Domingo Cavallo

El acuerdo de canje de monedas con China es positivo

El gobierno cometió y sigue cometiendo tantos errores, no sólo de política económica, sino, lo que es más grave aún, de organización económica, que la primera reacción de la mayoría de los analistas económicos, frente a los anuncios de los funcionarios, es siempre negativa. Yo no quiero caer en esa actitud prejuiciosa, porque es tan perjudicial como la actitud complaciente de quienes se sienten obligados a apoyar cualquier cosa que el gobierno decide.

El Banco Central de la República Argentina y el Banco Central de China han acordado un mecanismo de crédito recíproco que se denomina “swap” (canje) de monedas. Esto significa que el Banco Central de China está dispuesto a entregar yuanes (su moneda) y aceptar pesos en pago, a los que mantendrá en su activo, por una cifra que en tres años puede llegar a equivaler 10 mil millones de dólares. Como nuestras importaciones desde China son del orden de los 6 mil millones de dólares, eso significa que están dispuestos a financiarnos el 50 % de las compras de los próximos tres años. No está claro cuál es el plazo de ese financiamiento, porque no se conoce, o al menos yo no pude aún leer la letra chica del acuerdo, a partir de que fecha puede China usar los pesos que tendrá en su poder para pagar nuestras exportaciones a ese país, que son algo superior a los 7 mil millones de dólares. Si, por ejemplo, los Chinos pudieran pagar de inmediato por lo que nos compran con los Pesos que reciben en canje, entonces no habría financiamiento sino sólamente comercio entre ambas naciones con un mecanismo de pago recíproco que no involucra el uso de dólares y, como nosotros tenemos superávit comercial con ellos, podríamos llegar a estar obligados a aceptar que nos paguen el saldo con yuanes en lugar de hacerlo con dólares. Pienso que se debe haber negociado una asimetría favorable a la Argentina y, por lo tanto, hay financiamiento de por medio.

Pero más allá de estos detalles técnicos, lo importante es que nuestro País demuestra estar interesado en acentuar la relación económica con China, algo que hasta ahora, por las señales que venían enviando las restricciones a nuestro comercio exterior, no parecía acontecer. Por supuesto que hubiera sido deseable que junto a este canje de monedas se anunciara la iniciación de las negociaciones para la firma de un tratado de Libre Comercio entre Argentina y China, como el que ya acordó Chile y como los que vienen negociando Perú y Colombia. Pero al menos estamos entre los pioneros de este acuerdo monetario, junto con Malasia, Corea del Sur y Pakistan…lo que no es poco.

China va a emerger de esta crisis global como un espacio económico mucho más relevante que en el pasado. Será muy importante como socio comercial, como inversor y financiador de inversiones y también participará activamente en la creación del sistema monetario y financiero global del futuro. Va a ser un mercado importantísimo para toda nuestra producción agroindustrial y la de aquellos productos manufacturados para los que consigamos ventajas comparativas basadas en la abundancia de recursos naturales y en la habilidad de nuestros recursos humanos, podrá ser un proveedor importante de bienes de capital que nosotros importábamos anteriormente de Europa, EEUU o Japón. Es asombroso cómo China está avanzando en la producción de bienes de capital de la más alta tecnología, especialmente en el rubro de la energía y las comunicaciones.

Claro que para poder aprovechar estas oportunidades que se nos abrirán en el futuro, es muy importante que cuanto antes el gobierno elimine los impuestos distorsivos que desalientan la inversión y la productividad tanto en los sectores más eficientes de nuestra agricultura y ganadería, como de nuestra industria, de nuestra infraestura y de nuestros servicios. Es lamentable que se sigan cobrando retenciones a las exportaciones, un impuesto que ningún país serio utiliza, porque, luego de la prohibición de exportar e importar, es la mayor traba al comercio exterior que puede imaginarse. Ojalá la misma inteligencia demostrada en detectar esta oportunidad de estrechar lazos con China a través de los bancos centrales, permita pronto remover el mayor factor de discordia e ineficiencia que hoy afecta a nuestra economía.

El Plan Obama-Geithner puede funcionar

Desde que escribí mis tres posts sobre la crisis financiera global y la intervención del Estado, estuve en San Pablo, Lima, New York y ahora estoy en Washington. En todos estos lugares tuve oportunidad de hablar con economistas, políticos y banqueros sobre la crisis financiera global. También pude palpar el estado de ánimo de la gente de la calle en las numerosas oportunidades que tuve para conversar con choferes de taxi y personal de los hoteles y restaurantes. Por supuesto, leí las opiniones de Paul Krugman y Jeffrey Sachs, muy críticas del plan anunciado por Timothy Geithner para sanear el sistema financiero. Mañana viajo a París para participar en sendas reuniones en las que se discutirán soluciones para la crisis financiera global como aportes para la reunión del G20 que se llevará a cabo en Londres el 2 de Abril. Varios visitantes de este blog me han pedido que de mi opinión sobre el plan anunciado por la administración de los EEUU para enfrentar la crisis financiera global iniciada en ese país. Pues, acá vá.

El Plan Obama-Geithner para la economía norteamericana consiste en dos grandes programas de expansión fiscal y moneraria: uno enderezado a revertir o al menos atemperar la caída de la demanda interna de consumo e inversión y otro enderezado a sanear el sistema financiero, para que vuelva a jugar el rol de intermediador eficiente entre los ahorros y la inversión empresaria y familiar. Estos dos programas suponen gran expansión tanto de los pasivos monetarios del Banco de la Reserva Federal como de los pasivos del Tesoro. Es decir, aumentos significativos en la oferta de dólares y de bonos de la deuda pública.

El Plan ha recibido fuertes críticas, tanto por derecha como por izquierda.

Las críticas conservadores aluden al futuro efecto inflacionario y de aumento de los impuestos que predicen como consecuencia de la emisión monetaria y de la deuda pública. Las críticas por izquierda aluden a la insuficiencia de los esfuerzos para aumentar la demanda efectiva de bienes y servicios y al endeudamiento en que se incurre para ayudar a los banqueros y a los tenedores de activos financieros.

Las críticas por derecha son, en mi opinión injustificadas, porque la expansión fiscal es sólo transitoria, para compensar la caída en la demanda efectiva y se va a neutralizar tan pronto como la economía comience a reactivarse, por el efecto de la recuperación económica sobre la recaudación de impuestos. Es cierto que la situación fiscal de los EEUU no era sana, aún antes de que se desatara la crisis financiera, porque en plena expansión económica desplegaba un déficit fiscal de 700 mil millones de dólares y otro déficit semejante en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Pero los ajustes necesarios para reducir o eliminar esos desequilibrios deberán lograrse a través de un proceso de coordinación con las economías que son la otra cara de la moneda: las que tuvieron fuertes superávit fiscales y externos. Intentar hacerlo ahora, con medidas unilaterales decididas por los EEUU, sería agravar la crisis no sólo en ese país sino también y, sobre todo, a escala global. Máxime cuando el mundo ve al Dólar y las letras del Tesoro Americano como los mejores refugios de valor.

La única solución mejor que la expansión fiscal en los EEUU requeriría fuerte expansión fiscal en los países con cuentas fiscales y externas superavitarias que cuentan con monedas nacionales también creíbles. En ese caso, los EEUU deberían utilizar la demanda por sus Dólares y por sus letras del Tesoro, para recrear la oferta de crédito al sector privado o a los países emergentes que están siendo afectados por la crisis global y no tienen bancos centrales ni tesoros nacionales en condiciones de actuar como prestamistas en última instancia. Pero esta alternativa no puede ser decidida unilateralmente por los EEUU. Los discursos de Obama y Geithner sugieren que esta es la propuesta que ellos llevaran al G20 que está por reunirse en Londres.

Las críticas por izquierda son de variado tenor. Por un lado comienzan señalando que el programa de expansión fiscal de Obama hay excesivo componente de rebaja de impuestos e insuficientes asignaciones presupuestarios para programas sociales capaces de mejorar la distribución del ingreso en forma permanente. Pero son poco realistas, porque no tienen en cuenta que la política fiscal es resorte del Congreso y no del Poder Ejecutivo, razón por la cual siempre será fruto de un compromiso entre posiciones más conservadoras y otras mas liberales. Lo que ha hecho Obama es lo único que puede hacer un Presidente norteamericano que respeta la división de poderes. Los detalles sobre la composición específica de la expansión fiscal siempre será discutible y opinable, pero nadie puede estar seguro que por haber buscado un compromiso el programa está condenado a fracasar.

La crítica por izquierda más fuerte se ha escuchado luego de que Timothy Geithner anunciara su programa para crear una asociación público-privada para la compra de activos tóxicos del sistema financiero norteamericano. Se argumenta que este programa apunta a ayudar a los banqueros a defender el valor de sus tenencias accionarias y a proteger a los acreedores de los bancos que no tienen garantía del Estado, es decir, a los grandes inversores financieros que tomaron por sí, o a través de sus asesores ignorantes o deshonestos, decisiones de inversión equivocadas. En mi opinión, esta crítica es injustificada por varias razones que paso a explicar.

En primer lugar, el argumento de que se trata de defender el valor de las tenencias accionarias de los bancos con problemas es insostenible, porque estas acciones ya han perdido prácticamente todo su valor: fueron licuadas por los aporte de capital que el Estado ya hizo para re-capitalizar a esas entidades financieras. Los tenedores de acciones al momento en que se desató la crisis, entre los cuales estaban los máximos directivos y ejecutivos bancarios que habían cobrado fuertes "bonus", precisamente en acciones de las mismas instituciones, ya perdieron la mayor parte del capital que creían tener. Además, esas acciones aún corren el riesgo de pasar a valer cero, porque no se descarta que si luego de la implementación del programa de compra de activos tóxicos, algunas entidades financieras siguen en estado de insolvencia, las mismas sean sometidas a los procesos de liquidación del FDIC (la institución que garantiza los depósitos bancarios) o a procesos equivalentes para entidades no bancarias, para los que el gobierno de Obama está solicitando la respectiva autorización legislativa al Congreso.

Con respecto a que este programa ofrece protección a los acreedores no garantizados de los bancos hay que hacer al menos tres consideraciones: 1) No se concede a estos acreedores ninguna garantía formal, algo que están buscando algunos de los que proponen "nacionalizar" los bancos: 2) Quienes aporten el capital accionario a estos fondos públicos-privados, que son los primeros en absorber las pérdidas si los activos que compran siguen desvalorizándose, son los que decidirán que activos comprar y a que precio. El comportamiento racional indica que buscarán las mejores oportunidades utilizando toda su experiencia como administradores de fondos, exactamente como lo hacen quienes invierten habitualmente en "distressed assets". Es muy probable que haya muchos activos que en este momento están siendo valuados por el mercado (precio al que los bancos deben contabilizarlos en sus balances) muy por debajo del precio que tendrían de no existir el pánico y la incertidumbre que hoy plaga los mercados. Estos serán los activos que buscarán los administradores de estos fondos que contarán no sólo con su aporte de capital sino con recursos prestados por el sector público en una relación 9 a 1; 3) Las entidades finanacieras que luego de este operativo todavía acusen una situación de insolvencia (patrimonio neto negativo) seguramente entrarán en liquidación y no sólo su capital eccionario pasará a valer cero, sino que los sus acreedores no garantizados sólo cobraran la parte que resulte de la liquidación de sus activos despues de honrar los pasivos garantizados (depósitos hasta 250,000 dólares por titular).

Es cierto que el gobierno podría haber dispuesto directamente la liquidación de las entidades financieras insolventes sin la etapa previa de compra pública-privada de activos tóxicos, pero es probable que por la enorme cantidad de activos que hoy el mercado subvalúa con exageración (como contracara de la exageración con que los sobrevaluó en la etapa previa a la crisis) hubieran terminado siendo liquidadas muchas entidades y afectando a millones de tenedores de bonos y depositantes no garantizados, mucho más de lo que un proceso de liquidación más limitado y ordenado, luego de la compra de activos tóxicos, va a arequerir.

Por supuesto que todo plan tiene siempre la posibilidad de ser insuficiente y fracasar. Pero me parece temerario que se sostenga de antemano que el plan Obama-Geithner está destinado al fracaso. Y mucho menos que está inspirado en el deseo de proteger a banqueros y a inversores imprudentes.

El tipo de intervención que los estados no deben hacer.

Todos los países del mundo emergente están sintiendo en sus economías el efecto de la crisis que se inició en los EEUU y se extendió rápidamente a Europa y a Japón. Algunos, como China, los países del Medio Oriente, la mayoría de los países asiáticos, de América Latina y de África, sufren el impacto a través del comercio exterior, porque se están desmoronando sus exportaciones, con el consiguiente efecto multiplicador negativo sobre sus economías internas.Cuando caen las exportaciones y el consumo interno, la inversión también cae y produce un efecto acelerador de la recesión. La única forma de revertir este tipo de efecto es lograr que la recesión encuentre su piso en los países avanzados y comience en ellos la reactivación económica.

Este proceso podría verse frustrado si en la desesperación por atenuar el impacto negativo de la caída de exportaciones, cada país comienza a poner restricciones a sus importaciones. En ese caso se puede producir el colapso del sistema comercial internacional y llevar a una depresión mundial como la de los años 30s. Por eso, el primer tipo de intervención en las economías nacionales que los estados no deberían hacer es adoptar políticas proteccionistas. El presidente Lula es quien más ha estado advirtiendo sobre este peligro y la mayor parte de los Jefes de Estado del G20 parecen tener la misma opinión, aunque en sus respectivos congresos nacionales predominan las tendencias proteccionistas. Es muy importante que la Presidente Cristina Kirchner no sea la voz disonante en esta reunión, de la que debería salir un compromiso firme de todas las naciones de evitar una guerra proteccionista y, por el contrario, aprovechar la crisis para revitalizar las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC.

En los países emergentes que durante los últimos años continuaron utilizando significativamente el ahorro externo para impulsar la inversión y el crecimiento en sus economías, la crisis global está poniendo en peligro a sus sistemas monetarios y financieros internos, porque al impacto negativo de la caída de las exportaciones se agrega el efecto de la reversión repentina de los flujos de capitales ("sudden stop" en la literatura en inglés). La entrada de capitales había permitido fuertes inversiones modernizadoras de sus economías y explicaban el crecimiento rápido y hasta el momento de la crisis, sostenido, de sus PBIs.

A estos países se les presenta una situación parecida a la que enfrentó Argentina en 2001, cuando no sólo se habían deteriorado los términos del intercambio externo, sino que además sufrió una reversión repentina de la entrada de capitales que había permitido financiar un fuerte proceso de inversión y modernización económica en los años previos. Esto le está ocurriendo a miembros de la Unión Europea que están dentro del área del Euro, como a Irlanda, a países que pertenecen a la Unión Europea aunque aún no tienen al Euro como moneda y al resto de los países de Europa del Este, algunos de los cuales aún no han ingresado a la Unión Europea, pero habían atraídos fuertes inversiones de ese orígen.

Es muy importante que los países con monedas fuertes y buen crédito público provean apoyo financiero a estas economías emergentes para evitar que colapsen sus sistemas monetarios y financieros nacionales y puedan producir los ajustes internos necesarios, en forma ordenada, reestructurando pasivos cuando sea inevitable, pero sin abandonar las reglas de economías de mercado integradas a la economía global y, sobre todo, sin introducir inflación descontrolada en sus economías.

Sería trágico para cada uno de estos países y también para la economía global, que estas economías optaran por aplicar una “solución a la Argentina del 2002”, es decir que destruyeran la base contractual de la economía mediante un default generalizado acompañado por la conversión forzada de contratos pactados en monedas extranjeras a otros pactados en la moneda nacional. Semejante "solución" abriría la puerta a la inflación descontrolada de sus economías y porstergaría sine díe la posibilidad de una recuperación rápida del crecimiento.

En Argentina esa “solución” reintrodujo la inflación en la economía y si bien su PBI logró un crecimiento rápido entre 2003 y 2008, éste se produjo por el aumento extraordinario de los términos del intercambio externo y no por la forma utilizada para sacar de la quiebra a bancos, empresas y familias. Todo lo contrario, la combinación de default generalizado con “pesificación” dio lugar a que Argentina perdiera el crédito público, no lograra volver a atraer ahorros externos y se viera imposibilitada de continuar con el proceso de modernización de sus servicios y de su infraestructura, que había sido tan positivo en los años anteriores. De no haberse dado el impresionante aumento en los precios de los productos de exportación que se produjo entre 2003 y 2008, Argentina hubiera sufrido estanflación durante todo el período, enfermedad que ha comenzado a sufrir desde que se desplomaron los precios de la soja y los demás productos de exportación, a mediados del año pasado.

En la próxima reunión del Grupo de los 20, los países con monedas fuertes y buen crédito público deben comprometer el apoyo: a) de sus bancos centrales a los países que utilizan sus monedas o conducen sus políticas monetarias utilizando a sus monedas como patrón; y b) de sus respectivos tesoros a los tesoros de las economías emergentes, en forma directa o a través de los organismos multilaterales de crédito, con la sola condición de que los países que utilicen ese apoyo no abandonen las reglas de economías de mercados integradas a la economía global, continúen brindando seguridad jurídica a los inversores internos y externos y sigan comprometidos con la estabilidad y el crecimiento de sus economías.

Los países de las economías emergentes que sufran interrupciones repentinas del flujo de capitales después de haber estando utilizando durante muchos años el ahorro externo para modernizar y capitalizar a sus estructuras productivas, podrán conducir procesos de ajustes ordenados sin abandonar la organización básica de sus respectivas economía si cuentan con apoyo externo, tal como lo hicieron Méjico y Argentina en 1995, Corea y varios otros países asiáticos en 1997, Brasil en 1999 y nuevamente en 2002 y Uruguay en 2002. En todos estos casos el ajuste ordenado y la posterior recuperación del crecimiento económico, sin reintroducir la inflación como problema, se logró gracias al apoyo externo.

Lamentablemente esto no ocurrió en Argentina al final de 2001, cuando la decisión del FMI de no continuar apoyando una reestructuración ordenada de la deuda, combinada con la voluntad del nuevo poder político de resolver el problema de los deudores aunque fuera a costa de terminar de destruir el crédito público y privado y reintroducir la inflación, llevó a la desorganización de la economía que hoy, terminada la bonanza extraordinaria creada por los términos del intercambio muy favorables, está produciendo estanflación.

Las economías emergentes que además de sufrir la caída de sus exportaciones como consecuencia de la crisis global, sufren además una interrupción repentina del flujo positivo de capitales con que habían financiado su crecimiento reciente, deben abstenerse de intervenir en los mercados con medidas compulsivas que signifiquen una violación intencional de los contratos vigentes, pero para ello es imprescindible que consigan el apoyo de los países con monedas fuertes y buen crédito público.

Está en la inteligencia de los gobiernos de los países más ricos advertir que el apoyo a las economía emergentes es tan importante como el que están brindando a sus estructuras productivas internas, porque de otra manera la economía que sobrevivirá a la actual crisis, lejos de ser global va a parecerse más a la economía segmentada y conflictuada que emergió de la crisis de los años 30 y que llevó a los trágicos episodios que culminaron con la Segunda Guerra Mundial. Este debería ser el mensaje de los Jefes de Estado de los países con economías emergente en la próxima reunión del G20.

Intervención del Estado para resolver la crisis financiera

La propuesta de reforma financiera formulada por el Grupo de los 30, a la que ya me referí en un post anterior, señala cuáles deberían ser las reglas de juego futuro para el funcionamiento de los sistemas bancarios y los mercados de capitales en cada país y para la economía global. Este es un tema que seguramente abordarán los Jefes de Estado en la próxima reunión del Grupo de los 20 en Londres.

No creo que sobre este tema vaya a ver muchas des-inteligencias, salvo que algunos países no querran resignar soberanía en materia de supervisión de los mercados de capitales globales y probablemente se opongan a la creación de estructuras supervisoras supra-nacionales. Esta limitación deberá superarse con suficientes esfuerzos de cooperación y trabajo conjunto por parte de los organismos nacionales de control. Los Jefes de Estado de los países emergentes no deberían dejar de insistir sobre la necesidad de que haya un organismo supra-nacional encargado de supervisar el cumplimiento de las regulaciones financieras relevantes para el buen funcionamiento de la economía global.

Pero antes de que estas nuevas reglas de juego pasen a ser un tema relevante, tendrán que solucionarse la crisis financiera global y reestructurarse o liquidarse los intermediarios financieros de cada una de las economías nacionales que se han tornado o están en proceso de tornarse insolventes. Varios de los bancos más grandes del mundo están ya en esta situación y los esfuerzos que varios países hicieron para re-capitalizar a esas instituciones con dinero de los contribuyentes, no parecen haber sido suficientes para re-establecer la solvencia.

La re-capitalización de las entidades financieras privadas por el sector público constituye una forma de estatización (en inglés hablan de nacionalización) de esas instituciones, porque los aportes de capital del Estado se hacen diluyendo la participación del sector privado, en condiciones que terminan de desvalorizar por completo a las anteriores tenencias accionarias. De ninguna manera puede decirse que esta estatización es para salvar a los dueños de los bancos. Todo lo contrario. Basta escuchar las quejas y reclamos de Hunk Greenberg, el legendario Chairman y CEO de AIG, que dejó esos cargos en 2005, pero siguió siendo un fuerte accionista de la empresa que lideró por tanto tiempo.

Así como Greenberg y muchísimos otros accionistas de bancos, han perdido prácticamente todo el capital que tenían invertido en sus entidades financieras, los directivos y ejecutivos de los bancos, que habían cobrado el grueso de sus remuneraciones en acciones (especialmente los denominados "bonus" anuales) y por disposiciones de sus respectivos contratos laborales no podían verderlas mientras estuvieran en funciones, también han perdido prácticamente el total de su patrimonio. Esta es la lógica del capitalismo: quien se arriesga para ganar mucho, cuando las cosas van mal tienen que soportar las pérdidas. Y eso es lo que está pasando en los EEUU.

Los accionistas de las entidades financieras, que se tornaron o están tornándose insolventes, ya han tomado sus pérdidas. Pero éstas no son las únicas pérdidas que alguien va a tener que tomar. La subestimación de los riesgos en inversiones financieras, por parte de los bancos, que está en la génesis de esta crisis global, está provocando pérdidas que son muy superiores al capital accionario que tenían esas instituciones. La insolvencia de las mismas se mide por la diferencia entre los pasivos y el verdadero valor de los activos, mucho de los cuales son de tan baja calidad que han sido denomidos "tóxicos". Tradicionalmente se los denominó "incobrables".

Luego de este intento de re-capitalización, que no está resultando suficiente, muchos economistas, políticos y expertos financieros están reclamando la intervención de las entidades financieras para descomponerlas en una o varias unidades de negocios sanas y con futuro, que deberían venderse en el mercado cuanto antes y una entidad residual que sería liquidada.

Los depositantes que cuentan con garantía estatal, pasarían a ser pasivos de las unidades de negocios que seguirían funcionando, por lo que no perderían ni capital ni los intereses que se hubieran pactado. Y, por supuesto, continuarían garantizados. El resto de los acreedores de las entidades insolventes ( tenedores de bonos no garantizados y otras entidades financieras que son contraparte de los negocios de la que entró en crisis) sólo recuperarían el porcentaje de sus acreencias que pueda ser honrado mediante la recuperación de activos de la entidad residual, recuperación que incluirá el producido de la venta de la unidades de negocios viables.

Yo creo que las naciones en las que se han presentado estas situaciones de insolvencia bancaria, muy pronto tendrán que dar este paso, porque es impensable que los estados puedan hacerse cargo de las pérdidas para asegurar el valor pleno de todos los pasivos de entidades financieras, más allá de los que están protegidos por el régimen de garantía estatal.

La reactivación de las economías nacionales y de la economía global no se producirá hasta tanto hayan quedado asignadas y aceptadas las fuertes pérdidas a que han dado lugar las sub-estimaciones de riesgo de los operadores financieros. Si se mantiene la indefinición sobre quienes soportan las pérdidas y muchos inversores mantienen la expectativa ( o, mejor sería decir, la ilusión) de que los estados (es decir, los contribuyentes) se harán cargo de esas pérdidas, seguramente una gran parte del dinero y los títulos públicos que emitan los estados no se transformará en demanda de bienes y servicios por parte de las familias y de las empresas, sino que terminará intentando tapar los agujeros patrimoniales de las instituciones financieras insolventes. Estás seguirían operando como "sombis", sin ninguna capacidad para administrar riesgos nuevos y canalizar adecuadamente el crédito, tal como ocurrió en Japón durante la década de los 90s.

Este tipo de intervención del Estado en la economía, es exactamente la que permitió a la Argentina superar con éxito, en apenas un año, la "Crisis Tequila", a pesar de que la salida de capitales que se dio a partir de la devaluación del Peso Mejicano, significó para nuestro país una crisis financiera que llevó a la insolvencia o al borde de la insolvencia a muchas instituciones financieras. Algunas de estas instituciones, las que no tenían muchos depósitos del público, sino básicamente deuda con acreedores financieros del país o del exterior, fueron liquidadas. Los acreedores tomaron la pérdida que les correspondía asumir por los riesgos que habían tomado.

Las entidades que se habían tornado insolventes, pero tenían muchos depósitos del público y jugaban un rol importante en el sistema de pagos y canalización del crédito a familias y empresas, fundamentalmente los bancos provinciales, fueron intervenidos con recursos de un fondo de capitalización bancaria, financiado por los organismos multilaterales de crédito. Las entidades intervenidas y manejadas desde este fondo fueron reestructuradas separando la unidad de negocio viable del banco residual. Las unidades de negocios viables fueron reprivatizadas de inmediato y los bancos residuales liquidados.

Todo este operativo se hizo con el asesoramiento de Jerry Corrigan, ex Presidente del Banco de la Reserva Federal de New York y fue conducido localmente por Roque Maccarone como Secretario de Finanzas, Horacio Liendo como Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Jorge Baldrich, como Subsecretario de Políticas Regionales y Pablo Guidotti como miembro del directorio del Banco Central. El costo para el Estado de todo este proceso de reestructuración bancaria fue de sólo 1 % del PBI y los depositantes mantuvieron la titularidad y el valor de todos sus depósitos.

Si bien la crisis financiera en los EEUU es de una magnitud muchas veces superior a la de la economía argentina en 1995, la naturaleza de la crisis no es muy diferente y tampoco lo será su solución. Lo importante es que la solución se implemente rápidamente, como lo hicimos en Argentina en 1995.

En un próximo post me voy a referir a otra experiencia de intervención del Estado Argentino en su economía, que nadie en el mundo debe imitar: Aquella a la que Mario Blejer, en un reportaje publicado el domingo pasado en Enfoques de La Nación, denomina la "solución" de los problemas de balances que encontró Argentina en 2002. Me voy a referir a ella no porque crea que hay alguna chance de que en los EEUU intenten aplicarla, sino porque es una "solución" que si llegaran a imitar las economías emergentes, por ejemplo, las de Europa del Este, provocaría un retroceso trágico en el proceso de desarrollo e integración en que ha estado embarcado el mundo desde la Caída del Muro de Berlín.

Las crisis y el tipo de intervencion del Estado en las economías de mercado

Conozco a muy pocos economistas profesionales que sostienen que el Estado no debe intervenir en la economía, aún frente a crisis económicas. Pero tampoco conozco a economistas profesionales, con prestigio y experiencia, que sostengan que el tipo de intervención del Estado que se requiere para resolver crisis económicas sea la que se utilizó en Argentina desde enero de 2002 hasta el día de hoy, como parecen decirle a nuestra Presidente algunos asesores. Espero que Cristina Kirchner no desperdicie la oportunidad que significa la reunión del G20, en Londres, reiterando este error de diagnóstico.

Hasta economistas absolutamente liberales (o conservadores en el sentido norteamericano del término) como Milton Friedman, sostuvieron en el pasado que la gran depresión de los años 30s se hizo tan larga y profunda porque el Banco de la Reserva Federal (la FED en inglés), es decir, la autoridad monetaria del Estado norteamericano, no intervino suficientemente para impedir la contracción monetaria derivada del pánico bancario que provocó el crack de Wall Street en octubre de 1929.

Pero hasta los economistas más estatistas (o más liberales, por contraste a mas conservadores, en el sentido norteamericano) sostienen que las intervenciones de los Estados Nacionales durante los años 30s, enderezadas a cerrar las economías y adoptar medidas proteccionistas, sea a través de controles selectivos de cambios o trabas tarifarias o cuantitativas a las importaciones, tendieron a agravar la crisis, porque provocaron no sólo el colapso de los mercados de capitales sino también el colapso del comercio internacional de bienes y servicios reales.

Son mayoría los economistas profesionales (especialmente aquellos que no se dejan encasillar en las categorías extremas de liberales o estadistas) que sostienen que en la década de los 30s no se utilizaron suficientemente los estímulos fiscales sobre la demanda de bienes y servicios reales y que, por consiguiente, la recesión sólo desapareció con el gasto bélico a partir de 1940.

Nadie sostiene, ni siquiera las marxistas (que en los 30s consideraban que la gran depresión del mundo capitalista era la demostración fehaciente de la crisis terminal del capitalismo predicha por Marx), que la mejor solución para superar la crisis de las economías de mercado en aquella época hubiera sido el cambio de sistema para pasar del capitalismo al socialismo, tal como lo habían hecho Rusia y sus vecinos en la década de los 20s y lo harían las naciones del este europeo y China al terminar la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, hoy la mayor parte de los economistas y políticos del mundo sostienen que la adopción por parte de la ex Unión Soviética, las naciones de la Europa del Este y la misma China, de las reglas e instituciones de las economías de mercado, ha permitido el progreso mundial de la década de los 90s y de lo que va de la década actual. En este sentido, la propuesta de Chávez de resolver la crisis inventando un socialismo del siglo XXI va a contramano de la historia.

En la misma dirección, hoy no hay nadie que opine que el progreso que se dio en la mayor parte del mundo en las últimas seis décadas hubiera sido posible sin la liberalización del comercio mundial que posibilitaron las sucesivas ruedas del GATT y la creación de la Organización Mundial del Comercio, con la incorporación a la misma de la mayoría de las naciones antes socialistas.

La fuerte experiencia acumulada en materia de manejo de crisis económicas a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI indica qué tipo de intervención de los estados en las respectivas economías nacionales es imprescindible para salir de la crisis que hoy sufre la economía global y cuales son las intervenciones que corren el riesgo de terminar agravándola. En sucesivos posts me voy a referir a varias de las intervenciones de los estados sobre las que se discute actualmente. Hoy comenzaré con la referida a las políticas monetarias y de deuda pública.

Los estados deben procurar mantener la liquidez de las economías nacionales y facilitar el sostenimiento de la demanda de bienes y servicios emitiendo deuda pública, paticularmente mientras las tasas de interés de largo plazo sean muy bajas. Los estados de los países cuyas monedas y títulos de deuda son fuertemente demandados como refugio por los inversores financieros (como los EEUU, Japón y Alemania), deben intervenir emitiendo dinero y deuda. Deben hacer ésto, tanto para sostener la demanda interna en sus respectivas economías como para ayudar a que los estados de las economías nacionales que no tienen monedas suficientemente demandadas ni crédito público tan amplio, puedan también aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas sin poner en riesgo la estabilidad de sus monedas nacionales.

Los temores de que la emisión de dinero y de deuda pública en estos países con monedas fuertes termine generando inflación persistente, son injustificados, sobre todo en la medida que estas políticas se reviertan a partir del momento en que se haya recuperado el crecimiento sostenido de la economía global. Los riesgos de inflación, o peor aún, de estanflación, se dan en las economías emergentes que enfrentan el riesgo de colapsos de sus monedas y de sus sistemas monetarios nacionales.

Los mecanismos para ayudar a las economías cuyas monedas nacionales no son fuertes ni tienen suficiente crédito público pueden ser varios: a) Compra de monedas de los países que necesitan ayuda por parte de los bancos centrales fuertes (los denominados "swaps" de monedas, como los que ya hizo la FED en favor de Méjico, Brasil, Corea y Sudáfrica); b) aportes de capital o préstamos a largo plazo a los organismos multilaterales de crédito (como el que ha hecho Japón al FMI por 100 mil millones de dólares), para que estos otorguen préstamos a las economías emergentes que estén dispuestas a aplicar buenas políticas de expansión fiscal y monetaria sin poner trabas al comercio exterior. China está en una posición particularmente favorable para poder hacer una contribución importante en esta dirección, sobre todo si el financiamiento que el FMI otorgue esté condicionado a que no se impongan restricciones al comercio violatorias de las normas de la OMC: y c) autorizando un sisgnificativo aumento de los Derechos Especiales de Giro del FMI, para complementar a nivel global, la expansión de la liquidez que hagan los países con monedas fuertes). Esta emición de DEGs permitirá al FMI otorgar préstamos adicionales a las economías emergentes que lo requieran.

Es muy importante que en la próxima reunión del Grupo de los 20s, los países con moneda fuerte y con buen crédito público comprometan su apoyo a estos tres mecanismos de ayuda a las economías emergentes. Para lograr este compromiso, los países que llevan la voz de las economías emergentes deben enfatizar más los daños adicionales a la economía global y a las propias economías avanzadas que puede resultar de un colapso de las economías emergentes que la responsabilidad que esos mismos países tienen en la génesis de la crisis en curso.

Y logrado ésto, es fundamental que nuestro país haga todo lo necesario para transformarse en elegible para recibir ayuda de los organismos multilaterales de crédito. Si no, no podrán implementarse políticas monetarias y fiscales expansivas y se corre el riesgo de acentuar el riesgo estanflacionario.