Domingo Cavallo

Después de leer los comentarios que me enviaron varios visitantes al blog y de escuchar el audio de la entrevista que el periodista Marcelo Longobardi le hizo al Ministro de Energía Juan José Aranguren, volví a pasar por la estación de servicio en la que antes de ayer había cargado nafta súper para asegurarme que había reportado el precio correcto. En mi post dije que había pagado algo menos de tres dólares el galón lo que equivale a 80 centavos de dólar el litro. Reconozco que me equivoqué. El precio de la súper en Washington es de 2.40 dólares el galón lo que equivale a 62 centavos de dólar! Convertido a pesos (con un tipo de cambio de 14.5 pesos por dólar), el precio que paga el consumidor por la nafta súper en los Estados Unidos es 9 pesos, frente a los 17 pesos que paga el consumidor argentino.

Como explicó muy bien el Ministro de Energía, en los Estados Unidos el impuesto a la nafta es del 12% mientras que en Argentina es del 46%. Pues bien, es posible calcular el precio recibido por la destilería: 8.1 en los Estados Unidos (9/1.12) y 11.6 en Argentina (17/1.46). Esto significa que a precios de destilería la nafta súper es 44% más cara en nuestro país.

¿Qué es lo que explica esta diferencia? Sin duda debe haber muchos factores, pero el principal es el precio que el gobierno aceptó que las destilerías paguen a los productores de petróleo por el crudo: 70 dólares. En el mercado internacional está en 45 dólares. Es decir, los petroleros reciben en Argentina un 56 % más.

A su vez, los productores de gas y electricidad y los prestadores de servicio de transporte cobran tarifas que son entre el 20 y el 50 % más bajas que en los Estados Unidos. ¿No sería más razonable y eficiente que en lugar de permitir un sobreprecio de los combustibles, se terminara de ajustar el precio de las tarifas atrasadas? Si al mismo tiempo que se aumentan todas esas tarifas se bajara el precio de los combustibles un 30 %, el costo de la vida quedaría inalterado. Pero habría un gran beneficio fiscal: desaparecería la necesidad de pagarles millonarios subsidios a los prestadores.

La desaparición de los subsidios permitiría, por ejemplo, comenzar a eliminar impuestos distorsivos que quitan competitividad a la economía. Además de bajar los costos de transporte por el menor precio de petróleo crudo, se podría ir más allá y, como lo hice yo cuando fui Ministro de Economía entre 1991 y 1996, se podría eliminar el impuesto al gasoil.

El Ministro Aranguren sostiene que esa decisión creó una distorsión, porque se alentó el consumo de gasoil en relación al consumo de nafta (y se vendían más autos gasoleros que nafteros). La distorsión estaría en que el mayor consumo obligaba a importar gasoil y la caída en las ventas de nafta a exportar nafta. Ese habrá sido un inconveniente para las empresas petroleras, pero se trata de una distorsión insignificante en comparación con la que producen costos muy altos de transporte que perjudican a toda la economía y, en especial al sector agropecuario, gran demandante de gasoil.

Me explayo sobre este tema porque aunque tengo un gran respeto por la profesionalidad de Aranguren como por la de los demás ministros del Gobierno de Macri, observo que en la toma de decisiones falta una visión global de los equilibrios, no sólo macroeconómicos sino también sectoriales de la economía.

Argumentar que es necesario pagarle a los petroleros un 56 % más por lo que producen para evitar despidos en ese sector y no perjudicar a las provincias que cobran regalías hidrocarburíferas, no parece muy equilibrado teniendo en cuenta que, hoy por hoy, son mucho más importante que los petroleros los miles de productores de bienes y servicios que no pueden mantener los planteles de personal porque el mercado deprimido o el gobierno (en el caso de las actividades reguladas) no les permiten cobrar precios que cubran sus costos.

Por otro lado, el Ministro Aranguren tiene razón cuando dice que en el futuro los precios de la energía deberían estar alineados a los internacionales. Pero ¿Quién le va a creer que ello ocurrirá cuando el precio del petróleo sea más favorable a los productores si es que no estuvieron alineados cuando favorecían a los consumidores? Apuesto a que si dentro de algunos meses el petróleo vuelve a 100 dólares en el mundo, el gobierno se verá obligado a seguir la práctica kirchnerista de congelarlo en 70 dólares, porque la presión de la opinión pública no le permitirá hacer otra cosa.

Que los precios internos estén alineados a los internacionales, en especial parar los insumos de uso difundido de la economía, es fundamental si se quiere luchar contra la inflación con un mercado de cambio flotante.

El presidente del Banco Central siempre pone el ejemplo de Colombia para explicar que en una economía con tipo de cambio flotante el aumento del precio del dólar no tiene porqué transformarse en mayor inflación. En aquel país, mientras la moneda se devaluó un 80 %, la inflación sólo subió del 4 al 7 % anual. Pero en Colombia los precios en dólares de los combustibles y de todos los insumos de uso difundido cayeron tanto como en el mundo. Por consiguiente la devaluación del peso colombiano sólo compensó esa cabida y los precios en pesos no cambiaron. Al no cambiar los precios de los insumos, todos los demás precios de la economía casi no se movieron con la devaluación.

Pero eso no va a ocurrir en Argentina si cuando los precios del petróleo y de las demás mercancías bajan en el mundo, aquí no se las deja bajar en dólares y la devaluación hace que aumenten en pesos tanto como aumenta el precio del dólar.

Las reglas se pueden cambiar cuando el cambio favorece a la mayoría de la gente y, si las nuevas reglas se explican bien, es posible que logren mantenerse en el tiempo. Pero es muy difícil cambiar las reglas cuando el efecto inicial es perjudicial para la mayoría de la gente. Se lo está viendo con la nueva política de tarifas, un cambio inevitable para avanzar hacia el equilibrio fiscal y para asegurar el uso racional de la energía y los transportes. Como el efecto inicial es perjudicial para la gente, está generando mucha oposición.

Es una lástima que no se aproveche el bajo precio del petróleo en el mundo para facilitar todos los cambios de precios relativos que la economía necesita y no sólo los que le encarecen el costo de la vida a la gente.

Hoy se anuncia que a partir de mañana la nafta y los demás combustibles líquidos aumentarán un 10 %. Esto es un despropósito. Los combustibles tienen precios en Argentina mucho más altos que los que se pagan, por ejemplo, en los Estados Unidos. Yo estoy en Washington y acabo de cargar nafta súper a menos de 3 dólares el galón, lo que significa menos de 80 centavos de dólar por litro. A 17 pesos por litro en Argentina el precio es de 1,2 dólares, es decir, un 50 % más caro.

Mientras la electricidad, el gas natural y el transporte urbano siguen estando a precios muy por debajo de los internacionales, es un contrasentido que el gobierno, por su intervención en el mercado del crudo, permita que los precios de los combustibles sean un 50% más caro que en el exterior. Esto, para una economía con geografía extendida como la nuestra, es mortal.

Una buena política de intervención en el mercado de combustibles, mientras no lo dejen operar como un mercado libre sin restricciones para el comercio exterior como el que existía en los 90s, sería obligar a las empresas a mantener congelados los precios hasta que el precio del petróleo crudo en Argentina quede al mismo nivel que en el mercado internacional. Hoy está a 70 dólares el barril en nuestro país y a levemente por arriba de 40 en el exterior.

La incidencia en el costo de la vida de los combustibles es equivalente a las del gas, la electricidad y el transporte urbano. De manera que un congelamiento de los precios de los combustibles podría permitir que terminen de ajustarse gradualmente los precios de la electricidad, el gas y el transporte hasta terminar de eliminar los subsidios a las empresas prestadoras sin que el impacto sobre el índice de inflación sea mayor al que hoy producen los aumentos en los combustibles.

El Banco Central tiene muy buenas intenciones en materia de inflación, pero no dispone aun de las herramientas adecuadas para lograr las metas que se propone. Paso a explicar las razones.

En primer lugar, porque una tasa de interés pagada por el Banco Central para conseguir fondos del mercado financiero a 30 días no influye sobre la tasa de inflación esperada por los agentes económicos como lo haría una tasa de interés determinada por el mercado de letras y bonos del Tesoro en la que pueden comprar y vender libremente todos los agentes económicos, no mayoritariamente los bancos.

El peligro de que el Banco Central absorba fondos de los bancos ofreciendo una tasa de interés elevada, es que el mercado puede tomarla como un indicador del ritmo de emisión futuro al que el Banco Central se verá obligado a emitir pesos si es que el mercado bancario se torna muy ilíquido y demanda una tasa insoportablemente alta para la economía o rechaza lisa y llanamente comprar LEBACs. En ese caso el Banco Central está obligado a emitir tantos pesos como LEBACs no pueda colocar.

Este peligro desaparece si el Banco Central, en lugar de absorber fondos con LEBACs, lo hiciera vendiendo, en el mercado secundario, letras o bonos del Tesoro que tenga en su activo. Por eso, para cuando el Banco Central comience a aplicar una política monetaria de metas de inflación (algo que Federico Sturzzenegger dijo que ocurrirá a partir de septiembre próximo), es importante que el Banco Central haya conseguido canjear un monto adicional de Letras intransferibles en dólares por una cantidad equivalente de letras y bonos a emitir por el Tesoro bajo ley argentina, en exactamente las mismas condiciones de plazo y moneda que los que hoy existen en el mercado. De esa forma el Banco Central podrá determinar la tasa de interés o al menos influir no sólo sobre la tasa de letras a 30 días, sino toda la estructura temporal de tasas de interés, tanto en pesos como en dólares.

La tasa de interés de las letras del tesoro a 30 días y toda la estructura resultante de la operatoria del mercado influido por las operaciones de compra y venta de letras y bonos por el Banco Central puede influir sobre la tasa esperada de inflación. Pero aún así, lo hará recién cuando la tasa mensual de inflación sea suficientemente baja. Por simplicidad me atrevo a decir, menor al 1 % mensual. Con una tasa de inflación inferior al 1 % mensual es posible que se expanda el mercado crediticio, tanto como consecuencia de demanda de las familias para bienes de consumo durable y viviendas como de las empresas para capital de trabajo e inversión. Si la tasa de inflación es más alta e incierta, el mercado crediticio se contrae mucho, tanto por decisión de los tomadores de crédito como de los bancos. Eso es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo hasta ahora.

Hay una segunda razón por la que el Banco Central no tiene aún las herramientas para perseguir efectivamente metas de inflación bajas. La segunda razón es que la tasa de interés a 30 días, peor si es la de LEBACs pero incluso si fuera la de letras del Tesoro en el mercado secundario, cuando la tasa de inflación es superior sal 1% mensual, sólo influye sobre la tasa de inflación a través del tipo de cambio. Es decir, para que baje la inflación tiene que bajar antes y mucho más intensamente, el tipo de cambio nominal. Es decir, el mecanismo de trasmisión de la política monetaria hacia la inflación no es el crédito bancario sino el precio del dólar.

Los razonamientos que hizo Federico Sturzzenegger en su conferencia de prensa sólo son válidos en una economía donde el crédito bancario, tanto para familias como para empresas, es una proporción significativa del PBI y donde variaciones en el tipo de cambio nominal tienen poca influencia sobre los precios. En la economía argentina actual, ocurre todo lo contrario. El crédito bancario es una proporción casi irrelevante del PBI y puede transformarse rápidamente en créditos morosos o incobrables, y los precios son muy sensibles al tipo de cambio. Por otro lado, el tipo de cambio es muy sensible a la tasa de interés de LEBACs, mucho más que lo es la tasa de inflación. Esta última sólo reacciona como respuesta a un movimiento previo mucho mayor del tipo de cambio.

Federico Sturzzenegger explicó que prefiere un sistema de flotación en lugar de un tipo de cambio fijo, argumentando que el segundo siempre conduce a sobrevaluación de la moneda y ésto es peligroso. Pero con la economía argentina funcionando como lo hace ahora, se puede dar la paradoja que al estar tratando de frenar la inflación con altas tasas de LEBACs, la sobrevaluación de la moneda no se produzca por fijación del tipo de cambio sino por el efecto de la tasa de LEBACs sobre el precio de dólar.

La sobrevaluación inducida por la política monetaria puede resultar más peligrosa que la inducida por el tipo de cambio fijo. La razón es que el efecto devaluación repentina puede darse mucho antes y con mayor intensidad si el Banco Central se ve obligado a relajar su política monetaria por resistencia de los bancos a seguir comprando LEBACs. Además es ampliamente conocido que la fijación del tipo de cambio influye sobre la tasa esperada de inflación en forma mucho más directa que el manejo de cualquier tasa de interés.

Mi sugerencia no es reemplazar como objetivo una política de metas de inflación con tipo de cambio flotante por un sistema de tipo de cambio fijo. Mi sugerencia es que hasta tanto se creen las condiciones para el funcionamiento normal de un sistema de metas de inflación con manejo de la tasa de interés en operaciones de mercado abierto, esto es, que se haya expandido bastante el mercado crediticio y ya el Banco Central haya podido reemplazar la absorción por LEBACs por colocaciones de letras y bonos del Tesoro de su cartera, el Banco Central tome al tipo de cambio como indicador de la política monetaria y lo estabilice alrededor de 16 pesos por dólar en lugar de mantenerlo sumergido en 14.50 en base a altas tasas de LEBACs. Cuando la estabilización del tipo de cambio y las demás medidas acompañantes necesarias para bajar la tasa de inflación a menos del 1% mensual hayan dado resultado, la transición hacia el esquema de política monetaria enderezado a metas de inflación con flotación limpia del tipo de cambio que anunció Sturzzenegger no sólo será posible sino deseable y, creo yo, muy efectivo.

Esta forma de conducir la política monetaria está explicada en detalle en mi libro ¨Camino a la Estabilidad¨.

Los lectores de mi blog van a encontrar que este artículo hace afirmaciones que han leido a menudo en mis posts. Pero lo importante es que no lo digo yo, sino Fernando Iglesias, un periodista que no tiene pelos en la lengua. Lo transcribo por si el link no funciona:

El 6 de enero de 2002, el compañero Duhalde logró que el Congreso sancionara la ley 25.561, cuyo artículo 16 duplicaba las indemnizaciones por despido. Hacía apenas cuatro días que había asumido la Presidencia de la Nación afirmando que “el déficit fiscal alcanza a 9.000 millones de pesos… la desocupación superó todos los registros históricos y el índice de pobreza llegó al 40% de la población… Quince millones de hermanos viven debajo de la línea de pobreza”.

Con proverbial magnanimidad, Duhalde agregó: “No es momento de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo, en su agonía, arrasó con todo”. A continuación, prometió un “programa de salvación nacional”.

El panorama dejado por la Alianza parecía difícil de empeorar, pero el compañero Duhalde lo logró. A pesar de la doble indemnización “para proteger el empleo”, la desocupación, que en octubre de 2001 era del 18.3%, subió a 21,5% para mayo de 2002. Y si bien el índice bajó en octubre a 17,8%, la mejora no puede explicarse por los efectos de la ley, diseñada para sostener el empleo existente en el corto plazo y que había fallado vistosamente en su cometido.

La recuperación del empleo duhaldista se debió a la puesta en marcha de la economía “gracias” a la brutal redistribución regresiva de la riqueza, que llevó la pobreza del 38,3% de octubre de 2001 al 57,5% de octubre de 2002; un aumento del 50% en un solo año, que es récord nacional, si no mundial.

El factor decisivo de la recuperación de la producción y el empleo duhaldistas no fue pues la Mesa de Diálogo Social que reunió a la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como creen las almas bellas.

El factor decisivo fue la más rancia de las recetas ortodoxas: un ajuste brutal para reactivar la economía; inmediatamente impulsada por el recorte de ingresos a los trabajadores y clases medias mediante el 40% de inflación con salarios congelados, el corralito provisorio convertido en definitivo corralón y la pesificación asimétrica, que le dio los dólares de los que habían depositado dólares a los bancos y a los pequeños ahorristas les devolvió en pesos una cuarta parte de su valor.

No parece de más recordarlo cuando buena parte del peronismo que apoyó e impulsó el más regresivo de los golpes económicos después del Rodrigazo de Isabelita vuelve a la carga hoy con sus recetas de “sensibilidad social”. Tampoco sobra hacer un paralelo entre aquella Argentina “quebrada y fundida” que heredó Duhalde y la que dejaron veinticuatro años de peronismo sobre los últimos veintiséis.

El déficit fiscal de 2001 mencionado por Duhalde ($ 9.000 millones de pesos/dólares) fue en 2015 de casi 20.000 millones de dólares -a cambio paralelo- o casi 30.000 millones, a cambio oficial. Por su parte, los quince millones de “hermanos que viven debajo de la línea de pobreza” eran todavía once millones y medio en diciembre de 2015, después de doce años de bonanza internacional y de gobierno de los simpáticos abogados a los que Duhalde les regaló el poder.

Lo digo con bronca, y se nota, porque nada de estos doce años de corrupción, autoritarismo e iniquidad que sufrimos hubiera sido posible sin una lectura determinada por el sesgo peronista que propiciaron quienes posan de socialmente sensibles hoy. Todavía hoy se habla del recorte del 13% de la Alianza (aplicado a sueldos en blanco mayores a los $ 15.000 de hoy) y se olvida el 40% que Duhalde y Remes Lenicov le aplicaron a todos vía inflación para que Kirchner y Lavagna se llevaran las palmas de la “milagrosa recuperación”.

Así como se recuerda el provisorio corralito y se olvida el definitivo corralón, en que se perdieron los ahorros de los peces chicos, se rememora “el estallido social de la Alianza”, a pesar de que el récord histórico de pobreza (57,5%) fue en octubre de 2002, y se rinde tributo a los “35 muertos de De la Rúa”, 28 de los cuales murieron en provincias controladas por el peronismo y sus policías provinciales.

Pero es bueno repetir hoy con Duhalde: “Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo”. Se trata de saber, en 2016, si saldremos con un estallido que aumente 50% la pobreza, como entonces, o con medidas graduales que eviten el impacto de esa cirugía sin anestesia que aplicó el Salvador de la Patria en 2002.

Increíblemente, los miembros del mismo partido que aplicó el mayor ajuste de la historia y después nos hizo perder la mejor oportunidad de la historia, dejando una sociedad en que 16 millones de argentinos en edad laboral no trabajan, proponen como remedio de todos los males las mismas recetas que aplicaron hasta hoy, comenzando por la fe en las virtudes mágicas de una ley para cubrir el hueco que en doce años no pudo llenar la generación de empleo digno a través de desarrollo productivo genuino.

¿Cómo asombrarse de que la economía K se haya detenido apenas terminados los efectos del ajuste duhaldista y no haya crecido en los últimos cuatro años? ¿Cómo no relacionar semejante concepción dirigista con el uso del Estado y los planes sociales para esconder la galopante desocupación? ¿Hasta cuándo creen los sensibles compañeros que es sostenible que cada empleo en el sector privado sostenga tres personas, entre empleados estatales y beneficiarios de planes? ¿De veras creen que es neoliberalismo cualquier propuesta que supere el stalinismo mal encubierto que proliferó hasta hoy?

Si así fuera, no estaría mal hacerles notar que las políticas del gobierno que casi todos ellos apoyaron o del que formaron parte alguna vez; ese gobierno de afiliados al Partido Justicialista que no habrá sido peronista pero cuyos bloques parlamentarios estaban integrados por mayoría del PJ, y no del FPV; causaron la pérdida de 395.000 puestos de trabajo en 2014, unos 33.000 por mes, sin que ninguno de los hoy escandalizados diera muestras de sensibilidad. Aun peor, fue para nada; un puro sufrimiento social que no solucionó uno solo de los problemas estructurales del Modelo K de Acumulación con Matriz Diversificada e Inclusión Social.

Pretender obtener resultados diferentes aplicando los mismos procedimientos es la receta perfecta para el fracaso. No lo dijo Einstein, ni es tan difícil de entender. Es muy bonito hacerse el trosko-peronista y proponer “que la crisis la paguen los ricos”. Más difícil es sostener que un país en el cual hace cinco años que no invierten ni sus habitantes pueda relanzar su economía aumentando la carga sobre empresas que soportan la duplicación de sus cargas fiscales y pagan impuestos como si estuvieran en Suecia para obtener servicios similares a los de Angola.

Es sencillo decir, como Moyano junior, “la doble indemnización no vale para el nuevo personal asumido”, pero eso no impide el clarísimo mensaje intervencionista que se enviaría en el mismo momento en que se necesita un shock de inversiones. Y es ridículo sostener que se pretenda beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, que son las primeras en sufrir el impacto de leyes como la que se propone, así como la industria del juicio laboral que han promovido quienes la proponen.

Prohibir despidos es tan eficaz como prohibir la desocupación. Ni a nadie en el planeta se le ocurren ya estas cosas ni se entiende por qué, de paso, no proponen prohibir también la pobreza, y sanseacabó. Por otra parte, lejos de beneficiar a los más débiles, una ley que sólo proteja el empleo de los trabajadores en blanco tendría el muy probable resultado de hacer recaer los despidos en el tercio de trabajadores en negro y de perjudicar a los desempleados, que verían retardarse su ingreso al ciclo laboral.

Para bien o para mal, la idea de la “defensa de los puestos de trabajo” comienza a hacerse reaccionaria y zombie en el mundo de hoy; un mundo en el que Europa posee una amplia legislación de protección del empleo pero padece un índice de paro que duplica el de los Estados Unidos, que no la tienen; un mundo que genera más puestos de trabajo por la aparición de Uber que los que se pierden en el sector taxista; un mundo en el que la idea de que la industria es la principal generadora de empleo no resiste el más mínimo análisis estadístico.

Un mundo en cambio tecnológico acelerado, en suma, en el cual la disminución del desempleo no puede basarse en la defensa de los puestos de trabajo existentes sino en la generación de nuevos puestos, adecuados a la nueva etapa tecnoeconómica. Al menos si se quiere una política de empleo sustentable y no una mera proclamación políticamente-correcta de la propia sensibilidad social.