El “cambio de modelo” del que hablaban Duhalde y Alfonsín antes del Golpe Institucional que llevo al primero al poder, no era otro que la vuelta a la inflación por puja distributiva que caracterizó a la Argentina entre 1946 y 1990. Alfonsín había sido claro cuando pedía “un poquito de inflación”. Duhalde era mas vago en su bosquejo del “nuevo modelo”, pero su entusiasmo por las consecuencias “reactivadoras” de la devaluación combinada con pesificación, deja en claro que considera saludable alentar la sustitución de importaciones, el turismo en la Argentina y las exportaciones a partir de un golpe brutal al ingreso y los ahorros de la mayoría de las familias argentinas. Volvió con mucha fuerza la peor enfermedad institucional de la Argentina del siglo XX: la inflación como mecanismo redistribuidor de ingresos y riqueza.
Todas las discusiones actuales en materia económica lo ponen claramente en evidencia.
¿El Banco Central debe dejar caer el precio del dólar o lo tiene que sostener a un nivel alto? Los adherentes a la teoría de la reactivación inducida por las exportaciones, la sustitución de importaciones y el turismo defienden el dólar alto, lo mismo que los deudores beneficiados por la pesificación. Los que generan sus ingresos por ventas de bienes o servicios al mercado interno y los endeudados en dólares quieren que el dólar baje. El gobierno razona como si debiera ser él, y no el mercado, el que determine el valor del dólar, arrogándose de esa manera el derecho a decidir a favor de uno u otro grupo de presión.
¿Deben aumentarse las retenciones sobre la exportación de alimentos para que no siga subiendo el precio en el mercado interno? Los productores agropecuarios se alarman con razón, pero los supermercadistas y los funcionarios encargados de recaudar sostienen que es inevitable hacerlo para evitar que los precios sigan aumentando. Sostienen que aún con un dólar estable aumentarán los precios de productos como la leche, aunque no es un producto de exportación importante, porque los tamberos se ponen a producir soja en lugar de mantener el tambo. El gobierno, está evaluando que decisión le conviene adoptar. Nuevamente, debe dirimir una puja distributiva.
¿Si la inflación fuera inferior al 22% anual planeada para la formulación del presupuesto, se pondrían en peligro las metas de superávit primario comprometidas con el FMI?
La autoridad fiscal acaba de decir que sí. Es decir, se necesita inflación para generar cierta capacidad de pago de intereses de la deuda pública. Esto significa que la estrategia implícita en el presupuesto es provocar mayor caída de los ingresos reales, al menos de los salarios públicos y las jubilaciones, para poder pagar intereses de la deuda pública. ¿Qué opinan al respecto la Ministro de Trabajo y los sindicatos? ¿Son todos los integrantes del Gobierno y sus respectivos apoyos sectoriales conscientes de que están utilizando a la inflación como instrumento de una puja distributiva?
¿Se deben autorizar aumentos de tarifas para los servicios públicos o es preferible re-estatizarlos por denuncia de los contratos de concesión? Los que se oponen al aumento de tarifas sostienen que de esa forma se evitará un rebrote inflacionario. Los que argumentan que deben aumentarse las tarifas alertan sobre la des-inversión que ya se está produciendo y que se acentuaría aún más con la re-estatización de los servicios. El gobierno trata de postergar una decisión pero, sin duda, está acentuando una puja distributiva que puede tener consecuencias muy serias en el mediano plazo.
Todos estos dilemas eran moneda corriente en los 45 años anteriores a la Convertibilidad y desaparecieron durante su vigencia, porque la inflación, también llanada “política monetaria” en los países con monedas inconvertibles, dejó de ser instrumento para la redistribución de ingresos y riqueza. Lamentablemente, la Argentina sin Convertibilidad ha reinstalado de una manera brutal a la inflación como el instrumento político de la puja distributiva. Como esta puja es tan intensa y despiadada, y la falta de inversión impedirá que se resuelva en base al crecimiento de la economía, la Argentina volverá a sufrir en esta primera década del siglo XXI la peor enfermedad institucional del siglo XX. Se lo debemos a Duhalde y a Alfonsín que gobernaron y gobiernan con nostalgia de la época en que la política no estaba condicionada por la economía.