Autor: Domingo Cavallo

 Dediqué mi libro “Estanflación” a explicar los estragos económicos y sociales que causa la inflación. Allí sostuve que la inflación es un engaño generalizado que afecta a toda la población. Puede decirse que la inflación es la manifestación más clara de los estragos que causa la mentira en una economía. En el prólogo se puede leer, textualmente:

“La inflación es una suerte de robo serial facilitado por el engaño. Cuando hay inflación, quien más y quien menos,  roba a, y es robado por, otras personas… y el gobierno roba a todos. Se trata de un robo encubierto, un robo del que las víctimas se dan cuenta recién después de un tiempo. Cuando ello ocurre, quienes han sido robados sienten el impulso de tomar revancha… robando a otros, hasta que estos últimos se den cuenta y reaccionen de la misma forma. Y, así sucesivamente, la enfermedad se va haciendo más y más contagiosa. Más virulenta y más cruel”.

“La inflación lleva a que funcionen cada vez peor las instituciones que deberían organizar la vida en socieda. La inflación atenta contra la determinación por el Congreso Nacional de qué impuestos y a que tasas impositivas deben pagar los contribuyentes. La inflación se constituye en un impuesto no legislado que pagan todos los que tienen algún ingreso monetario en la sociedad. Y pagan más mientras más ahorran en moneda nacional.”

“La inflación atenta contra la justicia, no sólo en materia económica, sino también en materia de delitos contra la sociedad, como los que cometen los funcionarios corruptos y las personas que tienen suficiente capacidad y falta de escrúpulos para corromper a los funcionarios públicos. La inflación esconde los actos de corrupción y les brinda impunidad”.

“La inflación alienta la organización corporativa de la sociedad y corroe los mecanismos de la democracia participativa, en la que el ciudadano y no las corporaciones tienen influencia decisiva en las decisiones políticas de sus representantes. Quienes mas pierden son los ciudadanos que no se organizan corporativamente para defender los intereses de su sector y evitar ser víctima de la puja distributiva despiadada”.

Lamentablemente, hoy hay evidencias claras que los estragos de la mentira no se circunscriben a las consecuencias de la inflación en la economía y la sociedad. Es probable que los estragos que está causando el engaño en la política sean aún más graves que los que provocan la inflación.

La gestión política de los Kirchner va  a quedar en la historia como un ejemplo de los estragos que causa la mentira en la política, con lo que se transformarán en los gobiernos responsables no sólo de haber re-introducido, a través de la inflación los estragos económicos de la mentira,  sino de haber transformado a la mentira sobre prácticamente todos los temas, desde la supuesta defensa de los derechos humanos, las estadísticas de precios y de pobreza y ahora, la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad por empresarios periodísticos, en una herramienta política que causará estragos peores que los que ya produce la inflación. Se trata, ciertamente, de una combinación muy peligrosa.

Así como el engaño introduce mecanismos muy destructivos para la vida económica, la mentira como principal herramienta de conquista y acumulación de poder político lleva a la destrucción de las instituciones republicanas y al debilitamiento de la vida democrática del País. El resultado de la combinación perversa de inflación y destrucción sistemática de instituciones republicanas y democráticas se puede observar con claridad en la actualidad venezolana. Argentina, lamentablemente, se acerca peligrosamente al mismo clima económico y político. Ojalá nuestro Pueblo y la dirigencia de los partidos de la oposición tengan la fortaleza necesaria para evitar que caigamos en el mismo abismo.

Durante los últimos ocho años de la década que está finalizando, el proceso de globalización significó para la Argentina una muy fuerte demanda para sus productos de exportación, lo que permitió que su economía se pudiera recuperar de la fuerte recesión del período 1998-2002. Esta recuperación no habría sido posible si Argentina no hubiera llegado muy bien preparada por el lado de su capacidad productiva.

La inversión elevada y eficiente de los años 90 permitió un fuerte aumento de la productividad tanto en la agricultura como en las actividades de la industria manufacturera. Las inversiones en energía, transportes y comunicaciones removieron los cuellos de botella que hacia fines de los 80s habían restringido grandemente la producción y deteriorado los niveles de productividad.

Las inversiones en agricultura y en las industrias proveedoras de insumos y elaboradoras de sus productos permitieron la introducción de cambios tecnológicos que produjeron un importante aumento de los rendimientos y de la producción primaria y agroindustrial.

También en las industrias pesada y manufacturera, incluida la industria automotriz, se realizaron durante la década de los 90s inversiones modernizadoras que crearon la capacidad productiva que permitió atender la fuerte expansión de la demanda externa e interna de los últimos ocho años.

El elevado endeudamiento de empresas, familias y gobiernos locales que llevó a la crisis financiera de 2001 y  la pesificación seguida de fuerte devaluación monetaria de 2002, si bien llevaron a que la economía argentina se quedara sin crédito a lo largo de la década, por varios años no constituyó en un factor inhibidor del aprovechamiento de la favorables condiciones externas. La falta de crédito fue reemplazada por la generación de ingresos internos en las actividades beneficiadas por el mejoramiento de los términos del intercambio externo y por el rezago con que los salarios y los precios de muchos insumos terminaron acompañando el aumento de los precios de venta de los productos. Pero este fenómeno está totalmente agotado y si la Argentina no recupera pronto el crédito, este factor se transformará en un fuerte hándicap para el crecimiento futuro de su economía.

Hacia el futuro la Argentina aparece mucho peor preparada para aprovechar las buenas perspectivas de la economía global que lo que lo estuvo para aprovechar las oportunidades que se abrieron desde 2003 en adelante. Las razones de este peor posicionamiento son varias.

En primer lugar ya se han agotado las reservas de capacidad productiva que se habían acumulado durante la década de los 90s. La falta de inversión, sumada a la muy baja eficiencia de la poca inversión que se realizó en los sectores de la energía está llevando a escasez de combustibles básicos (gas y petróleo) y de generación eléctrica. La infraestructura de transporte y el equipamiento en material rodante también se ha deteriorado. En la agricultura y en la industria manufacturera sólo ha existido inversión de mantenimiento y de expansión marginal de la capacidad productiva, pero no ha habido un proceso de creación de nueva capacidad productiva ni de incorporación masiva de tecnologías más avanzadas. En ganadería, como en los sectores de la energía hubo una clara disminución de la capacidad productiva que llevará varios años superar, aún con fuertes incentivos como los que aportan los precios actuales de la carne.

La apertura económica que en la década de los 90s preparó a la economía argentina para  aprovechar la expansión de la economía global se fue revirtiendo a lo largo de la última década. Hoy la economía argentina tiene la típica política comercial externa de los países que aún confían en la estrategia de crecimiento basada en la sustitución de importaciones y en la fuerte protección a las actividades orientadas a satisfacer la demanda interna de bienes y servicios. Predominan las restricciones cuantitativas y arancelarias a las importaciones y también se aplican fuertes gravámenes, e incluso prohibiciones, a las exportaciones. Argentina, lejos de negociar más tratados de libre comercio bilaterales, como lo han hecho Chile, Perú, Colombia y México, entre otros, ha violado los acuerdos regionales con sus vecinos del Mercosur y se ha desentendido totalmente de cualquier contribución al avance de las negociaciones comerciales multilaterales. En este sentido la actitud de nuestro país contrasta desfavorablemente con la de Brasil, país que tampoco avanzó con negociaciones bilaterales, pero que tuvo una actitud muy activa de defender los arreglos regionales y bregar por la apertura de los mercados en el plano multilateral.

La política comercial hacia China, la economía emergente que claramente liderará el proceso de expansión global en las próximas décadas, ha sido particularmente equivocada. Argentina asumió una clara actitud defensiva, imponiendo fuertes restricciones a la importación de productos chinos en los que esa economía tiene claras ventajas comparativas. Como consecuencia de ello China ha retaliado con restricciones a la importación de aceites vegetales. Nuestra política comercial externa en relación al gigante asiático ha sido opuesta a la de Chile. El país trasandino  fue el primero en negociar un tratado bilateral de libre comercio con China y ha logrado que aquel gran mercado esté plenamente abierto a sus exportaciones. Muchos países están tratando de imitar la estrategia chilena en relación a la economía china. Nosotros hacemos exactamente lo opuesto.

En la economía global del futuro, el comercio entre los países emergentes será crecientemente más importante que entre ellos y el mundo desarrollado, salvo en el rubro de las nuevas tecnologías y los servicios intensivos en conocimiento. Las economías emergentes, en la competencia entre ellas, no podrán hacer valer fuertes diferencias en los niveles de remuneración al trabajo no calificado, porque casi todas ellas tienen fuertes “ejércitos de reservas” en sus sectores tradicionales o en sus respectivas economías informales. Será crucial el nivel de productividad de los factores de la producción que alcancen cada una, como complemento a las ventajas comparativas que se deriven de sus respectivos recursos naturales y del aprovechamiento que cada una de esas economías sea capaz de hacer de sus recursos humanos más calificados. Lamentablemente, en esta carrera competitiva, las políticas de la última década también están poniendo a nuestra economía en una situación muy desfavorable.

Argentina está perdiendo rápidamente competitividad, no por apreciación artificial de su moneda sino por falta de inversión modernizadora de los procesos productivos, por distorsiones en la estructura de precios relativos y por crecientes ineficiencias en los servicios de infraestructura. Muchos de los recursos humanos más capacitados, en particular aquellos jóvenes, con capacidad organizativa y generadores de nuevos negocios, buscan oportunidades en  el exterior porque el clima de inseguridad jurídica y la incertidumbre sobre las reglas de juego futuras desalientan los emprendimientos que podrían llevar a cabo en el país.

La inseguridad jurídica y la incertidumbre sobre las reglas de juego del futuro tienen su manifestación más elocuente en el proceso inflacionario. En un mundo en el que la inflación ha prácticamente desaparecido, que Argentina sufra una inflación anual del 25 al 30 % aún cuando mantiene congelados y subsidiados muchos precios de bienes y servicios públicos es una suerte de preanuncio de cambios futuros en las políticas monetarias y fiscales, que, aún cuando estuvieran bien direccionados, impondrán costos económicos y sociales que los poderes corporativos tratarán de hacer soportar a los sectores menos organizados de la sociedad. Es prácticamente imposible predecir cuánto tiempo (y con qué distribución de costos y beneficios) demandará un proceso exitoso de reestablecimiento de la estabilidad monetaria y de precios.

La inseguridad jurídica y la incertidumbre sobre las reglas de juego futuro explican que Argentina haya quedado muy rezagada, en comparación con sus vecinos en materia de inversión extranjera directa y que la acumulación de ahorros de los argentinos, en la última década, se haya producido predominantemente en el exterior. Sin inversión extranjera directa y sin retorno de los ahorros argentinos que están en el exterior, será imposible financiar la inversión eficiente que demandaría un aprovechamiento eficiente de las oportunidades que ofrecerá la economía global en las próximas décadas.

La economía global seguirá en expansión, como lo estuvo durante la primera década de los 2000, pero, lamentablemente, Argentina está ahora mal preparada para insertarse con eficacia en esta economía global cuya expansión estará motorizada por las economías emergentes más que por el mundo desarrollado. En este sentido la herencia de los 2000 será mucho menos favorable al aprovechamiento de la bonanza global que lo que fue la herencia de los 90s.

En esta primera nota voy a tratar de responder a la siguiente pregunta ¿Cómo evolucionará la economía global en las próximas décadas?

Hay gente que piensa que la crisis global que arrancó con el colapso del mercado de las hipotecas “sub-prime” en los EEUU, en el verano boreal de 2007, significa que el proceso de globalización de la economía se está agotando. En mi opinión, están equivocados. El proceso de globalización, lejos de debilitarse, está saliendo fortalecido.

Lo que ha quedado debilitado es el crecimiento económico en las economías más desarrolladas porque se combinan dos tipos de problemas: uno financiero y uno real. El financiero es que muchas familias y empresas y, crecientemente, muchos gobiernos nacionales y locales, se han sobre-endeudado o están en proceso de encontrar fuertes límites a la posibilidad de seguir financiando déficits con endeudamiento.

El problema real es que, como productores de bienes y servicios, enfrentan competencia creciente de la producción originada en las economías emergentes y no pueden sostener el elevado nivel de ingresos que alcanzaron sus trabajadores ni los onerosos sistemas de seguridad social que crearon en las épocas de bonanza.

El problema financiero tardará en resolverse, pero será superado, porque los países desarrollados, en última instancia podrán saldar sus deudas con emisión monetaria: emisión de dólares, emisión de euros o emisión de yenes. En el proceso seguirá habiendo quiebras de algunos intermediarios financieros, las tasas de interés manejadas por los bancos centrales seguirán siendo bajas por mucho tiempo y, eventualmente, habrá inflación moderada, 4 o 5 % anual, que producirá tasas de interés negativas y licuará gradualmente las deudas.

El problema real se superará por emigración de trabajadores, por avances científicos y tecnológicos originados en sus universidades, centros de investigación y departamentos de investigación y desarrollo de sus empresas y por los servicios  de administración de empresas tecnológicas que difundan sus avances en todos los rincones del mundo.

Muchos de los trabajadores de los países en desarrollo que en el pasado emigraron desde sus países a Europa o a los Estados Unidos, regresarán a sus lugares de origen o rumbearán hacia otros países en proceso de desarrollo que demanden su experiencia y sus servicios. Incluso muchos jóvenes emprendedores y bien entrenados en las universidades americanas y europeas buscarán nuevos horizontes en los países en desarrollo que ofrezcan buenas oportunidades de empleo calificado. Se dará, en fin, un proceso migratorio muy diferente al que predominó en las cuatro o cinco últimas décadas.

En los Estados Unidos y en Europa se intensificará la actividad universitaria de alto nivel, contarán con más recursos sus centros de investigación y las empresas invertirán cada vez más en investigación y desarrollo, así como en la prestación de servicios de alta calidad, particularmente relacionados con el cuidado de la salud y la tercera edad. El ingreso real de quienes trabajen en estas actividades irá mejorando, no sólo en términos relativos frente al ingreso real de quienes continúen trabajando en sectores más tradicionales con menos ingrediente de conocimiento y más competencia externa, sino también en términos absolutos.

En cualquier caso, el ritmo de crecimiento de estas economías avanzadas será bastante más lento que lo que fue en el pasado y, es posible, que muestren síntomas de estancamiento por muchos años, tal como ocurrió con Japón desde 1990 en adelante. Sólo recuperarán un ritmo mayor de crecimiento en la medida que los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos generados por sus universidades, centros de investigación y departamentos de investigación y desarrollo de sus empresas logren empujar significativamente la frontera tecnológica para la economía global. Allí reside su única ventaja comparativa frente a una gran cantidad de países emergentes que están aprendiendo a utilizar las tecnologías disponibles para aprovechar cada vez más eficientemente sus recursos humanos y materiales y que cuentan con los ahorros necesarios para financiar altos niveles de inversión modernizadora de sus economías nacionales.

A pesar de esta tendencia al estancamiento de las economías avanzadas, la economía global seguirá creciendo a un ritmo no muy diferente al de la última década porque el rápido crecimiento de China y los tigres asiáticos se irá observando también en la mayor parte de las economías emergentes de América Latina, Asia, Europa Oriental y África. Este crecimiento no será liderado ni por la sustitución de importaciones ni por la promoción artificial de sus exportaciones  sino por el proceso de inversión e incorporación de tecnología que permitirá importantes aumentos de productividad y del empleo para satisfacer las crecientes demandas internas de las respectivas economías.

El comercio externo entre las economías en desarrollo aumentará mucho como consecuencia de la necesidad de aprovisionamiento eficiente de insumos y partes y también por las ganancias para los consumidores que se derivarán de la competencia no sólo interna sino también internacional. Como el motor más importante del crecimiento del comercio será la economía china y ésta comenzó a expandirse cuando decidió abrirse al mundo y aprovechar la tecnología disponible en el mundo desarrollado, su política comercial externa apuntará a negociar bilateralmente y, eventualmente, en forma multilateral, un comercio internacional cada vez más libre de trabas cuantitativas y arancelarias.

Los países pequeños y medianos que opten por encerrarse sobre sí mismos se verán perjudicados porque perderán acceso a los mercados más dinámicos. Por eso sostengo que prevalecerán las estrategias nacionales de desarrollo basadas en la inversión eficiente y la incorporación de tecnologías avanzadas y no en la sustitución de importaciones o en la promoción artificial de exportaciones. La clave para el crecimiento será disponer de fuentes de financiamiento para esta inversión eficiente. Los países con baja tasa de ahorro interno deberán hacerse elegibles para la entrada de ahorros procedentes del exterior.

La disminución de oportunidades de aplicación de los recursos financieros que los bancos y fondos de inversión encontrarán en los países desarrollados debido al menor dinamismo de su economías y al elevado endeudamiento de sus familias, empresas y gobiernos, impulsará a los intermediarios financieros globales a buscar oportunidades de aplicación de sus fondos en el mundo en desarrollo. Los países que creen un buen clima de negocios y provean seguridad jurídica a los capitales que se inviertan en sus respectivas economías no tendrán dificultades para financiar altas tasas de inversión.

Los mercados de bienes y servicios de los países desarrollados tendrán poca expansión, pero el comercio entre estos y los países en desarrollo continuará aumentando a partir de la exportación de servicios tecnológicos intensivos en conocimiento, desde los países avanzados, e importación de manufacturas y servicios intensivos en mano de obra, procedente de los países en desarrollo. Se intensificará la prestación de servicios financieros y de mercado de capitales desde las economías financieramente más sofisticadas hacia las economías emergentes, en particular hacia aquellas que se mantengan financieramente abiertas y consigan estabilidad monetaria y seguridad jurídica.

En mi próxima nota voy a tratar de responder a la siguiente pregunta ¿Cómo se prepara Argentina para esta próxima etapa de la economía global?

Hoy cumplo 64 años y ya me falta sólo un año para jubilarme. En realidad yo podría haberme jubilado como Presidente del Banco Central cuando tenía 40 años, si me hubiera acogido al régimen de jubilaciones de privilegio que regía en esa época. Pero no lo hice porque me pareció injusto. Durante toda mi vida pública trabajé con la consigna de tratar de conseguir un sistema jubilatorio equitativo y financieramente viable. Hoy, cuando yo mismo estoy cerca de jubilarme, sigo advirtiendo que la confusión y la mentira siguen siendo los ingredientes que tornan cada vez más inalcanzable ese objetivo. Por eso decidí subir al blog este post, que había escrito hace algunas semanas, pero que consideraba demasiado retrospectivo como para ser publicado. Lo hago como un auto-regalo de cumpleaños, aún cuando pueda resultarle algo tedioso a los lectores.

 Durante los 90s cumplimos con las leyes previsionales. Hoy no ocurre lo mismo.

Pese a la profusa propaganda que han hecho los Kirchner para desacreditar a la política previsional de los 90s, los jubilados fueron mejor tratados durante aquellos años que lo que están siendo tratados hoy.

Hay dos razones que explican porqué los jubilados fueron más beneficiados entonces que en los últimos años: 1) Desde la puesta en marcha de la convertibilidad, en abril de 1991, la inflación desapareció mientras que desde 2002 en adelante, la inflación volvió a transformarse en una enfermedad crónica de nuestra economía. La inflación perjudica a los jubilados porque deteriora el poder adquisitivo de sus haberes: 2) la política previsional de los 90s se basó en el respeto de las leyes en vigencia o en su modificación previa discusión en el Congreso Nacional y posterior convalidación por fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: En los últimos años no se cumplieron las leyes en vigencia ni se respetaron las decisiones de la Suprema Corte de Justicia.

El Gobierno de los Kirchner utiliza como caballito de batalla publicitario el otorgamiento de 17 aumentos de la jubilación mínima, la reintroducción de la movilidad previsional desde 2009 en adelante y la incorporación de 2 millones 800 mil jubilados que no habían podido jubilarse por falta de aportes. Pero ésta es una propaganda mentirosa. Los beneficios que ha otorgado esos nuevos jubilados se han financiado con lo que se les dejó de pagar a los que cobraban por arriba de la jubilación mínima y, los reajustes que se otorgaron, incluso los que se dieron a la jubilación mínima, apenas alcanzan a compensar el deterioro que produjo la inflación en el poder adquisitivo de los beneficios.

La política previsional durante la convertibilidad

Vale la pena reconstruir cómo se desarrolló la política previsional en el período en que la Argentina gozó de estabilidad para compararla con lo que ocurrió en los últimos años. Se trata de una comparación imprescindible para encarar con éxito una política superadora de ambas experiencias, como la que pretende definir la oposición en el Congreso Nacional.

En abril de 1991, apenas puesta en marcha la convertibilidad e iniciada la conquista de la estabilidad de precios, la jubilación mínima era de 120 pesos convertibles y la jubilación media era de apenas 150 pesos. Dos millones de jubilados cobraban la mínima. Los jubilados habían estado recibiendo mucho menos de lo que las leyes vigentes mandaban pagarles y las sentencias reparatorias, dictadas por la Justicia desde fines de los ochenta, no se habían ejecutado, porque en los últimos tramos del Gobierno del Dr. Alfonsín se había decretado la suspensión de las ejecuciones. Esto daba lugar a una deuda con los jubilados, no reconocida pero sin duda reclamable judicialmente, del orden de los 18 mil millones de pesos (o de dólares).

Eliminada la inflación como problema, en septiembre de 1992 se decidió cumplir integralmente con las leyes en vigencia. Se recalcularon todas las jubilaciones para establecerlas, en el caso del personal en relación de dependencia del sector privado, al nivel del 82 % del promedio de los tres mejores años de los 10 últimos de la vida activa del trabajador (debidamente actualizados hasta febrero de 2001). En el caso de los jubilados como autónomos, se establecieron niveles acordes con las categorías en las que los beneficiarios habían aportado durante su vida activa y, en el caso de los jubilados de las empresas del Estado (que tenían regímenes especiales), se ajustaron las jubilaciones al 82 % del nivel salarial del personal en actividad, en la categoría con la que se había jubilado el beneficiario.

La Jubilación mínima aumentó poco: pasó a ser de 150 pesos, pero sólo quedaron cobrando la mínima unos 700 mil jubilados autónomos que habían estado aportando también en la categoría más baja. Todos los demás jubilados fueron re-categorizados y comenzaron a cobrar según el beneficio que le había otorgado la ley vigente al momento de jubilarse. Es así que la jubilación promedio pasó a ser ligeramente superior a 200 pesos mensuales.

Esto significó que, como porcentaje del Producto bruto Interno, los pagos anuales por jubilaciones y pensiones pasaran de representar menos del 4 %  a alrededor del 6 %. Se trató de un muy importante aumento de las erogaciones fiscales.

Simultáneamente con este reajuste hacia delante de todas las jubilaciones se consolidó la deuda que habían determinado los fallos judiciales hasta ese momento y también la deuda  sobre la que aún no había sentencia, pero que, indudablemente, existía. La deuda consolidada en 18 mil millones de pesos (dólares) se pagó integralmente con los denominados bocones previsionales, que desde el vamos cotizaron a la par, es decir, que los jubilados pudieron convertir en dinero sin quita.

En el segundo semestre de 1994 se registró un fuerte aumento en las erogaciones previsionales, porque los beneficiarios de las ex empresas del Estado recibieron fuertes aumentos (en algunos casos superiores al 300 %), dado que, luego de las privatizaciones, los niveles ejecutivos medios y superiores de esas empresas comenzaron a cobrar salarios mucho más elevados que los que habían pagado las ex empresas del Estado. Como este aumento de las jubilaciones más altas, en un contexto en el que la inflación había desaparecido, creaba un problema fiscal muy serio y, por primera vez desde el lanzamiento de la convertibilidad, se estaba produciendo un déficit fiscal, el Gobierno decidió plantear el tema en el Congreso Nacional, lo que dio lugar a la sanción de la denominada “Ley de Solidaridad Previsional”.

Esta ley, sancionada en abril de 1995, en plena crisis “Tequila”, dispuso que la jubilación máxima, hacia el futuro fuera de 3.500 pesos (dólares). Pero esta jubilación máxima no era aplicable a las jubilaciones vigentes en ese momento. Las jubilaciones superiores a 3.500 fueron rebajadas conforme a una escala progresiva que en ningún caso superó el porcentaje de gravamen considerado confiscatorio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con estos ajustes, decididos con aprobación del Congreso Nacional y luego convalidados por sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presupuesto de las erogaciones previsionales logró mantenerse entre 1995 y 2001 en el 6 % del Producto Bruto Interno.

La Jubilación mínima se mantuvo en los 150 pesos mensuales, pero a los jubilados sin vivienda propia que recibieran una sola jubilación en su núcleo familiar, se les otorgó un subsidio por pobreza de 70 pesos mensuales, con lo que, en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones mínimas fueron a partir de entonces de 220 pesos.

La “Ley de Solidaridad Previsional” fue muy criticada porque mantuvo la desindexación de los beneficios jubilatorias y dispuso que la movilidad constitucional se aplicara conforme aumentaran los recursos por jubilado del Sistema Previsional. Pero la realidad, es que, sin inflación, ésta era la única movilidad que se justificaba y que podía otorgarse sin incurrir en desequilibrios fiscales.

La única modificación adicional que se introdujo mientras rigió la convertibilidad, fue la rebaja del 13 % de las jubilaciones superiores a 500 pesos (dólares) mensuales que también aprobó el Congreso Nacional en el contexto de la denominada “Ley del Déficit Cero”, algo que, junto a muchas otras medidas de restricción fiscal, fue necesario para intentar superar la emergencia fiscal y económica por la que atravesaba el País.

Aún en el estado de crisis fiscal y económica que nos azotaba en 2001, la jubilación mínima era, en la práctica)  de 220 pesos (150 más 70 de subsidio a la pobreza, también pagado por la ANSES), alcanzaba a menos de 700 mil jubilados y la jubilación media era de 350 pesos, dando lugar a una erogación previsional total de 6 % del Producto Bruto Interno.

Los resultados de la política previsional de los Kirchner

El gobierno de los Kirchner, a diferencia de los Gobiernos de Menem y De La Rúa, no ha producido los ajustes que fueron necesarios para equilibrar el Presupuesto luego de discusiones y aprobaciones en el Congreso Nacional. Los hicieron utilizando el mecanismo mentiroso de la inflación no reconocida y no compensada por la movilidad que establece la Constitución Nacional. Ahora argumenta que el Congreso tiene una actitud fiscalmente irresponsable cuando exige que se establezca el 82 % móvil a todas las jubilaciones.

Hoy, en julio de 2010, la jubilación mínima es de  880 pesos (prácticamente la misma, en dólares y ajustada por el costo de la vida, bien medido, que en diciembre de 2001). Hay más de 3 millones de jubilados que cobran la mínima, cuando entonces eran apenas 700 mil. La Jubilación media es de  1.100 pesos, bastante por debajo de la jubilación media de diciembre de 2001 si se la mide con el verdadero aumento del costo de la vida.

La Corte Suprema de Justicia ha determinado que por la omisión de esos ajustes entre 2002 y 2006 se deben otorgar a los jubilados que recibían jubilaciones superiores a los 1000 pesos en diciembre de 2001 un aumento del 88 %. El Gobierno ha hecho caso omiso de esta decisión judicial y, por supuesto, no reconoce la deuda que ha acumulado con los jubilados por no haber cumplido con las leyes. Es probable que esa deuda ascienda a una cifra parecida a la de los 18 mil millones de dólares consolidados en setiembre de 1992.

El 82 % móvil.

Hay una gran confusión sobre el significado histórico del denominado “82 % móvil”. En todas las leyes jubilatorias en las que se lo estableció en el pasado, el 82 % móvil siempre se refirió a los beneficios jubilatorias de los trabajadores en relación de dependencia. Nunca a los denominados autónomos o independientes, cuyos beneficios y aportes se establecieron siempre por decreto y sin guardar relación alguna con los salarios del personal en relación de dependencia. La jubilación mínima, en la práctica, cuando se cumplía con las leyes previsionales, se aplicaba sólo a los jubilados por el régimen de autónomos, porque los trabajadores en relación de dependencia se jubilaban siempre con haberes superiores a la mínima.

En las leyes que estuvieron vigentes hasta 1995 el 82 % móvil regía para los jubilados estatales y algunos regímenes especiales en relación estricta al salario del trabajador en actividad que ocupaba el mismo puesto del ya jubilado. Después de las privatizaciones, cuando los cargos ejecutivos en las ex empresas del Estado pasaron a cobrar arriba de 10 mil dólares por mes, esas jubilaciones aumentaron desproporcionadamente con respecto a las demás. Eso dio lugar a que el Poder Ejecutivo presentara el proyecto de Ley de Solidaridad Previsional, que fue aprobado por el Congreso. Esa ley puso límites a  estas jubilaciones muy altas, pero, aún con esos límites de 3.500 dólares hacia delante, hoy las jubilaciones más altas deberían ser del orden de los 12.000 pesos, si es que desde que se reinstaló la inflación, se hubieran ajustado todas las jubilaciones al ritmo del aumento del verdadero costo de la vida.

Para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, no alcanzado por los regímenes especiales, el 82 % fue un parámetro con el que se calculaba la jubilación inicial en función de un cierto promedio de los salarios percibidos por el trabajador antes de jubilarse. La razón por la que en la práctica este beneficio, que aún está vigente, no llega a los jubilados es porque a partir de que se reintrodujo la inflación en la economía, el cálculo de la jubilación inicial se hace sin indexar los salarios que entran en el promedio. Así, un jubilado que se retira cuando cobraba un sueldo de 8 mil pesos, quizás tiene un promedio de los salarios de los 10 últimos años de apenas 3 mil pesos.

La forma de re-establecer el 82 % móvil histórico, o un concepto muy cercano a éste, es obligando a que el Gobierno reintroduzca plenamente la movilidad tanto en la actualización de las jubilaciones ya existentes como en la determinación inicial del haber jubilatorio. En este último caso ello obligaría a ajustar los salarios de los años anteriores antes de calcular el promedio. Esto es consistente con la aplicación del denominado fallo Badaro, que, lamentablemente, el Gobierno se resiste a aplicar.

Tratar de introducir el concepto de 82 % móvil a través de vincular la jubilación mínima con el salario mínimo, sólo llevará a aventurar la distorsión y las injusticias que creo la práctica Kirchnerista de aumentar la mínima sin darle movilidad a las jubilaciones superiores a la mínima. En la práctica, se le estará dando a los Kirchner argumentos para perseverar en su flagrante e injusto incumplimiento de las leyes en vigencia. Es importante que la oposición no caiga en esta trampa.

Durante las últimas cinco semanas he participado en muchas reuniones y conferencias sobre la crisis que está viviendo el mundo y sobre el futuro de la economía global. He escuchado las más diversas opiniones, diagnósticos muy diferentes y pronósticos que van  de la gran depresión a un renovado y sostenido crecimiento. Voy a resumir para los visitantes de mi blog mi propia visión de lo que debemos esperar del futuro.

El dinamismo de la economía global ya no vendrá del crecimiento de los países actualmente avanzados. Ellos se debatirán por mucho tiempo en un clima de estancamiento como el que ha vivido Japón desde 1990. Esto no significa que habrá calamidades sociales en esos países, como no las hubo en Japón desde la explosión de su burbuja inmobiliaria alrededor de 1990.

Todos ellos han alcanzado un alto nivel de vida para su población y mientras crecieron se constituyeron en fuertes centros de atracción para los migrantes del mundo en desarrollo. Lo que probablemente ocurrirá es que esos flujos migratorios se atenuarán y, en algunos casos, se revertirán. El envejecimiento de las poblaciones de esos países y los déficits de sus sistemas de seguridad social obligarán a aumentar los impuestos sobre la población activa.

Sólo aparecerán oportunidades de empleo bien remuneradas en aquellos sectores de sus economías que sean capaces de contribuir al progreso tecnológico: sin duda sus universidades, centros de investigación y departamentos de investigación y desarrollo de sus empresas más dinámicas.

En las actividades tradicionales de producción y bienes y servicios, las remuneraciones de quienes sigan ocupados se estancarán o incluso podrán declinar en términos reales, porque enfrentarán una competencia cada vez mayor de la producción de los países en proceso de desarrollo, porque el proceso de globalización y la competencia que el mismo trae aparejado, no se detendrá.

Es muy probable, que luego de algunos años de uso y abuso de políticas keynesianas de estímulo a la demanda que serán aplicadas para tratar de promover el crecimiento, si no se producen descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas que brinden un gran impulso al aumento de la productividad global e inviten a un renacimiento de la inversión productiva en los países maduros, la inflación termine siendo el mecanismo de recaudación de los impuestos que no logren votar los respectivos parlamentos y, también, el mecanismo con el que se trate de resolver el problema del endeudamiento de gobiernos, familias y empresas.

El panorama pinta muy diferente en los países de Asia, particularmente en China e India, pero también varios países de América Latina y de África.

Estos países han descubierto los beneficios que pueden lograrse de la apertura de sus respectivas economías al comercio, a la inversión y a la tecnología disponible. En la medida que logran financiar altas tasas de inversión eficiente para modernizar sus procesos productivos y orientarlos al mercado en lugar de mantener a su población empleada sólo en actividades de subsistencia, estos países consiguen tasas de crecimiento sostenidas superiores al 6 % anual y, que en muchos casos, llegan a superar el 10 % anual. Y lo hacen sin que exista inflación, salvo aquella que refleja el aumento de los precios de servicios que no compiten con producción externa pero que tienen que extender mejoras en la retribución a los factores productivos que emplean, en línea con la que consiguen los trabajadores en la sectores que producen bienes y servicios competitivos en el mercado global.

El crecimiento de estas economías emergentes no será abortado por el eventual estancamiento de las economías maduras, porque se está extendiendo una red de comercio e inversiones que vincula crecientemente entre sí a las economías emergentes, y la tecnología susceptible de ser implementada más extensamente, si bien se originó en las economías maduras, está cada vez más disponible a costos decrecientes.

Sin lugar a dudas, si las economías maduras llegaran a aportar en los próximos años innovaciones tecnológicas de impacto extendido como lo fueron los avances en la tecnología de la información en las tres últimas décadas, esto daría un impulso adicional a las economías en proceso de desarrollo. Pero su crecimiento está asegurado con sólo avanzar en la implementación de las tecnologías disponibles al ritmo al que lo han venido haciendo China e India en la última década, porque aún quedan billones de personas viviendo en condiciones de subsistencia que pueden beneficiarse de acceso a esas tecnologías.

En América Latina, Chile, Brasil, Perú, México, Colombia y varios de los países más pequeños de América Central y América del Sur, se han embarcado ya en la misma tendencia que las economías de Asia.

Ojala el viaje China de la Presidente Cristina Kirchner, varios de sus ministros y la delegación empresaria que los acompañan, sirva para que nuestro gobierno advierta que Argentina se ha equivocado al automarginarse de este proceso de crecimiento con políticas de encerramiento económico que sólo han llevado a que, a diferencia de la mayoría de los países en desarrollo, los chinos nos miren con desconfianza. El aislamiento de por sí es malo, pero es mucho peor cuando incluye políticas discriminatorias contra el comercio y la inversión con los países que aportarán dinamismo a la economía mundial.