Domingo Cavallo

Recibí por e-mail el audio de este reportaje de Gonzalez Oro al empresario inmobiliario Luis Ramos. Me apresuro a subirlo a mi blog, porque es la mejor descripción de la situación actual que he escuchado desde el sentido común. Pienso que son muchos los argentinos que pensamos lo mismo, pero no tenemos la elocuencia, la franqueza y la valentía que demuestra el entrevistado. Escuchen el audio. No tiene desperdicio.

Quienes esperaban que el Pueblo Griego se dejara engañar con los cantos de sirenas de quienes le sugerían salir del Euro, como Argentina salió del Dólar en enero de 2002, se deben haber llevado una gran desilusión. Ojala a nuestra Presidente no se le ocurra mañana sugerir en la reunión del G-20 que los griegos se equivocan y que en lugar de avanzar hacia la disciplina fiscal y las reformas estructurales para aumentar la productividad que negoció con la Troika les convendría re-introducir el Dracma. Si llega a cometer ese error, estoy seguro que más de un Jefe de Estado le va a decir que ningún país de Europa quiere dentro de 10 años seguir sin crédito, sufrir inflación persistente y enfrentar incontables desequilibrios entre la oferta y la demanda de bienes a causa del intervencionismo irracional que los estados dispuestos a utilizar la inflación como supuesto remedio aplican sin escrúpulos y respaldan con mentiras.

Ahora, el gobierno que los Griegos sean capaces de conformar, deberá honrar sus compromisos con Europa para continuar recibiendo su apoyo y tener el tiempo suficiente para llevar a cabo la consolidación fiscal e introducir las reformas estructurales necesarias para incrementar la productividad de su economía. En mi opinión deberá convencer a Europa que necesita financiamiento adicional, durante un corto período de tiempo, para poder eliminar de cuajo los impuestos que encarecen el costo laboral y no llegan al bolsillo del trabajador formal. Si bien una medida de este tipo significará en el corto plazo una reducción en la recaudación de impuestos, esa reducción se compensará rápidamente por el aumento de la recaudación de impuestos sobre el valor agregado y los ingresos adicionales que se derivará del aumento del empleo en la economía formal. Y si fuera necesario compensarla en el corto plazo con un aumento de la tasa del impuesto al valor agregado o, mejor, con una eliminación de las muchas excepciones que hoy erosionan la base de ese impuesto, no deberían dejar de hacerlo, de manera de conseguir al mismo tiempo la necesaria reducción de los costos laborales unitarios y la disminución del déficit fiscal.

Esta medida, que con Joaquín Cottani hemos propuesto en mayo de 2010, no sólo para Grecia sino también para Portugal, España e Italia es la herramienta ideal para conciliar la austeridad con el crecimiento económico y el aumento del empleo. Lamentablemente Cristina Kirchner no va a presentar esta propuesta en la reunión del G-20, porque su Gobierno y los que le precedieron desde 2002 en adelante, hicieron todo lo contrario en Argentina: aumentaron no sólo los impuestos sobre la nómina salarial sino muchos otros impuestos que hoy son una carga casi insoportable para las empresas que tienen que competir con el exterior.

Esta es la reflexión que me vino a la mente luego de escuchar las presentaciones de Diego Bossio y Axel Kiciloff y el discurso de la Presidente.

Bossio y Kiciloff deberían haberle advertido a la Presidente que los recursos de la Anses (aportes jubilatorios y rentas de los activos acumulados hasta la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones) vienen siendo computados como recursos del Tesoro y por ende se utilizan para financiar el Gasto Público. Si ahora esos recursos van a ser destinados a financiar la construcción de 100 mil viviendas al año, habrá que computar a esa inversión como una componente más del gasto. Por consiguiente el programa de viviendas que están anunciando es, lisa y llanamente, un aumento equivalente del déficit fiscal. Y como no tienen ninguna fuente de financiamiento alternativa, ese aumento del déficit fiscal significará más emisión monetaria. Otra posibilidad es que conviertan la liquidez de aproximadamente 30 mil millones que la Anses tiene como activo en préstamos hipotecarios. Pero esa liquidez era una de las fuentes de financiamiento del déficit que iba a reducir el monto de la emisión monetaria del Banco Central. Por consiguiente, si este fuera el procedimiento a utilizar, igualmente el resultado será una emisión monetaria adicional del Banco Central equivalente al monto del financiamiento hipotecario.

También deberían haberle explicado que los Boden 2012 no se emitieron como consecuencia del corralito financiero de 2001 sino como consecuencia de la pesificación forzosa de los ahorros decidida por Duhalde en el 2002. Si lo hubieran hecho, al menos la Presidenta hubiera advertido que toda la prédica actual sobre «Pesificación» sólo preanuncia nuevos y graves problemas como los que emergieron de la «Pesificación» del 2002 (mal llamada «Corralón», porque tuvo un propósito opuesto al del «Corralito» del 2001).

Tampoco tranquiliza a los mercados decir que pagarán con dólares los BODEN 2012, que nadie predecía que pudieran llegar a ser pesificados. Por eso ayer no habían bajado de valor sino que habían aumentado cuando todos los otros bonos en dólares emitidos bajo ley Argentina habían sufrido fuertes quebrantos. Quedó claro desde el principio que la modificación del artículo 756 del Código Civil no estará vigente antes de setiembre y, por lo tanto, no podrá aplicarse a los BODEN 2012. Pero tal como ha quedado redactado, dicho artículo preanuncia que los bonos en dólares emitidos bajo ley argentina que venzan a partir de 2013 podrán ser pagados en pesos al tipo de cambio oficial.

Es natural que ente tantas amenzas pesificadoras, los titulares de depósitos en dólares se apresuren a retirarlos del sistema bancario. Están sugiriendo que pueden llegar a hacer lo que hizo Duhalde en Enero de 2012. Aprovechando que tienen que pagar en Agosto los BODEN 2012, si adviertieran que fueron consecuencia de la insensata pesificación del 2002, podrían llegar a entender que una nueva pesificación de depósitos en dólares no es una buena idea.

Bueno sería que Bossio y Kiciloff le mostraran los muchos estudios que comparan el acceso que tenían los asalariados al crédito para la vivienda en los 90’s y el que tuvieron durante los últimos 10 años. Si lo hicieran, ella llegaría seguramente a entender que el crédito hipotecario no depende de la voluntad política sino de la existencia de ahorros dispuestos a mantenerse en el sistema fianciero nacional. Esos ahorros, que existieron durante los 90’s gracias al clima de estabilidad conseguido por la convertibilidad, dejaron de existir en los últimos 10 años a causa de que la inflación volvió a infectar a la economía argentina.

Mientras no haya ahorro a mediano y largo plazo que se canalice voluntariamente hacia el sistema financiero nacional no podrá haber crédito hipotecario. Lo que le han hecho anunciar a la Presidente es una burda mentira.

El subtítulo de mi libro «Estanflación», editado por Sudamericana en 2008, es «como evitar un nuevo Rodrigazo y otros peligros de la economía kirchnerista». Hoy, cuando muchos economistas hablan de estanflación y del «Rodrigazo» como un nuevo fantasma en el horizonte, creo oportuno recordar la recomendación que hice entonces para que sea posible implementar un plan de estabilización que no vaya precedido de una explosión inflacionaria como la de 1975. A continuación transcribiré lo que escribí en 2008, porque tiene total actualidad.

«Lo primero que deberá proponerse el gobierno actual o un futuro gobierno que quiera sacar con éxito a la Argentina de la situación de angustia y desesperanza en la que se encuentra es una lucha frontal contra la inflación. Pero su objetivo deberá ser eliminarla de nuestra economía, al menos como fenómeno diferente del que se observa en el resto del mundo.

En lo que resta de este capítulo voy a explicar cómo se puede alcanzar este objetivo. Anticipo, desde ya, que no es tarea sencilla. No es cuestión, simplemente, de aplicar la receta de economistas que entienden del tema. Es una formidable empresa política.

Anunciar una regla monetaria

Para luchar eficazmente contra la inflación, el gobierno debe establecer una “regla monetaria”. Esto significa ratificar que el Banco Central de la República tiene un compromiso prioritario e ineludible con la estabilidad del nivel general de precios de la economía, tal como lo establece su carta orgánica.

Hay tres reglas monetarias factibles de ser utilizadas: 1) fijar el tipo de cambio en relación con una o más monedas extranjeras; 2) fijar un ritmo de crecimiento preestablecido para la cantidad de dinero en circulación, medida a través de algún concepto claro de “dinero”; o, 3) manejar la tasa de interés a la que presta o toma prestado el Banco Central, o algún otro indicador intermedio del grado de “dureza” de la política monetaria.

Las tres requieren que el peso, nuestra moneda, sea “convertible”, en el sentido de que deben removerse las restricciones a la entrada y la salida de capitales y la libre compra y venta de monedas extranjeras.

Si el peso no es convertible, cualquiera de las tres reglas monetarias, aplicadas en un contexto en el que inicialmente la expectativa de inflación será mucho más elevada que la que se fije como meta, puede llevar a que aparezca un mercado paralelo de monedas extranjeras, que provocará más confusión y exacerbará las expectativas.

En una situación como la que hoy está viviendo la Argentina, la típica recomendación “monetarista” de controlar la cantidad de dinero a un ritmo predeterminado, como lo señala la segunda de las reglas monetarias posibles, no resultaría efectiva, porque ante expectativas descontroladas de inflación como las que se derivan de la existencia de inflación reprimida, ausencia de reglas y las mentiras del INDEC, la velocidad de circulación del dinero puede resultar muy volátil, incluso aumentar hasta límites insospechados y frustrar el efecto inflacionario del control de la cantidad de dinero en circulación.

Por consiguiente, habrá que elegir entre la primera y la tercera reglas monetarias: tipo de cambio fijo o “metas de inflación”, como se denomina en la literatura técnica a la regla 3.

La regla 3, en un sentido estricto, requiere que esté muy bien organizado el mercado de compra y venta de letras del Tesoro y la participación del Banco Central, algo que aún no existe, porque desde 2002 este banco emite su propia deuda pero no interviene en el mercado de títulos emitidos por el Tesoro.

Será necesario integrar estos dos mercados e ir reemplazando la deuda del Banco Central por deuda del Tesoro. Mientras esto ocurre y no se disponga de una tasa de interés de corto plazo susceptible de ser utilizada como indicador intermedio de la política monetaria, será necesario utilizar al tipo de cambio nominal, es decir, al precio del dólar y las demás monedas extranjeras, como indicador de la política monetaria.

En la práctica, un manejo semejante significará combinar las reglas 1 y 3, para converger, cuando funcione bien el mercado de letras del Tesoro, en una aplicación estricta y exclusiva de la regla denominada “metas de inflación”.

Hasta aquí, la lucha contra la inflación parece una operación de política monetaria. Pero, lamentablemente, no es tan sencillo. Para tener éxito, es decir, para que se logre el objetivo de reinstalar un clima duradero de estabilidad de precios que permita a todos los argentinos prosperar, sin las incertidumbres y las angustias del presente, el gobierno de los Kirchner, o cualquier otro que lo suceda, tendrá que enmarcar esta política monetaria del Banco Central en una reforma mucho más completa de las reglas de juego de nuestra economía. A esto me voy a referir en los próximos apartados.

Eliminar rápidamente la inflación reprimida

Hoy hay inflación reprimida. Esto significa que los precios de muchos bienes y servicios están artificialmente fijados a un nivel en el que no se igualan la oferta y la demanda. En otros términos, con los precios fijados por intervención del Estado en los mercados, la demanda de esos bienes y servicios excede largamente a la oferta.

Cuando Cristina Kirchner quiso argumentar que la inflación no era alta porque el precio de la carne, la leche, el gas natural, el gasoil y la electricidad, entre muchos otros, son más bajos en nuestro país que en Uruguay, Brasil y Chile, en realidad estaba diciendo que en la Argentina hay mucha inflación reprimida. Sólo así se pueden explicar diferencias de precios en países vecinos y económicamente muy integrados.

La inflación reprimida, paradójicamente, termina provocando tasas más altas y erráticas de inflación abierta, porque alienta expectativas inflacionarias muy difíciles de revertir por el gobierno. Esta “inercia inflacionaria” —como se denomina a este fenómeno en la literatura especializada— se produce porque la gente sabe que necesariamente, en algún momento, el Estado deberá autorizar aumentos de los precios de los bienes y servicios controlados. Y cuando lo hace en forma parcial e insuficiente sólo consigue confirmar las sospechas de la población, con lo que ésta espera más ajustes en el futuro y acomoda sus expectativas inflacionarias hacia arriba.

Hay otra razón por la que la inflación reprimida retroalimenta la inflación. A medida que el Estado impide que los precios controlados suban, la gente tiene mayor ingreso disponible para gastar en los bienes y servicios cuyos precios no están controlados.

Utilizaré, para ejemplificar, el caso de la electricidad y los electrodomésticos. Si la gente gasta menos en electricidad, porque el gobierno obliga a las empresas eléctricas a proveerla por debajo del verdadero costo económico, tendrá más ingresos disponibles para comprar, por ejemplo, electrodomésticos que consumen electricidad. La demanda de electrodomésticos aumenta más que lo que habría aumentado si no se controlaban las tarifas eléctricas.

El precio de los electrodomésticos, que no está controlado, aumenta más de lo que debería hacerlo si la oferta de electrodomésticos no crece tan rápido como la demanda. También se incrementa la cantidad de electrodomésticos que consumen electricidad, porque la gente consigue comprar más. Cualquiera sea la combinación de estas dos consecuencias, el desequilibrio inicial entre la oferta y la demanda de electricidad aumenta. Y la brecha entre los precios controlados (electricidad, por ejemplo) y los no controlados (electrodomésticos, en este caso) se amplía.

El caso de la electricidad y los electrodomésticos es sólo uno de miles de ejemplos similares que se podrían mencionar. El resultado es que puede llegar a ocurrir que aun cuando se intente disminuirla en forma gradual, permitiendo el aumento insuficiente de los precios controlados, la inflación reprimida siga ¡aumentando!

Por consiguiente, en algún momento se debe eliminar rápido la inflación reprimida. Ése es el momento de los “tarifazos”, que eran tan comunes en las décadas del 70 y del 80. La decisión de dar el tarifazo puede ser del gobierno, o, si éste mantiene las distorsiones por largo tiempo, puede resultar de lo que muchos políticos argentinos han denominado “golpes de mercado”.

Los golpes de mercado no ocurren por impulso político de grupos económicos opositores, sino por la falta absoluta de realismo del gobierno que trata de perpetuar, sin éxito, el estado de inflación reprimida.

Se necesita credibilidad y convicción

A esta altura el lector seguramente se preguntará qué se puede esperar si el gobierno, el actual o el que lo suceda, decide anunciar una regla monetaria y simultáneamente eliminar de cuajo la inflación reprimida, tal como parece ser la solución conforme a mis explicaciones en los dos apartados precedentes.

La respuesta es simple e independiente de las condiciones políticas y económicas en que se implementen esas decisiones: habrá un período de estanflación. Es decir, seguirán por un tiempo altos índices de inflación y de inmediato se comenzará a vivir un clima recesivo. Esto es inevitable.

Cuando los precios atrasados por las distorsiones introducidas por el gobierno en años y meses anteriores se eliminen de golpe, se producirá un salto en el nivel general de precios. Ante este aumento, con niveles de ingresos nominales que estarán frenados por la dureza de la regla monetaria, la demanda de casi todos los bienes decrecerá.

Obviamente, la disminución de la cantidad demandada de bienes y servicios cuyos precios se liberan será fuerte, porque sus precios saltarán como un resorte. Pero también disminuirá la demanda de todo el resto de bienes y servicios, en particular de aquellos con precios no controlados, que se habían beneficiado del nivel artificialmente alto de los ingresos disponibles de los consumidores.

Los precios de estos bienes y servicios, que habían subido excesivamente, tenderán a bajar por caída de demanda, pero no lo suficiente como para compensar el efecto sobre el nivel general de precios de los que aumentan por eliminación de la represión.

En un contexto de incertidumbre, habrá presiones alcistas sobre las tasas de interés, sobre la cotización de las monedas extranjeras, y mucho impacto negativo sobre las cuentas fiscales, porque se reducirá la recaudación impositiva y los gremios del sector público reclamarán ajustes de salarios.

Todos estos efectos colaterales aumentarán el resultado estanflacionario de las decisiones dirigidas a luchar contra la inflación. Sin duda, habrá costos políticos, económicos y sociales. Costos que son inevitables.

Pero la cuestión fundamental a la que me quiero referir es la siguiente: ¿Cómo se pueden reducir a un mínimo estos costos y conseguir, lo antes posible, la reinstalación de la estabilidad, el regreso del crecimiento económico y un clima de prosperidad?

La respuesta tiene que ver con la política. Los costos serán reducidos y el éxito se conseguirá más rápido si el gobierno es sincero, explica con claridad los fundamentos de las decisiones que adopta y logra convencer a la gente. La convicción respecto de la estrategia adoptada y la credibilidad que sea capaz de inspirar son cruciales.

Por eso es imposible que un gobierno, el actual o el que le suceda, pueda luchar eficazmente contra la inflación si se sigue mirando la economía argentina a través de las anteojeras ideológicas del Plan Fénix.

Si un gobierno sin convicción e incapaz de inspirar credibilidad anuncia las políticas correctas en materia de lucha contra la inflación, mi predicción es que no tendrá fortaleza política para sostenerlas todo el tiempo que es necesario para que comiencen a dar resultados aceptables para la población. En circunstancias de este tipo, el intento de luchar contra la inflación se transformará en un nuevo Rodrigazo.

Aun con convicción y credibilidad, el éxito de la lucha eficaz contra la inflación no está asegurado porque las circunstancias internacionales y la falta de crédito interno y externo pueden hacer que la estabilidad se torne inalcanzable en un horizonte temporal socialmente aceptable.

Además, se necesitará crédito

Finalmente, debo destacar que un gobierno convencido de la necesidad de luchar contra la inflación, que logra credibilidad para sus anuncios, que además adopta y comienza a implementar una buena regla monetaria y elimina de cuajo la inflación reprimida corre el riesgo de fracasar si previamente no ha tomado precauciones para conseguir el crédito que necesitará para financiar el desajuste fiscal, que aun cuando no existiera antes, seguramente aparecerá poco después de los anuncios.

No es posible confiar en que cuando se pone en marcha un plan de estabilización bien diseñado se conseguirá mantener, de inmediato, el equilibrio presupuestario. La eliminación de la inflación reprimida significará resignar recaudación de muchos impuestos distorsivos.

Si bien ya no serán necesarios los subsidios económicos para cubrir el desfasaje entre los costos y las tarifas de los servicios públicos, no se podrá prescindir de subsidios sociales orientados a neutralizar el impacto negativo del tarifazo sobre las familias que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Deberán ajustarse las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos, y aumentará el gasto público en servicios, de los que el Estado también es usuario.

El mismo efecto recesivo inicial de la eliminación de la inflación reprimida reducirá la recaudación de impuestos no distorsivos, como el IVA y el Impuesto a las ganancias. Y, finalmente, pero no menos importante, para recuperar la competitividad de la economía será necesario permitir que los impuestos sobre la nómina salarial se tomen como pago a cuenta del IVA.

La única forma de que, con semejante panorama fiscal, el Banco Central pueda aferrarse a una regla monetaria estricta es que exista crédito público y se consiga financiamiento interno y externo voluntario, a tasas de interés razonables.

Si previamente al lanzamiento del plan de estabilización no se ha recuperado el crédito público, lo más probable es que el Banco Central termine teniendo que relajar la regla monetaria para proveer financiamiento del gobierno. Si ello ocurre, se producirá una espiral inflacionaria y el plan de estabilización se hará trizas. Todo se transformará en un nuevo Rodrigazo.»

Las medidas de fondo de las que se  habla en casi todos los países de Europa destinadas a lograr la consolidación fiscal, así como las modificaciones en la legislación laboral y en el régimen regulatorio en general para introducir más flexibilidad tanto en los mercados de bienes y servicios como en el mercado laboral, no son sencillas.

Cabe esperar que  España  las adopte si se crea un clima de diálogo constructivo en las Cortes y con las fuerzas sociales, como se lo logró en la época de los Pactos de La Moncloa. Pero no debe esperarse que la implementación gradual de estas reformas cambien drásticamente las expectativas negativas que hoy alientan la fuga de capitales. Es por ello que será necesario adoptar medidas urgentes para remover del horizonte el fantasma del colapso financiero y de la salida de España del Euro.

En lo inmediato, los esfuerzos de las autoridades españolas deberían concentrarse en aventar el riesgo de que haya una corrida en contra de los depósitos bancarios y de que se profundice la fuga de capitales.  Es imprescindible que no se caiga en la tentación de querer eliminar esos riesgos otorgando garantía total a los pasivos de las entidades financieras con problemas de solvencia. Si se llegara a cometer este error, se podría llegar a poner en duda la solvencia del propio Estado Español y de allí a la necesidad de una restructuración de la deuda pública, como la que ha debido negociar Grecia, habría un corto tramo.

Las cajas de ahorro que tienen patrimonio claramente negativo tendrían que ser liquidadas o restructuradas en forma ordenada. Una forma de hacerlo es sometiéndolas a un proceso de restructuración de todos sus pasivos que no sean depósitos garantizados del público y ofreciéndoles al resto de los acreedores no amparados por el sistema de garantía de los depósitos que capitalicen sus acreencias y se constituyan en accionistas de la entidad restructurada. Mientras se lleva adelante esta restructuración, las entidades seguirán funcionando con toda su infraestructura y personal para seguir administrando las cuentas de depósitos garantizados y continuar con la cobranza de sus créditos, pero no podrán asumir nuevos riesgos. A partir de que los acreedores hayan aceptado capitalizar sus acreencias y hayan elegido una nueva conducción, el Banco Central podrá autorizar el funcionamiento normal de la nueva entidad, si es que queda debidamente capitalizada. Caso contrario deberá disponer su liquidación.

Además de resolver la situación de las entidades financieras que ya se han tornado insolventes para detener la fuga de capitales será necesario demostrar que en un período corto de tiempo se producirá la suficiente “devaluación interna” como para que ya nadie especule con una salida de España del Euro como forma de recuperar la competitividad externa de la economía.

Todas las medidas que ya se adoptaron para producir una reducción de los costos laborales unitarios del orden del 20% tendrán un efecto muy lento en el tiempo y no son suficientes para remover del horizonte el fantasma de la salida de España del Euro. Es por esta razón que el Gobierno debería prestar mucha atención a la propuesta de eliminación de las contribuciones patronales a la Seguridad Social que hicimos con Joaquín Cottani en Mayo de 2010.

Para que esta medida, que permitiría reducir de una sola vez el 20 % de los costos laborales unitarios en la economía formal, no acentúe el desequilibrio fiscal estructural, podría ser acompañada por el aumento hasta el 25 % de la tasa del IVA, algo que está permitido dentro de las normas impositivas europeas. Si bien al Gobierno del Partido Popular le resulta políticamente complicado decidir este aumento del IVA, porque se opuso al aumento del 2 % que en su momento sancionó el Gobierno Socialista, el sentido del nuevo aumento no sería para aumentar la presión fiscal sobre la economía sino para redistribuirla de tal forma que se produzca la imprescindible disminución de los costos laborales unitarios. Como beneficio quedaría el aumento del Empleo y de los Ingresos que se lograría con la recuperación de la competitividad externa de la economía.

Recuperar el Crecimiento de la economía y reducir el desempleo a niveles normales no va a ser una tarea fácil. Pero la alternativa de pretender resolver la crisis reintroduciendo la peseta y haciendo posible una devaluación monetaria no sólo producirá hacia el mediano plazo los malos resultados que hoy demuestra la experiencia Argentina luego de 10 años de haber abandonado la Convertibilidad, sino que en lo inmediato sometería a los españoles a sufrimientos mucho mayores que los que son requeridos por las reformas estructurales capaces de restaurar el crecimiento sin abandonar la estabilidad.

Quienes proponen a España la “solución a la Argentina” no sólo se equivocan cuando atribuyen el crecimiento de la economía Argentina entre 2003 y 2011 a salida de la Convertibilidad, omitiendo computar el efecto del fuerte mejoramiento de los términos del intercambio externo sobre una economía altamente productiva gracias a las inversiones de la década anterior, sino que esconden la caída del PBI y el aumento del desempleo, que resultaron de la fuerte devaluación subsecuente a la pesificación de la economía.  No dicen que durante 2002 el PBI declinó en Argentina un 5 % adicional a lo que ya había caído entre 1998 y 2001 y que la desocupación salto del 18 al 24 % de la población económicamente activa. El año 2002 fue para Argentina un verdadero infierno que España debe evitar a toda costa.