Autor: Domingo Cavallo

De acuerdo a la Ley de Solidaridad Previsional de 1995, los Jubilados deberían estar cobrando una jubilación media de 570 pesos mensuales y apenas están recibiendo 460. Para cumplir con aquella ley, el Gobierno debería otorgar un aumento promedio del 25 %.

Esto surge claramente del artículo de IDESA titulado "La Corte no puede resolver el problema de los jubilados", que sorprendentemente no tuvo repercusión periodística. Alli se muestra el cuadro que aparece al final de este comentario.

El régimen legal vigente es fruto de las leyes jubilatorios anteriores a la sanción de la ley de convertibilidad, con las modificaciones que introdujo la Ley de Solidaridad Previsional de 1995. Este régimen legal, con la interpretación que hizo la Justicia durante los años 90, permitió un aumento sostenido de la jubilación media desde alrededor de 350 pesos en 1991 a 530 pesos mensuales en 2001

.La Ley de Solidaridad Previsional estableció un régimen de movilidad compatible con el equilibrio fiscal, y por ende, totalmente financiable sin provocar inflación. Este requisito es muy importante, porque la principal causa de deterioro de las jubilaciones es la inflación. Basta recordar que el golpe inflacionario resultante de la fuerte devaluación monetaria de 2002 produjo un descenso de las jubilaciones, en términos de poder adquisitivo constante, desde los 530 pesos en 2001 a 390 pesos mensuales a fines de 2002.

La movilidad establecida por la Ley de Solidaridad Previsional obliga al Poder Legislativo a dar aumentos jubilatorios anuales en la misma proporción en que aumentan los ingresos del Sistema de Seguridad Social. Si el Poder Legislativo hubiera obrado en consecuencia, debería haber dispuesto el aumento del 25 % al sancionarse la Ley de Presupuesto para 2005. Pero no lo hizo, probablemente como forma de asegurar que el Sistema de Seguridad Social genere un superávit fiscal.

La sustracción de 3.300 millones de pesos anuales a los jubilados, aún cuando puede contribuir a la generación del superávit fiscal actual, tendrá graves consecuencias fiscales futuras. Seguramente, los Jubilados reclamarán ante la Justicia y ésta deberá reconocerles el derecho, no sólo al reajuste de sus jubilaciones, sino también a la diferencia entre lo que deberían haber cobrado durante los años anteriores y lo que efectivamente cobraron.

Esto ya ocurrió en 1992 como consecuencia de que a lo largo de la década del ochenta, en especial durante la hiperinflación de 1988 y 1989, los haberes jubilatorios pagados estuvieron muy por debajo de lo que establecían las leyes en vigencia. Fue por eso que el Poder Legislativo debió autorizar la emisión de Bocones por casi 18 mil millones de pesos (de entonces) y de esa forma cancelar la deuda pendiente con los jubilados.Además de este seguro efecto fiscal desestabilizante hacia el futuro, la injusticia que significa la falta de aplicación de la movilidad dispuesta por la Ley de Solidaridad Previsional, seguramente influye en el ánimo de los jueces cuando estos deben pronunciarse sobre reclamos anteriores a aquella Ley.

En lugar de mantener el criterio convalidante de las reformas a las leyes previsionales anteriores a los 90s, que permitieron el aumento de las jubilaciones en un contexto de estabilidad de precios y completa eliminación de la inflación, la Corte Suprema de Justicia está revisando sus fallos anteriores e imponiendo criterios de movilidad de las jubilaciones que harán imposible el mantenimiento de la estabilidad monetaria..Los perjudicados volverán a ser los jubilados, aunque ahora aparezca la Corte Suprema siendo muy generosa con ellos. La razón es muy simple: cuando además de los aumentos que legítimamente les corresponden a todos por la ley de Solidaridad Previsional, les concedan aumentos adicionales a los jubilados que reclamaron la revisión del criterio jurisprudencial anterior, el Sistema Previsional volverá a producir un fuerte déficit fiscal, que indefectiblemente terminará en alta inflación.

Si el Poder Legislativo vota el aumento a los jubilados que corresponde según la ley de Solidaridad Previsional, será más factible lograr que la Corte Suprema de Justicia mantenga criterios realistas, los únicos capaces de ayudar a los jubilados a cobrar una jubilación digna que no se evapore con la inflación.

La entrevista que me hizo Alberto Armendariz fue muy larga. Y es natural que La Nación no la haya publicado completa. Aprovecho esta oportunidad para trasmitir a ustedes algunos comentarios que hice al periodista y que no quedaron registradas en el reportaje publicado.

Por ejemplo, cuando Alberto Armendariz me preguntó cómo me siento después de haber sido demonizado en la Argentina, yo le contesté lo que figura en la nota bajo el título "A mi me han demonizado los medios de comunicación". Luego de aludir que ahora quieren demonizar a la gente que trabajó conmigo, agregué la siguiente descripción de la labor de mis colaboradores: "Se trata de personas que durante cinco a siete años trabajaron entre 10 y 15 horas por día, incluso muchos sábados y domingos y que dejaron jalones de sus vidas para servir al país. En los primeros años cobraban sueldos de no más de 2000 pesos, cuando antes, trabajando en el sector privado, habían logrado asegurar un nivel de vida digno a sus respectivas familias. Si no fuera por el reconocimiento de gastos protocolares, no podrían haber dejado sus anteriores ocupaciones para trabajar en la transformación de la Argentina. Por eso es infame que ahora se los indague como imputados por haber cumplido con su obligación de incluir ese reconocimiento de gastos en sus declaraciones ante la DGI".

Cuando expliqué que mi demonización y los escraches a que estuve sometido eran resultado de las campañas mediáticas, consideré importante dar un ejemplo ilustrativo. "A principios de 2002, el Diario Clarín publicó una nota describiendo un escrache frente a la casa de mi madre, en San Francisco. El escrache nunca se había producido, pero me enteré que camarógrafos de TN y Canal 13 habían estado ese día en San Francisco, incitando a los vecinos que se reunían en el centro de la ciudad para manifestar frente a los bancos, para que fueran a escrachar frente a mi casa paterna. Los vecinos de San Francisco rechazaron la sugerencia, pero como la nota periodística había sido escrita con anterioridad, se olvidaron de omitir su publicación. Era claro que el frustrado escrache frente a la casa de mi madre había sido organizado por periodistas de Clarín".

Luego de preguntarme si estoy en contacto con Menem y de recibir la respuesta con que concluye el reportaje publicado, Alberto Armendariz me pidió detalles sobre las cifras globales del sistema de reconocimiento de gastos protocolares en comparación con las magnitudes de los hechos de corrupción que según mi opinión no estaban siendo adecuadamente investigados. Mi respuesta fue la siguiente: "No he hecho cálculos prolijos, pero recuerdo cifras que acabo de releer en un artículo de Marcelo Zotlogwiasda de febrero de 1993. Allí él habla de 6.350.000 anuales como costo del sistema de reintegro de gastos protocolares, pero hace el cálculo con montos mensuales algo inferiores a los reales. Un cálculo mental rápido me permitió aumentar esa cifra a 10 millones por año. Así que se trataría de 40 millones para el período de cuatro años. Sin duda, mucho menos de los casi 1.000 millones que según he leído en los diarios, serían los gastos de la SIDE por arriba de lo normal, durante el decenio de Menem.

En todo caso deberían citar a dar explicaciones a los responsables de administrar esos fondos. El Ministerio de Economía nunca tuvo partidas de gastos secretos, porque según la ley 18302 sólo correspondían a los organismos encargados de la Seguridad. Y, en tren de comparar cifras, hasta los gastos secretos de la época de Menem empalidecen frente a la magnitud de las transferencias de riqueza desde los depositantes hacia las empresas endeudadas y desde los ingresos de los trabajadores y jubilados hacia los productores de bienes exportables que produjo la devaluación-pesificación en el 2002. Los diarios en aquella época estaban demasiado ocupados en hacer lobby por la ley que proteje a las empresas culturales como para advertir que en estas transferencias salvajes de riqueza e ingresos, de muchos miles de millones de pesos, se podían esconder escandalosos actos de corrupción."

Finalmente Alberto Armendariz me preguntó cuál era mi opinión sobre la evolución de la corrupción a lo largo de los últimos diez años. Más específicamente, si la corrupción había aumentado o disminuido. Mi respuesta fue la siguiente:"Yo no tengo elementos para hacer una medición propia. Pero acabo de leer un informe del Banco Mundial sobre la "calidad de gobierno" en un gran número de países y su evolución entre 1998 y 2004. Allí se mide, entre otras cosas, la magnitud de la corrupción. Para Argentina los índices muestran un gran desmejoramiento. Pero me dá la impresión, que la magnitud de las transferencias de riqueza y de ingresos que provocaron las medidas de Duhalde en 2002 constituyen el determinante fundamental de esta tendencia. Por eso, sorprende mucho que la posible corrupción de ese año, esté ausente en la discusión mediática de la Argentina".

Aunque entiendo que estas respuestas mías a interrogantes del periodista hubieran ocupado mucho espacio en una edición dominical de La Nación, he querido transcribirlas en esta página, para que mis lectores no queden con la sensación de que acepté un reportaje para hablar sólo de lo que desde el vamos me pareció un tema poco relevante.

En realidad, acepté el reportaje porque me angustia que, en lugar de investigar la verdadera corrupción, en la Argentina los jueces y fiscales dediquen su tiempo a indagar a los integrantes de mi equipo económico, por el sólo hecho de no haber omitido en sus declaraciones impositivas la percepción de un recupero de gastos protocolares, que no hacía más que reparar la injusticia que significaban sus muy bajos sueldos.

Ayer hice una advertencia a mis amigos, los lectores de esta página, con motivo del adelanto publicitario sobre la entrevista que el día anterior me había hecho Alberto Armendariz. Esta mañana, cuando leí el reportaje en La Nación [Ver nota 1] [ Ver nota 2], quedé satisfecho con la labor del periodista y su medio. Nobleza obliga. Reconozco que mis dudas del sábado se originaron en mi insatisfacción por el tratamiento periodístico anterior del tema de la lucha contra la corrupción y no en el comportamiento de Alberto Armendariz, que una vez más actuó con gran profesionalidad.

Mañana lo sabremos.

Esta mañana Sonia, mi esposa, atendió insistentes llamados de la periodista de Clarín, Silvia Naishtat, que quería que yo le concediera un reportaje como el que el día anterior le había concedido a La Nación. Ante la sorpresa de Sonia, que no sabía nada del asunto, Silvia le dijo que la Nación lo estaba publicitando y había anunciado que lo publicaría mañana. Le dijo además que La Nación anunciaba que yo había involucrado a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia en el tema de los “sobresueldos”.

Luego de esa llamada tuve que explicarle a Sonia porqué había concedido el reportaje a Alberto Armendariz de la Nación. Y porqué se lo negaba a Silvia Naishtat de Clarín. Como probablemente todos mis amigos y lectores se harán la misma pregunta, decidí responderla a través de esta página. Y de paso dejo planteado el interrogante que encabeza esta nota, por las razones que explicaré de inmediato.

Hace aproximadamente 8 o 9 días, casi a la misma hora, recibí llamadas telefónicas de Alberto Armendariz y Silvia Naishtat, pidiéndome sendos reportajes. A ambos les respondí exactamente lo mismo: que por el momento sólo me comunicaría a través de mi sitio en la Web y que si en el futuro decidía aceptar un reportaje para la prensa escrita, les avisaría. Mientras Alberto Armendariz mantuvo nuestro diálogo telefónico en privado, Silvia Naishtat lo publicó en Clarín, algo retocado, como si yo le hubiera concedido un reportaje.

Cuando a mediados de esta semana decidí que debía decir algo a través de la prensa escrita, es natural que haya elegido la vía del periodista que respetó la privacidad de nuestra conversación telefónica. Esa es la razón, y ninguna otra, por la que le concedí el reportaje a Alberto Armendariz de La Nación.Pero debo reconocer que el anuncio publicitario publicado hoy en La Nación me ha sorprendido. Nada tiene que ver con el contenido de mi diálogo con Alberto Armendariz.

Por de pronto, durante el reportaje me negué a hablar del tema “sobresueldos en la época de Menem” para poder hablar de la transparencia como antídoto a la corrupción en todos los gobiernos .Y, porque además, yo nunca pagué ni cobré “sobresueldos”.

Me referí sí al sistema de reintegro de gastos protocolares que entre 1991 y mediados de 1994 tuvo como fuente de recursos a la ley 18302, pero que luego pasó a financiarse del presupuesto ordinario, sin secreto de por medio, conforme lo dispuso el decreto 838 de 1994. Por supuesto, no dije nada distinto a lo que ya había escrito en mi página el domingo anterior.No di ningún monto ni cifra nueva, salvo confirmar la mención del límite de 6.500 pesos mensuales que había mencionado antes.Para contestar una pregunta sobre el monto global a que podría haber ascendido el sistema de reintegro de gastos protocolares, recordé una cifra que había leído en el artículo de Marcelo Zlotogwiazda, publicado el 18 de febrero de 1993, y que yo reproduje en este sitio la semana pasada. Es obvio que si recurrí a esa fuente, no tenía cálculo propio en mi mente y, por lo tanto, no podía ser tomada como la gran novedad del reportaje, y mucho menos ameritar dos frases grandilocuentes del anuncio publicitario.

Y, finalmente, en ningún momento del reportaje mencioné a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.El anuncio publicitario de La Nación dice textualmente:“CAVALLO HABLA DE LOS SOBRESUELDOS PAGADOS DURANTE EL GOBIERNO DE MENEM”. Los montos. La SIDE. Los millones de dólares distribuidos mediante el “sistema de reintegro de gastos protocolares”. El total de fondos repartidos entre 1991 y 1994. El papel de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia”

Quiero pensar que ese anuncio refleja las respuestas que La Nación esperaba que yo diera al reportaje y no las que yo realmente di. Esto puede ser así, si quien preparó el aviso publicitario no había leído el reportaje. Espero, sinceramente, que como me ha asegurado Alberto Armendariz, en cuya integridad profesional confié, el titulado y los destacados reflejen el verdadero contenido de nuestro diálogo. Caso contrtario, me habré equivocado una vez más en mi intento por evitar que se siga sembrando confusión.

Lugar: el Hotel Wellington, de Madrid. Ocasión: seminario sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en la Argentina. Invitados: empresarios extranjeros con intereses en el país y ex funcionarios.

En ese escenario, a 10 mil kilómetros de Buenos Aires, Domingo Cavallo ofreció su versión sobre la crisis de fines de 2001 que terminó en los cacerolazos y en su eyección del gobierno y en el derrumbe institucional. Opinó también sobre el presente: dijo que el Fondo Monetario “sigue estafando” a la Argentina y dio recomendaciones a la actual administración. Sólo pidió perdón a los presentes por apasionarse arriba del escenario. “Es mi estilo y son temas que llegan mucho a mi corazón”, se disculpó.

Luego de dar su particular versión del corralito –señaló que no se trató de un congelamiento de depósitos sino de un control de cambios–, Cavallo concluyó: “Ahora, la solución es sencilla”. Y sentenció: que el gobierno argentino pesifique la deuda con los organismos multilaterales de crédito. “Si se obliga al Fondo a aceptar títulos en pesos, el FMI va a empezar a preocuparse porque nuestra moneda, ahorros y nuestro trabajo valgan. Que los argentinos valgamos”, enfatizó.

El encuentro que duró la mañana y buena parte de la tarde madrileña fue organizado por el Real Instituto Elcano, una organización cercana a la administración Aznar. La preocupación de los asistentes se refiere a la política tarifaria que tendrá el Gobierno. El seminario finalizará hoy con las presentaciones de funcionarios argentinos, como el canciller Rafael Bielsa y el ministro Gustavo Beliz.

Cavallo aprovechó la presentación para despacharse a gusto. Primero apuntó contra el Fondo: “La Argentina está sufriendo porque desde Washington decidieron convertirnos en conejillos de Indias para aplicar el principio de riesgo moral”, dijo. A su vez, aseguró que el organismo se encuentra en una posición “cómoda” frente a la salida de la crisis ya que es un acreedor privilegiado: cobra en dólares sin la aplicación de ninguna quita. “Así, el FMI nos estará ayudando a terminar de estafar a los argentinos y a los extranjeros que confiaron en el país”, exclamó el ex ministro, en la última exposición antes del almuerzo.Cavallo despotricó también contra Eduardo Duhalde por la devaluación. Y elogió a Lula porque “está haciendo lo contrario, al evitar una devaluación del real”. Con ironía, incluso criticó, sin nombrarlo, a Roberto Lavagna: “La devaluación fue exitosa porque devaluó las aspiraciones de los argentinos”, apuntó, al referirse a las polémicas declaraciones del actual ministro sobre el éxito de la salida de la convertibilidad. Por último, a los españoles les dejó una inquietud. “Me pregunto cómo podrán aumentar las tarifas con los actuales salarios”, señaló.