Las sentencias del Juez Griesa en favor de los “holdouts” y su confirmación por todas las instancias judiciales de los Estados Unidos, no son el resultado de un ensañamiento de esos jueces con nuestro país ni una decisión de la Justicia de los Estados Unidos en contra de la posibilidad de que los países reestructuren ordenadamente sus deudas soberanas. Interpretarlo así, como lamentablemente lo está haciendo desde la presidente Cristina Kirchner al editorialista del Financial Times, Martín Wolf, es un error que puede acarrear funestas consecuencias para Argentina.
Lo que ha ocurrido es consecuencia de dos errores fundamentales cometidos por los gobiernos argentinos desde 2002 en adelante.
El primer error fue suspender los pagos de la deuda pública luego del golpe institucional de diciembre de 2001. El grueso de la deuda más onerosa y que tenía vencimientos de capital durante los años 2002, 2003 y 2004 había sido canjeada por préstamos garantizados que pagaban como máximo una tasa de interés del 7 % anual y vencían tres años después de los plazos pactados en orígen.
Esto se puede ejemplificar con los bonos surgidos del Megacanje, que, por las circunstancias de un mercado ya en crisis en mayo de 2001, son los que devengaban tasas de interés más altas. Cuando a partir del 1 de noviembre se ofreció canjearlos por préstamos garantizados, el 87% de esos bonos aceptaron el canje. El detalle por tipo de bonos aparece en el cuadro siguiente:
Situación de los Bonos surgidos del megacanje luego del canje por préstamos garantizados | |||
Valor en circulación al 06/11/01 | Montos canjeados por préstamos garantizados | Porcentaje de bonos canjeados | |
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Global 08 |
11.095 |
9.050 |
82% |
Global 18 |
7.060 |
6.154 |
87% |
Global 31 |
9.029 |
8.553 |
95% |
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TOTAL |
27.184 |
23.757 |
87% |
Lo mismo ocurrió con todos los créditos que los bancos habían otorgado a las provincias con tasa flotante de interés (BADLAR+7%) que eran los más onerosos y con plazos de vencimientos más perentorios. El total de esos créditos (por más de 16 mil millones de dólares) se habían transformado en préstamos garantizados aceptando una tasa de interés máxima del 7 % anual.
Sólo quedaban sin convertir en préstamos garantizados, bonos que circulaban en el exterior por 44 mil millones de dólares. Sobre todo los que habían sido emitidos bajo leyes de Londres, Frankfurt y Tokio y que pagaban tasas de interés más bajas, porque habían sido colocados cuando la tasa de riesgo del país era inferior a las de Brasil y México.
Para la mayor parte de los bonos, especialmente aquellos que habían sido emitidos a tasas más altas, estaba preparada una nueva oferta de canje, que perseguiría reducir la tasa de interés al 5 % anual (2% menos que la del préstamo garantizado porque se les daba el privilegio de ser emitidos bajo ley extranjera, como los bonos originales que se estaban canjeando).
La iniciativa de llevar a cabo este segundo canje había sido traída al país por Jacob Frenkel, un prestigioso ex-economista jefe del FMI y ex-Presidente del Banco Central de Israel que en ese momento representaba a Merril Lynch. La clave para lograr que no quedaran holdouts era ofrecer el canje con la propuesta de modificar las cláusulas no monetarias (jurisdicción, pari passu, procedimientos para la ejecución, etc.) de los bonos que no se presentaran al canje. A las cláusulas que se incluyen en este tipo de oferta de las denomina “cláusulas de salida consentida” o, en inglés; “exit consent clauses”. Estas cláusulas se pueden imponer con una cierta mayoría de votos (50% en el caso de la jurisdicción Nueva York).
Para la mayor parte de los bonos en circulación, estaba asegurada la mayoría de votos para imponer las “exit consent clauses” porque el Estado tenía en su poner un alto porcentaje de los bonos. Por ejemplo, para el Bono Global 2008 disponía del 82%, para el Global 2018 del 87 % y para el Global 2031 del 95 % de los votos.
Para la organización de este canje habían sido designado asesores de Argentina tres de los principales banqueros más prestigiosos de ese momento: el ya mencionado Jacob Frenkel de Merril Lynch, Bill Rodhes del Citibank y Joe Ackerman del Deutch Bank. El canje se iba a lanzar el 15 de enero luego de que el FMI rehabilitara el programa de apoyo a la Argentina que había suspendido los primeros días de diciembre, pero que estaba dispuesto a relanzar tan pronto quedara aprobado el presupuesto para 2002, con déficit cero, y estuviera presentado al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Si en lugar de declarar la suspensión de pagos de la deuda, se hubiera continuado con la implementación de este canje, el problema de la deuda hubiera quedado completamente resuelto en los primeros meses de 2002, sin ningún riesgo de conflictos judiciales posteriores. Por eso sostengo que el primer gran error fue decretar la suspensión de pagos y mantener la deuda en situación irregular por más de tres años.
El Segundo gran error fue que una vez suspendido los pagos y habiendo estado toda la deuda en situación irregular por tres años, cuando en 2005 se decidió llevar a cabo una reestructuración completa, en lugar de aprovechar lo que se había planeado a fines del 2001, se ofreció un canje sin “exit consent clauses”. Ello significó perder la oportunidad de dejar a los holdouts sin recursos judiciales susceptibles de obligar a un pagos posteriores, completos y con punitorios. Esto ocurrió por falta de inteligencia y por pretender argumentar que todos los problemas se derivaban de lo que habíamos hecho en 2001. La mejor prueba es que cuando se contrató a Merril Lynch para que organizara el nuevo canje, se puso como condición que no interviniera Jacob Frenkel, justamente la persona que nos había traído lo que hubiera sido la mejor solución para lograr una reestructuración exitosa de la deuda.
La participación en el canje del 2005 de los tenedores de los bonos que habían surgido del megacanje fue incluso más alta que lo que había sido en oportunidad de ofrecerse su transformación en préstamos garantizados. Acá están las cifras de participación:
Situación de los Bonos surgidos del megacanje luego del canje de 2005 | |||
Valor en circulación al 31/12/2004 | Montos canjeados por nuevos bonos | Porcentaje de bonos canjeados | |
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Global 08 |
5.010 |
4.570 |
91% |
Global 18 |
8.309 |
7.496 |
90% |
Global 31 |
12.058 |
11.254 |
93% |
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TOTAL |
25.377 |
23.320 |
92% |
Es decir que las “exist consent clauses” podrían haberse impuesto y los bonos que quedaban como “holdouts” no hubieran podido recurrir a los tribunales de Nueva York como lo hicieron los fondos buitres. De hecho, es seguro que la participación en el canje hubiera sido del 100%, porque nadie hubiera querido quedar con bonos viejos cuyas cláusulas de ejecución habrían sido prácticamente licuadas.
La mejor demostración de que este tipo de reestructuración ordenada de la deuda era posible la brindaba la experiencia de Uruguay. En 2002, nuestro vecino del otro lado del Río de la Plata, había logrado llevar a cabo con éxito la reestrucuturación de su deuda , utilizando la metodología de las “exit consent clauses”. Incluso en 2005 ya había experiencia en nuestro propio país. Mendoza había reestrucutrado exitosamente su deuda pública aplicando “exit consent clauses” y prácticamente no hubo conflictividad judicial posterior.
Valdría la pena averiguar porqué los asesores legales del país, que eran los mismos que en 2001 habían estado trabajando con la Secretaría de Finanzas y los tres banqueros asesores en la preparación del canje que incluiría “exit consent clauses”, no alertaron de los riesgos que significaba lanzar un canje con la “ley cerrojo”, que iba a resultar totalmente inefectiva y muy inconveniente para la defensa posterior de los intereses argentinos. ¿Será que los asesores legales estaban más interesados en tener trabajo por muchos años, defendiendo a la Argentina del reclamo de los fondos buitres? ó ¿Será que nuestros funcionarios creyeron que podrían poner a una ley de nuestro Congreso Nacional por encima de la ley del mayor centro financiero del mundo, que era donde se iban a plantear los reclamos?
Cualquiera sea la razón, fue un error garrafal, cuyas consecuencias estamos pagando ahora.
Es muy importante que la Presidente salga cuanto antes del error en el que ha caído al echar la culpa de lo que está aconteciendo al Blindaje de 2000 y al Megacanje de 2001. Ambas operaciones se llevaron a cabo para evitar el default y prepararon el terreno para una reestructuración de la deuda pública que podría haber sido completa, exitosa y sin secuelas judiciales posteriores.
Lo mejor que puede hacer ahora la Presidente es ordenar a su Ministro de Economía que busque buen asesoramiento legal y financiero y acuerde una forma de pago que sea factible, termine con los conflictos que han mantenido a Argentina aislada de los mercados de capitales por 13 años y procure no dejarle al gobierno que le suceda una situación conflictiva con sus acreedores peor que la que su marido heredó al hacerse cargo de la presidencia en 2003.