La competitividad industrial, que vino de la mano de la gran devaluación de 2002, se está evaporando aceleradamente. Ya en el año 2005 yo anticipé que esto ocurriría. Para los que no lo recuerden, recomiendo releer mi artículo titulado «La UIA y su ilusión cambiaria».
Cometerían un gran error los dirigentes industriales si para revertir este problema volvieran a reclamar la devaluación del Peso. En los próximos tres años el Gobierno no tendrá otra alternativa que encomendar al Banco Central una lucha frontal contra la inflación y ésto significará que el Peso tendrá que apreciarse en términos reales. Esto sólo ocurrirá si el Peso no se devalúa cuando aumenten los precios internos que quedaron atrasados por las distorsiones acumuladas desde 2002. Si, por el contrario, la política monetaria acomodara el aumento de los precios internos y permitiera una devaluación concomitante del Peso, como lo pregonaron hasta hace poco los ideólogos del «Modelo Productivo», sólo se conseguiría espiralizar la inflación.
Si ello ocurriera, la única valla contra la hiperinflación seguiría siendo un fuerte superávit fiscal y una gran fortaleza política del Gobierno. Pero hoy es extremadamente riesgoso apostar a que esos dos ingredientes se mantendrán a lo largo de los próximos tres años. Por el contrario, hay cada vez más indicios de que la situación fiscal se está deteriorando y los acontecimientos de los últimos tres meses han dañado la credibilidad del gobierno de una forma que resultará difícil reparar.
En una situación económica y política semejante, los reclamos de devaluación serán el mayor factor de desestabilización institucional que se puede imaginar. Pero esto no significa que los industriales deban resignarse a la peligrosa pérdida de competitividad que ya sufren sus industrias y que se agravará con los aumentos de tarifas de servicios públicos y las demás decisiones que inexorablemente el gobierno deberá adoptar para sincerar la inflación reprimida de los últimos años.
Mi sugerencia es que hagan los mismos planteos que está haciendo el agro. Deben reclamar la eliminación de los impuestos distorsivos, comenzando con el 5 % de retención que pagan las exportaciones industriales, continuando con los impuestos sobre la nómina salarial, que deberían volver a computarse como un pago de IVA sobre el costo de la mano de obra; la eliminación del impuesto a las transacciones financieras o su transformación en pago a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias; y que se permita el ajuste por inflación de los balances impositivos. Además deben resistir la tentación de muchas provincias de reinstalar el impuesto a los ingresos brutos sobre las actividades industriales. Por el contrario, deben insistir en que se terminen de desgravar las actividades industriales localizadas fuera de cada jurisdicción provincial, algo que al no haberse dado cuando las provincias se comprometieron a eliminar el impuesto a los ingresos brutos, dejó a la actividad industrial expuesta a gravámenes que tienen un devastador efecto cascada sobre los costos de producción.
Por supuesto, que el reclamo más importante es el relacionado con el abastecimiento de servicios de infraestructura energética, de comunicaciones y de transportes, aunque ésto significará en un primer momento aceptar el sinceramiento de precios y tarifas, para que vuelva a invertirse en la creación de capacidad de producción y de prestación de los servicios, algo que no ocurrirá de la noche a la mañana.
No hay soluciones mágicas, pero si la industria hace planteos correctos, al menos estará contribuyendo a que no se acentúe el peligroso clima desestabilizador que está amenazando nuevamente a la Argentina.