El gobierno se apresta a malvender los recursos de Vaca Muerta

El proyecto de nueva ley de Hidrocarburos que ha presentado el Poder Ejecutivo deja entrever que el gobierno se propone malvender los recursos de Vaca Muerta para hacerse de dólares. El proyecto de ley prevé que en el caso de los recursos hidrocarburíferos no convencionales, el gobierno podrá conceder su exploración y explotación por negociación directa (es decir sin licitación) con la posibilidad de que esas concesiones se renueven sine die, es decir a perpetuidad. Sería muy perjudicial para los intereses del País que se firmen concesiones sin licitación con el propósito de hacerles aportar capitales financieros a los concesionarios en lugar de crear condiciones para que hagan inversiones eficientes y aporten al país la máxima renta posible en una perspectiva de mediano y largo plazo.

A principios de la década de los 90s, los acreedores querían que vendiéramos las empresas del Estado como monopolios, con el argumento que de esa forma se obtendrían más recursos para afrontar el pago de las deudas. Yo siempre me opuse a esa propuesta porque las privatizaciones, como las concesiones, deben llevarse a cabo para asegurar un proceso eficiente de inversión y de producción sostenible de bienes y servicios al mínimo costo social. Así lo planeamos a partir de 1991. Las privatizaciones que se hicieron durante 1990, cuando todavía había alta inflación y no se había creado un clima de inversión, enfrentaron muchos inconvenientes y sus contratos debieron ser renegociados luego de la puesta en marcha de la convertibilidad, porque en medio de una gran incertidumbre, habían tenido que aceptarse condiciones inconvenientes para el país.

El rumor de que George Soros podría comprar la deuda de los fondos buitres, pedir el stay a Griesa  y conseguir a cambio un contrato de concesión de Vaca Muerta otorgado en forma directa y en condiciones diferenciales a otros contratos como para compensarle la pérdida en la que incurriría, conformaría una pseudo -solución al problema de la deuda mucho peor que la que la Presidenta frustró cuando los banqueros locales estuvieron a punto de hacer la misma operación esperando una eventual compensación de SEDENSA.

Decidí escribir este post luego de leer la valiosa conferencia que Carlos Bastos pronunció en el CARI sobre Política de Hidrocarburos.

Mi debate con Javier Gonzalez Fraga

Un visitante del blog me alertó sobre las declaraciones de Javier Gonzalez Fraga en una radio de Buenos Aires. Esas declaraciones no fueron recogidas por la prensa independiente pero sí por los medios kirchneristas. Vale la pena que los visitantes del blog las lean antes de seguir mi argumento.

En una parte de sus declaraciones Javier dice textualmente: “No coincido con Cavallo desde hace más de 40 años. Desde que fue presidente del Banco Central en 1982 lo he descalificado permanentemente y tuve el raro mérito en el primer año y medio de Menem de demorar la convertibilidad porque yo estaba en desacuerdo. Estuve toda la vida a favor de un tipo de cambio flotante y siempre he desautorizado a todos los que están atrás de esas medidas mágicas”

En primer lugar yo nunca me sentí descalificado por Javier. Por el contrario, recuerdo enorme cantidad de veces escucharle elogiar lo que yo estaba haciendo. Para no ir más lejos, hace pocos días, en ¨Duro por Domar¨, un programa kirchnerista, pasaron un video de mediados de 2001 donde Javier Gonzalez Fraga apoyaba las medidas que yo estaba tomando. Por supuesto que lo hicieron para desprestigiarlo. Para mí lejos de desprestigiarlo, fue una forma de demostrar que en algún tiempo, él pensaba bien.

Por supuesto, yo nunca lo descalifiqué, porque no acostumbro a descalificar a nadie. Me gusta sí, discutir las ideas, pero sobre todo, con quienes tienen ideas diferentes a las mías. El diálogo y la discusión  civilizadas son siempre enriquecedoras. Como lo fue nuestro semi-frustrado debate en la UCA. La verdad que allí no le escuché decir nada parecido a lo que dice en este reportaje radial. Por el contrario, me pareció que estuvimos de acuerdo en varias cosas. Incluso al final me dijo sorprendido: ¨no sabía que la convertibilidad que proponés es flotante y no con tipo de cambio fijo¨. Ahí me dí cuenta que no había leído mi libro ¨Camino a la Estabilidad¨ ni ninguno de mis artículos de los últimos 10 años. Espero que para un próximo debate, los haya leído.

Pero vamos al grano. En sus declaraciones a la radio confiesa que ¨durante el primer año y medio de Menem, él demoró la convertibilidad porque estaba en desacuerdo¨. Y lo señala como un mérito. Fenomenal mérito! Yo le había propuesto la convertibilidad a Menem y a Erman Gonzalez el 1 de enero de 1990, cuando lanzaron el Plan Bónex. Haber forzado la dolarización de los depósitos, junto a una re estructuración de los mismos, sin lanzar la convertibilidad, es decir sin poner al dólar en competencia con el Peso y comenzar a defender férreamente el valor del Peso, significó que entre marzo de 1990 y marzo de 1991, la inflación fuera todavía del 1000% anual. A causa de esa alta inflación, las privatizaciones que se hicieron durante ese período, fueron muy dificultosas, se consiguieron términos muy desfavorables y fue necesario renegociarlas íntegramente a partir de abril de 1991. Además, para Enero de 1991 el Gobierno de Menem tenía una popularidad del 20 % y todo el mundo apostaba a que el Gobierno iba a perder las elecciónes del segundo semestre de ese año. Haber demorado la convertibilidad, es decir la aplicación de un plan integral de estabilización y desarrollo, fue una necedad. No un mérito.

Sigue diciendo que estuvo toda su vida a favor de un tipo de cambio flotante. Si es así, ¿porque no criticó la política de tipo de cambio virtualmente fijo a 3 pesos por Dólar que impuso Nestor Kirchner y aplicaron Lavagna y Redrado dersde 2003 en adelante? Ese es el momento en que si el tipo de cambio hubiera sido realmente flotante, la inflación hubiera bajado a menos del 5 % anual, como lo hizo en Brazil. A ésto yo lo vengo explicando desde principios de 2003.

Apuesto a que si Roberto Lavagna o Javier Gonzalez Fraga inspiran la política del próximo gobierno, primero van a a provocar una muy fuerte devaluación y luego impedirán que la moneda se aprecie. Su particular concepto de flotación es asimétrico: les gusta que la moneda flote para depreciarse, pero prefieren intervenir en el mercado y mantener alto el tipo de cambio nominal cuando la tendencia del mercado es a la apreciación. Lo que ellos pregonan es una política de salarios reales bajos. Como no se animan a decirlo con todas las letras, lo disfrazan de la estrategia del ¨tipo de cambio alto¨ o ¨competitivo¨.

Puede ser que Javier tenga razón cuando afirma que el próximo gobierno (inicialmente agrego yo) no va a tener en cuenta mis ideas. Ocurrió también con el gobierno de Menem. No descarto que el próximo gobierno, sea liderado por Mazza, Scioli, Macri o Cobos, comience manejando la economía según los consejos de Roberto Lavagna, Javier Gonzalez Fraga y los economistas que han comenzado a pensar como ellos. Yo lo lamento, porque si ello ocurre, perderán entre un año y un año y medio, con lo cual pondrán en peligro las elecciones de medio término de 2017. Pero, para ser más optimista, pienso que estando a mano mi libro ¨Camino a la Estabilidad¨, mientras se sufra el fracaso de esa política inicialmente errada, habrá gente cercana al gobierno que se estará preparando para hacer algo parecido a lo que hicimos a partir de febrero de 1991.

El único propósito de mi libro Camino a la estabilidad, es evitar que pierdan ese año o año y medio inicial. Claro que si quienes asesoran a los candidatos a la presidencia, ni siquiera se toman el trabajo de leerlo, a pesar de que se los envíe dedicado a todos ellos, van a despreciar la única experiencia de lucha exitosa contra la inflación que registra nuestra historia.

Recuerdos y experiencias en 3 fotos

3 fotos es un programa conducido por Rolando Graña que se transmite por América 24 los días sábados a la tarde. En el programa de la última semana el conductor me indujo a trasmitir recuerdos y experiencias. Para quienes nolo  hayan visto y quieran hacerlo, lo subo al blog en tres partes:

Primera parte: Estudios en Córdoba y en Harvard, el papel de las ideologías y la capacidad de observación de la realidad, cómo se me ocurrió la convertibilidad, la crisis de 1982.

 

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Segunda parte: Estatización de la deuda privada, industrialización y des-industrialización, déficit fiscal y endeudamiento, lucha contra las mafias.

 

 

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Tercera parte: Convertibilidad y salida del 1 a 1, fuestes de ingresos, juicios, sinsabores y alegría.

 

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El Megacanje y la reestructuración de la deuda del 2001 hubieran evitado el triunfo de los buitres

En el post anterior describí la gestión de la deuda desde el inicio del gobierno de Menem hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora quiero demostrar que la presidente estuvo muy mal informada o actuó con mala intención, cuando atribuyó el triunfo de los buitres al Megacanje de 2001 y, en general, a la gestión de la deuda durante los años del gobierno de la Alianza.

Nada más inexacto. Como ya expliqué, el gran aumento de la deuda instrumentada en forma de bonos globales y letras colocadas en el exterior se produjo en los tres últimos años de la gestión del Presidente Menem. Durante esos años también se endeudaron las provincias con los bancos locales en medio de la competencia entre Menem y Duhalde por la candidatura presidencial del Peronismo para la elección de 1999. Durante el año 2000 y el primer trimestre de 2001, el gobierno de De la Rúa no tuvo otra alternativa que seguir colocando deuda en los mercados porque en esos trimestres había fuertes vencimientos de capital y además existía un déficit fiscal que también venía de la gestión anterior.

Desde que yo entré en el gobierno de De la Rúa en marzo de 2001, trabajamos  para evitar un default y dejar bien re-estructurada la deuda, de tal forma de disminuir significativamente la factura de intereses, tanto de la Nación como de las Provincias y descongestionar los tres años siguientes de amortizaciones de capital. Quisimos aventar el riesgo de default desordenado.

Al 31 de marzo de 2001, la deuda en bonos que podía llevar al país a un default desordenado ascendía a 90.304 millones de dólares  de los cuales vencían en los tres trimestres restantes de 2001 nada menos que casi 7 mil millones y en los tres años siguientes más de 10 mil millones en cada uno.

Gracias al Megacanje de mayo-junio de 2001 y a la primera etapa de la re estructuración ordenada de la deuda que se realizó durante el mes de noviembre del año 2001, al 31 de diciembre de ese año, la deuda instrumentada en forma de bonos ascendía a 55,057 millones de dólares. Se habían pagado normalmente los casi 7 mil millones que habían vencido en los tres últimos trimestres del año y los vencimientos anuales de capital para los tres años siguientes se habían reducido a alrededor de 7.500 millones.

Quedó preparada la segunda etapa de la re estructurción ordenada de la deuda, consistente en la oferta de un canje de los bonos que no se habían transformado en préstamos garantizados para ser reemplazados por bonos con una tasa máxima de interés del 5 % y prórroga de vencimientos de tres años. Estaba planeado que este canje iría acompañado por clausulas de salida consentida para cuya aprobación se contaba con los votos necesarios, conseguidos en la primera etapa de la re estructuración. Las clausulas de salida consentida iban a quitar a los bonos que no entraran en el canje la posibilidad de litigar en Nueva York. De esa forma se iban a evitar que los holdouts se transformaran en buitres. Lamentablemente, el golpe institucional del 20 de diciembre y la pesificación decidida por Duhalde en enero de 2002, que fue el inicio del default desordenado, frustraron la conclusión exitosa y sin conflictos del proceso de re estructuración de la deuda.

Gran parte de los bonos se habían transformado en préstamos garantizados a una tasa máxima de interés del 7% anual y vencimientos prorrogados por tres años. Todo el resto de la deuda, fundamentalmente con organismos financieros internacionales y las letras del tesoro eran fácilmente refinanciables y no generaban riesgo de default.

Es absolutamente falso que el Megacanje y la gestión de la deuda durante los años del gobierno de la Alianza son los responsables del triunfo judicial de los fondos buitres. Los bonos que habían surgido del Megacanje se habían transformado en préstamos garantizados en más de un 80 % y los que aún circulaban en el exterior no tenían vencimientos de capital cercanos, además de que habrían entrado en el segundo canje sin lugar a dudas.

Los fondos buitres aparecieron con el default desordenado decretado por Duhalde al pesificar y anular el efecto beneficioso de la transformación de los bonos en préstamos garantizados. Luego aumentaron sus chances de ganar los litigios en la justicia de Nueva York cuando Kirchner y Lavagna llevaron a cabo una re estructuración de la deuda acompañada no por clausulas de salida consentida sino por la ¨ley cerrojo¨ y la clausula ¨RUFO¨.

Estos gravísimos errores durante las gestiones de Duhalde y de Nestor Kirchner se explican por la incapacidad de los funcionarios locales que gestionaron la deuda y por haber prescindido del asesoramiento de expertos internacionales de primer nivel. A Jacob Frenkel, que nos había traído la idea y explicado la metodología de los canjes acompañados por clausulas de salida consentida, no lo dejaron participar como funcionario de Merrill Lynch, a pesar de que ese banco de inversión fue uno de los organizadores del canje de 2005.  Guillermo Nielsen pidió expresamente que lo excluyeran porque nos había asesorado en el año 2001. Al otro gran experto en re estructuración de pasivos, arquitecto del Plan Brady que había resuelto a principios de los 90s la crisis de la deuda latinoamericana, lo acusaron de haber cobrado una comisión injustificada que yo le habría hecho pagar con el sólo propósito de beneficiarle. Por tan absurda acusación estoy en estos momentos sometido a un juicio oral.

Es vergonzoso que la Presidente utilice la cadena nacional para acusarnos a Muldford y a mí por el conflicto con los buitres, tan vergonzoso como fue la acusación infundada de la Diputada Elisa Carrió, que tanto contribuyó a la desestabilización de la Argentina gobernada por un presidente al que ella había ayudado a ganar las elecciones. Cristina Kirchner, como Elisa Carrió, no trepida en usar la mentira como forma de llevar adelante sus oscuras ambiciones. No tienen los más mínimos frenos morales en sus carreras desenfrenadas por acumular poder denostando a sus adversarios.

 

Evolución de la Deuda desde la gestión de Menem hasta el final de la gestión de Kirchner

Cuando asumió Carlos Menem como Presidente de la Nación, en 1989, la deuda pública ascendía a 92 mil cuatrocientos millones de dólares, de los cuales estaban registrados 63 mil setecientos millones y pendientes de registración otros 28 mil setecientos millones. La deuda por préstamos sindicados con bancos del exterior estaba en default desde 1988, la ejecución de muchas sentencias judiciales en favor de los jubilados había sido suspendida por decreto y existían numerosos juicios de jubilados, proveedores y provincias pendientes de resolución.

Durante el período en que acompañé al Presidente Menem, primero como Canciller y luego como Ministro de Economía, logramos consolidar y refinanciar toda la deuda no registrada (a través del régimen de consolidación de pasivos, ley 23.982) y re-estructurar la deuda que estaba en default (a través del Plan Brady). Conseguimos financiamiento de organismos multilaterales para atender los vencimientos y financiar el déficit fiscal que se produjo desde el año 1995 a causa de la Crisis Tequila. Al cabo de esos siete años, la deuda pública (neta de activos financieros) no  aumentó . En realidad declinó ligeramente. Al final del año 1996, ascendía a 91 mil seiscientos millones de dólares.

Durante esos siete años, la composición de la deuda por tipo de instrumento y prestamista cambió mucho. Aumentó la deuda con los organismos financieros multilaterales, especialmente con el FMI. Este financiamiento se consiguió a tasas bajas de interés, del orden del 4 % anual. Desapareció la deuda por préstamos sindicados (que había sido la fuente de financiamiento de los años 70s y 80s y devengaban intereses del orden del 10% anual) y aparecieron los Bonos Brady, que pagaban una tasa de interés del 6.25 % anual, además de haberse iniciado con una quita en el capital de 35 %. Aparecieron los Bocones (bonos de consolidación de deudas previsionales, con proveedores y de regalías hidrocarburíferas) que devengaban un interés semejante al de los Bonos Brady y en 1993 se comenzaron a colocar, en forma lenta, bonos globales y letras externas en distintas monedas y con tasas de interés del orden del 10 % anual. De este tipo de deuda se alcanzó a colocar alrededor de 17 mil quinientos millones de dólares. El monto de intereses pagados por la deuda pública durante 1996 ascendió a 4 mil cien millones de dólares.

Los tres años siguientes de la gestión del Presidente Menem, cuando yo ya no estaba en su gobierno, la deuda pública aumentó de 91 mil seiscientos millones a 111 mil ochocientos millones de dólares. A este aumento contribuyeron varios factores: la fuerte liquidez internacional del año 1997 (los capitales que dejaban de ir a Asia venían a la Argentina porque había superado exitosamente la Crisis Tequila), la competencia entre el Presidente Menem y el Gobernador Duhalde por la candidatura presidencial del Peronismo y, a partir del segundo semestre de 1998, el aumento del déficit por la recesión que comenzó en ese momento y se extendió hasta 2002. La recesión va siempre acompañada por caídas en la recaudación de impuestos.

En este período, la que más aumentó fue la deuda instrumentada en forma de bonos globales y letras externas. Ella pasó de 17 mil seiscientos millones de dólares a fines de 1996 a 43 mil seiscientos al final del gobierno del Presidente Menem. Esta deuda, que pagaba intereses de entre el 10 y el 12 % anual aumentó en 26 mil millones de dólares, seis mil millones de dólares más que el aumento del endeudamiento total. Esto significa que se cancelaron, a su vencimiento, créditos que pagaban tasas de interés más bajas. Por consiguiente, la factura anual de intereses subió mucho, no sólo porque subió la deuda, sino porque se hizo más onerosa. Durante el año 1999, el costo de intereses ascendió a 8 mil doscientos millones, prácticamente el doble que la factura de intereses en 1996.

Durante este mismo período aumentó en alrededor de 15 mil millones de dólares la deuda de las provincias, principalmente con el sistema bancario argentino. Esta deuda se pactó a tasa flotante y con intereses equivalentes a la tasa BADLAR (pagada por los depósitos de más de 1 millón de dólares) mas 7 % anual, a pesar de que estaba garantizada por los recursos de la coparticipación federal de impuestos. Esta deuda nunca se registró como deuda pública nacional, pero constituyó el ingrediente más oneroso y peligroso de todo el proceso de endeudamiento del período de la convertibilidad. Fue el origen de los activos incobrables del sistema bancario que lo llevaron a la insolvencia en el año 2001. Hasta 1996 las provincias no habían podido garantizar deudas con los recursos de la coparticipación federal, porque mientras yo fui Ministro de Economía lo habíamos prohibido por decreto. Lamentablemente este decreto fue derogado a fines de 1996.

Cuando asumió como Presidente de la Nación Fernando De la Rúa, la deuda no sólo era elevada y onerosa, sino que comenzaba a despertar desconfianza entre los tenedores externos. No sólo el candidato presidencial Eduardo Duhalde había comenzado a sugerir una moratoria durante la campaña electoral, sino que la Diputada Elisa Carrió, el Diputado Mario Cafiero y otros, comenzaron, desde el inicio mismo de la gestión de la Alianza, a la que pertenecían, a hacer denuncias de ilegalidad de la deuda y a pregonar que se debía interrumpir su servicio. El endeudamiento de las provincias comenzó a transformarse en activos cuasi-inmovilizados de los bancos, que para no dejarlos caer en deuda irregular, tenían que otorgar nuevos créditos para que las provincias pudieran afrontar el pago de intereses. Hacia 2001 la tasa que pagaban las provincias sobre alrededor de 20 mil millones de dólares era del 20% anual (BADLAR 13% mas 7 % de margen). Eso significaba una factura anual de intereses del orden de los 4 mil millones de dólares.

Para financiar las amortizaciones y pagos de intereses, el gobierno del Presidente De la Rúa recurrió, mientras pudo, al mercado voluntario de bonos, de tal manera que la deuda instrumentada en forma de bonos globales y letras bajo ley extranjera pasó de 47 mil ochocientos millones de dólares a 73 mil trescientos millones al 30 de junio de 2001. Para lograr la re estructuración ordenada de esta deuda, que había llevado a los tenedores a reclamar tasas de rendimiento extremadamente elevadas, el gobierno comenzó a buscar el apoyo del FMI y de los organismos internacionales de crédito. Lo hizo a través del denominado ¨Blindaje¨ de fines de 2000 y de las sucesivas re negociaciones y ampliaciones, la última de las cuales se aprobó en agosto de 2001 y estuvo condicionada a la re estructuración ordenada de la deuda con el sector privado. La deuda con los organismos internacionales de crédito, especialmente con el FMI, aumentó de 20 mil trescientos millones de dólares al comienzo de la gestión De la Rúa a 32 mil cuatrocientos millones a diciembre de 2001 y estaban pendientes de desembolso alrededor de 10 mil millones de dólares adicionales que podrían haberse obtenido al final del proceso de re estructuración ordenada de la deuda. Lamentablemente esto último nunca ocurrió debido al golpe institucional de diciembre de 2001.

Durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, la deuda pública nacional aumentó de 111 mil ochocientos millones de dólares a 134 mil setecientos millones, pero con un cambio de composición fundamental: buena parte de ese aumento fue con recursos de los organismos financieros internacionales, por los que se pagaron tasas de interés de entre el 4 y el 7 % anual y, además, con la primera etapa de la re estructuración ordenada de la deuda se logró reducir  la deuda instrumentada en bonos  globales y letras del tesoro a sólo 38 mil 700 millones de dólares. Esta reducción, desde los 73 mil trescientos millones de junio de 2001, se logró gracias a la primera etapa de la re-estructuración ordenada de la deuda que permitió transformar una buena proporción de los bonos globales bajo ley extranjera en préstamos garantizados. Estos últimos, además de estar bajo ley nacional, pagaban una tasa máxima de interés del 7 %. En esta primera etapa de la re-estructuración ordenada de la deuda, que se lanzó el 1 de noviembre y quedó concluida el 30 de noviembre de 2001, también se logró convertir en préstamos garantizados a toda la deuda de las provincias, con lo que en lo sucesivo éstas iban a pagar 7 % en lugar del 20 % que llegaron a devengar durante 2001.

Cuando se hizo cargo del Gobierno Eduardo Duhalde, en el año nuevo de 2002, estaba preparada para ser lanzada la segunda etapa de la re-estructuración ordenada de la deuda que perseguía canjear los bonos globales, letras del tesoro y bonos Brady , todos ellos bajo ley extranjera, que aún circulaban por el mundo por un monto global de 45 mil millones de dólares, por bonos que no devengarían más del 5 % anual de interés y que extenderían todos los plazos de vencimiento en 3 años. Gracias a la primera etapa del proceso de re-estructuración ordenada, el Estado contaba con los votos necesarios (para la mayor parte de los bonos globales, especialmente los más onerosos) para imponer clausulas de salida consentida. Estas clausulas tienen la virtud de cambiar la jurisdicción de los bonos que no aceptan entrar en el canje, siempre y cuando se consigan votos  favorables del 66 % de los bonos originariamente emitidos de cada serie. De haberse aplicado esta metodología, no hubieran quedado holdouts, o los que hubieran quedado no tendrían la posibilidad de litigar como buitres.

Lamentablemente, el golpe institucional de 2001 generó el peor de los defaults imaginables: al disponer la pesificación compulsiva de todos los contratos en dólares firmados bajo ley argentina, se le impuso una quita del orden del 66 % a los acreedores internos del país: los depositantes en dólares en los bancos locales y los titulares de préstamos garantizados y cualquier otra acreencia bajo ley argentina. Por supuesto, los tenedores de préstamos garantizados pudieron recuperar los bonos originales bajo ley extranjera, que habían entregado a cambio del mutuo que ahora el Estado incumplía. De esta forma se revirtió la re-estructuración ordenada y muy beneficiosa que se había concluido el 30 de noviembre anterior. Quedaron entonces, también defaulteados, una cifra mucho mayor a la que había dejado el gobierno de De la Rúa pendiente de re-estructuración.

Esta deuda estuvo en default por más de cuatro años. Durante ese período el país tuvo que hacer un enorme esfuerzo para terminar cancelando la deuda con los organismos internacionales que menos interés le cobraban, emitió bonos en pesos y en dólares bajo ley argentina que terminaron siendo muy caros o defaulteados gradualmente a través de la tergiversación del índice CER, colocó bonos muy onerosos a través del gobierno de Venezuela y terminó re-estructurando la deuda defaulteada en 2005 y 2010, con una metodología que creó las condiciones para que prosperaran los reclamos judiciales de los fondos buitres. Como consecuencia, el endeudamiento que tendrá Argentina al final del gobierno de Cristina Kirchner será mucho más gravoso y peligroso que el que tenía al final del Gobierno de De la Rúa.

Al último día de 2013, la deuda pública (neta de activos financieros) ascendía a 231 mil millones de dólares. Es decir aumentó casi 100 mil millones de dólares en relación con la que existía al final de 2001. Dentro de esta deuda hay componentes muy onerosos y peligrosos: las sentencias incumplidas, tanto las de la justicia argentina en favor de los jubilados como las que consiguieron los fondos buitres, que mientras más se demoran en ser pagadas devengan intereses punitorios, costas y otras contingencias. Además existe el peligro de la aceleración de la deuda instrumentada a través de los bonos re-estructurados. Y existe una enorme deuda con el Banco Central, que esta institución tiene que financiar emitiendo LEBACs . Éstas pagan una tasa de interés cada vez más elevada para evitar que la gente siga disparándose hacia el dólar. Gran parte de la deuda en dólares bajo ley argentina ha sido colocada a la par en el ANSES y cuando ésta entidad tiene que salir a venderlos para obtener liquidez, tiene que soportar fuertes descuentos. Esto significa que el gobierno se está endeudando a tasas en dólares superiores al 14 % anual. Si el Gobierno Nacional o las provincias comienzan a emitir bonos a tasa flotante, BADLAR más un margen significativo, como se rumorea, estarán reeditando el mismo fenómeno que entre 1997 y 2001 llevó a la insolvencia al sistema bancario argentino.

Es no sólo incierto e injusto que la Presidenta Cristina Kirchner atribuya el problema de la deuda a los gobiernos que le antecedieron, sino que es sumamente peligroso para el futuro que su gobierno siga haciendo una administración de la deuda como la que caracterizó a las gestiones de Eduardo Duhalde, Néstos Kirchner y a la suya propia. A finales de 2015, la deuda que ascendió a 231 mil millones de dólares en diciembre de 2013, puede llegar a superar los 270 mil millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.

Para quienes quieran analizar en detalle las cifras mencionadas en este post, agrego un cuadro resumen. Además he subido al blog los excels con la información tal como aparece en las fuentes originales y todos los cuadros elaborados a partir de ellas. El primero se titula evolución de la deuda entre 1989 y 2013  y el segundo se denomina ¨megacanje¨