A esta altura el lector seguramente se preguntará qué se puede esperar si el gobierno, el actual o el que lo suceda, decide anunciar una regla monetaria y simultáneamente eliminar de cuajo la inflación reprimida, tal como parece ser la solución conforme a mis explicaciones en los dos apartados precedentes.
La respuesta es simple e independiente de las condiciones políticas y económicas en que se implementen esas decisiones: habrá un período de estanflación. Es decir, seguirán por un tiempo altos índices de inflación y de inmediato se comenzará a vivir un clima recesivo. Esto es inevitable.
Cuando los precios atrasados por las distorsiones introducidas por el gobierno en años y meses anteriores se eliminen de golpe, se producirá un salto en el nivel general de precios. Ante este aumento, con niveles de ingresos nominales que estarán frenados por la dureza de la regla monetaria, la demanda de casi todos los bienes decrecerá.
Obviamente, la disminución de la cantidad demandada de bienes y servicios cuyos precios se liberan será fuerte, porque sus precios saltarán como un resorte. Pero también disminuirá la demanda de todo el resto de bienes y servicios, en particular de aquellos con precios no controlados, que se habían beneficiado del nivel artificialmente alto de los ingresos disponibles de los consumidores.
Los precios de estos bienes y servicios, que habían subido excesivamente, tenderán a bajar por caída de demanda, pero no lo suficiente como para compensar el efecto sobre el nivel general de precios de los que aumentan por eliminación de la represión.
En un contexto de incertidumbre, habrá presiones alcistas sobre las tasas de interés, sobre la cotización de las monedas extranjeras, y mucho impacto negativo sobre las cuentas fiscales, porque se reducirá la recaudación impositiva y los gremios del sector público reclamarán ajustes de salarios.
Todos estos efectos colaterales aumentarán el resultado estanflacionario de las decisiones dirigidas a luchar contra la inflación. Sin duda, habrá costos políticos, económicos y sociales. Costos que son inevitables.
Pero la cuestión fundamental a la que me quiero referir es la siguiente: ¿Cómo se pueden reducir a un mínimo estos costos y conseguir, lo antes posible, la reinstalación de la estabilidad, el regreso del crecimiento económico y un clima de prosperidad?
La respuesta tiene que ver con la política. Los costos serán reducidos y el éxito se conseguirá más rápido si el gobierno es sincero, explica con claridad los fundamentos de las decisiones que adopta y logra convencer a la gente. La convicción respecto de la estrategia adoptada y la credibilidad que sea capaz de inspirar son cruciales.
Por eso es imposible que un gobierno, el actual o el que le suceda, pueda luchar eficazmente contra la inflación si se sigue mirando la economía argentina a través de las anteojeras ideológicas del Plan Fénix.
Si un gobierno sin convicción e incapaz de inspirar credibilidad anuncia las políticas correctas en materia de lucha contra la inflación, mi predicción es que no tendrá fortaleza política para sostenerlas todo el tiempo que es necesario para que comiencen a dar resultados aceptables para la población. En circunstancias de este tipo, el intento de luchar contra la inflación se transformará en un nuevo Rodrigazo.
Aun con convicción y credibilidad, el éxito de la lucha eficaz contra la inflación no está asegurado porque las circunstancias internacionales y la falta de crédito interno y externo pueden hacer que la estabilidad se torne inalcanzable en un horizonte temporal socialmente aceptable