Autor: Domingo Cavallo

 

A nadie le deberían quedar dudas de que el Gobierno de los Kirchner ha venido mintiendo a los jubilados. Viene diciendo que se preocupa por ellos porque desde que tiene el poder ha decretado 17 aumentos de la jubilación mínima y, desde 2009 ha reinstalado un régimen automático de movilidad. Pero omite decir que aún con todos estos aumentos y esta tardía movilidad, la mayor parte de las jubilaciones tienen hoy un poder adquisitivo mucho menor que el que tuvieron durante la década del 90. Esto es el resultado natural de la inflación cuando la movilidad es parcial y tardía.

La mejor forma de trabajar por el bienestar de los jubilados es erradicando la inflación, como lo hicimos entre 1991 y 2001. En un ambiente inflacionario como el que hemos vivido desde el abandono de la convertibilidad, la única forma de evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo es con una movilidad ágil y completa.

La Corte Suprema de Justicia, que en la década de lo 90s había reconocido que cuando hay estabilidad no es necesaria la indexación, fue realista y demostró sabiduría y afán de justicia cuando dispuso en el  fallo “Badaro” que los jubilados que en 2001 recibían jubilaciones superiores a la mínima, tienen derecho a un aumento del 88 % por la falta de movilidad ente enero de 2002 y diciembre de 2006. Lamentablemente el Gobierno no está  respetando ese fallo. No ha reparado la injusticia hacia el futuro y, mucho menos, se ha hecho cargo de la deuda acumulada con esos jubilados por haberles pagado mucho menos de lo que les correspondía.

Si el Gobierno de los Kirchner fuera respetuoso de la ley y de la justicia, y si realmente quisiera respetar el derecho de los jubilados, debería haber ajustado, hacia delante, todas las jubilaciones alcanzadas por aquel fallo y, al mismo tiempo, debería haber pagado, o, al menos, documentado, la deuda acumulada con ellos a partir de que la inflación volvió a transformarse en un problema crónico. Esto es lo que hicimos en setiembre de 1992, cuando, además de ajustar hacia adelante todas las jubilaciones que tenían derecho al reajuste de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, entregamos a un millón cuatrocientos mil jubilados bocones previsionales por un valor total de18 mil millones de dólares. De esa forma dejaron de acumularse cientos de miles de sentencias y otros tantos juicios en curso ante los tribunales por legítimos reclamos de los jubilados.

Hoy, en materia de reclamos judiciales, se está viviendo la misma situación que se vivió durante los últimos años del Gobierno de Alfonsín y los primeros del Gobierno de Menem: los jubilados recurren a la justicia, con legítimas demandas y, cuando logran sentencias a su favor, sus reclamos se apilan en la ANSSES para ser atendidos cuando al gobierno decida abonarlos. Que esto ocurra ahora, cuando el Gobierno se desvive diciendo que tiene holgura fiscal, es mucho más grave e injusto que haya ocurrido en aquellos años en los que el País cayó en la hiper-inflación por décadas de desmanejos fiscales.

El Congreso Nacional, que hace bien de ocuparse de los Jubilados, debería ser prudente en sus decisiones. Está muy bien que decida obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con el fallo “Badaro”, como además lo ha reclamado reiteradamente La Corte Suprema de Justicia. También seria razonable que obligue al Gobierno a reconocer la deuda acumulada con los jubilados por la omisión del ajuste entre 2002 y 2006, e incluso, tiene razón cuando plantea que en el ambiente inflacionario que estamos sufriendo el mejor índice para la movilidad es el salario promedio del personal en actividad. Pero no debería reclamar más que estas dos legítimas reivindicaciones.

Pretender que la jubilación mínima se ajuste para alcanzar el 82 % del salario mínimo con el argumento que ese ajuste podría pagarse con los recursos acumulados por los aportes de quienes habían elegido el sistema de capitalización antes de la apropiación por el Gobierno de esos fondos, sería convalidar un saqueo a los jubilados del futuro, es decir, a los actuales trabajadores activos, tal como ocurrió con la decisión, también demagógica del Gobierno de los Kirchner, de incorporar dos millones ochocientos mil nuevos beneficiarios al sistema jubilatorio que no habían hecho aportes durante su vida activa. Estos actos demagógicos sólo terminarán perjudicando a los jubilados presentes y del futuro a los que, cuando los beneficios devengados excedan largamente los recursos del sistema previsional, se les va a pagar con moneda desvalorizada y sufrirán brutalmente, como lo  hicieron entre 2002 y 2006, la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones.

La oposición, en particular la que aspire a gobernar desde diciembre de 2011, debe evitar que promesas imposibles de cumplir, entendible políticamente ante tanta demagogia y mentiras del Gobierno, se transforme en el factor agravante de la peligrosa crisis inflacionaria que ya se avizora en el horizonte y que podría llegar a explotar justo al comienzo del próximo gobierno.

Después de una década en la que Argentina reconstruyó lazos de amistad con casi todas las naciones del Mundo, inclusive con aquellas con las que había tenido conflictos más graves y, gracias a ello, consiguió ingresar al grupo de las 20 naciones que se reunirán dentro de pocos días para discutir las reglas del juego internacional del futuro, estamos terminando una década en la que política exterior nos ha llevado a quedar auto-marginados del Mundo. Sólo falta que nos expulsen del Grupo de los 20, cosa que puede llegar a ocurrir si nuestra Presidente sigue haciendo el tipo de discursos que ha hecho hasta ahora y la política exterior de Argentina contradice todos los compromisos asumidos en ese ámbito.

El primer acto de auto-marginación fue el aberrante manejo de la relación con los acreedores externos de la Argentina desde que se declaró el default de la deuda. En lugar de mostrarse compungidos por no poder cumplir con sus obligaciones, nuestros gobernantes trataron a los acreedores como usureros mal-intencionados, cuando ellos, particularmente muchos jubilados italianos, alemanes, españoles, franceses, japoneses y norteamericanos, habían comprado bonos de la Argentina cuando éstos pagaban rendimientos inferiores a los de México y Brasil. Hoy esos dos países han conseguido el grado de inversión para su deuda y tienen tasas de riesgo país muy bajas, mientras el nuestro no accede a crédito externo alguno y, los bonos en circulación, reflejan una tasa de riesgo cinco veces más alta que la de esas dos naciones.

El segundo acto de auto-marginación fue la tendencia a imponer restricciones a nuestras exportaciones de gas natural, trigo y carnes que nos llevó a incumplir con contratos y a desabastecer mercados tan tradicionales e importantes como los de Chile, Brasil y Europa. Lo que había sido una política de aliento generalizado a las exportaciones durante la década de los 90s, que había recreado la imagen de una nación capaz de cumplir con sus compromisos comerciales, fue reemplazada por una secuela de decisiones que, en aras de abastecer al mercado interno a precios ruinosos para los productores y satisfacción apenas temporaria de los consumidores, restringieron las ventas al exterior, aún de bienes que el país se había comprometido a proveer en contratos de largo plazo.

El tercer acto de auto-marginación fue la rehabilitación de la anacrónica política de sustitución de importaciones, forzada por restricciones cuantitativas, altos aranceles específicos y uso y abuso de las denuncias de dumping y de subsidios. Este tipo de política comercial externa afectó nuestra relación con Brasil, prácticamente puso en crisis al Mercosur y, más recientemente, ha dado lugar a fuertes reclamos y reproches de países como China, probablemente nuestro mercado más importante del futuro y Grecia, una nación amiga que está atravesando una situación económica extremadamente crítica.

La  descabellada forma de pretender evitar la contaminación del Río Uruguay que se llevó a cabo alentando a la gente de Gualegüaychú a que persistiera con el bloqueo del Puente al Uruguay por más de cinco años, es una manifestación escandalosa de inamistad hacia una nación hermana a la que nos unen los mayores lazos imaginables de la historia y la geografía.

Todos estos actos de barbarie económica y diplomática han sido coronados con discursos agresivos, prepotentes, llenos de falsedades obvias y con descortesías dignas del más vulgar comensal de un comedor de los arrabales.

Una de las tareas más urgentes que tendrá que hacer un futuro gobierno es reparar todos los daños emergentes de esta pésima política exterior. Si no se comienza por este ángulo, Argentina va a tener que enfrentar la crisis en la que terminará el Gobierno de los Kirchner, en el peor de los escenarios imaginables, dado que nadie en el Mundo estará dispuesto a darnos una mano cuando más la vamos a necesitar. La auto-marginación internacional a que nos ha conducido el gobierno de los Kirchner sólo tiene parangón, como herencia muy pesada hacia el futuro, con la crisis inflacionaria y fiscal a la que está conduciendo la política económica.

                                                               Por Domingo Cavallo, para La Nación

El Gobierno muestra orgulloso los índices que reflejan la recuperación del nivel de actividad económica y el aumento de la recaudación impositiva; y sigue escondiendo los índices de la inflación verdadera. Los analistas económicos, incluso los más críticos, sostienen que hemos pasado de la “estanflación” a la “reactinflación”. Es, con esta interpretación, que muchos empresarios aseguran que la inflación es soportable porque evita que sigamos en recesión. Y los sindicalistas encuentran que la inflación revaloriza su rol dirigencial, porque pueden negociar, más frecuentemente, fuertes aumentos de salarios nominales.

Aparentemente, la dirigencia argentina, a diferencia de la de la mayoría de los países del mundo, incluidos nuestros vecinos latinoamericanos, tiene una actitud complaciente frente a la inflación. Lo único parecido a la actitud de nuestra dirigencia  es la del Gobierno de Venezuela: la inflación no es problema para el “Socialismo del Siglo XXI”.

Craso error! Cuando la inflación se reinstala en una economía, como lo ha hecho en Venezuela y lo está haciendo en la Argentina, las perspectivas de mediano y largo plazo no son nada halagüeñas. Siempre terminan en un período largo de estanflación, si es que no desembocan pronto en una crisis hiper-inflacionaria.

En Argentina iniciamos un período de estanflación en el último trimestre de 2008 y es muy difícil estimar por cuanto tiempo estaremos viviendo con esta realidad. La estanflación se caracteriza porque convive el estancamiento económico- como tendencia de largo plazo- con inflación persistente. El estancamiento no significa que la economía esté permanentemente en recesión, como estuvo en 2009. Puede haber períodos de recuperación del nivel de actividad económica, como está ocurriendo en lo que va de 2010. Pero la economía sigue estancada porque no hay inversión eficiente, esa inversión que hace crecer a la capacidad productiva. A  causa de los cuellos de botella que va encontrando el proceso de producción, cualquier recuperación requiere niveles más altos de inflación y, cuando a ésta se la trata de detener, sea retrasando el tipo de cambio o restringiendo la expansión monetaria, esas mismas medidas terminan provocando una nueva recesión… y así sucesivamente.

En nuestro país la estanflación se extendió desde 1975 hasta 1988. Este período desembocó en la crisis hiper-inflacionaria de 1989-1990. Entre 1975 y 1988 la economía argentina estuvo virtualmente estancada, con períodos de recesión (1975-1976, 1981-1984, 1987-1988) y períodos de recuperación (1977-1980, 1985-1986) pero cada recuperación acumuló desequilibrios que llevaron a la posterior recesión y, en todos los casos, la inflación se mantuvo elevada, subiendo un escalón después de cada crisis.

Es una pena que con tanta experiencia no aprendamos de nuestra propia historia. Quienes se ilusionan con la recuperación del nivel de actividad económica que se observa en lo que va de 2010 deberían advertir que la elevada inflación que el gobierno está promoviendo para financiar este proceso reactivador, sembrará la semilla de la próxima recesión. Ésta será consecuencia de la crisis cambiaria, fiscal y monetaria que algún gobierno, el actual o el que lo suceda, va a tener que enfrentar con fuertes medidas restrictivas, so pena de abrir nuevamente las puertas a una crisis hiper-inflacionaria. Es muy difícil predecir cuanto tiempo tomará. Pero es seguro que habrá un momento de decisión. Y no será una decisión fácil. La inflación es la enfermedad económica más difícil de erradicar.

Para visualizar el futuro que nos espera, en la medida en que el Gobierno mantenga el manejo económico que viene haciendo desde 2003, basta observar lo que está ocurriendo en Venezuela. La inflación supera el 30 % anual, existen múltiples tipos de cambios como resultado de restricciones cambiarias draconianas, el país está virtualmente marginado de las corrientes globales de comercio e inversión y su gobierno introduce un nuevo control o lleva a cabo una nueva nacionalización cada semana, por no decir, cada día.

Por supuesto, este tipo de intervencionismo económico no sólo es incompatible con un sistema democrático de gobierno sino que crea innumerables oportunidades para la corrupción y las injusticias de todo tipo. Los grandes perjudicados no son ni los empresarios ni los banqueros. Ellos tienen muchas  oportunidades de sacar sus capitales de los países que manejan de esta forma sus economías. Los grandes perjudicados son los trabajadores y la gente más humilde, que ven deteriorar, primero, sus ingresos familiares y, a la larga, su futuro y el futuro de sus hijos. Por algún tiempo este tipo de gobierno confunde a los sectores populares con dádivas y subsidios, pero cuando los recursos tributarios se agotan y la inflación se vuelve insoportable, sólo quedan para ellos la angustia y la desesperanza.

 

Acabo de estar varios días en Madrid, antes y después de mis visitas a Marruecos y Pamplona, ciudades en las que tuve oportunidad de discutir con colegas y con expertos los problemas económicos y financieros por los que atraviesa Europa. Las conversaciones que mantuve en Madrid me permitieron captar con más precisión la situación que se vive en España.

España está hoy como Argentina estaba a principios de 2000. Hasta 2008, España vivió varios años de un progreso entusiasmante que todos atribuían a la incorporación del Reino a la Unión Europea, primero y la entrada a la zona del Euro, después.

Sin embargo, en 2008 comenzó una recesión que ha producido un fuerte aumento del desempleo y, simultáneamente, un agravamiento de la situación fiscal. Esto lleva a una creciente preocupación de los tenedores de bonos españoles por la capacidad de España de servir su deuda que se refleja en la tasa de riesgo país. Después de dos años de recesión el déficit en cuenta corriente, que ha bajado, asciende aún al 8 % del PBI. Tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos reclamarán un fuerte ajuste fiscal y mayor flexibilidad laboral, acciones que son sumamente difíciles de decidir e implementar para cualquier gobierno, sea cual fuere su signo ideológico. Si bien desde el exterior, en particular desde los Estados Unidos, se argumenta que España no enfrentaría estas dificultades si hubiera mantenido su moneda nacional porque tendría disponible el recurso de la devaluación monetaria, en España casi nadie habla de la posibilidad de abandonar la zona del Euro y volver a la Peseta como forma de resolver los problemas.

Argentina también había vivido, hasta 1998, varios años de progreso y optimismo, que todos atribuían al plan de convertibilidad y a las reformas económicas que lo acompañaron. La mejor demostración del entusiasmo que este progreso en estabilidad había generado fueron los resultados electorales obtenidos por el justicialismo desde 1991 en adelante y, hacia el año 2000, a pesar de que se había producido un cambio de gobierno y de signo político a fines de 1999, era sintomático que el nuevo presidente hubiera ganado haciendo campaña con el slogan “Conmigo, un Peso un Dólar”.

La recesión que había comenzado a mediados de 1998 había  provocado también aumento del desempleo y un agravamiento de la situación fiscal. Los acreedores de la Argentina evidenciaban un creciente nerviosismo que se reflejaba, a principios de 2000, en el aumento, todavía tenue, de la tasa de riesgo país. El gobierno enfrentaba el desafío de tener que encarar un ajuste fiscal e introducir flexibilidad laboral, dos conjuntos de acciones indispensables para que la deuda se hiciera sostenible y la economía recuperara competitividad. Desde el exterior comenzaban a escucharse opiniones en el sentido de que Argentina debería permitir la devaluación del Peso. Pero, en Argentina, prácticamente nadie veía como solución el abandono del régimen de convertibilidad, sobre todo porque casi el noventa por ciento de las transacciones financieras y los contratos de mediano y largo plazo estaban pactados directamente en dólares.

Lo que ocurrió en Argentina entre 2000 y 2002 es una experiencia que los españoles deberían examinar con especial atención, porque les servirá de alerta sobre las dificultades, los peligros y los costos económicos y sociales en los que España puede incurrir si no trabaja eficazmente para defender la integridad del Euro y para asegurar que nunca abandonará ese régimen monetario.

Las dificultades 

Las dificultades que conllevan el ajuste fiscal y la introducción de flexibilidad laboral ya se están observando en España, con las mismas características que se vivieron en Argentina durante el año 2000 y 2001. A pesar de que el Gobierno Central logra aprobar las leyes de ajuste fiscal, las comunidades autonómicas (el equivalente de las provincias argentinas) se resisten a acompañar ese esfuerzo. Lo mismo ocurre con los municipios. Y, como en Argentina del 2000, los excesos fiscales y el endeudamiento más gravoso se dan precisamente en varios de estos niveles sub-nacionales de gobierno.

En cuanto a la flexibilidad laboral, una propuesta bastante tímida, como la de Argentina en el año 2000, ya ha generado una ruidosa oposición sindical y se está transformando en la principal causa de pérdida de popularidad y apoyo del gobierno socialista. Es probable que aún cuando el gobierno logre aprobar e implementar esta reforma laboral, al día siguiente los mercados manifiesten su escepticismo y demanden más acciones tendientes a demostrar que la economía española será capaz de recuperar competitividad sin salirse del Euro.

Los peligros 

Hay un peligro que sufrió mucho Argentina en 2000 y 2001, que  probablemente no será tan gravoso para España en los dos próximos años: la fortaleza exagerada de la moneda externa que reemplazó a la moneda nacional. Mientras el Dólar, que era la moneda relevante para la Argentina en aquella época, se mantuvo exageradamente fuerte durante todo 2000 y 2001, hasta mediados de 2002: el Euro, que es hoy la  moneda relevante para España, ya se ha debilitado bastante desde niveles cercanos a 1,60 dólares por Euro algunos meses atrás a 1,23  en estos días. Este debilitamiento es parte de la solución para el problema de pérdida de competitividad de España, al menos en relación a los países de fuera de la zona del Euro. En Argentina, el  Dólar recién comenzó a debilitarse luego de que en Enero de 2002 el país había abandonado al Dólar como moneda, lo que impidió que aquel debilitamiento fuera la solución ordenada y no traumática del problema de pérdida de competitividad que sufría Argentina.

El peligro más relevante para España, que también enfrentó Argentina desde principios de 1999, es el del contagio por devaluación eventual de las monedas griega y portuguesa, si es que estos dos países no llegaran a soportar las apuestas en contra a que las están sometiendo quienes especulan con el default de sus deudas. En el caso de Argentina, la devaluación del Real, a principios de 1999, llevó a muchos de los tenedores de duda argentina, que antes habían especulado en contra del Real, a comenzar a especular en contra del Peso, apostando a que Argentina se vería obligada a devaluar su  moneda y defaultear su deuda. En el caso de España una eventual devaluación de las monedas griega y portuguesa, algo que ocurriría sólo si esas dos naciones abandonaran la zona del Euro, no sufriría contagio por estrecha relación comercial (algo que fue la causa principal del contagio de Brasil a la Argentina) sino por los paralelismos que quienes especulan contra la deuda de los países harán entre la situación de estas tres economías.

 Costos económicos y sociales

Los costos económicos y sociales que podría llegar a pagar España son enormes si, como ocurrió en Argentina entre fines de 2001 y principios de 2002, una crisis financiera, la falta de apoyo político interno y la especulación externa terminan forzando el reemplazo del Euro por la Peseta y España ve destruida toda su base contractual y rotos sus lazos con Europa y con el resto del Mundo. Hoy este riesgo nadie lo ve en España.  Pero los españoles no deben descartarlo, porque era un riesgo que tampoco se percibía en Argentina en el año 2000.

Una observación cuidadosa de la experiencia Argentina de aquellos años debería llevar a la dirigencia española, especialmente a la de los dos partidos nacionales, el Socialismo y el Partido Popular, a advertir que deberán aunar esfuerzos para asegurar que los partidos nacionalistas de las comunidades autonómicas y los sindicatos no boicoteen el imprescindible ajuste fiscal y la necesaria reforma laboral. También tendrán que  influir sobre el resto de Europa para que las crisis griega y portuguesa no terminen en procesos desordenados de default y devaluación de sus monedas. Y, adicionalmente, tendrán que encontrar formas creativas de facilitar la recuperación de la competitividad de la economía española no sólo con respecto a las economías que están fuera de la zona del Euro sino también con respecto a Alemania y a las demás economías que tienen al Euro como moneda. Y esto lo tendrán que lograr sin que la devaluación de su moneda se mantenga en la caja de herramientas con la que se intentará reparar la crítica situación económica por la que España está atravesando. En este sentido, la propuesta que hemos hecho con Joaquín Cottani puede ayudarlos.

                                                         Por Domingo Cavallo, para Perfil.

 Cristina Kirchner ha aprovechado su viaje a España como Presidente pro-tempore de UNASUR para sugerir a los países de la Unión Europea que han acumulado fuertes endeudamientos, que no lleven a cabo ajustes fiscales y tomen el ejemplo de la Argentina post-convertibilidad para reconquistar el crecimiento económico. Es, en general, lo que trasuntan las declaraciones públicas de los economistas y dirigentes políticos que en 2002 apoyaron el abandono del régimen de convertibilidad.

¡Pobre Europa si Grecia, España y Portugal siguieran este consejo! Por supuesto, no lo harán. En Europa, como en casi todo el resto del Mundo, quienes conocen la historia de Argentina en el último cuarto de siglo, saben que nuestro país salió del infierno hiperinflacionario, se modernizó y se integró al Mundo durante  los años de la convertibilidad y, desde 2002 en adelante, volvió a introducir la inflación como problema crónico, se ha estado descapitalizando y está cada vez más auto-aislada del mundo, tanto en materia económica como política.

El crecimiento económico que se dio en Argentina desde 2003 en adelante, fue, como en casi todo el mundo emergente, fruto de la fuerte expansión de China y del alto precio que alcanzaron y están manteniendo las mercancías agropecuarias y mineras. Pero la inflación, la ausencia de crédito público, la escasa inversión, el autoritarismo político y la corrupción son manifestaciones claras del retroceso económico y político que ha experimentado Argentina desde que abandonó el régimen monetario que le había devuelto la estabilidad y la había insertado en el Mundo.

El proceso de integración Europea y, en particular, su sistema monetario que comenzó con bandas de flotación estrechas alrededor de paridades fijas entre las economías europeas (la denominada serpiente europea) y concluyó en la creación, primero del EMU y finalmente del EURO, permitió un proceso de convergencia de los países menos desarrollados hacia el nivel de vida de Alemania que no se observó en ninguna otra región del mundo. No solo consiguieron baja inflación sino un ritmo apreciable de crecimiento y, sobre todo, una reducción significativa de la dispersión en la calidad de la infraestructura, los niveles de productividad y el nivel de vida de sus pueblos.

Como ocurrió en casi todos los países y regiones del mundo durante los últimos siglos, el progreso no fue libre de errores, excesos, sobresaltos y crisis. Pero sería necio argumentar que por evitar la crisis que hoy están sufriendo Grecia, España y Portugal, estas naciones deberían haberse abstenido de entrar en el EURO. Y más necio aún argumentar que hoy deberían abandonar el EURO para evitar tener que incurrir en los costos del ajuste fiscal que han anunciado sus autoridades y que constituyen la condición para el apoyo financiero que han prometido la Unión Europea y el FMI.

Argumentar que abandonando el EURO Grecia, España y Portugal podrían evitar el ajuste fiscal es una burda mentira. Si esas tres naciones convirtieran todos sus contratos designados en EUROS a sus viejas monedas nacionales, para poder dejar que las mismas se devalúen frente al EURO y de esa forma reconstruyan inmediatamente la competitividad de sus economías, les pasaría lo mismo que aconteció en Argentina en el año 2002, cuando el gobierno dispuso la pesificación de todos los depósitos en dólares y generó una devaluación extrema de la moneda nacional.

La consecuencia fue un ajuste fiscal draconiano, que provocó la reducción del orden del 30 % de todos los salarios reales y de las jubilaciones y que llevó el gasto público social, como porcentaje del ingreso nacional, a los niveles reales más bajos de la historia. En el primer semestre de 2002 se acentuó el proceso recesivo y la inflación superó el 40 % anual. La economía quedó completamente desorganizada y aislada financieramente del Mundo.

En materia económica y política el aislamiento no fue total, pero Argentina perdió relevancia frente a sus socios comerciales y políticos y prácticamente desapareció del mapa de la inversión directa de las empresas que tienen estrategias globales. Lo mismo  le pasaría a cualquier país europeo que saliera del EURO en los próximos meses como Argentina salió de la convertibilidad en 2002.

Hay sí, tres lecciones de Argentina del período 1999-2001 que Grecia, España y Portugal tienen que tener muy en cuenta:

Cuanto más temprano y rápido hagan los ajustes fiscales necesarios para disminuir el déficit fiscal, tanto mejor. Argentina se demoró mucho en hacerlo. La recesión por excesivo endeudamiento y sobrevaluación de la moneda a la que estábamos atados (el Dólar) comenzó en el segundo semestre de 1998 y se acentuó desde la devaluación del Real en febrero de 1999. Sin embargo, durante todo el año 1999 el Gobierno Nacional y la mayor parte de los gobiernos provinciales continuaron expandiendo su gasto y endeudándose con el sistema bancario argentino a corto plazo y a tasas flotantes de interés. Desde el año 2000 comenzó el ajuste fiscal nacional, pero hasta bien entrado el año 2001 ese ajuste no fue acompañado por las provincias, que siguieron endeudándose y emitiendo cuasi-monedas. Recién en el segundo semestre de 2001 las provincias se vieron obligadas a reducir sus gastos,  pero sus respectivos gobiernos, en particular el de la Provincia de Buenos Aires, en lugar de hacerlo en forma explícita y dentro del sistema institucional, prefirieron adherir a la idea del abandono de la convertibilidad y la licuación de sus deudas por devaluación e inflación.

El ajuste fiscal debe incluir una reforma tributaria que reduzca a un mínimo los impuestos al trabajo. De esta forma se reduce el costo laboral en la economía formal sin que medie una devaluación de la moneda. Argentina intentó utilizar este mecanismo, pero demasiado tarde y en forma muy parcial. A partir de abril de 2001 se pusieron en marcha los planes de competitividad sectoriales, que permitieron que los impuestos al trabajo se tomaran como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado, pero por tardío y limitado el esquema no llegó a producir una recuperación significativa de la competitividad externa de la economía.

El apoyo externo debe ser utilizado no para permitirle a los acreedores cobrar sus acreencias y retirarse de los países con problemas, sino para garantizar que los países cumplirán con sus obligaciones, pero en plazos más largos y pagando tasas de interés cercanas a las que paga Alemania. En Argentina utilizamos el apoyo del FMI, cuando lo conseguimos, para tratar de seguir atendiendo normalmente los servicios de la deuda, a pesar de que los mercados nos exigían tasas de interés muy elevadas. Y, cuando nos convencimos que era imprescindible reestructurar toda la deuda pública, canjeando los bonos y acreencias demasiado cortas y onerosas por deuda a más largo plazo y menores tasas de interés, el FMI nos retiró el apoyo y nos empujó al default desordenado de fines de diciembre de 2001. Sería terrible para Grecia, para España y para Portugal, que la Unión Europea y el FMI asumieran la actitud que asumió el FMI en noviembre de 2001 respecto de la Argentina.  Los países europeos que hoy enfrentan una crisis de sus deudas, para evitar que les ocurra lo que aconteció en Argentina, deben aprovechar el apoyo externo para alargar los plazos y bajar la tasa de interés de toda la deuda que vence en el período en el que estarán llevando a cabo el ajuste fiscal. De esta forma evitarán que un repentino retiro de ese apoyo pueda poner a alguna de esas economías en la situación en la que se encontró Argentina en noviembre y diciembre de 2001.

Es muy probable que tanto los Gobiernos de la Unión Europea como el propio FMI tengan hoy en claro que provocar en Grecia, en España o en Portugal, una situación como la que vivió Argentina a fines del 2001, tendría consecuencias nefastas no sólo para esos países sino para toda Europa y, muy probablemente, para la economía global.

Pero vale la pena hacer la advertencia, porque no sólo en nuestro país se escuchan voces como las de Cristina Kirchner, que recomiendan como solución la salida de los países del EURO, sino que hay una corriente de opinión política y profesional en los EEUU, que hace la misma sugerencia. Se trata de los mismos economistas y políticos que piensan que la solución de la crisis norteamericana pasa por una fuerte depreciación del Dólar, inducida por una política monetaria muy laxa en ese país, mientras sigue expandiendo su gasto público y su endeudamiento.

A diferencia de la posición de  Cristina, que es puramente ideológica y persigue seguir engañando a la opinión pública argentina, la posición de estos políticos y economistas norteamericanos responde a la pretensión de evitar que la moneda  europea  pueda llegar a jugar un papel equivalente al que ha venido jugando el Dólar en el Mundo. Sólo así se entiende que a la depreciación del EURO desde los niveles exorbitantes a los que lo había llevado la política monetaria norteamericana, mientras los Europeos seguían enfatizando la ortodoxia anti-inflacionaria alemana, se la presente como la “destrucción” del EURO.

Destruir al EURO sería precisamente forzar su reemplazo por las viejas monedas nacionales en los países que hoy enfrentan problemas. Que el EURO vuelva al valor que tuvo en su comienzo (1,17 dólares) o incluso el valor mínimo que alcanzó en 2001 (0,82 dólares) no significa que esa moneda se esté destruyendo, sino simplemente, que Europa está aplicando la misma metodología que utilizó EEUU para sacar a su economía de la crisis de las hipotecas.

A nadie le deberían caber dudas que un EURO más depreciado será el principio de la solución para Grecia, para España y para Portugal, tal como la depreciación del Dólar a partir de mediados del 2002 hubiera aportado buena parte de la solución a la crisis argentina, sin necesidad de que Argentina abandonara el régimen monetario que tantos beneficios le había aportado durante la década del 90.