Autor: Domingo Cavallo

Es común leer en los informes que preparan muchos analistas económicos una muy buena novedad de la Economía Argentina post-convertibilidad: habría dejado de tener el déficit fiscal estructural que existió en las décadas anteriores.

Esta creencia, bastante generalizada entre los macroeconomistas que siguen las cuentas fiscales publicadas por la Secretaría de Hacienda es equivocada. La errónea percepción de la situación fiscal desde 2002 en adelante, se debe a una aguda «miopía fiscal». De tanto mirar los números publicados por el Gobierno, dejan de observar cómo evolucionan las normas y decisiones que predeterminan, las más de las veces con mucha antelación, niveles excesivos de gastos; al mismo tiempo que esconden gastos devengados pero no pagados y el verdadero aumento de la deuda pública.

Hace más de un año escribí sobre esta misma cuestión en dos artículos titulados: Las cuentas del Sistema Previsional: un claro ejemplo de Miopía Fiscal y El Déficit futuro de los Fondos Fiduciarios: otro ejemplo de Miopía Fiscal.

La miopía fiscal era muy común en la década del 80, cuando el nivel del gasto público, la magnitud del déficit fiscal y la evolución de la deuda pública eran muy diferentes que lo que mostraban las cifras publicadas por las autoridades. La contabilidad oficial subestimaba significativamente estas tres variables macroeconómicas claves. Por eso, antes de poner en vigencia la Ley de Convertibilidad, yo instruí a la Secretaría de Hacienda que pagara, incluso con emisión monetaria si no había otros recursos, toda la deuda flotante. Y además, enseguida gestionamos y logramos que el Congreso Nacional sancionara La Ley de Consolidación de Pasivos, que permitió saldar, dentro de un marco transparente y controlado, las deudas que no habían sido contabilizadas, pero eran reconocidas por la Justicia ante millones de reclamos legítimos de Jubilados, provincias y proveedores y contratistas del Estado.

Hubo un período durante el cual se eliminó completamente el déficit fiscal estructural de la Economía Argentina. Fue el período de las grandes reformas estructurales: 1991-1996, mientras yo estuve al frente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, encabezando un equipo que contaba con especialistas experimentados en las distintas áreas de responsabilidad del ministerio. Especialistas con capacidad gerencial y con coraje para proponer y ejecutar complejas reformas estructurales. Ellos hicieron cirugía mayor para extirpar los centros de gastos improductivos y generadores de corrupción de la estructura del Estado. Para ello fue muy importante la privatización de las deficitarias e ineficientes empresas del Estado y modificar el Sistema Previsional. Desde la crisis Tequila, estas reformas comenzaron a extenderse al ámbito de las provincias.

Lamentablemente este ímpetu reformador se abandonó a partir de mi renuncia al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, especialmente desde que el Presidente Menem y el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, comenzaron a competir por la candidatura presidencial del Partido Justicialista, para la elección de 1999. El nuevo Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, Roque Fernández, no advirtió que derogar el decreto que prohibía a las provincias utilizar los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos como garantía de endeudamiento con el Sistema Bancario Argentino, habría las puertas del descontrol del gasto público provincial e interrumpiría el proceso de reformas estructurales que habían comprometido las provincias al recibir auxilio financiero para superar la crisis Tequila. Además la Economía Argentina aún no estaba en condiciones de navegar con piloto automático. Faltaban muchas reformas para hacer duradero el equilibrio fiscal y terminar de extirpar la ineficiencia y la corrupción en muchas áreas no reformadas del Estado.

Esta es la razón por la que la Economía Argentina, entre 1997 y 2001, volvió a tener un déficit fiscal estructural que, al menos esta vez, no fue escondido con omisiones contables. Las cifras reflejaron aumentos significativos en el nivel del gasto público, en la magnitud del déficit fiscal y en la evolución de la Deuda Pública.

Desde 2002 en adelante, muchos macroeconomistas creen que los gobiernos de Duhalde y de los Kirchner han tomado conciencia de la necesidad de controlar el gasto público, mantener un superávit fiscal y no aumentar la deuda pública. Craso error.

El Ajuste fiscal de 2002 fue feroz e injusto y además se implementó a través de medidas que reintrodujeron la peor enfermedad de la Economía Argentina pre-convertibilidad: la inflación. El dólar alto, que se predicaba como herramienta para promover el crecimiento de la actividad productiva privada, fue un mecanismo para gravar de manera alevosa e insostenible, a las actividades más eficientes del país, desestimulando la inversión en los sectores en los que ésta hubiera sido más productiva.

Los gravámenes fueron explícitos, como las retenciones a las exportaciones,  el impuesto a las transacciones financieras no deducibles de IVA  y la eliminación de la deducción de aportes patronales del IVA  que contemplaban los planes de competitividad; o fueron implícitos, como la virtual expropiación del capital invertido en los sectores de infraestructura a través del congelamiento de tarifas. Pero fueron y, lamentablemente continúan siendo, gravámenes no sólo distorsivos sino verdaderamente confiscatorios.

Por el lado del Gasto, éstos aumentaron hasta niveles que superan en casi 5 % del PBI a los ya excesivos del período 1997-2001. Y no se están contabilizando gastos y déficits de los fondos fiduciarios y del Sistema Previsional, simplemente porque se los esconde o no se están pagando, por incumplimiento de las leyes en vigencia. Por consiguiente la verdadera deuda pública aumenta más de lo que dicen las estadística que se publican.

Ya se están observando también la típica postergación de pagos a proveedores y contratistas de las épocas en las que se trata de mostrar resultados de caja mejores que los que reflejaría una contabilidad transparente. Por supuesto, no se publica la evolución de la deuda flotante; pero los anuncios de paralización de obras públicas por falta de pago, son una clara evidencia de que esa deuda existe y es importante.

El panorama fiscal es grave, no sólo porque comienza a existir nuevamente el déficit fiscal, sino, sobre todo, porque se trata de un déficit estructural, que va a condicionar el funcionamiento de la economía por muchos años. Esta triste realidad sólo comenzará a cambiar cuando un futuro gobierno se anime a hacer lo que hicimos entre 1991 y 1996. Claro que eso sólo será posible si el gobierno cuenta con la convicción y el apoyo popular con que contó el gobierno de Menem en aquel período. Algo que no es fácil de conseguir.

Para los que creen que la tarea de los futuros gobiernos, o de éste, si decidiera comenzar a gobernar con seriedad, es sencilla, los invito a comparar  la Economía Argentina post convertibilidad con la de la década de los Ochentas. Si observan bien, la única diferencia entre la economía de aquellos años y la que tenemos ahora, es la bendición que significan los términos del intercambio y la calidad de la infraestructura que se creó en los años 90. En todos los demás aspectos, particularmente los que tienen que ver con la organización de nuestra economía, estamos tan mal como en los años 80.

Que los mercados de capitales predigan una nueva crisis de la deuda argentina  es consecuencia de la ceguera ideológica de Cristina y Nestor Kirchner. Si la ideología y el discurso de nuestros gobernantes fuera el que predomina en todos los países del mundo, gobernados por dirigentes sensatos, hoy nadie debería predecir que Argentina marcha hacia una nueva crisis de su deuda.

Aún cuando los métodos utilizados para un feroz ajuste fiscal en 2002 fueron muy injustos e ineficientes y se basaron en el engaño, no cabe ninguna duda que a partir de 2003 en adelante, gracias a ese ajuste previo y a la bonanza internacional, Argentina estuvo generando superávit fiscales mayores a los que tradicionalmente imponía el FMI con sus condicionalidades. De esa forma, Argentina disminuyó su deuda externa, tanto del sector privado como del sector público.

Es cierto que no lo hizo por virtud, más bien lo hizo por paralización de las inversiones privadas en sectores claves de la economía que habían recibido fuertes inversiones durante los noventas. Y, en el caso de la deuda externa pública, lo hizo apelando a impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y defraudando a un millón y medio de jubilados a los que no se les dio la movilidad de sus haberes. Pero lo cierto es que la deuda pública externa disminuyó significativamente.

La causa de la crisis de la Deuda Argentina en 2001 nunca tuvo motivos ideológicos o relacionado con el discurso de los gobernantes. La causa de aquella crisis fue porque la deuda había crecido desmesuradamente y, frente a circunstancias muy adversas en el orden internacional, los acreedores externos primero y los acreedores internos después, comenzaron a advertir que el País podía enfrentar incapacidad de pago. Aún cuando quienes gobernábamos manifestábamos voluntad de atender las obligaciones asumidas.

La deuda había crecido desmesuradamente por buenas y malas razones. Entre 1991 y 1996, la deuda pública externa creció por consolidación de pasivos internos que se habían acumulado anteriormente y que no aparecían registrados, pero eran reconocidos por la justicia ante millones de reclamos legítimos de los acreedores, fundamentalmente los jubilados, las provincias y los proveedores y contratistas del Estado.  Hasta 1998, la deuda externa creció también por fuertes inversiones del sector privado, muy eficientes y productivas. Son esas inversiones las que han permitido que hasta hoy, tengamos abastecimiento de energía, a pesar de que hace 7 años que sólo se des-invierte.

Pero entre 1997 y 1999 la deuda pública, más interna que externa en este período, subió por causas muy malas: las provincias no sólo gastaron al ritmo del fuerte aumento de la recaudación que siguió a la recuperación económica, luego de la crisis Tequila, sino que lo hicieron apelando al endeudamiento con el Sistema Bancario Argentino, algo que les había estado prohibido hasta agosto de 1996. Mientras yo fui Ministro de Economía, Ricardo Gutierrez el Secretario de Hacienda  y Juan Carlos Pezoa, el Subsecretario de relaciones fiscales Nación-Provincias, no permitimos que las Provincias comprometieran sus recursos de coparticipación federal de impuestos para garantizar deudas con los bancos.

A fines de 2000 y principios de 2001, muchos analistas del exterior y tenedores de bonos argentinos, comenzaron a dudar de que las Provincias pudieran cumplir con sus obligaciones bancarias y que el Gobierno Nacional pudiera seguir atendiendo normalmente el pago de los servicios de la deuda pública, para las que ellos ya no estaban dispuestos a proveer nuevo financiamiento. Así se gestó la crisis de la deuda, que hizo eclosión en Julio de 2001, cuando para renovar las letras del tesoro a 180 días, el mercado nos demandó 16 % anual. Como no estuvimos dispuestos a convalidar esa tasa, decidimos comenzar a buscar el equilibrio presupuestario a ultranza, lo que denominamos Ley del Déficit Cero.

A pesar de que el Congreso Nacional y los Gobernadores apoyaron esa ley, los mercados siguieron apostando en contra, en especial a partir de noviembre de 2001, cuando anunciamos un programa de reestructuración de deuda, que prometía ser ordenado, pero que no contó con el apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional. Lo demás es una historia conocida y muy triste, por cierto.

Hoy la situación es totalmente distinta. No ha habido exceso de endeudamiento y para hacerse exigibles, las deudas que el gobierno no reconoce, aunque existen, tienen probablemente un camino judicial largo por delante. Me refiero tanto a los reclamos de los bonistas extranjeros como al de los millones de jubilados a los que se les ha negado la movilidad de sus jubilaciones. Por lo tanto, nadie puede argumentar que hay incapacidad de pago de origen fiscal. Pero, porqué los mercados apuestan a que habrá una nueva crisis de la deuda?. Por la simple razón de que ven que el gobierno no tiene voluntad de pago.

La desvirtuación del índice CER, por las manipulaciones del INDEC, son interpretadas como una estrategia para introducir una nueva quita en las deudas refinanciadas y en las que se originaron en nuevos bonos ajustables por aquél índice. Además nadie entiende porqué el Gobierno se niega a solicitar el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, necesario para lograr un acuerdo con el Club de París. Y menos aún se entiende, porqué se recurre a Chávez que nos presta al 15 % anual, cuando Argentina podría conseguir asistencia del Fondo Monetario Internacional al 5 % anual.

La Posición de Argentina frente al FMI es absurda. Si algo debiéramos criticar al FMI es que, a partir de noviembre de 2001, no nos haya dado apoyo explícito para la re-estructuración ordenada de la deuda, que en su tramo interno estaba siendo exitosamente refinanciada con intereses bajos. Pero es absurdo criticarlo por los apoyos que nos dio en momentos críticos de 1991, 1995, 2000 y 2001. El Fondo está para eso: para ayudar en momentos de crisis y evitar que los ajustes sean feroces e ineficientes, como lo fue el ajuste del 2002, precisamente por falta de apoyo del Fondo.

Lamentablemente, esta posición absurda frente al Fondo Monetario Internacional, no es sólo de los Kirchner. La he escuchado varias veces a la Senadora Hilda de Duhalde decir que yo siempre le pagaba al FMI en lugar de darle plata a los pobres. Qué ignorancia! No hubo Ministro de Economía en la historia Argentina que le haya hecho desembolsar más plata al Fondo! Los que hicieron pagos netos al FMI fueron el gobierno de Duhalde y, muy especialmente, el Gobierno de Néstor Kirchner. Y para colmo, lo hicieron para caer en las garras de Chávez, que no es, precisamente, un acreedor más bondadoso que el FMI. También es absurdo echarle la culpa al Fondo Monetario Internacional del exceso de endeudamiento argentino, particularmente del de las Provincias con el sistema bancario.

En fin, el gobierno de Cristina Kirchner, en materia de deuda, se está ahogando en un vaso de agua. Y todo por ceguera ideológica. Bastaría que el gobierno cambie de discurso y demuestre voluntad de pago, para que el fantasma de la nueva crisis de deuda desaparezca del horizonte. Si no son capaces de advertir que existen soluciones tan fáciles y sin costo, cómo podemos apostar a que descubrirán las soluciones que son mucho más complejas y costosas?. Debemos rogar a Dios que ilumine la mente de nuestros gobernantes, antes de que sea demasiado tarde.

A quienes leen todos mis mensajes, el título con que comienzo el de hoy, quizás les recuerde el que escribí en febrero de 2003: «Duhalde, Carrió y Kirchner deberían imitar a Lula, no sólo admirarlo«.

Hoy, después de escuchar el discurso magistral que el Presidente de Brasil dio en la conferencia empresaria Argentino-Brasilera, tuve la misma sensación que la que sentí en aquel lejano febrero de 2003, cuando comencé a visualizar cómo iba a ser el Gobierno de Lula, contra todos los pronósticos que habían hecho muchos analistas y dirigentes políticos, dentro y fuera de Brasil.

Lula es un verdadero Estadista, como lo fue su predecesor Fernando Enrique Cardozo. Por eso en Brasil hay tanto entusiasmo y esperanza sobre el futuro. Lo que necesita crear Cristina Kirchner en Argentina es, precisamente ,ése clima. Es decir, revertir en 180 grados el clima de angustia y desesperanza que se vive hoy en nuestro País.

Ojalá las conversaciones que ha tenido con Lula y su discurso, al que siguió atentamente y aplaudió varias veces, le sirvan a nuestra Presidente para advertir que debe abandonar el modelo económico de intervenciones distorsivas en la economía y el estilo político de la confrontación permanente con quienes plantean reclamos legítimos; dejar que el banco Central y no la Secretaría de Comercio se encargue de luchar contra la inflación; y tender puentes de amistad y cooperación con todos los países del mundo, en particular con nuestros vecinos.

Los logros de Brasil se explican porque Lula nunca echó manos a la cesación de pagos, la violación de los contratos, el congelamiento de tarifas, el control arbitrario de los precios, los impuestos alevosos a las exportaciones y las restricciones cuantitativas al comercio exterior. Siempre luchó responsablemente contra la inflación, utilizando la herramienta monetaria, como en los países bien organizados, y nunca permitió que la inflación fuera utilizada como mecanismo para redistribuir ingresos y riqueza, como lamentablemente se lo hizo en Argentina, en 2002. Y en el plano político, en lugar de echar culpas permanentemente a quienes han gobernado antes o a quienes plantean demandas sectoriales, buscó el consenso y aprovechó los logros de los gobiernos que lo precedieron.

Quienes gobernaron en Argentina, desde 2002 en adelante, nunca imitaron a Lula, a pesar de que siempre dijeron admirarlo. Ojalá Cristina no cometa el mismo error.Es muy importante que Lula haya visitado la Argentina, precisamente en este momento crucial.

Hoy es primero de Agosto y la formidable tecnología del Internet ya nos permite conocer que pasó con la inflación durante el mes de julio. En el sitio www.inflacionverdadera.com aparece la evolución diaria de todos los precios de la canasta básica y del capítulo alimentos y bebidas del índice de costo de la vida.

El índice de la canasta básica, que se utiliza para estimar el porcentaje de pobres, aumentó 3,3% durante junio, y viene aumentando a una tasa anual del 25,7 % desde que se empezó a medir, diariamente, el 1de diciembre de 2007. El costo de los alimentos y bebidas, que representa casi un tercio del índice del costo de la vida, aumentó en julio un 2,6 % y viene aumentando a un ritmo del 38 % anual, desde diciembre del año anterior.

Será interesante ver qué es lo que publica el INDEC en los próximos días, para verificar si continúan escondiendo la inflación, o han decidido comenzar a medirla bien, como la hacían hasta diciembre de 2006.

El índice que publica este sitio, está en línea con los publicados oficialmente por varias de las provincias que han respetado la independencia de sus oficinas locales de estadísticas, pero tiene la gran ventaja de que se actualiza diariamente y acompaña la información de los precios, producto por producto. Además, incluye la información hasta el día inmediato anterior, lo que posibilita que hoy, primero de agosto, ya tengamos la inflación mensual de julio.

Ojalá que toda esta información sirva para que el Gobierno advierta que la inflación es un problema muy serio, algo que la gente ya viene percibiendo desde hace varios meses. Ojalá sirva también para que los economistas profesionales, que aparecen mucho en los medios, no hagan comentarios equivocados. Ayer lo vi a Javier Gonzáles Fraga, en un programa de televisión, diciendo que la inflación está en descenso y que es un problema fácil de resolver. Javier, como los autores intelectuales del denominado Plan Fénix, que tanto apoyaron al «Nuevo Modelo Productivo», como mal llamaron a aquel Plan, tienen dificultad para reconocer que ahora estamos pagando las consecuencias inflacionarias de la desarticulación completa de las reglas de juego de la economía, que precedió en cinco años a la destrucción del INDEC.

Afortunadamente la gente tiene la percepción correcta. Y la información de sitios como el de «Inflación Verdadera» ayudan a que queden en evidencia las mentiras del Gobierno.

Ahora que Sergio Massa ha sido designado Jefe de Gabinete, el Poder Ejecutivo piensa recuperar popularidad ocupándose de los Jubilados. Ya han producido dos tapas de Clarín, pre anunciando el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que establecerá una movilidad automática de las Jubilaciones basada en un índice combinado de salarios y de ingresos del Sistema de Seguridad Social, tal como lo ha venido reclamando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¡Enhorabuena!

Luego del primer trascendido, en la segunda tapa de Clarín sobre el mismo tema, los voceros del gobierno destacan que, con gran generosidad, el nuevo proyecto de ley permitirá que los jubilados no tengan que esperar hasta Julio de 2009 para cobrar el primer ajuste semestral que dispondría la nueva ley, sino que éste se otorgaría junto con el haber de marzo … como si no fuera posible disponer que el primer ajuste se produzca sobre la base del aumento de los salarios y de la recaudación de la ANSESS, durante el segundo semestre de 2008, de tal forma que comience a pagarse a partir de Enero…

Destaco con ironía la forma como ha comenzado a difundirse la noticia, porque quiero alertar sobre una trampa que se está gestando alrededor de este tema. Espero que el Congreso Nacional, ahora que ha demostrado su independencia del Poder Ejecutivo, no se deje engañar, como lamentablemente lo ha hecho desde 2002, cada vez que se discutió la Ley Anual de Presupuesto.

La movilidad automática que reclama La Corte Suprema de Justicia de la Nación, no debe legislarse para las jubilaciones que se paguen a partir del 2009, sino para todas las jubilaciones, desde 2002 en adelante. La inflación no reapareció en el 2008 sino que fue re-introducida con virulencia desde los primeros días de 2002.

En esto la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara y ha indicado que todos los jubilados que, por tener jubilaciones superiores a la mínima, recibieron reajustes muy por debajo de la inflación, no sólo tienen derecho a que se le reajusten hacia el futuro las jubilaciones, conforme al nuevo índice, desde 2002, sino que deben ser compensados por el deterioro que sufrieron sus beneficios desde 2002 en adelante.

Según los mismos trascendidos que hablan de la «generosa» propuesta del Poder Ejecutivo, este proyecto de ley sólo propondría restablecer la movilidad a partir de aquí en más y dejar que los reajustes por falta de movilidad en el período 2002-2006, e insuficiente movilidad durante 2007 y 2008, se reclamen judicialmente. De esta forma tratan de vender el argumento de que la falta de movilidad, durante ese período, es responsabilidad política de los autores intelectuales de la Ley de Solidaridad Previsional.

¡Burda mentira! La Ley de Solidaridad Previsional no derogó la movilidad, cosa que ninguna ley podría haber hecho, dado que la movilidad es un derecho constitucional. Lo que la Ley de Solidaridad Previsional dispuso, en una época en la que no existía inflación, fue que la movilidad no fuera automática sino decidida, una vez al año, por el Congreso Nacional, en oportunidad de discutirse la Ley Anual de Presupuesto. Más aún, esa Ley señaló que el Congreso Nacional debería disponer la movilidad guardando relación con la recaudación del Sistema de Seguridad Social.

El injusto deterioro que sufrieron los haberes de más de un millón y medio de jubilados, por insuficiente movilidad, desde 2002 en adelante, es la consecuencia de que el Congreso Nacional, al tratar las leyes anuales de presupuesto, desde 2002 hasta 2006, cayó en la trampa que le tendió el Poder Ejecutivo, de no incorporar el artículo que debía disponer la movilidad anual de las jubilaciones. El argumento que utilizó el Poder Ejecutivo fue que él ya había dispuesto los respectivos reajustes por decreto. Pero, con la astucia demagógica que lo ha venido caracterizando, sólo ajustó las jubilaciones mínimas y aquellas muy cercanas a las mínimas. Más de un millón y medio de jubilaciones quedaron injustamente postergadas hasta que, por fin, para 2007 y 2008, el Congreso Nacional dispuso reajustes generalizados. Aún así, dichos reajustes han estado por debajo de los índices de salario y de recaudación del Sistema de Seguridad Social.

Es muy bueno que a partir del conflicto con el campo, el Congreso Nacional haya demostrado que ya no se deja engañar por el discurso, supuestamente progresista y redistribucionista, del Poder Ejecutivo. Por ello yo confío que los legisladores dispondrán la movilidad automática que reclama la Corte Suprema de Justicia, desde 2002 en adelante, dado que desde entonces la inflación ha pasado a ser nuevamente una triste realidad de la Argentina.

Una decisión semejante del Congreso Nacional tendrá, sin dudas, un fuerte impacto fiscal. Desaparecerá el «superávit» que el gobierno ha venido enrostrando a quienes advierten sobre el descontrol del gasto público. Desaparecerá incluso el fondo que dicen haber acumulado a partir del traslado de los recursos que antes estaban en las AFJP’s, porque deberán afrontar el pago de la deuda que han acumulado con el millón y medio de jubilados al que le retacearon la movilidad desde 2002.

Pero en buena hora que ello ocurra. De esa forma tendrán que repensar el irresponsable aumento del gasto público que tiene su origen en los subsidios a los productores de bienes y servicios, a los que se les congelaron precios o se los sometió a controles distorsivos.

Una vez que, para eliminar o, al menos, reducir el costo de estos subsidios, tengan que dejar que aumenten los precios y las tarifas artificialmente contenidos, deberán compensar el impacto de la inflación sobre los segmentos más pobres de la población. Esto obligará a implementar una buena política de subsidios sociales … pero ésta debe comenzar con justicia para los jubilados, no a costa de ellos.