Domingo Cavallo

Ahora que el gobierno está resolviendo los conflictos pendientes con sus acreedores y aparece en el horizonte la normalización de las relaciones financieras, tanto con el mercado de capitales interno como con los mercados de capitales del exterior, se han levantado voces en contra del nuevo endeudamiento.

Los kirchneristas critican con el argumento de que se abandona la política de desendeudamiento del gobierno de los Kirchners. Burda mentira. El endeudamiento, bien medido, aumentó durante los gobiernos de Duhalde y de los Kirchner desde alrededor de 140 mil millones de dólares, al final del gobierno de De La Rúa a 250 mil millones en la actualidad. Como porcentaje del Producto Bruto Interno representa ahora lo mismo que representaba al final del 2001. La única diferencia es que ahora una gran parte del endeudamiento es con acreedores que tienen sentencias a favor, sean de la Justicia Argentina o de la Justicia de otros países, por alrededor de 30 mil millones de dólares (15 a 20 mil millones con los jubilados argentinos y entre 10 y 15 mil millones con otros acreedores, incluidos los tenedores de bonos en default).

Sin duda, si el gobierno de Macri emite bonos por 30 mil millones de dólares para saldar esas deudas, no estará aumentando el endeudamiento sino simplemente sincerando su monto y haciendo que sus tenedores lo sean por voluntad y no por imposición del gobierno violando leyes y contratos. Es lo mismo que ocurrió entre 1989 y 1996. Bien medida, la deuda que dejó el gobierno del Dr Alfonsín, ascendía a alrededor de 90 mil millones y al 31 de diciembre de 1996 era todavía de ese mismo monto. Sin  embargo en el interín se debieron emitir 26 mil millones de bocones previsionales, para proveedores y por regalías hidrocarburíferas que se adeudaban desde los ochentas y que tenían fallos judiciales definitivos o trámites avanzados ante la justicia.

Seguir demorando la emisión de deuda para atender estas obligaciones vencidas, significa agravar el problema día a día, por acumulación de intereses punitorios y honorarios de abogados. Se trata del mismo negocio absurdo que hizo Néstor Kirchner cuando para cancelar deuda poco onerosa con el FMI emitió deuda mucho más cara que colocó a través de la Venezuela de Chávez. Lejos de resolver un problema, lo agravó.

Pero otras advertencias provienen del campo opuesto al de los Kirchneristas. Son los economistas que se autodenominan ortodoxos y que sostienen que no hay que emitir deuda sino eliminar de cuajo el déficit fiscal. Temen que el financiamiento con deuda del déficit fiscal que no se elimine, cree problemas fiscales más graves en el futuro por aumento de la factura de intereses, como ocurrió entre 1996 y 2001. También temen que el endeudamiento traiga demasiados dólares al país que vendidos en el mercado libre de cambios provoque nuevamente una sobrevaluación del Peso con la consiguiente pérdida de competitividad.

Yo he sostenido que los gobiernos de Macri, el de todos los gobernadores y  de todos los intendentes, deben hacer los máximos esfuerzos posibles para bajar el gasto público eliminando el despilfarro, la ineficiencia y la corrupción. Pero por experiencia reconozco que se trata de una tarea titánica y muy compleja.

Aún con el máximo entusiasmo, bajar el gasto público a la proporción que tenía en los 90s va a requerir muchos años y no es seguro que sea posible. Por ejemplo, el gobierno no va a poder bajar la erogaciones previsionales, que ascenderán al 9% del PBI cuando se cumpla con las leyes vigentes. En los 90s representaban 6%  del PBI y se cumplía con las leyes, pero aún no operaba la demagogia de los Kirchners.

Además, las voces que se escuchan de los gobernadores no preanuncian una gran voluntad de ajustar los gastos, a pesar de que en las provincias y municipios es donde más ha aumentado el empleo público, muy por arriba del aumento de la población. Para inducir un manejo fiscal satisfactorio en las provincias y llevarlas también a eliminar impuestos distorsivos, el gobierno nacional debería limitar la autorización para acudir al endeudamiento externo a un plan claro de reducción de impuestos distorsivos (en especial ingresos brutos en las etapas intermedias de producción e impuesto de sellos) y a la verdadera necesidad de dólares para atender obligaciones en el exterior o importar bienes o servicios.

No debería permitirse a las provincias comprometer los recursos de coparticipación federal de impuestos como garantía de endeudamiento alguno. La experiencia del endeudamiento de las provincias con el sistema bancario argentino durante los años 1997 a 2001, debería ser suficiente señal de alerta para no volver a incurrir en el mismo error. La crisis financiera del 2001 no tuvo su origen en un desmanejo fiscal general, sino en el desmanejo fiscal y de la deuda por parte de las provincias. Lo mismo había ocurrido antes de 1995, cuando la deuda provincial con los por entonces todavía no privatizados bancos provinciales ofreció una vulnerabilidad financiera que nos costó la crisis de 1995.

Si por no poder bajar más el gasto público, para cerrar completamente el déficit se tuvieran que mantener, o peor aún, incrementar, los impuestos distorsivos, entonces la recuperación productiva de la Argentina no llegaría nunca.  En realidad es imprescindible que el gobierno elimine impuestos distorsivos, tal como ha comenzado a hacerlo con las retenciones, aún cuando por algunos años esa eliminación pueda significar mantener déficits fiscales.

Por estas razones, yo sostengo que el nuevo endeudamiento a plazos largos y tasas razonables de interés, que sirva para hacer viable la eliminación de impuestos distorsivos, no va a crear sino que va a ayudar a resolver problemas.

En cuanto a que el endeudamiento en dólares puede llevar a un exceso de entrada de dólares al mercado cambiario y a una sobrevaluación del Peso, se trata de un peligro muy fácil de aventar. Hay que limitar el endeudamiento externo, digamos bajo ley extranjera, a los montos que haya que pagar al exterior por vencimientos de capital e intereses en dólares u otras monedas extranjeras, más el gasto público que por consistir en importaciones de bienes o servicios debe ser abonado a proveedores del exterior. En cuanto al endeudamiento externo en el que pueda incurrir el sector privado, hay que dejar que sirva para el abastecimiento fluido de importaciones de insumos y de bienes de capital, o dejar que el sector privado pueda mantener los fondos en el país en cuentas en dólares hasta tanto deban utilizarlos para pagar gastos en el exterior.

La oferta neta de dólares en el mercado único de cambios tiene una componente comercial, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y una componente financiera, el saldo de la entrada y salida de capitales. Los capitales entran cuando hay confianza y salen cuando hay desconfianza. Crear desconfianza para que no entren dólares, que es lo que ha estado sucediendo en los siete últimos años al hacer un manejo absurdo de la deuda y del mercado cambiario, es el peor de los negocios para cualquier economía.

Un mercado libre de cambios con libre movimiento de capitales y con un sistema bimonetario, es la mejor forma de asegurar que el país mantendrá su economía con los equilibrios macroeconómicos que son imprescindibles para lograr estabilidad y crecimiento. En ese sentido el gobierno va por buen camino.

 

 (Reproducción prometida de una parte del libro ¨Camino a la Estabilidad¨ publicado enmarzo de 2014)

Hace ya un casi un año, en un artículo publicado el 3 de mayo de 2013 , sostuve que cuando los Argentinos hayamos elegido un nuevo Gobierno, seguramente el país estará en una situación peor que la de ese momento, con recesión, alta inflación y una brecha significativa entre el precio del Dólar en el mercado oficial y precio en el mercado paralelo.

Si el nuevo Presidente es inteligente y ganó diciéndole la verdad a la gente, podrá comenzar explicando las nuevas reglas de juego de la economía:

Integrar la economía argentina a la economía mundial, como lo han hecho la mayoría de nuestros vecinos y, por supuesto, todas las naciones que progresan en el mundo. Esto significa remover todas las restricciones al comercio exterior (incluidas las retenciones sobre las exportaciones, a medida que se aprecie el tipo de cambio) y remover todas las restricciones a las transferencias de dólares al exterior y al acceso de la gente al mercado cambiario.

Permitir la intermediación financiera y las transacciones comerciales en cualquier moneda convertible (básicamente pesos y dólares) pero con encajes legales más elevados para los depósitos en moneda extranjera y disponiendo que las entidades puedan prestar esos fondos a las personas y empresas que demuestren ser capaces de generar sus ingresos en esa moneda.

Encomendar al Banco Central conducir la política monetaria enderezada a metas decrecientes de inflación, bien definidas de antemano

Normalizar la relación financiera con el exterior, aceptando las resoluciones judiciales sobre la deuda externa o interna que adopte la justicia (comenzando con la deuda con los Jubilados) mediante la sanción de un régimen de consolidación de pasivos. Publicar nuevos índices de precios desde 2007 en adelante y ofrecer a los tenedores de bonos indexados por CER un canje a la par (del valor técnico de los bonos en circulación) por bonos idénticos, indexados hacia adelante por el nuevo índice de precios.

Reducir fuertemente el Gasto Público como porcentaje del PBI, programado sobre la base de eliminar todos los subsidios, salvo los que tienen fines sociales y están bien focalizados hacia las familias pobres y re-privatizar todas las empresas que en los últimos años demandaron aportes o subsidios del Tesoro.

Eliminar todos los impuestos distorsivos: retenciones a las exportaciones pari passu con el proceso de apreciación cambiaria que se describirá más abajo, impuestos al trabajo formal, impuesto a las transacciones financieras que no sean pagos a cuenta de IVA y Ganancias, impuestos a los ingresos brutos en etapas intermedias de producción o comercialización y el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación.

Financiar del déficit fiscal mediante acceso al crédito público, prohibiendo recurrir al financiamiento por emisión monetaria.

Liberar todos los precios y permitir que las empresas prestadoras de servicios públicos fijen tarifas que cubran los costos de operación y de inversión y que produzcan una ganancia razonable.

Dejar que los salarios se negocien libremente al vencimiento de las convenciones colectivas de trabajo vigentes.
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En la medida que la gente advierta que el Gobierno va a cumplir con sus anuncios, el precio del Dólar en el mercado único y libre de cambios se estabilizará primero a un nivel relativamente alto, pero luego el Peso comenzará a apreciarse como ocurrió en Brasil a partir de 2003. La inflación comenzará a bajar y Argentina recuperará el crédito. Cuando la economía vuelva a crecer en forma sostenida, la recaudación impositiva aumentará no por una presión fiscal insoportable sino por mayor nivel de actividad y podrá cerrarse el déficit fiscal, sobre todo si se logra reducir efectivamente el nivel del Gasto Público.

Como los lectores habrán apreciado en las secciones anteriores de este capítulo, en 2008, en mi libro “Estanflación” yo propuse que el Gobierno de Cristina aplicara esta estrategia. Muchos me preguntan por qué ahora sostengo que debemos esperar a que haya un nuevo Gobierno.

¿Por qué Cristina no hace esto mismo? La respuesta es simple: si Cristina sale hoy a anunciar por cadena nacional estas nuevas reglas de juego, nadie le creerá y el efecto va a ser un Rodrigazo. El mayor problema del gobierno de los Kirchner es que han rifado todo vestigio de credibilidad. Ha mentido tanto que de aquí en más, aun cuando dijera la verdad, nadie le creería.

Finalmente, debo destacar que un gobierno convencido de la necesidad de luchar contra la inflación, que logra credibilidad para sus anuncios, que además adopta y comienza a implementar una buena regla monetaria y elimina de cuajo la inflación reprimida corre el riesgo de fracasar si previamente no ha tomado precauciones para conseguir el crédito que necesitará para financiar el desajuste fiscal, que aun cuando no existiera antes, seguramente aparecerá poco después de los anuncios.

No es posible confiar en que cuando se pone en marcha un plan de estabilización bien diseñado se conseguirá mantener, de inmediato, el equilibrio presupuestario. La eliminación de la inflación reprimida significará resignar recaudación de muchos impuestos distorsivos.

Si bien ya no serán necesarios los subsidios económicos para cubrir el desfasaje entre los costos y las tarifas de los servicios públicos, no se podrá prescindir de subsidios sociales orientados a neutralizar el impacto negativo del tarifazo sobre las familias que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Deberán ajustarse las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos, y aumentará el gasto público en servicios, de los que el Estado también es usuario.
El mismo efecto recesivo inicial de la eliminación de la inflación reprimida reducirá la recaudación de impuestos no distorsivos, como el IVA y el Impuesto a las ganancias. Y, finalmente, pero no menos importante, para recuperar la competitividad de la economía será necesario reducir los impuestos sobre la nómina salarial o permitir que se tomen como pago a cuenta del IVA.

La única forma de que, con semejante panorama fiscal, el Banco Central pueda aferrarse a una regla monetaria estricta es que exista crédito público y se consiga financiamiento interno y externo voluntario, a tasas de interés razonables.
Si previamente al lanzamiento del plan de estabilización no se ha recuperado el crédito público, lo más probable es que el Banco Central termine teniendo que relajar la regla monetaria para proveer financiamiento del gobierno. Si ello ocurre, se producirá una espiral inflacionaria y el plan de estabilización se hará trizas. Todo se transformará en un nuevo Rodrigazo.

A esta altura el lector seguramente se preguntará qué se puede esperar si el gobierno, el actual o el que lo suceda, decide anunciar una regla monetaria y simultáneamente eliminar de cuajo la inflación reprimida, tal como parece ser la solución conforme a mis explicaciones en los dos apartados precedentes.

La respuesta es simple e independiente de las condiciones políticas y económicas en que se implementen esas decisiones: habrá un período de estanflación. Es decir, seguirán por un tiempo altos índices de inflación y de inmediato se comenzará a vivir un clima recesivo. Esto es inevitable.

Cuando los precios atrasados por las distorsiones introducidas por el gobierno en años y meses anteriores se eliminen de golpe, se producirá un salto en el nivel general de precios. Ante este aumento, con niveles de ingresos nominales que estarán frenados por la dureza de la regla monetaria, la demanda de casi todos los bienes decrecerá.

Obviamente, la disminución de la cantidad demandada de bienes y servicios cuyos precios se liberan será fuerte, porque sus precios saltarán como un resorte. Pero también disminuirá la demanda de todo el resto de bienes y servicios, en particular de aquellos con precios no controlados, que se habían beneficiado del nivel artificialmente alto de los ingresos disponibles de los consumidores.
Los precios de estos bienes y servicios, que habían subido excesivamente, tenderán a bajar por caída de demanda, pero no lo suficiente como para compensar el efecto sobre el nivel general de precios de los que aumentan por eliminación de la represión.

En un contexto de incertidumbre, habrá presiones alcistas sobre las tasas de interés, sobre la cotización de las monedas extranjeras, y mucho impacto negativo sobre las cuentas fiscales, porque se reducirá la recaudación impositiva y los gremios del sector público reclamarán ajustes de salarios.

Todos estos efectos colaterales aumentarán el resultado estanflacionario de las decisiones dirigidas a luchar contra la inflación. Sin duda, habrá costos políticos, económicos y sociales. Costos que son inevitables.

Pero la cuestión fundamental a la que me quiero referir es la siguiente: ¿Cómo se pueden reducir a un mínimo estos costos y conseguir, lo antes posible, la reinstalación de la estabilidad, el regreso del crecimiento económico y un clima de prosperidad?

La respuesta tiene que ver con la política. Los costos serán reducidos y el éxito se conseguirá más rápido si el gobierno es sincero, explica con claridad los fundamentos de las decisiones que adopta y logra convencer a la gente. La convicción respecto de la estrategia adoptada y la credibilidad que sea capaz de inspirar son cruciales.

Por eso es imposible que un gobierno, el actual o el que le suceda, pueda luchar eficazmente contra la inflación si se sigue mirando la economía argentina a través de las anteojeras ideológicas del Plan Fénix.

Si un gobierno sin convicción e incapaz de inspirar credibilidad anuncia las políticas correctas en materia de lucha contra la inflación, mi predicción es que no tendrá fortaleza política para sostenerlas todo el tiempo que es necesario para que comiencen a dar resultados aceptables para la población. En circunstancias de este tipo, el intento de luchar contra la inflación se transformará en un nuevo Rodrigazo.

Aun con convicción y credibilidad, el éxito de la lucha eficaz contra la inflación no está asegurado porque las circunstancias internacionales y la falta de crédito interno y externo pueden hacer que la estabilidad se torne inalcanzable en un horizonte temporal socialmente aceptable

Hoy hay inflación reprimida. Esto significa que los precios de muchos bienes y servicios están artificialmente fijados a un nivel en el que no se igualan la oferta y la demanda. En otros términos, con los precios fijados por intervención del Estado en los mercados, la demanda de esos bienes y servicios excede largamente a la oferta.

Cuando Cristina Kirchner quiso argumentar que la inflación no era alta porque el precio de la carne, la leche, el gas natural, el gasoil y la electricidad, entre muchos otros, son más bajos en nuestro país que en Uruguay, Brasil y Chile, en realidad estaba diciendo que en la Argentina hay mucha inflación reprimida. Sólo así se pueden explicar diferencias de precios en países vecinos y económicamente muy integrados.

La inflación reprimida, paradójicamente, termina provocando tasas más altas y erráticas de inflación abierta, porque alienta expectativas inflacionarias muy difíciles de revertir por el gobierno. Esta “inercia inflacionaria” —como se denomina a este fenómeno en la literatura especializada— se produce porque la gente sabe que necesariamente, en algún momento, el Estado deberá autorizar aumentos de los precios de los bienes y servicios controlados. Y cuando lo hace en forma parcial e insuficiente sólo consigue confirmar las sospechas de la población, con lo que ésta espera más ajustes en el futuro y acomoda sus expectativas inflacionarias hacia arriba.

Hay otra razón por la que la inflación reprimida retroalimenta la inflación. A medida que el Estado impide que los precios controlados suban, la gente tiene mayor ingreso disponible para gastar en los bienes y servicios cuyos precios no están controlados.

Utilizaré, para ejemplificar, el caso de la electricidad y los electrodomésticos. Si la gente gasta menos en electricidad, porque el gobierno obliga a las empresas eléctricas a proveerla por debajo del verdadero costo económico, tendrá más ingresos disponibles para comprar, por ejemplo, electrodomésticos que consumen electricidad. La demanda de electrodomésticos aumenta más que lo que habría aumentado si no se controlaban las tarifas eléctricas.

El precio de los electrodomésticos, que no está controlado, aumenta más de lo que debería hacerlo si la oferta de electrodomésticos no crece tan rápido como la demanda. También se incrementa la cantidad de electrodomésticos que consumen electricidad, porque la gente consigue comprar más. Cualquiera sea la combinación de estas dos consecuencias, el desequilibrio inicial entre la oferta y la demanda de electricidad aumenta. Y la brecha entre los precios controlados (electricidad, por ejemplo) y los no controlados (electrodomésticos, en este caso) se amplía.

El caso de la electricidad y los electrodomésticos es sólo uno de miles de ejemplos similares que se podrían mencionar. El resultado es que puede llegar a ocurrir que aun cuando se intente disminuirla en forma gradual, permitiendo el aumento insuficiente de los precios controlados, la inflación reprimida siga ¡aumentando!

Por consiguiente, en algún momento se debe eliminar rápido la inflación reprimida. Ése es el momento de los “tarifazos”, que eran tan comunes en las décadas del 70 y del 80. La decisión de dar el tarifazo puede ser del gobierno, o, si éste mantiene las distorsiones por largo tiempo, puede resultar de lo que muchos políticos argentinos han denominado “golpes de mercado”.

Los golpes de mercado no ocurren por impulso político de grupos económicos opositores, sino por la falta absoluta de realismo del gobierno que trata de perpetuar, sin éxito, el estado de inflación reprimida.