Domingo Cavallo

La Unión Industrial Argentina piensa que la subvaluación permanente de la moneda va a resolver el problema de competitividad y va a asegurar un crecimiento sostenido de la economía. Si el Gobierno persevera en la política de tratar de compensar los factores reales que le quitan competitividad a la industria argentina con la devaluación permanente del peso, el resultado será el opuesto al deseado.

La industria será cada vez menos competitiva como consecuencia del costo creciente del capital y de la falta de inversión necesaria para la incorporación de tecnología. La única formula genuina de aumento de la competitividad es la que daba fundamento al Plan de Competitividad de 2001 y que, lamentablemente, se borró de un plumazo en diciembre del mismo año, cuando desde el propio sector industrial se impulsó el abandono de la convertibilidad.

Los determinantes de la competitividad de la economía

La competitividad de la producción industrial que resulta de subsidios permanentes a pagar por otros sectores de la economía no es sostenible en el mediano y largo plazo. La experiencia Argentina demuestra que los sectores que son obligados a subsidiar a otros terminan transformándose en proveedores cada ves más onerosos de los bienes y servicios que deben aportar al proceso productivo.Ya se está viendo con el gas natural y se verá muy pronto con la electricidad. La política de congelamiento arbitrario de sus precios y tarifas lleva a un proceso de desinversión que provoca escasez. Como el Gobierno trata que los consumidores residenciales sigan pagando los precios bajos, el resultado es un precio libre para el usuario industrial mucho más elevado, en términos de dólares, que el que pagaban antes del congelamiento. Lo mismo ocurrirá con el transporte y con la producción de hidrocarburos y materias primas agropecuarias.

En el caso de los hidrocarburos y la producción agropecuaria, aún no hay desinversión porque los precios internacionales de esos productos están altos y los productores aún gozan del mejoramiento patrimonial que les produjo la pesificación de las deudas. Pero estos dos fenómenos son transitorios, mientras que las retenciones a las exportaciones, que bajan sus precios de manera permanente, terminarán desalentando la inversión. De ahí a la escasez hay un corto trecho. Y escasez significa necesariamente aumento de precios, o, lo que es lo mismo, aumento de costos para las industrias que utilizan a los hidrocarburos y a las materias primas agropecuarias como insumos.

La competitividad industrial, como la competitividad de toda la economía, depende de la tecnología, del costo de la mano de obra y del costo del capital. Para un determinado nivel tecnológico, están predeterminados los insumos físicos, tanto de trabajo como de capital. Si aumenta el costo del trabajo o aumenta el costo del capital disminuye necesariamente la competitividad. Hay aumento de competitividad cuando una tecnología más avanzada permite reducir el requerimiento de insumos físicos por unidad de producto de tal forma de compensar en exceso el aumento de los costos unitarios de ambos insumos. Pero el avance tecnológico depende de la nueva inversión. En definitiva, manteniéndose todas las demás variables inalteradas, el aumento de la competitividad será consecuencia de la nueva inversión.

La devaluación de enero de 2002 produjo aumento de competitividad?

Sí, pero transitorio y reversible. De hecho, ya se está revirtiendo y, de persistir las políticas que apoya la UIA, los niveles de competitividad terminarán siendo inferiores a los de la década del 90.El aumento de competitividad del que gozó la industria durante los últimos tres años provino de la baja significativa del costo de la mano de obra y de enormes subsidios pagados por los sectores de la energía, los transportes, las comunicaciones, los ahorristas argentinos y los acreedores del exterior. Ninguno de estos factores se mantendrá en el tiempo y, de hecho, varios de ellos ya se han revertido.En los próximos meses el salario mínimo se ubicará en 630 pesos, es decir alrededor de 210 dólares. Se trata del mismo salario mínimo en dólares de la década del 90. Será muy raro que este aumento del salario mínimo no termine reflejándose en toda la pirámide salarial. Es sólo una cuestión de tiempo.Los precios en dólares del gas natural y de la energía eléctrica para uso industrial ya se ubican por arriba de los niveles que tenían en los 90 y, en la medida que se siga subsidiando al consumidor residencial, el precio libre para los usos no residenciales sólo tenderá a subir, nunca a bajar. Algo parecido ocurrirá con los transportes y las comunicaciones.Las materias primas provenientes de los recursos naturales dejarán de ser mas baratas que en el exterior tan pronto como el Gobierno se vea obligado a eliminar las retenciones a las exportaciones para frenar un proceso de desinversión en esos sectores, que se hará evidente cuando se normalicen los precios internacionales de las materias primas.

El subsidio financiado a partir de la expropiación de ahorros internos y externos es, necesariamente, un fenómeno acotado en el tiempo. Será muy difícil que haya ahorristas argentinos o extranjeros dispuestos a dejarse atrapar nuevamente en el corralón.Pero además de la reversión de estos factores transitorios de aumento de competitividad, quedarán importantes efectos negativos derivados de cambios de políticas que disminuyen la competitividad de manera permanente.Las causas permanentes de deterioro de la competitividad.

El aumento de los impuestos al trabajo, lo mismo que las interpretaciones judiciales recientes de las leyes laborales y previsionales, constituye un factor de deterioro de la competitividad que se proyecta como permanente.La desinversión en sectores de infraestructura económica y el consecuente aumento de los costos para un mismo nivel de calidad de prestación de los servicios es otro factor de deterioro de la competitividad que se va a mantener por mucho tiempo.

Las dificultades crecientes que encontrarán las empresas para financiar la nueva inversión como consecuencia del menor ahorro interno y externo dispuesto a transformarse en financiamiento de mediano y largo plazo impedirán la introducción de adelantos tecnológicos. En un mundo competitivo, el atraso tecnológico relativo es un factor de pérdida permanente de competitividad.

Porqué la devaluación monetaria permanente no podrá revertir este proceso?

Surge de las expresiones de las autoridades de la UIA que ellos esperan que la devaluación permanente de la moneda, a la que denominan "mantenimiento de un tipo de cambio realista", permita compensar estos factores de deterioro permanente de la competitividad. Pero ello requeriría una aceptación pasiva de los trabajadores y de los ahorristas internos y externos de la desvalorización de sus ingresos y de su riqueza. Es imposible que esto se dé hacia el futuro si las devaluaciones son previsibles porque forman parte de la nueva política. Sólo cuando la devaluación es grande e inesperada puede lograrse que, por un tiempo, los salarios reales y los ahorros se mantengan devaluados. Pero ese no será el caso de las devaluaciones permanentes para "mantener un tipo de cambio realista".

Los sindicatos incorporarán la expectativa de devaluación y de inflación en sus demandas salariales y los ahorristas sólo aceptarán tasas nominales de interés más altas. El resultado no será el aumento de la competitividad sino mayor inflación. Este fenómeno, como todo elemento que aumenta el grado de incertidumbre, tendrá necesariamente un efecto adicional negativo sobre la competitividad.

La solución

La solución a este gravísimo problema que afectará a la industria en un futuro no muy lejano no será otro que la vuelta a las ideas que dieron nacimiento al Plan de Competitividad de 2001. Habrá que remover impuestos y regulaciones distorsivas, en particular las que elevan el costo de la mano de obra y del capital sin mejorar ni la retribución de los trabajadores ni la de los ahorristas. Sólo entonces podrá recuperarse la competitividad de manera permanente.

Para demostrar que mantiene su decisión de convertirse en referente del debate político nacional, Domingo Cavallo eligió a la juventud de su Partido, Acción por la República. Ayer compartió un extenso desayuno con los jóvenes seguidores que, dos meses atrás, le propusieron sumarse a la campaña porteña con su propia candidatura. El diario La Nación cubrió el encuentro, publicando una nota en su edición de hoy, bajo el título "Desayuno con sabor a política".

Entre su contenido, se destacan los siguientes comentarios: No hubo caras tristes, reproches ni lamentos por lo que pudo ser. La docena de jóvenes seguidores de Domingo Cavallo que ayer lo aguardaba para desayunar en una confitería frente a la cancha de River Plate estaba más preocupada por la situación del país y por su futuro que por la campaña electoral. Hacía menos de 24 horas que se habían enterado de la decisión de Cavallo de renunciar a su candidatura a diputado nacional por la Capital de Acción por la República, el partido que fundó en 1997. La pelea interna con su antiguo delfín político, Guillermo Francos, había sido decisiva para abandonar la pelea electoral…Sus jóvenes seguidores también tenían en claro la difícil perspectiva, pero prefirieron destacar el gesto de Cavallo de renunciar por no poder llevar a la Legislatura porteña a los jóvenes en los quienes confía. "Yo quiero agradecer su gesto. Ahora que ya no estamos en campaña, tenemos que pensar en el partido y en las ideas que le podemos ofrecer al país", le dijo Rodrigo Goñi, mientras que los demás compañeros de ruta asentían con la cabeza. Los jóvenes, entre quienes se contaban buena parte de los candidatos a legislador no encontraron un Cavallo triste. Enfrentaron a un hombre contento por haber logrado el fin que perseguía desde 2002:

"Quería reinsertarme en la política. Los medios me trataron muy bien y la gente también, pero enfrenté obstáculos en mi propio partido". Además de escuchar a sus jóvenes, destacó la experiencia de Lucas Marisi, justicialista independiente, de 22 años, que intenta superar los escollos de la vieja política.Vea la nota completa publicada por La Nación en: http://www.lanacion.com.ar/741794

De acuerdo a la Ley de Solidaridad Previsional de 1995, los Jubilados deberían estar cobrando una jubilación media de 570 pesos mensuales y apenas están recibiendo 460. Para cumplir con aquella ley, el Gobierno debería otorgar un aumento promedio del 25 %.

Esto surge claramente del artículo de IDESA titulado "La Corte no puede resolver el problema de los jubilados", que sorprendentemente no tuvo repercusión periodística. Alli se muestra el cuadro que aparece al final de este comentario.

El régimen legal vigente es fruto de las leyes jubilatorios anteriores a la sanción de la ley de convertibilidad, con las modificaciones que introdujo la Ley de Solidaridad Previsional de 1995. Este régimen legal, con la interpretación que hizo la Justicia durante los años 90, permitió un aumento sostenido de la jubilación media desde alrededor de 350 pesos en 1991 a 530 pesos mensuales en 2001

.La Ley de Solidaridad Previsional estableció un régimen de movilidad compatible con el equilibrio fiscal, y por ende, totalmente financiable sin provocar inflación. Este requisito es muy importante, porque la principal causa de deterioro de las jubilaciones es la inflación. Basta recordar que el golpe inflacionario resultante de la fuerte devaluación monetaria de 2002 produjo un descenso de las jubilaciones, en términos de poder adquisitivo constante, desde los 530 pesos en 2001 a 390 pesos mensuales a fines de 2002.

La movilidad establecida por la Ley de Solidaridad Previsional obliga al Poder Legislativo a dar aumentos jubilatorios anuales en la misma proporción en que aumentan los ingresos del Sistema de Seguridad Social. Si el Poder Legislativo hubiera obrado en consecuencia, debería haber dispuesto el aumento del 25 % al sancionarse la Ley de Presupuesto para 2005. Pero no lo hizo, probablemente como forma de asegurar que el Sistema de Seguridad Social genere un superávit fiscal.

La sustracción de 3.300 millones de pesos anuales a los jubilados, aún cuando puede contribuir a la generación del superávit fiscal actual, tendrá graves consecuencias fiscales futuras. Seguramente, los Jubilados reclamarán ante la Justicia y ésta deberá reconocerles el derecho, no sólo al reajuste de sus jubilaciones, sino también a la diferencia entre lo que deberían haber cobrado durante los años anteriores y lo que efectivamente cobraron.

Esto ya ocurrió en 1992 como consecuencia de que a lo largo de la década del ochenta, en especial durante la hiperinflación de 1988 y 1989, los haberes jubilatorios pagados estuvieron muy por debajo de lo que establecían las leyes en vigencia. Fue por eso que el Poder Legislativo debió autorizar la emisión de Bocones por casi 18 mil millones de pesos (de entonces) y de esa forma cancelar la deuda pendiente con los jubilados.Además de este seguro efecto fiscal desestabilizante hacia el futuro, la injusticia que significa la falta de aplicación de la movilidad dispuesta por la Ley de Solidaridad Previsional, seguramente influye en el ánimo de los jueces cuando estos deben pronunciarse sobre reclamos anteriores a aquella Ley.

En lugar de mantener el criterio convalidante de las reformas a las leyes previsionales anteriores a los 90s, que permitieron el aumento de las jubilaciones en un contexto de estabilidad de precios y completa eliminación de la inflación, la Corte Suprema de Justicia está revisando sus fallos anteriores e imponiendo criterios de movilidad de las jubilaciones que harán imposible el mantenimiento de la estabilidad monetaria..Los perjudicados volverán a ser los jubilados, aunque ahora aparezca la Corte Suprema siendo muy generosa con ellos. La razón es muy simple: cuando además de los aumentos que legítimamente les corresponden a todos por la ley de Solidaridad Previsional, les concedan aumentos adicionales a los jubilados que reclamaron la revisión del criterio jurisprudencial anterior, el Sistema Previsional volverá a producir un fuerte déficit fiscal, que indefectiblemente terminará en alta inflación.

Si el Poder Legislativo vota el aumento a los jubilados que corresponde según la ley de Solidaridad Previsional, será más factible lograr que la Corte Suprema de Justicia mantenga criterios realistas, los únicos capaces de ayudar a los jubilados a cobrar una jubilación digna que no se evapore con la inflación.

La entrevista que me hizo Alberto Armendariz fue muy larga. Y es natural que La Nación no la haya publicado completa. Aprovecho esta oportunidad para trasmitir a ustedes algunos comentarios que hice al periodista y que no quedaron registradas en el reportaje publicado.

Por ejemplo, cuando Alberto Armendariz me preguntó cómo me siento después de haber sido demonizado en la Argentina, yo le contesté lo que figura en la nota bajo el título "A mi me han demonizado los medios de comunicación". Luego de aludir que ahora quieren demonizar a la gente que trabajó conmigo, agregué la siguiente descripción de la labor de mis colaboradores: "Se trata de personas que durante cinco a siete años trabajaron entre 10 y 15 horas por día, incluso muchos sábados y domingos y que dejaron jalones de sus vidas para servir al país. En los primeros años cobraban sueldos de no más de 2000 pesos, cuando antes, trabajando en el sector privado, habían logrado asegurar un nivel de vida digno a sus respectivas familias. Si no fuera por el reconocimiento de gastos protocolares, no podrían haber dejado sus anteriores ocupaciones para trabajar en la transformación de la Argentina. Por eso es infame que ahora se los indague como imputados por haber cumplido con su obligación de incluir ese reconocimiento de gastos en sus declaraciones ante la DGI".

Cuando expliqué que mi demonización y los escraches a que estuve sometido eran resultado de las campañas mediáticas, consideré importante dar un ejemplo ilustrativo. "A principios de 2002, el Diario Clarín publicó una nota describiendo un escrache frente a la casa de mi madre, en San Francisco. El escrache nunca se había producido, pero me enteré que camarógrafos de TN y Canal 13 habían estado ese día en San Francisco, incitando a los vecinos que se reunían en el centro de la ciudad para manifestar frente a los bancos, para que fueran a escrachar frente a mi casa paterna. Los vecinos de San Francisco rechazaron la sugerencia, pero como la nota periodística había sido escrita con anterioridad, se olvidaron de omitir su publicación. Era claro que el frustrado escrache frente a la casa de mi madre había sido organizado por periodistas de Clarín".

Luego de preguntarme si estoy en contacto con Menem y de recibir la respuesta con que concluye el reportaje publicado, Alberto Armendariz me pidió detalles sobre las cifras globales del sistema de reconocimiento de gastos protocolares en comparación con las magnitudes de los hechos de corrupción que según mi opinión no estaban siendo adecuadamente investigados. Mi respuesta fue la siguiente: "No he hecho cálculos prolijos, pero recuerdo cifras que acabo de releer en un artículo de Marcelo Zotlogwiasda de febrero de 1993. Allí él habla de 6.350.000 anuales como costo del sistema de reintegro de gastos protocolares, pero hace el cálculo con montos mensuales algo inferiores a los reales. Un cálculo mental rápido me permitió aumentar esa cifra a 10 millones por año. Así que se trataría de 40 millones para el período de cuatro años. Sin duda, mucho menos de los casi 1.000 millones que según he leído en los diarios, serían los gastos de la SIDE por arriba de lo normal, durante el decenio de Menem.

En todo caso deberían citar a dar explicaciones a los responsables de administrar esos fondos. El Ministerio de Economía nunca tuvo partidas de gastos secretos, porque según la ley 18302 sólo correspondían a los organismos encargados de la Seguridad. Y, en tren de comparar cifras, hasta los gastos secretos de la época de Menem empalidecen frente a la magnitud de las transferencias de riqueza desde los depositantes hacia las empresas endeudadas y desde los ingresos de los trabajadores y jubilados hacia los productores de bienes exportables que produjo la devaluación-pesificación en el 2002. Los diarios en aquella época estaban demasiado ocupados en hacer lobby por la ley que proteje a las empresas culturales como para advertir que en estas transferencias salvajes de riqueza e ingresos, de muchos miles de millones de pesos, se podían esconder escandalosos actos de corrupción."

Finalmente Alberto Armendariz me preguntó cuál era mi opinión sobre la evolución de la corrupción a lo largo de los últimos diez años. Más específicamente, si la corrupción había aumentado o disminuido. Mi respuesta fue la siguiente:"Yo no tengo elementos para hacer una medición propia. Pero acabo de leer un informe del Banco Mundial sobre la "calidad de gobierno" en un gran número de países y su evolución entre 1998 y 2004. Allí se mide, entre otras cosas, la magnitud de la corrupción. Para Argentina los índices muestran un gran desmejoramiento. Pero me dá la impresión, que la magnitud de las transferencias de riqueza y de ingresos que provocaron las medidas de Duhalde en 2002 constituyen el determinante fundamental de esta tendencia. Por eso, sorprende mucho que la posible corrupción de ese año, esté ausente en la discusión mediática de la Argentina".

Aunque entiendo que estas respuestas mías a interrogantes del periodista hubieran ocupado mucho espacio en una edición dominical de La Nación, he querido transcribirlas en esta página, para que mis lectores no queden con la sensación de que acepté un reportaje para hablar sólo de lo que desde el vamos me pareció un tema poco relevante.

En realidad, acepté el reportaje porque me angustia que, en lugar de investigar la verdadera corrupción, en la Argentina los jueces y fiscales dediquen su tiempo a indagar a los integrantes de mi equipo económico, por el sólo hecho de no haber omitido en sus declaraciones impositivas la percepción de un recupero de gastos protocolares, que no hacía más que reparar la injusticia que significaban sus muy bajos sueldos.

Ayer hice una advertencia a mis amigos, los lectores de esta página, con motivo del adelanto publicitario sobre la entrevista que el día anterior me había hecho Alberto Armendariz. Esta mañana, cuando leí el reportaje en La Nación [Ver nota 1] [ Ver nota 2], quedé satisfecho con la labor del periodista y su medio. Nobleza obliga. Reconozco que mis dudas del sábado se originaron en mi insatisfacción por el tratamiento periodístico anterior del tema de la lucha contra la corrupción y no en el comportamiento de Alberto Armendariz, que una vez más actuó con gran profesionalidad.