Tanto el gobierno de Cristina como el que le suceda tendrán que reducir o eliminar muchos impuestos si es que quieren que la economía vuelva a crecer. Pero no deja de ser alentador ver que comienzan con la reducción de los impuestos que encarecen el costo laboral de las empresas que cumplen con las leyes laborales e impositivas. Se trata de un comienzo tímido, pero que va en la dirección correcta.
He escuchado argumentos de la oposición que me parecen absurdos. Por ejemplo el del diputado radical Miguel Giubergia, secretario de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, recordó que la rebaja de los aportes patronales a las empresas “forma parte de las recetas que implementaron en la década del 90 Carlos Menem y Domingo Cavallo”. Y se preguntó: “¿Será esto lo que consiguió (Axel) Kicillof en su visita al Fondo Monetario Internacional? Obviamente Giubergia está muy mal informado. Primero la misma receta, aunque perfeccionada como aportes patronales tomados como pago a cuenta del IVA, fue también aplicada durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Fue el instrumento fundamental de los planes de competitividad. Segundo, porque el FMI lejos de haber apoyado esta medida, condicionó el apoyo que necesitábamos frente a la crisis Tequila en 1995 a que la derogáramos.
Las críticas de Claudio Lozano, del bloque de la Unidad Popular de la Cámara Baja va en la línea de insistir en la interpretación de la historia como lucha de clases.“Tiene la lógica de Cavallo: con la excusa de blanquear el mundo laboral, beneficia a los patrones”, apuntó. También, aseguró que “es mentira que el proyecto sólo beneficia a las PYMES, porque le abre la ventana a las grandes empresas”. Y, por último, puso en duda su implementación. “¿Cómo se va a controlar? Esto no se resuelve con inspectores del Ministerio de Trabajo, que en su mayoría son trabajadores contratados, por lo tanto son absolutamente vulnerables a las intenciones de las grandes empresas”, graficó.
En el Senado, donde comenzará a tratarse la iniciativa, con la Comisión de Trabajo y Previsión Social como cabecera, el socialista Rubén Giustiniani admitió que “es un hecho positivo que se reconozca el problema del trabajo en negro y que hay que combatirlo”, aunque se mostró cauteloso respecto al contenido del proyecto y adelantó que desde su espacio analizarán a fondo el texto antes de decidir su voto. De todos modos, en línea con Giubergia y Lozano, advirtió: “El camino de quitar aportes patronales ya se implementó en los 90 y quedó demostrado que no es correcto. Fue la solución que implementó Cavallo y fue un beneficio para las empresas y no para los trabajadores”. ¡Otro que está mal informado!. Cuando en los 90 se reimplantó la reducción de aportes patronales (luego de que el FMI nos obligara a derogar la reducción y la tasa de desocupación saltara al 18.5 % de la población activa) la tasa de desocupación comenzó a bajar hasta el 12.5%. Y esta baja se explica, precisamente por la reducción de aportes patronales combinada con las medidas de flexibilización laboral que impulsó el Ministro Armando Caro Figueroa.
Desde UNEN, Fernando “Pino” Solanas consideró positivo que se ataque el trabajo no registrado, aunque insistió en la necesidad de discutir el tema a fondo”, advirtió el legislador. Y concluyó en que hay que implementar una desgravación impositiva por regiones y estimular el apoyo tecnológico y crediticio”. La posición de Pino Solanas es constructiva, pero seguro la van a atacar sus propios compañeros de bancada cuando se den cuenta que la reducción de aportes patronales que implementamos a partir de 1993 era, precisamente, una desgravación impositiva por regiones. Se desgravaba prácticamente el 100% para las regiones menos desarrolladas y más alejadas de Buenos Aires y de sólo un 33% para la empresas radicadas en la Capital Federal.