Domingo Cavallo

Cristina comenzó su discurso tomando el twitter de un periodista del Financial Times, en el que destaca que Argentina logró que los bonos de su deuda reestructurada se coticen sobre la par, como un elogio a su gestión. De inmediato el propio autor del twitter se encargó de señalarle lo que todos los especialistas en mercados de capitales saben y lo vienen diciendo desde fines de 2013: los bonos argentinos comenzaron a valorizarse a partir del momento en que quedó descartada su reelección. Mientras más claro queda que el Kirchnerismo y sus ideas económicas quedarán sin influencia alguna, los bonos de la deuda se valorizan. Este fue el primer sofisma de su discurso, pero no el único.

Sostuvo que los problemas de nuestra economía del último año fueron causados por la manipulación del dólar y del precio del petróleo por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. La verdad es que desde 2003 hasta el año pasado el dólar estuvo perdiendo valor y el precio del petróleo y de la soja estuvieron aumentando en proporciones mucho mayores a la reversión parcial de 2014 y eso explica el grueso de los logros económicos que ella atribuyó a sus políticas. Otro sofisma.

El supuesto desendeudamiento es también una mentira. La deuda pública que el gobierno de Cristina va a dejar asciende a 250 mil millones de dólares, es decir más de 100 mil millones de dólares por arriba de la que existía al final del 2001. Como porcentaje del PBI, la deuda pública representará, a fines de 2015 el mismo porcentaje del PBI que representaba al final de 2001. La gran diferencia es que la década del 90 dejó  una economía fuertemente capitalizada: se habían invertido más de 70 mil millones de dólares en el sector energético, por ejemplo. Por el contrario, Cristina va a dejar una economía energética desquiciada.

La deuda exigible que el próximo gobierno va a tener que atender o consolidar y refinanciar en 2016 asciende a más de 40 mil millones de dólares y no de 2 mil quinientos millones como ella señaló en su discurso. Los 40 mil millones se componen de las deudas con China y con el Banco Central de Francia que se han utilizado para dibujar las reservas externas, las deudas con los holdouts que han conseguido sentencias definitivas a su favor y más de 10 mil millones de dólares de deudas con jubilados que también tienen sentencias definitivas a su favor por la falta de ajustes entre 2002 y 2007.

Podría seguir enumerando muchos sofismas más. Pero no quiero cansar a mis lectores. Una simple lectura del discurso de la Presidenta permite advertir que es una sucesión de mentiras disfrazadas para que la gente crea que son verdades.

 

(conclusión)

Si la estrategia de quien resulte elegido Presidente en Octubre de 2015 incluye la eliminación inmediata de todo vestigio de inflación reprimida y una política de estabilización que comience con una reforma monetaria, el nuevo gobierno acrecentará su poder político y contará con apoyo popular como para implementar buenas soluciones a los otros problemas económicos heredados.

Los resultados finales dependerán de cómo aproveche su poder político y apoyo popular para avanzar con las reformas capaces de reinsertar a Argentina en el mundo, reducir el gasto público, eliminar impuestos distorsivos, recuperar el crédito público interno y externo, conseguir inversiones eficientes, aumentar la productividad y crear empleos de alta calidad.

Si el plan de estabilización con reforma monetaria inicial tiene éxito en reducir la inflación, pero el gobierno no aprovecha el poder político reforzado y el apoyo popular para llevar a cabo las otras reformas estructurales indispensables, los resultados inicialmente favorables se pueden evaporar rápidamente y ocurrir algo parecido a lo que pasó en las postrimerías del Plan Austral.

Si, por el contrario, el éxito inicial del plan de estabilización con reforma monetaria que refuerza el poder político y aumenta el apoyo popular, es aprovechado para llevar a cabo aquellas reformas, tendrá asegurado un éxito duradero. El carácter más flexible pero igualmente estable del nuevo sistema monetario en comparación con el régimen de convertibilidad con tipo de cambio fijo (o su equivalente, la dolarización completa), junto a los esfuerzos que se hagan para evitar los errores de los ´90 (que detallé tanto en “Estanflación” como en mi nuevo libro al describir la historia de la inflación en Argentina), permitirá que se obtengan éxitos iniciales como los que se consiguieron en aquella década, sin arriesgar una crisis deflacionaria como la del período 1999-2002.

Si el nuevo gobierno no introduce un gran cambio en la organización económica de la Argentina y continúa con las políticas de Cristina Kirchner, es probable que, antes de las elecciones de 2017, la gente comience a temer una explosión inflacionaria. Con semejantes resultados el nuevo gobierno perderá esas elecciones y, ya con un poder muy debilitado, una hiperinflación no quedará fuera del horizonte. Por supuesto, en esos escenarios el nuevo gobierno no logrará resolver ninguno de los muchos problemas que habrá heredado de la gestión de Cristina Kirchner.

Algo parecido le ocurrirá si, aun anunciando un giro importante en la organización económica, decide no llevar a cabo una reforma monetaria que quiebre de cuajo la inercia inflacionaria y aplica una política monetarista de estabilización basada en muy altas tasas reales de interés. Estará reeditando los resultados de la política de estabilización del gobierno militar en el período 1977-1980. Perderá el poder político y la posibilidad de resolver la mayoría de los problemas heredados de la gestión anterior.

Es cierto que la historia no se repite, pero sería necio que al pensar el futuro no prestemos atención a lo mucho que nuestra historia tiene para ayudarnos a encontrar los rumbos adecuados y evitar los errores que provocaron pasadas frustraciones.

(continúa del post anterior)

Con una reforma monetaria, igual que cuando debe salirse de la hiperinflación. La única ventaja de que se inicie con estanflación y no con hiperinflación, es que la reforma monetaria no necesita comenzar con el establecimiento de un tipo de cambio fijo. Al contrario, requiere que, desde el inicio, el nuevo sistema monetario sea con tipo de cambio flotante.

La reforma monetaria que se necesita para recrear el crédito público y sanear la moneda tiene tres ingredientes:
1) Un mercado único y libre de cambios, sin ninguna restricción a la compra y venta de divisas; 2) La puesta en competencia de la moneda local con las monedas extranjeras, al menos con el Dólar, en todo tipo de transacciones financieras y comerciales. Es decir autorizar que todas la monedas sean de curso legal (al menos el Peso y el Dólar). Este régimen se denomina de plena convertibilidad o de libre elección de la moneda;3) La política monetaria debe apuntar a estabilizar el tipo de cambio, bajando gradualmente las tasas nominales de interés y sin evitar la apreciación nominal del Peso.

El sistema monetario que resulta de esta reforma no es inédito ni, mucho menos, esotérico. Existe desde 1991 en Perú y funciona muy bien. Con ligeras variantes, también existe en Uruguay, en Bolivia y en Paraguay. Consigue las ventajas de los países totalmente dolarizados, como Ecuador, Panamá y el Salvador, sin sujetar su estructura de precios relativos a una inflexibilidad extrema frente a shocks externos en los términos del intercambio.

¿Por qué se necesita legalizar la dolarización?

Legalizar la dolarización parcial o total de las economías es imprescindible en todos los países que durante la hiperinflación tuvieron una fuerte dolarización informal y en los que la indexación financiera no logró evitar ese fenómeno. Si no se lo hace, la estabilización tiene un fuerte costo recesivo que la más de las veces lleva a interrumpir la política monetaria restrictiva.

En los países que, como Brasil, sufrieron hiperinflación pero no habiendo tenido dolarización informal, prefieren no autorizar el uso del dólar en la intermediación financiera, si quieren mantener baja la inflación, deben aplicar en forma permanente muy altas tasas reales de interés. Ello acentúa el costo recesivo de la estabilización y limita las posibilidades de crecimiento sostenido de la economía.
Los países que dejan plena libertad para elegir la moneda por parte de sus ciudadanos pueden evitar que las tasas reales de interés sean muy altas.

(continúa del post anterior)

Porque vive en default desde enero de 2002. El default más pernicioso fue la pesificación compulsiva de enero de aquel año. Se defaulteó la deuda pública y privada con millones de ahorristas que habían depositado sus ahorros en dólares en el sistema bancario Argentino. Y luego se completó el default con la suspensión de pagos de todos los servicios de la deuda pública, salvo la deuda con los organismos financieros internacionales, la que incluso se pagó por adelantado. La reestructuración de deuda de 2005 y su reapertura en el 2010 no permitió recrear acceso a los mercados de capitales más importantes porque dejó abierto el conflicto judicial con los holdouts. Además, las mentiras del INDEC sobre el CER destruyeron lo poco que quedaba de crédito público interno luego de la pesificación forzada de la economía.

Sin crédito público no puede haber moneda sana, salvo que el Gobierno genere muy fuertes superávits fiscales. Tan pronto el Gobierno comienza a generar déficits fiscales, la emisión monetaria se transforma en una herramienta fiscal, más precisamente en una herramienta impositiva: es el mecanismo para recaudar el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario tiene, al menos, el mismo efecto contractivo que cualquier otro impuesto. Hay evidencias de que tiene incluso más efectos contractivos, porque agrega incertidumbre y crea muchas oportunidades de corrupción.

Cuando la moneda tiende a ser la base del impuesto inflacionario, la gente trata de desprenderse de los pesos lo más rápidamente posible, precisamente para no pagar el impuesto inflacionario. Se desprende de los pesos transformándolos en bienes o en monedas extranjeras. Es decir, disminuye la demanda de moneda en términos reales. Es decir la moneda deja de ser creíble. Para financiar un mismo porcentaje del PBI de déficit fiscal se necesita cada vez más emisión e inflación porque cae la base del impuesto inflacionario.

(continúa del post anterior)

Hoy, cuando el gasto público (como porcentaje del Producto Bruto Interno) alcanza los niveles máximos de la historia Argentina y el déficit fiscal es más del 5 % del PBI, puede parecer que nuestra política fiscal es suficientemente expansiva. Para la definición correcta, hoy la política fiscal no es expansiva. Si sumamos a la recaudación impositiva la emisión monetaria, como medida del impuesto inflacionario que paga la gente y detrae los ingresos reales de las familias (igual que cualquier otro impuesto legislado) no hay déficit fiscal financiado con crédito público.

La política fiscal que se necesita para que, junto a una política monetaria restrictiva, se pueda sacar al país de la estanflación, es una en la que el déficit fiscal no se origine en el aumento del gasto público sino en la reducción de los impuestos que desalientan la inversión y encarecen los costos de producción.

Las retenciones a las exportaciones, el impuesto a las transacciones financieras que no se puede descontar de IVA y Ganancias, los altos impuestos sobre los salarios, el impuesto a los ingresos brutos en las etapas intermedias de producción reintroducido por las provincias, son los mecanismos fiscales que hoy desalientan a la inversión productiva y destruyen el espíritu de empresa.

Para tener éxito en la lucha contra la estanflación, el déficit fiscal que resultará de la eliminación de estos impuestos distorsivos no se debe financiar con emisión monetaria (es decir con recaudación del impuesto inflacionario) sino con endeudamiento a largo plazo y a tasas reales de interés que no superen el crecimiento de la economía. Lamentablemente, hoy no se puede aplicar este tipo de política fiscal en nuestro país porque nuestra economía no tiene crédito público.