Comunicación presentada con motivo de la incorporación como académico de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Cuando comencé a estudiar economía, más apegado a la lógica cartesiana que a la observación de la realidad, me entusiasmé con la econometría. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, me embarqué en tan alto grado de abstracción que me interesó testear las hipótesis sobre las que descansaban los métodos de estimación de parámetros en los modelos econométricos. Mi tesis doctoral en Córdoba se tituló “Sobre la hipótesis de normalidad de los residuos aleatorios en los modelos econométricos lineales”.
Con esta tesis obtuve mi título de Doctor en Ciencias Económicas, pero a poco de andar me convencí que mi futura labor profesional requería otros instrumentos. Me veía cada vez más vinculado a la discusión sobre políticas públicas en las que ya me había involucrado como dirigente estudiantil en las convulsionadas circunstancias de los últimos años de los 60s.
Casi en simultáneo con mis inquietudes políticas, llegó a mis manos el libro «Sistema económico y Rentístico de la Confederación Argentina» de Juan Bautista Alberdi, cuya lectura me abrió otros horizontes temáticos. Advertí que para pensar sobre políticas públicas no me ayudaban mucho mis conocimientos de economía matemática y doctrinas económicas en la que me había involucrado más como economía normativa que positiva.
A partir de entonces comencé a estudiar historia económica y los aspectos institucionales de la economía. Comprendí que, para opinar y formular propuestas destinadas a resolver los problemas de una realidad económica determinada, la investigación empírica es más importante que la especulación puramente teórica o doctrinaria.
Mis estudios en Harvard acentuaron mi convencimiento sobre la importancia de la investigación empírica. Influyó, sobre todo, la trayectoria de Víctor Elías, quien había visitado esa universidad el año anterior a mi ingreso y cuya alta valoración académica pude constatar a través de los comentarios de mis profesores, especialmente Zvi Griliches y Dale W. Jorgenson.
Víctor Elías fue no sólo un gran economista y educador sino, conforme a mi experiencia personal, el académico que más contribuyó a la formación profesional de excelencia de los economistas argentinos desde la década de 1960 hasta el presente.
En mi caso particular, él consiguió que me admitieran en la Universidad de Harvard. Yo mantuve desde entonces una relación profesional y de amistad que me permitió aprender mucho de él y de sus discípulos.
Hace unos años, en oportunidad del décimo aniversario de la Fundación Federalismo y Libertad, pude conversar largo con él en Tucumán y me contó sobre la trayectoria de los muchos economistas a los que apoyó para que ingresaran en universidades de excelencia. Tenía en su memoria todas las publicaciones y trabajos profesionales de cada uno de sus discípulos. Quedé admirado por la devoción que demostraba por seguir acompañando con su consejo y amistad a esos economistas que, con su apoyo, habían iniciado sus respectivas carreras.
Pude constatar que lo que había sido mi relación con él se había reproducido decenas de veces y que además de sus contribuciones académicas al desarrollo de la teoría económica y, particularmente, a la contabilidad del crecimiento, materia en la que fue un líder a escala mundial, fue el promotor más efectivo de la carrera profesional de los economistas argentinos que trataron de perfeccionar sus conocimientos para volcarlos, como él ejemplarmente lo hizo, en el avance de los estudios sobre el crecimiento de la economía argentina en el contexto de la economía mundial. Por eso me siento muy honrado de ocupar su silla en esta academia.
Regresé de Harvard después de completar mi doctorado con mi tesis
sobre “Los efectos estanflacionarios iniciales de las políticas monetaristas de estabilización”. Volví a Córdoba con contactos valiosos con profesores y compañeros de estudios. Muchos de ellos se desvelaban, como yo, por entender el fenómeno estanflacionario que se había generalizado en el mundo luego de la desarticulación del sistema monetario de Bretton Woods y la crisis del petróleo.
Fue entonces que tuve la oportunidad de organizar y dirigir el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea y me propuse identificar los defectos de la organización económica argentina que alimentaban la inflación y afectaban negativamente la asignación de recursos. Para ello, estudié experiencias comparadas de estabilización macroeconómica en economías azotadas por inflación y promoví la investigación de los factores que desalentaban la inversión eficiente y el crecimiento en cada sector y región de nuestro país.
Este énfasis en la investigación me resultó muy útil cuando tuve que opinar y, mucho más aún, cuando debí decidir sobre políticas públicas en las distintas responsabilidades que asumí a partir de mi actividad política.
Mi desempeño como ministro de Relaciones Exteriores y de Economía, cuando comenzaban las reformas de mercado impulsadas por la crisis de la deuda latinoamericana y la disolución de la Unión Soviética, me puso en contacto con la realidad de otros países y regiones.
Mi incorporación al Grupo de los Treinta en 1994, entonces liderado por Paul Volcker, y mi participación, desde 2002, en las conferencias anuales de Siena y Beijing organizadas por Robert Mundell, me ayudaron a comprender las diferencias entre los desafíos de las economías avanzadas y los de las economías emergentes en un orden mundial cambiante.
Los desafíos de las economías emergentes[i]
Las economías avanzadas cuentan con instituciones económicas que, por lo general, no requieren cambios fundamentales para sostener el crecimiento y la estabilidad. En contraste, las sociedades atrasadas, atrapadas en el estancamiento y el aislamiento internacional, deben introducir profundas reformas institucionales para avanzar hacia el desarrollo y transformarse en economías emergentes.
Quienes conducen las políticas de esas economías deben diseñar reglas e instituciones diferentes de las heredadas, que pueden resultar muy disruptivas respecto del orden social tradicional.
Además, durante la aplicación de políticas económicas sustancialmente distintas de las del pasado, deben acotar el riesgo de que, ante una crisis, los defensores del antiguo orden presionen para revertir los cambios institucionales ya implementados.
Un ingrediente esencial de las reformas en las economías que quieren desarrollarse es la apertura a la inversión y el comercio exterior. El acceso a tecnologías más avanzadas y la mayor competencia permiten alcanzar niveles superiores de productividad, en particular en los sectores productores de bienes y servicios transables internacionalmente.
Las reglas e instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial: el sistema monetario internacional negociado en Bretton Woods y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), ofrecieron un ancla institucional a los países que procuraban transformar sus estructuras tradicionales y emerger como economías desarrolladas.
A comienzos de la década de 1990, todas las economías hoy consideradas emergentes que no lo habían hecho antes, decidieron convertirse en miembros efectivos de la Organización Mundial del Comercio (WTO), sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y comenzaron a regirse por sus reglas y disciplinas.
Al mismo tiempo que se abrieron a la inversión y al comercio exterior, las economías emergentes necesitaron organizar instituciones monetarias y financieras capaces de controlar la inflación, incentivar el ahorro interno, desarrollar la intermediación financiera local y crear condiciones favorables para la Inversión Extranjera Directa (IED).
El sistema monetario internacional creado en Bretton Woods con el dólar convertible en oro, que había proporcionado un ancla para las instituciones monetarias nacionales y controlado los movimientos internacionales de capital, había dejado de funcionar. Por entonces, la mayoría de las economías emergentes debieron utilizar el dólar, ya desvinculado del oro, como moneda patrón en un ambiente monetario global más inestable.
Las fuertes fluctuaciones entre el dólar y las demás monedas de las economías avanzadas, reflejo de una coordinación monetaria internacional muy limitada, dificultaron el manejo de la política monetaria en las economías emergentes.
Para financiar mayores niveles de inversión, muchos países recurrieron al ahorro externo. Cuando éste ingresó como capital financiero y no sólo como inversión externa directa (IED), la volatilidad de los flujos provocó crisis que, en el mejor de los casos, interrumpieron transitoriamente el crecimiento. En otros, generaron contramarchas muy dañinas en las reformas institucionales favorables al mercado. Lamentablemente, este fue el caso de nuestro país.
La crisis de comienzos de este siglo destruyó en la Argentina el sistema monetario y financiero que durante la década anterior había derrotado la inflación y sentado las bases para el crecimiento sostenido.
Ahora que el gobierno del presidente Milei se propone reorganizar nuevamente la economía sobre la base de la libertad económica, necesita complementar la consolidación fiscal con un régimen monetario y cambiario capaz de acompañar la liberalización de la economía real con estabilidad monetaria y financiera. Es necesario asegurar una inflación baja y evitar crisis financieras que vuelvan a revertir las reformas, como ocurrió a partir de 2002. Por esa razón, he elegido presentar hoy, a partir de mi experiencia, algunas ideas sobre el régimen monetario y la política cambiaria.
Régimen monetario y política cambiaria[ii]
En la literatura macroeconómica, la discusión sobre política cambiaria suele concentrarse en las ventajas y desventajas de que el tipo de cambio sea fijo o flexible. En cambio, existe menos literatura sobre los regímenes monetarios alternativos.
La elección del régimen monetario es una decisión institucional de mayor jerarquía que la elección entre un tipo de cambio fijo o flexible. El régimen monetario puede facilitar o entorpecer —e incluso impedir— la celebración de transacciones y contratos.
Sin al menos una moneda confiable en la cual puedan expresarse los contratos que crean derechos y obligaciones financieras hacia el futuro, no puede existir crédito. Sin crédito, la inversión familiar y empresarial queda limitada al ahorro generado por las propias familias y empresas. En esas condiciones, la insuficiencia de inversión productiva conduce al estancamiento.
Por el contrario, cuando la moneda nacional inspira confianza y su valor frente a otras monedas se determina en mercados libres, no solo permite celebrar contratos financieros de mediano y largo plazo: también hace posible que el banco central utilice la política monetaria para atenuar los efectos negativos de los ciclos económicos y de los shocks inesperados.
En estos países, las discusiones sobre el régimen monetario y la política cambiaria se concentran en dos cuestiones: la conveniencia de incorporarse a un área monetaria —como se ha debatido en el Reino Unido y Suiza respecto del euro— y el grado deseable de coordinación entre las políticas monetarias nacionales. En ambos casos está implícita la elección de la política cambiaria, pero en un sentido limitado: se discute, a lo sumo, un tipo de cambio fijo dentro de un área monetaria o la adopción de bandas de flotación entre las principales monedas.
El panorama es muy diferente en las economías emergentes. La experiencia inflacionaria y la inestabilidad institucional han impedido que muchas de ellas cuenten con una moneda propia capaz de cumplir las funciones que desempeñan las monedas nacionales en las economías avanzadas. Los contratos financieros de mediano y largo plazo en moneda local son precarios o inexistentes, y la política monetaria orientada a mantener una inflación baja suele exigir tasas de interés reales muy elevadas durante períodos prolongados. Estos fenómenos entorpecen la consecución de tasas altas y sostenibles de crecimiento. Por esa razón, las economías emergentes han procurado, con diferente intensidad, crear instituciones monetarias nuevas.
Las economías emergentes de Europa Oriental tuvieron una solución a su alcance: incorporarse plenamente a la Unión Europea y adoptar el euro. Mientras avanzaban hacia ese objetivo, era natural que procuraran mantener sus monedas nacionales lo más vinculadas posible a la moneda europea. Los ejemplos de Italia, España, Irlanda, Grecia y Portugal las alentaron. La incorporación de estos países al euro redujo sus tasas de interés hasta acercarlas a las de Alemania y Francia. Esto hizo posibles nuevos contratos financieros de largo plazo.
Las naciones emergentes de Europa Oriental no enfrentaban las dudas que llevaron al Reino Unido y a Suiza a no incorporarse al euro, porque sus monedas nunca tuvieron la calidad de la libra esterlina o el franco suizo. Estos dos últimos países podían preguntarse, con razón, si los beneficios de adoptar el euro compensaban la pérdida de una política monetaria propia para atenuar ciclos económicos diferentes de los del resto de Europa. Las economías emergentes no enfrentaban esa disyuntiva: difícilmente podían instrumentar políticas monetarias nacionales más adecuadas a sus necesidades que la del Banco Central Europeo. Hasta el presente, no hay argumentos para sostener que esas naciones se hayan equivocado; más bien ocurre lo contrario.
El dólar y el régimen monetario de las demás economías emergentes
Las economías emergentes que no tuvieron la posibilidad de incorporarse al euro debieron recurrir a la moneda de los Estados Unidos para obtener financiamiento de mediano y largo plazo. Por eso, en mayor o menor medida, mantienen deudas públicas y privadas denominadas en dólares.
Los ahorristas nacionales también han demostrado sentirse más protegidos por el dólar que por la moneda local. Por ello, formal o informalmente, una parte importante de la riqueza financiera nacional está constituida por depósitos o tenencias en dólares. Cuando la legislación no protege esas tenencias dentro del país, el ahorro se conserva en billetes o emigra al exterior. En ambos casos, deja de contribuir a la creación de crédito interno.
Por esa razón, a las economías emergentes se les plantea el dilema de permitir o no el uso del dólar en las transacciones financieras domésticas. Aparece así la cuestión de la “dolarización” de estas economías.
Existen distintos grados de dolarización. En su expresión mínima, comprende la mayor parte de las deudas externas; Chile, México y Brasil son casos típicos de esta dolarización restringida. En el otro extremo se encuentra la dolarización completa, como en Panamá, Ecuador y El Salvador. Entre ambos extremos hay numerosas economías que admiten contratos en dólares en sus transacciones internas: por ejemplo, Israel, Turquía, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia y Venezuela. En Asia se observan situaciones similares a las latinoamericanas, aunque son más frecuentes los casos de dolarización restringida.
Dolarización restringida, dolarización completa y libre elección de moneda o «convertibilidad»
La decisión legal acerca del grado de dolarización permitido o impuesto es la clave del régimen monetario de las economías emergentes.
Para algunas naciones, la dolarización restringida ha resultado eficaz. El mejor ejemplo es Chile. Aunque sufrió una inflación elevada durante la década de 1970 y necesitó un período de tipo de cambio fijo y controles de cambio para reducirla drásticamente, su economía interna nunca alcanzó un alto grado de dolarización de hecho. Pudo, por consiguiente, restringir el uso del dólar a las transacciones financieras externas y desarrollar, al mismo tiempo, una intermediación financiera interna de mediano y largo plazo basada en la moneda local y en el uso extendido de la indexación para atenuar la incertidumbre sobre su valor futuro.
La lógica de la dolarización restringida a la chilena es que de esa forma será más fácil que en el largo plazo la economía logre funcionar como las economías avanzadas. Sin embargo, no puede afirmarse que a todas las economías emergentes les convenga restringir el uso del dólar en los contratos internos ni que la dolarización completa sea siempre inconveniente. Para algunas, esta última puede resultar tan conveniente como la incorporación de las economías emergentes de Europa Oriental al euro. En otras, las restricciones legales al uso del dólar impiden la existencia de crédito de mediano y largo plazo. No existe, por lo tanto, una regla única sobre el régimen monetario óptimo.
Para una economía emergente que no se incorpora al euro ni adopta la dolarización completa, pero que de hecho presenta un alto grado de dolarización, el objetivo debería ser construir una moneda nacional que inspire confianza a toda clase de ahorristas e inversores sin resignar, mientras no lo logre, la existencia de crédito de mediano y largo plazo. A esto apunta la idea de permitir la libre elección de la moneda.
Para que funcione un régimen de libre elección de moneda, la moneda nacional debe ser convertible y el dólar debe tener curso legal. Dotar de convertibilidad a la moneda nacional y declarar al dólar de curso legal significa eliminar las restricciones cambiarias y permitir el libre movimiento de capitales entre el país y el exterior.
En Argentina, existió plena convertibilidad del peso desde diciembre de 1989, aun antes de la sanción de la Ley de Convertibilidad. Esta ley dio seguridad jurídica a la práctica y, además, otorgó al dólar un carácter virtual de moneda legal. De ese modo transmitió a todos los agentes económicos —desde la familia más humilde hasta la empresa más encumbrada— la certeza de que cualquier transacción monetaria o financiera gozaría de protección jurídica.
La fijación temporaria del tipo de cambio y el respaldo de la base monetaria con reservas del Banco Central fueron mecanismos orientados a asegurar la supervivencia del peso. La idea era que, con disciplina fiscal y reformas estructurales, la moneda nacional llegaría a ser una moneda confiable y podría competir con el dólar en igualdad de condiciones con tipo de cambio flexible, como ocurre en Perú y Uruguay.
Sin embargo, una lectura cuidadosa de la experiencia argentina demuestra que las fluctuaciones de las monedas de los principales socios comerciales y la expansión excesiva del crédito interno y externo, pueden minar la confianza en el sistema antes de que pueda flexibilizarse el tipo de cambio.
La misma experiencia argentina demuestra, no obstante, que reimplantar restricciones al uso del dólar después de un período en el que estuvo permitida la libre elección de la moneda, aleja a la economía de la posibilidad de contar con una moneda confiable y ejercer una política monetaria soberana.
La clave para encontrar una solución superadora reside, por lo tanto, en diseñar un régimen que concilie la libre elección de moneda con la flexibilidad cambiaria.
En Perú, las normas que encuadran la competencia de monedas están incorporadas en la constitución. En nuestro país, deberían tener al menos la jerarquía de una ley del Congreso. Esa ley tendría que establecer que la violación de la prohibición de emitir para financiar al Tesoro o de reimplantar restricciones cambiarias constituye delito de defraudación.
Horacio Liendo, autor intelectual del marco legislativo que organizó el sistema monetario, cambiario y financiero vigente entre 1991 y 2001 —lamentablemente destruido a partir de 2002—, me ha convencido de la necesidad de adoptar un marco legal adecuado para estas reformas. Él acaba de escribir un libro titulado «Dinero estable», que tuve el honor de prologar. Así como en 1991 no habríamos podido implementar la convertibilidad sin la iniciativa y los conocimientos históricos y de derecho constitucional de Horacio Liendo, tampoco ahora ni en el futuro se podrá avanzar hacia un sistema monetario, bancario y financiero capaz de asegurar la estabilidad y sostener el crecimiento sin ese tipo de respaldo intelectual.
El análisis precedente no constituye solamente una reflexión sobre el régimen monetario que la Argentina debería adoptar en el largo plazo. Tiene consecuencias inmediatas para la política económica actual. En efecto, la consolidación fiscal y las reformas orientadas a ampliar la libertad económica difícilmente podrán desplegar todo su potencial mientras subsistan controles cambiarios que desalientan la inversión, encarecen el crédito y limitan la integración financiera con el resto del mundo.
La reforma monetaria en la coyuntura actual
Cuando la necesidad de seguir bajando la inflación impide que se utilicen las cuentas fiscales y la emisión monetaria como herramientas para estimular la demanda de consumo y de inversión, sólo se puede reactivar la economía estimulando la producción de bienes y servicios, es decir, trabajando por el lado de la oferta. Esto significa que, para volver a crecer de manera sostenida, hay que lograr que aumenten la inversión eficiente y la productividad.
La apertura al comercio internacional, la desregulación y la eliminación de impuestos distorsivos son fundamentales para promover la inversión eficiente y aumentar la productividad. Estas reformas, enmarcadas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pueden impulsar con especial intensidad a sectores orientados a las exportaciones como la minería, la energía y las grandes bases de datos para la inteligencia artificial. Este impulso, tendrá efecto en el mediano y largo plazo.
En el corto plazo, la disciplina fiscal y monetaria limita la posibilidad de estimular la demanda interna de consumo e inversión. Por esa razón, las reformas por el lado de la oferta deben ser acompañadas por un régimen monetario, cambiario y financiero que facilite la inversión y la creación de crédito para todo tipo y tamaño de empresas.
Dentro de este marco conceptual sostengo que la eliminación completa de los controles de cambio y el libre movimiento de capitales es, probablemente, la política de liberalización y desregulación económica con mayor potencial. Al contribuir a la reducción del riesgo país, ayudaría a reactivar la economía en el corto plazo y a impulsar el crecimiento genuino.
Además, la liberalización cambiaria potenciaría los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al facilitar la reasignación de recursos desde los sectores declinantes hacia los sectores con potencial de expansión.
La eliminación de los controles de cambio
Eliminar por completo los controles de cambio y permitir el libre movimiento de capitales implica suprimir el cepo cambiario que aún afecta a las personas jurídicas (empresas) y disponer que los exportadores de bienes y servicios, así como quienes obtienen financiamiento en dólares, no estén obligados a vender esas divisas al Banco Central[iii].
Tampoco estarían obligados a vender al Banco Central quienes traigan capitales para inversiones financieras o para la creación de capacidad productiva en el sector real de la economía. En forma simétrica, el Banco Central no estaría obligado a vender divisas a los importadores ni a quienes necesiten o deseen realizar pagos o enviar remesas al exterior. El mercado cambiario operaría de forma totalmente libre y fuera del ámbito del Banco Central, como lo hizo entre diciembre de 1989 y noviembre de 2001.
El Banco Central podría comprar o vender divisas para acumular o des acumular reservas, pero no estaría obligado a hacerlo. Sería una decisión de política monetaria. El Tesoro debería comprar las divisas que necesite para sus pagos al exterior, ya sea por importaciones o por pagos de servicios reales o financieros. Estas compras serían un ingrediente de la política fiscal, nunca de la política monetaria. En ningún caso sería el Banco Central quien le aportara esas divisas.
El tipo de cambio nominal —pesos por dólar— surgiría de la interacción libre entre vendedores y compradores de divisas. El Banco Central podría influir sobre el tipo de cambio, mediante sus compras y ventas o a través de su influencia sobre las tasas de interés, ejercida mediante el manejo de los encajes bancarios y las operaciones de mercado abierto con bonos en pesos y en dólares.
Este tipo de organización y operación del mercado cambiario permite desde una fijación rígida a una flotación totalmente limpia del tipo de cambio, con todas las situaciones intermedias imaginables: crawling peg activo (tablita cambiaria), crawling peg pasivo (indexado a un índice de precios) o la denominada flotación sucia (con compra o venta discrecional de divisas por parte del Banco Central).
Efectos sobre el crédito, la inversión y el crecimiento
El principal beneficio de la eliminación de los controles de cambio y el libre movimiento de capitales lo obtendrán los productores de bienes exportables y los prestadores de servicios porque podrán ver retribuidos sus esfuerzos productivos con el precio pleno que consigan por sus ventas en el exterior. Actualmente, el exportador, incluido el de servicios, tiene que vender sus divisas al precio del mercado oficial, manejado por el Banco Central (eufemísticamente denominado MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, que no es único ni libre). Si luego desea transferir fondos al exterior, no lo puede hacer, o debe utilizar el mecanismo del contado con liquidación, incluso con restricciones temporarias al acceso al MULC para el pago de importaciones. Además, cualquier operación a través del contado con liquidación lo obliga a incurrir en costos transaccionales superiores al 2%, además de la diferencia en la cotización con la del mercado oficial.
Otro gran beneficio es que la eliminación de los controles y el libre movimiento de capitales contribuirían decisivamente a reducir el riesgo país. Esto permitiría que tanto el Tesoro como el sector privado accedieran al mercado internacional de capitales a tasas de interés más moderadas. También significaría que las tasas activas de interés en pesos tendrían un techo derivado de la competencia con el financiamiento externo, de la misma forma que la libre importación pone un techo a los precios internos de los bienes de producción local que compiten con las importaciones. La ausencia de controles de cambio y el libre movimiento de capitales permitirían que el tipo de cambio se ubicara en un nivel desde el cual se minimizaran las expectativas de futuros saltos devaluatorios derivados de la eliminación de restricciones a la compra de divisas.
En un momento de fuerte superávit comercial como el actual, se reduce considerablemente el riesgo de que la eliminación de los controles y la liberalización del movimiento de capitales provoquen un salto devaluatorio pronunciado. Pero si continúan los controles y el encerramiento de los capitales, y el superávit comercial se reduce o desaparece, el cambio hacia la libertad cambiaria puede resultar traumático. Si ocurriera esto, la economía quedaría condenada a funcionar con restricciones que afectarían el nivel de sus inversiones eficientes y la productividad de sus sectores productores de bienes y servicios reales.
El propósito último de esta reforma no es solamente normalizar el mercado de cambios. Es recrear las condiciones para que el ahorro argentino, dentro y fuera del país, pueda transformarse nuevamente en crédito de mediano y largo plazo para las familias y las empresas.
Conclusión: una moneda confiable para recrear el crédito
La principal conclusión que extraigo de las experiencias analizadas es que el equilibrio fiscal, aunque indispensable, no basta para asegurar la estabilidad monetaria y el crecimiento sostenido. También se necesita un régimen monetario, cambiario y financiero capaz de inspirar confianza, proteger los contratos y canalizar el ahorro hacia el crédito y la inversión.
En una economía con la historia inflacionaria y el grado de dolarización de la Argentina, ese régimen no puede construirse mediante la imposición de una moneda que los ahorristas y los inversores todavía no consideran plenamente confiable. Debe basarse en la libre elección de moneda, es decir, en la convertibilidad del peso, en el curso legal del dólar y en la ausencia de restricciones al movimiento de capitales.
La competencia entre monedas, dentro de un marco jurídico estable, ofrecería al peso la oportunidad de recuperar gradualmente la confianza que perdió durante décadas de inflación e inestabilidad institucional.
La eliminación de los controles de cambio no debe ser entendida como una medida aislada ni como un simple cambio en la operatoria del mercado cambiario. Debe formar parte de una reforma institucional que prohíba el financiamiento monetario del déficit fiscal, asegure el respeto de todos los contratos y permita que el Banco Central conduzca la política monetaria sin quedar obligado a financiar al Tesoro ni a proveer las divisas que demande el sector público.
Si la Argentina consolida el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, avanza hacia este régimen de libertad monetaria y cambiaria, podrá reducir la inflación sin prolongar innecesariamente la recesión del mercado interno, movilizar el ahorro de los argentinos y recrear el crédito de mediano y largo plazo.
Esa es, en mi opinión, la condición monetaria fundamental para que las reformas inspiradas en la libertad económica no constituyan un episodio transitorio, sino el punto de partida de un proceso duradero de estabilidad y crecimiento.
[i] Este apartado se basa en mi artículo publicado como capítulo 27 del libro editado por Robert Looney, titulado «Handbook of Emerging Economies», publicado por Routledge, Taylor & Francis Group, en Londres y Nueva York, en marzo de 2014.
[ii] Este apartado y los dos siguientes se basan en mi artículo «Régimen monetario y política cambiaria: lecciones de la experiencia argentina». Documento exclusivo del Real Instituto Elcano, publicado en «Anuario Elcano–América Latina 2002–03», Madrid, diciembre de 2003.
[iii] En la actualidad, esta operatoria del mercado cambiario se le promete por ley a quienes inviertan dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, pero no está disponible para todo el resto de las empresas que invirtieron antes o que inviertan ahora sin entrar al RIGI.
