Si bien mi blog contiene un link permanente al blog de Ricardo Laferriere, me parece importante destacar su último post, titulado ¨Argentina: un país que se disuelve».
Transcribo el primer párrafo: La vieja parábola de la rana sumergida en agua calentada lentamente para que no reaccione, hasta que el calor la termina matando, es perfectamente aplicable al proceso argentino. En rigor, la comparación más acertada -tal vez, más dolorosa- es la de un caracol o una babosa a la que se le echa sal encima y se va secando sin remedio, hasta su muerte.
Lo recibí hoy por whatsapp y sentí que interpreta a muchos de nosotros. Por eso le pedí permiso para subirlo al blog, como cierre del año 2020.
Queridos amigos, no puedo con mi genio y me puse melancólico. Vivimos en una sociedad donde muchos sectores prefieren y votan corruptos y detestan a quienes hablamos de verdad, justicia, libertad, transparencia y ética públicas. El 2021 será un año MUY duro, en todo sentido. Pero que pueda ser mejor dependerá de cada uno de nosotros. Es una batalla crucial. Por valores intangibles. Pero son de las batallas por las que valen dar todo, incluso la vida. Nuestros hijos nos miran, y quienes no tienen voz ni posibilidad publica de incidir, también. Hay que reconstruir la épica de aquella Nacion de fines del siglo XIX y comienzo del XX que atrajo con admiración a millones de distintas comunidades del mundo que veían cómo Argentina había sido el primer país en desterrar el analfabetismo, y daba garantías de libertad y propiedad privada para promover el desarrollo, con respeto a la diversidad y a los derechos del otro. Una estatua de Sarmiento esta emplazada en la Universidad de Harvard y el 11 de septiembre también se festeja en EEUU el día del educador en homenaje a él. Pudimos ser una gran Nacion. Todo empezó a derrumbarse con el primer golpe militar de 1930 y luego con lo peor del peronismo, fascista, autoritario y corrupto. Hay que refundar la Republica con los valores del respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la empresa y los emprendedores, a la educacion, a la división de poderes, a la ética pública, al trabajo. Hay que hacer sentir el orgullo de pertenecer a esta Nacion para que nadie más mire Ezeiza como su salida personal. Pertenecer a una Nacion que cree y premie el mérito y el esfuerzo, dando oportunidades genuinas. Pertenecer a una Nacion que castiga a los corruptos y delincuentes y que esté del lado de las víctimas y de quienes todas las mañanas se levantan con la ilusión de llevar el pan a su casa, de que sus hijos se eduquen y progresan y de vivir con estabilidad, previsibilidad, paz, alegría y seguridad. Pertenecer a una Nacion donde generar riqueza como consecuencia del trabajo y de dar trabajo, no sea más sinónimo de delincuencia. Pertenecer a una Nacion que nunca más le de la espalda al campo, recordando que nació y se forjó a caballo, con el sudor de la frente de cientos de miles de productores que sigue transmitiendo ese amor por el trabajo fecundo, abnegado y silencioso de la tierra. Se puede. Depende de cada uno de nosotros y de renovar nuestro compromiso por honrar la Vida con mayúscula. Fuerte abrazo
En el acto aniversario de la asunción de Kicillof, hablaron Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Ella expuso su agenda y él la apoyó sin titubeos.
Además del conocido objetivo de la vicepresidenta de someter a la justicia, quedó claro en su discurso que ella desea que el gobierno aplique las políticas de Kicillof del período 2012 a 2015: controles de cambios, controles de precios y congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, ahora ampliados para incluir a las telecomunicaciones. Ninguna concesión a los requerimientos del FMI de reducción del gasto público y reformas estructurales. Y, por supuesto, ni hablar de salto devaluatorio en el mercado oficial ni esfuerzos para cerrar la brecha cambiaria.
Al presidente y su ministro de economía sólo les queda rezar para que siga aumentando la soja, que el clima acompañe y haya una buena cosecha; que los gremios que hace 15 días están obstaculizando los embarques de oleaginosas, depongan su actitud. Que, además, a medida que se vaya recuperando la actividad económica, los gremios de los sectores con demanda normalizada no imiten a los aceiteros; y que los gremios de los sectores que sigan deprimidos, no reclamen la continuidad del programa para la asistencia del trabajo y la producción (ATP) con manifestaciones violentas, acompañados por los sectores de la economía ¨popular¨. Estos seguramente reclamarán la continuidad del ingreso familiar de emergencia (IFE) y el resto de los programas sociales con los que se trató de paliar el efecto de la pandemia sobre el empleo y los ingresos familiares.
Todo esto, bajo el supuesto de que el proceso de vacunación pueda llevarse a la práctica con razonable efectividad y estemos asistiendo, como lo ha manifestado el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al ¨principio del fin de la pandemia¨.
El discurso económico del gobierno para la campaña electoral pivoteará sobre la reactivación económica que ya se viene insinuando en los sectores de la industria manufacturera y en la construcción. Describirá a estos índices como avances hacia el crecimiento económico sostenido. Para los sectores del comercio y los servicios que continúen deprimidos, se seguirá atribuyendo el problema a la pandemia y se argumentará que, de no haber sido por la intervención del Estado con los subsidios, el problema hubiera sido peor. Para apoyar este argumento, gran parte de los anuncios de eliminación del IFE y de las ATPs se revertirán, conforme lo insinúan claramente las palabras de la vicepresidenta.
Sobre la inflación, el gobierno dirá que estará contribuyendo a que baje, o que, al menos, no aumente, a través de los controles de precios y la moderación en el ajuste cambiario, como lo hicieron entre 2012 y 2015. Insistirán que el salto del umbral del 25 % de aquellos años al 50% del presente, es consecuencia de las políticas de endeudamiento de Macri.
Por supuesto, el déficit fiscal será olímpicamente ignorado y la emisión monetaria tratará de neutralizarse con la colocación de deuda a tasas mucho más altas que las de las LEBACs de Macri, pero que serán escondidas en operaciones de conversión de las deudas en pesos que vayan venciendo a deudas en dólares y ventas de deudas en dólares que aún están en el activo de la ANSES.
Mi impresión es que el gobierno podrá evitar un descontrol cambiario y una explosión inflacionaria antes de las elecciones de octubre, pero no creo que, si luego de las elecciones no cambia de estrategia económica, pueda evitarlo antes de la elección presidencial de 2023. Este riesgo no es tomado en cuenta por Cristina, porque ella cree que las reformas institucionales que piensa impulsar le permitirán continuar en el poder aún en un contexto de desastre económico.
¿Qué reformas políticas tiene en mente Cristina?
Los analistas políticos argentinos y del exterior que han venido siguiendo las ideas y la praxis de los gobiernos que se enrolaron en el ¨Socialismo del Siglo XXI¨, se preguntan si Cristina Kirchner no tendrá en mente imitar a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa en materia de reformas institucionales y estrategia para controlar y mantener el poder.
En muchas oportunidades Cristina Kirchner manifestó su admiración por los tres ex presidentes, pero siempre se mostró más identificada con el ecuatoriano.
Inspirado en la estrategia venezolana de Hugo Chávez y animado también por la experiencia de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa, apenas elegido presidente de Ecuador en 2007, disolvió el Congreso y convocó a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Apenas reunida esa Asamblea, que logró integrar con una amplia mayoría de sus partidarios, llamó a elecciones para elegir a la Asamblea Nacional que reemplazaría al Congreso. Aprobada en un referéndum, la nueva constitución le permitió cambiar la Corte de Justicia, gobernar durante 10 años y elegir a su sucesor.
Le falló la lealtad incondicional que él esperaba de Lenín Moreno, quien decidió imponer su sentido de responsabilidad y negar el apoyo para lograr la impunidad que le demandaba el ex presidente. Tampoco logró que los integrantes de la Corte Nacional de Justicia le siguieran respondiendo cuando dejó la presidencia.
Es probable que cuando decidió postular para presidente a Alberto Fernández, Cristina haya tomado recaudos para asegurarse que el personaje no se le transformaría en un Lenin Moreno. Entre paréntesis, ahora en Ecuador, Rafael Correa, que ya tiene condenas en firme por corrupción, está imitando a Cristina para volver al poder: ha postulado a un candidato, Andrés Arauz, al que planea controlar con más eficacia que a Lenín Moreno. Hace algunas semanas la vicepresidenta recibió a Arauz en su despacho del Senado, lo que pone de manifiesto la cercanía política de Cristina con Correa. No caben dudas de que conversan sobre sus respectivas experiencias, no sólo sobre cómo controlar a quienes promueven a la presidencia, sino sobre los riesgos de que los nuevos jueces, aun habiendo sido designados por ellos, puedan negarse a brindarles impunidad si pierden el poder.
La ausencia de crédito público lleva al gobierno a financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Tratando de neutralizar el efecto inflacionario de la emisión monetaria el Banco Central coloca deuda en el sistema bancario a través de las LELIQs. Es un minucioso artículo que analiza todos los episodios de crisis financiera de las últimas seis décadas, Joaquín Cottani concluye que si no se avanza rápidamente hacia la eliminación del déficit fiscal primario, será muy difícil evitar una explosión inflacionaria tipo Rodrigazo o una reprogramación compulsiva de depósitos tipo Plan Bonex. Recomiendo la lectura de su artículo.
La tasa de inflación se mantuvo a lo largo de los primeros nueve meses del año mucho más baja que lo que podía estimarse a partir de la expansión de los pasivos monetarios del Banco Central. Pero a lo largo de octubre comenzaron a observarse signos de aceleración.
Hay dos indicadores elocuentes de que existe un grado significativo de represión inflacionaria. Los dos síntomas más claros son, por un lado, la dispersión de los precios de muchos bienes y servicios y, por el otro, la brecha entre el mercado controlado de cambio y las distintas variantes de mercados libres o semi-libres.
Si el gobierno decidiera un salto devaluatorio en el mercado cambiario controlado sin haber corregido antes las fuertes distorsiones en el resto de los precios relativos, sobre todo aquellas que al existir provocan aumento del gasto público y del déficit fiscal, se produciría un fenómeno parecido al del Rodrigazo de 1975, la brecha cambiaria seguiría alta y sobrevendría una estanflación más aguda que la que ha existido desde 2011 al 2019. Más parecida a la que existió entre 1975 y 1990.
Para reducir el riesgo de este escenario, el gobierno debería apresurarse a corregir los desajustes de precios relativos, particularmente el atraso de los precios regulados de los servicios públicos. Sólo así podrá lograr un descenso de la brecha cambiaria sin un salto devaluatorio. Cuando éste se produzca por la inevitable reunificación y liberalización del mercado cambiario oficial, el efecto inflacionario de esa decisión será más limitado. Se podrá evitar que signifique un escalón más alto de la tasa de inflación en un contexto estanflacionario agravado.
Nada ha cambiado desde mi post del 30 de setiembre anterior que aumente las chances de un clima económico y social mejor para 2021, aun cuando la actividad económica tienda a normalizarse a causa de la atenuación de los efectos de la pandemia. Pero, al menos, el gobierno podría hacer algo para que no se produzca una explosión inflacionaria que desorganice aún más a la economía argentina, tal como la desorganizaron todas las fuertes devaluaciones de la historia.
Inflación y precios relativos
Hasta el mes de julio de 2019, inmediatamente antes de las PASO, la tasa de inflación tendía a estabilizarse en el 2% mensual, pero el salto devaluatorio que ocurrió apenas conocido el resultado de aquella elección, duplicó la tasa mensual de inflación durante el resto de los meses de 2019. La política de deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial desde el restablecimiento de los controles de cambio en setiembre de 2019, llevó a que la tasa de inflación volviera a ubicarse alrededor del 2% mensual desde el inicio de 2020, Luego de permanecer alrededor de ese nivel, desde julio, viene zigzagueando entre 2 y 3 % mensual, pero se proyecta hacia el 4% mensual para el mes de noviembre. Los precios on-line indican que durante octubre la tasa de inflación promedio fue del 3,1% pero la tasa de aumento de los precios de los últimos 30 días, que marca la tendencia hacia noviembre, ya está en el 3,7%.
La magnitud que ha adquirido la brecha cambiaria, tal como se puede ver en el gráfico 2, lleva a muchos operadores financieros, importadores y, sobre todo, exportadores, a esperar un salto devaluatorio en el mercado oficial. Esta expectativa, en la medida que se mantenga, hará cada vez más difícil evitar una explosión inflacionaria tipo ¨Rodrigazo¨en el transcurso de los próximos trimestres. Por otro lado, dará más espacio a las voces que sostienen que inexorablemente se llegará a una dolarización completa de la economía como única forma de evitar una hiperinflación o de salir de ella, si se torna inevitable.
Aunque las declaraciones de los miembros del equipo económico y las del Presidente no son claras, es posible describir lo que piensan hacer en los siguientes términos:
1.Continuar con los controles de cambio, probablemente eliminando por completo la posibilidad de vender en el mercado oficial dólares para otros destinos que no sean importaciones imprescindibles:
2. Seguir administrando la tasa de inflación mediante el control de los precios de los servicios públicos y de otros bienes de la canasta básica (por el método de los precios cuidados o, incluso, mediante procedimientos más compulsivos)
3. Atenuar la expansión monetaria utilizando métodos de esterilización de los aumentos de la base monetaria, desde las LELIQs, a los pases y, eventualmente, los aumentos de encajes.
4. Financiar una proporción creciente del déficit fiscal con endeudamiento en pesos, utilizando una gama variada de bonos, incluidos los ajustables por el precio del dólar oficial.
El ingrediente 1 de la estrategia oficial sólo podrá llevarse a la práctica con efectividad si se habilita el funcionamiento de un mercado cambiario libre y legal para todo el resto de las operaciones que no pueden cursarse por el mercado oficial. El intento del gobierno de influir sobre la cotización del dólar en el mercado libre mediante regulaciones de la CNV o de la AFIP, sólo alentará el agrandamiento del mercado blue en relación al del CCL y el dólar Bolsa. Es difícil de entender por qué el gobierno no ha avanzado en la legalización de un mercado libre de regulaciones y accesible a todo tipo de operadores. Contrariamente a lo que opinan algunos economistas cercanos al gobierno (Álvarez Agis, por ejemplo) el funcionamiento de ese mercado libre no llevaría a agrandar la brecha, sino que ayudaría a reducirla, porque daría una vía legal para la entrada al país de dólares blancos y daría viabilidad a la intermediación financiera local en dólares. No es descartable que cuando funcione ese mercado, haya empresas privadas que consigan financiamiento en dólares en el exterior que liquidarían en el mercado libre, a sabiendas, por supuesto, que cuando deban devolver esos dólares no los podrán demandar en el mercado oficial. Esta posibilidad aumentará en la medida que luego de la negociación con el FMI se visualice la posibilidad de una reunificación y liberalización completa del mercado cambiario en un futuro no muy lejano.
El ingrediente 2 de la estrategia creará dos inconvenientes: el desabastecimiento de los bienes sometidos a los controles de precios y la necesidad de aumentar los subsidios económicos a la energía, el transporte y a las comunicaciones, complicando el ajuste fiscal.
Los ingredientes 3 y 4 obligarán a dejar que aumenten las tasas de interés en pesos de tal forma que superen tanto a la expectativa de inflación como a la expectativa de devaluación, con el inconveniente de que deberán ubicarse por arriba de la más alta de esas dos expectativas.
Con la macroeconomía conducida de esta forma, el riesgo de un salto del precio del dólar incluso en el mercado oficial, que provoque un efecto ¨Rodrigazo¨, será más alto.
Para poder sostener la estrategia de ajustes graduales, el gobierno va a recurrir al FMI con la esperanza de que esa entidad podrá incluso desembolsar el tramo que quedó pendiente del acuerdo que había sido aprobado en 2018 durante el gobierno de Macri. Pero es seguro que el FMI le exigirá medidas claras de ajuste fiscal y diseño de un camino para la eliminación gradual de los controles de cambio. Es decir, admitir que, a mediano plazo, el país aspira a que haya un mercado único y libre de cambios. Este ha sido siempre la receta del FMI y no va a ser una excepción esta vez.
El mayor inconveniente que el gobierno va a encontrar para evitar que el acuerdo con el FMI incluya un salto devaluatorio inmediato en el mercado cambiario con una peligrosa aceleración inflacionaria inicial, lo constituyen las distorsiones que se han acumulado en la estructura de precios relativos.
El cuadro 1 muestra cómo han cambiado los precios relativos a partir de la fuerte devaluación en el mercado oficial de cambios que se produjo a partir de agosto de 2019 cuando quedó claro que el Presidente Macri no sería reelegido y pasaría a gobernar el Frente de Todos con la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner.
Un aumento del precio del dólar del 80% en el mercado oficial y del 213% en el mercado paralelo provocó aumentos muy dispares en el precio de los distintos bienes y servicios que se comercializan en la economía. Los precios minoristas de los productos estacionales, que por su naturaleza no se prestan a intervención alguna del gobierno en los mercados, subieron 84%, un porcentaje muy parecido al aumento del precio del dólar en el mercado oficial. Todos los demás precios subieron menos, pero de manera muy diferente según el tipo de bienes. Dentro del aumento del nivel general de precios minoristas que ascendió a 50%, se distinguen el aumento de los precios de los bienes, que fue del 61% en contraste con el aumento del precio de los servicios, que fue aproximadamente la mitad, 31%.
El aumento del precio minorista de los bienes fue parecido al de los precios mayoristas (61 % comparado con 56%). Entre los precios minoristas de los servicios se destacan los precios regulados, con un aumento de sólo el 27%.
La inauguración del sistema de ajustes graduales del tipo de cambio tratando de acompasar a la tasa de inflación que se inauguró desde que se reestablecieron los controles de cambio, sólo atenuaron las diferencias en el ritmo de aumento de los precios de los bienes con los precios mayoristas y el ritmo de devaluación (entre 43% y 35%), pero se mantuvo la divergencia fuerte con el precio de los bienes estacionales, no sujetos a ningún tipo de control de precios (63% en comparación con 43%), y de los servicios, mucho más afectados por las regulaciones (20% comparado con 35%) . Esto puede verse en el Cuadro 2.
La regulación de los precios de los servicios públicos, entre los que ahora se encuentran también los de telecomunicaciones e internet, tiene un alto costo fiscal, porque para mantener la oferta de esos servicios, cuando las tarifas se fijan por debajo de los costos, el gobierno tiene que subsidiar a los prestadores. El rubro subsidios económicos es un ítem importante del presupuesto público, que llegó a representar 5% del PBI y en 2019 aún representaba 3% del PBI. Es probable que con el nuevo atraso en el precio de los servicios regulados que ponen de manifiesto las cifras de los cuadros 1 y 2, el rubro subsidios económicos vuelva a representar el porcentaje más alto.
El gobierno debería abocarse a corregir estas distorsiones en los precios relativos, antes de que se vea obligado a admitir un fuerte salto devaluatorio en tránsito a la reunificación y liberalización del mercado cambiario. Por supuesto, permitir que los precios regulados se ajusten más que el resto de los precios para corregir el atraso, agregará algunos puntos a la inflación mensual, la que a su vez tendrá que ser reconocida en el ritmo de ajuste cambiario en el mercado oficial. Si esa recuperación se hubiera dispuesto durante el último año, es probable que la tasa de inflación medida por el índice de precios minoristas, igual que la tasa de aumento del precio del dólar en el mercado oficial, se habría ubicado algo por arriba del aumento de los precios minoristas de los bienes, no muy diferente a la tasa de inflación del año 2019 (50%).
Es probable que, si a partir de ahora se avanzara rápidamente a corregir el atraso de los precios regulados, las tasas mensuales de inflación volverán por un tiempo al nivel de entre el 4 y el 5% mensual que tuvieron en los últimos meses de 2019, con lo que la tasa anual subirá a alrededor del 50%. Pero se estará pagando un precio inflacionario mucho menor que aquel en el que se incurriría, si se postergan los ajustes de los precios regulados hasta el momento en el que sea inevitable un salto significativo en el precio del dólar en el mercado oficial.
Esta advertencia es especialmente importante en relación con el proceso de negociación con el FMI que el gobierno ha anunciado que está a punto de iniciar. Corregir anticipadamente el atraso de los precios regulados permitirá mostrar avances más claros en la reducción del déficit fiscal y argumentar que Argentina necesita financiamiento para avanzar hacia una eliminación de los controles de cambio sin el riesgo de nueva explosión inflacionaria como las que tantas veces se sufrió en el pasado.
¿La discusión precedente, no es sólo un detalle marginal?
Esta es la pregunta que imagino se formularán muchos de los lectores profesionales de este informe y quiero anticipar la respuesta.
Las consideraciones que hacen la mayoría de los economistas que siguen la coyuntura económica son ampliamente conocidas: el nivel del gasto público es excesivo e imposible de financiar sin inflación; la Argentina se ha quedado sin crédito externo y el mercado de capitales interno es prácticamente inexistente; la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal crea fuertes riesgos de aceleración inflacionaria; estos desequilibrios macroeconómicos harán difícil que la recuperación económica sea vigorosa aun cuando se termine la pandemia; la bajísima tasa de inversión que ya se observa y se proyecta hacia el futuro hace casi imposible que la economía crezca sostenidamente a tasas que permitan la creación de empleos para toda la población que busque trabajo, etc., etc. Todas estas consideraciones son las que abonan el escepticismo, claramente expresado en mi post del 30 de septiembre.
En este informe decidí abordar la cuestión de los atrasos de los precios regulados porque tengo la sensación de que son peligrosamente omitidos por la mayoría de los analistas que comentan sobre la realidad económica. Uno de los errores iniciales de la gestión económica del Presidente Macri, fue haber avanzado rápido a la reunificación y liberalización del mercado cambiario sin haber eliminado previamente los atrasos tarifarios que eran mucho más serios que el propio atraso cambiario. Provocar un salto devaluatorio en presencia de desequilibrios de precios relativos que obligan a pagar subsidios económicos y provocan aumentos del gasto público y del déficit fiscal, es muy peligroso porque deja sin resolver dos determinantes claves de las expectativas inflacionarias, el déficit fiscal y los futuros aumentos de los precios regulados por arriba de los restantes precios.
Si el gobierno actual no se aboca de inmediato a corregir los atrasos de los precios regulados y no consigue reducir significativamente la incidencia de los subsidios económicos en el presupuesto nacional, la negociación con el FMI puede llevarlo a tener que aceptar un ajuste simultáneo del tipo de cambio y de los precios regulados. Esa combinación de decisiones económicas es la que le recomendó Ricardo Zinn a Celestino Rodrigo en junio de 1975 y se inspiraba en la más rigurosa ortodoxia económica para una situación que no difiere mucho de la actual. Pero el resultado fue lo que en la historia económica se conoce como el ¨Rodrigazo¨. Podrá argumentarse que Celestino Rodrigo operó en un contexto políticamente muy inestable. Pero no tengo la sensación que el actual contexto político sea mucho menos inestable que el de aquella época.
Espero que tanto los economistas del gobierno como los del FMI, presten atención a lo mucho que la Historia Económica de Argentina tiene para decirnos de la crisis que nos afecta en la actualidad
