares y que se pueda reconstruir el sistema de pagos internos en esa moneda, tal como existía hasta que, violando la Constitución Nacional, se decretó la “pesificación” de la economía.

¿Cuales son las alternativas que se le abren a un ahorrista a partir del día que la Suprema Corte de Justicia ratifique la inconstitucionalidad del corralón? Si se mantiene la prohibición de abrir cuentas a la vista en dólares, sólo tendrá dos alternativas. Mantener sus fondos depositados a plazo fijo en dólares o pasarlos a una cuenta a la vista en pesos. En este último caso, el banco le tendrá que aplicar el tipo de cambio del mercado libre del dólar. Esto significa poner en circulación pesos que la gente no desea mantener. Ahí es donde aparece el riesgo hiperinflacionario, porque si la mayoría de los ahorristas deciden por la segunda alternativa, la creación de pesos puede terminar siendo incontrolable.

Ahora bien, si el Gobierno permite que los ahorristas que quieran tener sus dólares bancarios a la vista, puedan abrir cuentas corrientes o cajas de ahorro en dólares, y se vuelven a permitir los pagos internos con cheques o tarjetas de débito en dólares, entonces no necesitan crearse pesos adicionales. ¿Qué ocurre en ese caso, si los titulares de las cuentas a la vista en dólares quieren transformarlos en pesos? La solución es muy simple. Se organiza un mercado en el que se cotiza el dólar bancario en término de pesos bancarios y viceversa. Si mucha gente quiere transformar sus dólares bancarios en pesos, bajará el precio del dólar, pero ninguna institución estará obligada a crear pesos bancarios adicionales.

Hay otra pregunta relevante. ¿Qué ocurre si los titulares de cuentas en dólares quieren llevarse los dólares billete o transferir los dólares al exterior? Ahí se deben aplicar las reglas del control de cambios. La Suprema Corte de Justicia siempre ha admitido como constitucionales los controles de cambios en situaciones de emergencia y no existen rumores de que vaya a cambiar esta jurisprudencia. El retiro de dólares billetes o el giro de dólares al exterior sólo podrán ser autorizados por los bancos si el titular de la cuenta demuestra que tiene que hacer un pago al exterior permitido por el control de cambios, tal como ha ocurrido desde principios de diciembre del año pasado, cuando se implantó el corralito. En este sentido el corralito no ha sido levantado ni se lo va a poder levantar hasta que se concluya la reestructuración de la deuda externa y se normalicen totalmente las relaciones financieras de Argentina con el exterior. ¿Qué pagos van a poder hacer entonces los titulares de cuentas a la vista en dólares? Cualquier pago permitido al exterior, como los pagos por importaciones de bienes o servicios y pagos de deudas externas ya reestructuradas, tal como lo puede hacer hoy cualquier titular de cuenta bancaria en la Argentina. Pero, además, podrá hacer cualquier pago interno. Esto último es muy importante, porque permitirá reactivar inmediatamente el mercado inmobiliario, el mercado automotor, el mercado de los bienes durables y, muy probablemente, el de los bienes de capital. Ninguno de estos pagos supone salida de dólares billetes ni transferencias de dólares al exterior desde el sistema bancario que hoy no puedan salir. Por consiguiente no es válido el argumento que algunos hacen sobre la inexistencia de dólares billete suficientes para afrontar la redolarización de los depósitos bancarios.

Los ahorristas que no deseen usar sus ahorros para hacer pagos, podrán mantenerlos a plazo fijo, ganando el interés que le ofrezcan los bancos. Estos volverán a competir para captar ahorros en dólares y la gente volverá a tener la posibilidad de mantener depositado el capital y cobrar periódicamente los intereses como complemento de sus ingresos corrientes.

La autorización de las cuentas a la vista en dólares facilitará la operatoria de todo el comercio exterior y quitará trabas que hoy afectan a las exportaciones. No se necesitará exigir a los exportadores que conviertan sus dólares en pesos, sino simplemente que transfieran las divisas que generan sus exportaciones a cuentas en dólares dentro del sistema financiero Argentino. Seguramente muchos de los pagos a sus proveedores podrán ser hechos en dólares y éstos circularán dentro de los bancos Argentinos y permitirán afrontar los pagos que importadores y deudores deban hacer al exterior. De esta forma, los agricultores podrán recibir dólares como pago por su cereal y no necesitarán almacenar el cereal como moneda de ahorro.

Eliminado el riesgo hiperinflacionario como argumento para impedir la redolarización, queda la cuestión del efecto de la misma sobre el balance de los bancos. ¿No quedarían los bancos en bancarrota si tienen que reconocer que sus obligaciones con los depositantes vuelven a su nivel original en dólares? La respuesta depende de lo que se haga con los activos de los bancos. Lo que corresponde es que sus activos vuelvan a dolarizarse. En primer lugar, el Gobierno tiene que anular la pesificación del Préstamo Garantizado y la reducción en dos puntos de su tasa de interés. Es decir tiene que revertir el default de la deuda interna reestructurada a fines del año pasado y cumplir con lo pactado. Esto es muy importante no sólo para normalizar el funcionamiento del sistema bancario, sino para evitar la continuación del conflicto judicial con las AFJPs. En segundo lugar, el gobierno tiene que optar por revertir la pesificación de las deudas del sector privado con el sistema bancario o comprometerse a saldar la diferencia entre los pagos que harán los deudores en pesos y el valor en dólares de cada cuota de capital e intereses. Este subsidio del Estado a los deudores tendrá que ser presupuestado a lo largo del tiempo y financiado como el resto del presupuesto. No hay otra alternativa.

Los que dicen que esta solución implica un mayor costo fiscal futuro, parten del supuesto de que es posible cargar sobre los ahorristas de una vez todo este costo fiscal. La declaración de inconstitucional del corralón significa que esa decisión constituye una expropiación de los ahorros. Inexorablemente, el Gobierno tendrá que apelar a gravámenes que no tengan ese carácter.

Si el Gobierno, en lugar de presionar a la Suprema Corte de Justicia para que convalide el corralón, aprovechara el buen criterio que en este tema está demostrando tener nuestro Poder Judicial y decidiera recrear un sistema financiero bimonetario, capaz de ofrecer a los ahorristas argentinos protección adecuada a sus ahorros y buenos servicios de pagos en la moneda que cada uno elija, estará iniciando una reconstrucción institucional imprescindible para que argentina vuelva a crecer.

El Gobierno parece esperar que la Corte Suprema convalide la reprogramación y pesificación de los depósitos dispuesta a lo largo de enero de este año. Yo estoy convencido que ello nunca ocurrirá, porque la Corte ya ha dicho claramente que las decisiones adoptadas en enero constituyen una flagrante violación del derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional. Lo hizo al pronunciarse en el caso Smith durante el mes de febrero, luego de haber obligado a Kipper a devolver el depósito que éste había logrado recuperar a través de un recurso de amparo.

El caso Kipper se dio en diciembre de 2001, antes de que el Gobierno de Duhalde decidiera reprogramar y pesificar los depósitos. Fue precisamente esta decisión del Poder Ejecutivo, la que provocó el nuevo pronunciamiento de la Corte. Algunos quisieron ver en los pronunciamientos diferentes sobre los casos Kipper y Smith una contradicción. Pero no existe contradicción sino circunstancias sobrevivientes que hicieron que el “corralito", que era un control de cambios transitorio como el que muchas veces se había impuesto en la época del Patrón Oro, se transformara en un “corralón” claramente avasallante de los derechos de propiedad de los ahorristas.

 

Por consiguiente, si la Corte resuelve a favor de los ahorristas convalidando los pronunciamientos de los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelación contrarios a la reprogramación y pesificación de los depósitos, estará manteniendo la posición correcta que ha adoptado hasta ahora. Y si el Gobierno anulara la pesificación y la reprogramación de depósitos, permitiendo de nuevo, como se pudo hacer durante todo diciembre, que los depositantes puedan utilizar sus fondos en la moneda original, para cualquier tipo de pago interno, es de esperar que la Suprema Corte convalide los controles de cambio y las restricciones al retiro de efectivo que serán necesarios para evitar una fuga masiva de capitales del país. Ambas decisiones serían coherentes con las adoptadas en los casos Kipper y Smith.

Los efectos prácticos de una decisión de la Corte Suprema favorable a los ahorristas, dependerán de la actitud que asuma el Gobierno. Si decide mantener la prohibición actual de que se abran cuentas corrientes y cajas de ahorro en dólares, no les estará dejando a los ahorristas y a los jueces otra alternativa que exigir la entrega en efectivo, en dólares o en pesos por el monto equivalente a la cotización del dólar en el mercado libre, de todos los depósitos que éstos necesiten para hacer pagos. Si, por el contrario, permite que vuelvan a funcionar las cuentas en dólares para pagos con cheque, tarjetas de débito y transferencias bancarias, será perfectamente factible instrumentar un sistema de pagos internos que no requiera la salida de los dólares ni de los pesos del sistema bancario. Si se hace esto último, la situación financiera de la Argentina comenzará a normalizarse y se podrá pensar seriamente en una normalización posterior de las relaciones financieras con el exterior.

En síntesis, una decisión de la Suprema Corte a favor de los ahorristas, lejos de agravar la situación, podría ser el comienzo a una reversión del actual clima de cesación generalizada de pagos. Se beneficiarían no sólo los ahorristas sino todos los argentinos, porque nuestra economía comenzaría a salir de la trampa depresiva en la que ha caído.

Es absurdo que el FMI no haya aún extendido los plazos de vencimiento de la deuda argentina, siendo que nuestro país continuó pagando los intereses no sólo al FMI sino a todos los demás organismos financieros internacionales. Pareciera que sus autoridades pretenden que Argentina se transforme en deudor moroso del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, luego de haber suspendido los pagos al resto de los acreedores no oficiales. En la práctica ello significa maximizar el “desorden” de la reestructuración de la Deuda Pública Argentina que el FMI definió como necesaria al aprobar el préstamo de 8 mil millones de dólares en agosto de 2001.

En aquella oportunidad, todos los países del G7 sostenían que nuestro país debía lograr una reestructuración de la deuda que bajara significativamente el monto de intereses que la Nación y las provincias estábamos pagando y prorrogara por varios años los vencimientos de capital. A ésto le llamaban “Private Sector Involvement” o “PSI”, siguiendo la costumbre inglesa de resumir los nombres por las iniciales. El Director Gerente del FMI siempre planteaba la necesidad del PSI, interpretando la posición que hasta el 2000 era fundamentalmente europea, pero que con la llegada de Paul O’Neill al Tesoro, paso a ser también norteamericana.

En julio y agosto del año pasado, cuando estábamos negociando el apoyo del FMI para revertir la crisis financiera que comenzó luego de que las Provincias y la propia Nación llegáramos a la conclusión de que habíamos perdido el crédito, el Gobierno Argentino, que por entonces yo representaba, aceptó la sugerencia de buscar una reestructuración de la deuda pública, involucrando activamente a los acreedores no oficiales, tal como lo venían sugiriendo el FMI y los gobiernos del G7. Pero insistimos que debía ser una reestructuración “ordenada”, sin cesación de pagos, porque de otra forma se pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero interno y los ahorros de los argentinos. Explicamos que los principales acreedores de la Argentina eran los depositantes en nuestros bancos y los trabajadores que venían aportando a los fondos de pensiones, acreencias que excedían con creces a las de los tenedores de bonos argentinos en el exterior.

El Tesoro de los Estados Unidos y el Sistema de la Reserva Federal apoyaron con entusiasmo el carácter “ordenado” que nosotros pretendíamos darle al proceso de reestructuración de la deuda pública, y por esa razón, insistieron que el FMI no sólo desembolsara los 5 mil millones que habíamos solicitado para recomponer las reservas del Banco Central, sino que asignara 3 mil millones adicionales para apoyar la reestructuración de la deuda.

Lamentablemente, al FMI pareció no interesarle que el proceso en el que nos estábamos embarcando fuera “ordenado”. Durante setiembre y octubre de 2001, sus funcionarios insistían que debíamos conseguir dinero del Banco Mundial, del BID y de los gobiernos del G7 para garantizar los nuevos títulos de la deuda que queríamos ofrecer en canje por los que se habían tornado demasiado onerosos y cortos. Pero lo hacían aún sabiendo que los gobiernos de los principales países no estaban dispuestos a hacer aportes adicionales y lo habían dicho claramente.

En noviembre lanzamos el plan de reestructuración de la deuda en dos etapas, ofreciendo a los acreedores que aceptaran la ley argentina la garantía de nuestra recaudación impositiva, en particular la proveniente del impuesto a las transacciones financieras que recaudaban los propios bancos. Los funcionarios del FMI no sólo no apoyaron explícitamente el plan, sino que demoraron el desembolso de 1.200 millones de dólares que había sido programado para noviembre, siendo que todas las metas fiscales del tercer trimestre del año habían sido cumplidas. Argumentaron que había evidencias que no lograríamos cumplir las del cuarto trimestre, pero las causas del incumplimiento no eran otras que la demora en conseguir la rebaja de intereses que se buscaba con la reestructuración de la deuda y la acentuación de la recesión provocada precisamente por la crisis financiera que volvió a desatarse cuando los mercados percibieron que el FMI dudaba si apoyar o no la reestructuración de deuda en la que Argentina se había embarcado.

Hacia mediados de diciembre la primera etapa de la reestructuración de la deuda había resultado muy exitosa, al punto que habíamos logrado diferir por tres años los vencimientos de capital de 55 mil millones de dólares y economizado 4 mil millones anuales de intereses a partir del año 2002. A pesar de este éxito, el desembolso adeudado desde noviembre y el apoyo explícito a la segunda etapa de la reestructuración que queríamos implementar de inmediato, fue condicionado por las autoridades del FMI a una demostración de “consenso político” alrededor del Presupuesto para el año 2002 que ellos sabían que era muy difícil de conseguir en pocas semanas.

Cuando a principios de enero, estando yo afuera del Gobierno hablé con el entonces Ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, para advertirlo sobre el “desorden” descomunal que traería la devaluación sin haber concluido la reestructuración de la deuda, éste me comentó que Anne Krueger había exclamado “¡¡por fin!!”, luego que él le anunciara el fin de la convertibilidad. En ese momento advertí que el FMI había estado jugando con fuego. Sin decírnoslo, habían decidido obligarnos a abandonar la convertibilidad, a pesar de que yo les había advertido hasta el cansancio que, luego de una devaluación, la reestructuración de la deuda sería un proceso absolutamente “desordenado”.

En noviembre y diciembre de 2001 algunos economistas podían dudar sobre las consecuencias caóticas de una devaluación en un país con el grueso de los contratos en dólares e inmerso en una peligrosa crisis financiera. Pero en noviembre de 2002 es inconcebible que no se advierta que empujar a un país a un proceso “desordenado” de reestructuración de deuda, o, lo que es lo mismo, a un default generalizado, como terminó ocurriendo con la Argentina, es un desatino mayúsculo. Digo ésto, porque pareciera que el FMI quiere que nuestro país extienda la cesación de pagos a los organismos multilaterales, lo que claramente significaría aumentar aún más el descomunal desorden en el que está sumida nuestra economía.

Esta actitud del Fondo es peligrosa no sólo para Argentina sino también para Brasil. Si el presidente electo de Brasil solicita apoyo para un proceso “ordenado” de reestructuración de deuda como el que en voz baja pregonan los mismos que a mediados de 2001 lo proponían para Argentina, y el FMI les responde como nos respondió a nosotros, entonces el “desorden”, por no decir el “caos”, sobrevendrá también en el país hermano con el agravante para ellos, que en ese caso no tendrán al régimen de convertibilidad de chivo expiatorio. Ojalá las autoridades del FMI aprendan la lección, o los gobiernos del G7 sean más firmes frente a sus autoridades que lo que lo fueron hasta ahora cada vez que se discutió el apoyo a la Argentina.

El corralito fue desde el inicio una restricción al retiro de efectivo de los bancos y el consiguiente control de cambios para impedir que todos los depósitos se fueran al exterior. Debió servir para terminar la reestructuración de la deuda pública sin abandonar definitivamente la convertibilidad. Lamentablemente fue aprovechado para crear el corralón, que significó un verdadero congelamiento de depósitos, la pesificación y la devaluación extrema de la moneda. El Gobierno sostiene que nunca se abrirá el corralón porque consideran que la despesificación provocaría caos ¿Porqué insisten entonces en mantener el corralito? 

Si mantienen el corralón, no tiene sentido mantener el corralito. La gente ya se ha dado cuenta que es mejor pagar con cheques, tarjetas de débito o transferencias bancarias que hacerlo en efectivo. Y, por otro lado, con el precio tan elevado que hoy tiene el dólar, lo natural es que la gente quiera vender dólares, como se esta viendo en las últimas semanas, más que seguir comprando, como lo hizo apenas instalado el corralón.

Por consiguiente, eliminar el corralito no crearía ningún problema y, por el contrario, ayudaría a normalizar el sistema de pagos de la economía y a evitar restricciones innecesarias sobre el comercio exterior. No tiene ningún sentido discutir con los exportadores si tienen o nó disponibilidad plena de la divisa que generan, cuando la cotización del dólar se determina por flotación. Mantener esta discusión sólo crea sospechas de que no se quiere eliminar el sesgo antiexportador tradicional de nuestra economía, en un momento en que el aliento a las exportaciones se está otorgando a costa de un enorme esfuerzo de toda la sociedad.

Mantener por un tiempo el corralito, sólo tendría sentido si se levantara de inmediato el corralón. Es decir, si se devolviera a los depositantes la plena disponibilidad de sus ahorros en la moneda original y en los plazos en que habían sido constituidos. Esto es lo que yo he venido pregonando desde la creación del corralón y lo que, en mi opinión, debería resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el Gobierno de Duhalde y los sectores políticos y económicos que lo apoyan, dicen que la despesificación traería el caos y, aparentemente, están negociando una convalidación del corralón por parte de la Corte.

No cabe ninguna duda, que, hoy por hoy, y aún sin pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, lo más conveniente es levantar el corralito. Si luego, ésta decidiera obligar también a levantar el corralón, el gobierno debería encontrar la forma de que los depositantes mantengan sus fondos dentro del sistema bancario. Posiblemente, los mismos depositantes pedirían que se reestablezca el corralito, pero con la garantía judicial que nunca más podrá ser utilizado para congelar depósitos y cambiar la moneda de los mismos.