Domingo Cavallo

Cuando escucho las declaraciones de buenos economistas profesionales que han decidido actuar en política, sobre cuya capacidad y conocimientos no me caben dudas, muy a menudo descubro hipocresía y oportunismo, algo que me parece totalmente lamentable.

Me preocupan incluso más que las declaraciones disparatadas de Lorenzino, Kicillof y Moreno. Lorenzino no tiene la profesionalidad que se requiere para ser Ministro de Economía y además la Presidenta espera que defienda lo indefendible, como sostener que la inflación está bien medida por el INDEC. Kicillof es marxista y como tal, descree totalmente de la economía de mercado. Sus opiniones se enderezan a apuntalar un avance hacia una economía centralmente planificada y totalmente dirigida por el Estado, por lo que hay que entenderlas dentro de esa ideología. Moreno cumple una función de matón y asusta empresarios, táctica imprescindible para que puedan prolongarse un poco más en el tiempo los innumerables desequilibrios que han creado las políticas del Gobierno desde 2002 en adelante. Pero ninguno de ellos es un economista profesional calificado para ser Ministro de Economía en un buen gobierno.

Me preocupan más las tácticas que utilizan para progresar en política los buenos economistas profesionales que aspiran a ser altos funcionarios del Gobierno que suceda al de Cristina. Y no me gusta hablar en abstracto, por lo que voy a hacer nombres. En este post me voy a referir a las opiniones de Alfonso Prat Gay en los documentales de la periodista griega Eleni Varvitsiotis. En un próximo post, me voy a explayar sobre la actuación del FMI. No porque el FMI se postule para dirigir la economía en el futuro, sino porque seguramente, para recuperar el crédito público, los futuros gobiernos recurrirán nuevamente a la institución financiera internacional. Y, finalmente, en un tercer post de esta serie, me voy a referir a las opiniones de Roberto Lavagna.

Cuando la periodista griega le pregunta a Alfonso Prat Gay sobre cómo se manejó la economía desde 1999 en adelante, el economista que probablemente va a ser Ministro o Presidente del Banco Central en un futuro Gobierno del FAP, dijo, suelto de cuerpo, que el Plan de Convertibilidad fue la principal causa de la crisis y que, desde 2000 en adelante, no se avanzaba a resolver los problemas sino solamente a ganar tiempo para un desenlace que era inevitable.

Acá va la traducción de la afirmación que hace la periodista, seguida de las palabras de Alfonso Pratt Gay:

Periodista: “El economista Alfonso Prat Gay, ahora congresista de la República Argentina y ex gobernador del Banco Central entre 2002 y 2004, tiene una postura crítica hacia el sistema de convertibilidad de Cavallo y lo considera en gran parte responsable de los acontecimientos posteriores en Argentina.”

Alfonso Prat Gay: “Todo el programa económico de los años 90 se basaba en la idea de que un peso tendría el mismo valor que un dólar para siempre. Y cuando empezó a no ser viable, a continuación, todas las decisiones políticas persiguieron simplemente ganar tiempo para no decirle a la gente que esta estrategia era básicamente errónea y falsa”.

Esta respuesta me sorprendió, porque no se corresponde con la opinión que Alfonso Prat Gay me trasmitió en abril de 2001, cuando estando yo en Londres se ofreció para ser Vicepresidente del Banco Central y decía compartir mi misma visión sobre la problemática que enfrentábamos en Argentina. No sólo lo propuse para ocupar ese cargo, sino que me acompañó a una reunión con el Presidente del Banco de Inglaterra, Sir Mervin King, en la que discutimos precisamente la estrategia que yo tenía en mente para superar la crisis, estrategia que, por supuesto, no incluía el abandono de la convertibilidad.

Alfonso Prat Gay no fue designado Vicepresidente del Banco Central en esa oportunidad porque mi propuesta, avalada por el Presidente De La Rúa, fue rechazada por el Senado de la Nación con el argumento de que él venía de trabajar en JPMorgan. Del Senado no hay que esperar mucha coherencia. Fue esa misma institución la que pocos meses después dio aprobación a la propuesta de que Alfonso fuera Presidente del Banco Central. Pero de un economista profesional, sí cabe esperar coherencia. Y eso es precisamente lo que me preocupa de la contestación que Alfonso le dio a la periodista griega.

Me preocupa, no sólo porque ahora critique enfoques que en el 2001 decía compartir, sino porque le trasmitió a los griegos una opinión que contribuye a abonar la teoría de la inevitabilidad de que Grecia “dracmise” su economía, convirtiendo  en forma compulsiva a los depósitos en euros del pueblo griego en dracmas destinados a sufrir una fuerte desvalorización y a re-introducir la inflación en Grecia acompañada de un agravamiento de la crisis, de por sí muy profunda, que está sufriendo esa Nación.

Su cambio de opinión también es peligrosa para la Argentina del futuro, porque sugiere que el déficit fiscal no se puede eliminar reduciendo gastos, incluidos intereses sobre la deuda, como lo disponía la Ley del Déficit Cero, sino que es inevitable recurrir a una explosión devaluatoria e inflacionaria como la que se provocó en 2002. Aplicado a la situación que hoy vive la Argentina, donde el Gasto público supera al de 2001 en más de un 10% del PBI, la postura de Alfonso Prat Gay significa que para volver a porcentajes financiables sin inflación, será necesario antes provocar una hiperinflación, Rodrigazo de por medio. Que el Rodrigazo y la hiperinflación puedan ocurrir como consecuencia de la ineptitud y la falta de escrúpulos del Gobierno de Cristina Kirchner, es una posibilidad que no podemos descartar, pero que pueda llegar a ser la fórmula de ajuste de un próximo gobierno del FAP, es una tragedia.

Alfonso Prat Gay dijo que las políticas que se aplicaron en 2000 y 2001, sólo pretendían ganar tiempo pero no resolvían los problemas. Se refirió a los esfuerzos por bajar el déficit fiscal y evitar un default desordenado de la deuda, manteniendo el régimen monetario. Preguntado sobre la Ley del Déficit Cero, respondió: “Al igual que con otras decisiones de ese año, la ley de déficit cero fue en vano, porque en ese momento había un enorme déficit fiscal y no se puede borrarlo de la economía simplemente escribiendo una ley.”

Para entender por qué esta opinión me parece sumamente injusta y peligrosa para el futuro, hay que recordar que el gasto público, excluido intereses de la deuda nacional y provincial, había bajado 2 mil millones de dólares anuales en el año 2000 y estaba bajando otros 3 mil millones de dólares anuales en el año 2001, en base a grandes esfuerzos que se hicieron con transparencia y previa discusión en el Congreso Nacional. Justamente, la ley del déficit cero, aprobada con apoyo de las provincias, permitía al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos provinciales, disponer reducciones en todo tipo de gastos, incluidos los salarios públicos y las jubilaciones.

Tal como se aplicó la Ley desde agosto hasta diciembre de 2001, la reducción aplicada a salarios públicos y jubilaciones superiores a los 500 dólares mensuales fue de un 13 %. Abandonar la aplicación de esta ley y recurrir a la pesificación y devaluación de enero de 2002, significó bajar el gasto público de una manera brutal, disponiendo  a través del engaño de la inflación, recortes de prácticamente el 30 % del poder adquisitivo de los salarios públicos y las jubilaciones, especialmente las menores a 500 dólares, que son las que más sufrieron el impresionante aumento de precio de los alimentos que siguió a la devaluación post-convertibilidad.

Con la reducción sincera y legal del 13 % de los salarios y las jubilaciones de más de 500 dólares, se iba a alcanzar el déficit cero en 2002, porque el resto de los ahorros necesarios vendrían por recortes significativos en la factura de intereses. Este es un tema crucial que Alfonso Prat Gay omite mencionar en sus análisis de la crisis del 2001.

Como la factura de intereses de la deuda nacional y provincial ascendía a 12 mil millones de dólares en 2001 (cifra que había aumentado mucho a causa de los altos intereses que estaban pagando a la banca local las provincias), con la re-estructuración ordenada de la deuda se estaba reduciendo esa factura a 5 mil millones año.

Ya al 30 de noviembre, con el cierre de la primera etapa en la que se habían logrado transformar en un Préstamo Garantizado más de 55 mil millones de dólares de capital, se había conseguido una economía de intereses de 4 mil millones año. Esta primera etapa de la re-estructuración nos daba además los votos para imponer “cláusulas de salida consentida”, con lo que estábamos listos para lanzar el 15 de enero de 2002 la segunda etapa, en la que esperábamos obtener una reducción adicional de 3 mil millones de dólares sobre los 45 mil millones de capital que no se habían convertido en Préstamo Garantizado. Hubieran participado el 100% de los bonos en circulación, porque las “cláusulas de salida consentida” tenían el efecto de dificultar la recolección posterior de los bonos que no se presentaran, dado que se podía cambiar, incluso, la jurisdicción en la que debían plantearse los eventuales reclamos judiciales.

Con la reducción de los gastos antes de intereses de 5 mil millones de dólares anuales más una reducción de 7 mil millones de dólares de la factura de intereses, el déficit cero no era una quimera sino que se hubiese alcanzado en 2002 sin haber tenido que recortar salvajemente el gasto público en términos reales como lamentablemente se lo hizo con la pesificación y la gran devaluación que fue su consecuencia.

Tanto para la Grecia del presente como para la Argentina que le va a tocar gobernar a quien gane las elecciones de Octubre de 2015, es fundamental que se entienda que es mucho menos costoso, tanto desde el punto de vista económico como social, producir los ajustes fiscales en forma legal y transparente, que recurriendo al engaño de la explosión inflacionaria. El resignarse a creer que es imposible eliminar el déficit fiscal a través de autorizaciones del Congreso para reducir gastos que subieron demasiado y re-estructuraciones ordenadas de deudas que se han tornado impagables, lleva a la triste recomendación de abandonar el objetivo de la estabilidad monetaria y provocar una explosión inflacionaria por emisión descontrolada de una moneda con la que, según un mentiroso eslogan político, se logra recuperar la “soberanía monetaria”.

Este es el título que le puso la periodista ecuatoriana a la entrevista que me hizo para la televisión de Guayaquil. Después de más de 10 años volví al Ecuador invitado por mi amigo Roberto Goldbaum con motivo del  70 aniversario de la Compañía de Seguros La Unión, la más antigua de país hermano. Quiero compartir este video con los visitantes de mi blog.

Y de paso, para que no todo sea serio y formal, aprovecho para compartir con ustedes otro video, de la época en la que estábamos lanzando la convertibilidad en la Argentina.

Ayer y hoy los diarios de Argentina se llenaron de referencias graciosas a las expresiones del desconcertado y asustado Ministro Lorenzino frente a la pregunta obvia que la periodista le hizo sobre la tasa de inflación que publica el INDEC y las múltiples evidencias, reflejadas incluso en un pronunciamiento del FMI,  de que la inflación real más que duplica a la reconocida oficialmente.

Pero el valor de los dos documentales va mucho más allá que el traspié de Lorenzino. En mi opinión los dos documentales narran de una manera objetiva los acontecimientos de nuestro país alrededor de la crisis del 2001 y 2002. Y aportan un material muy valioso para conocer los hechos y los actores a través de sus propias manifestaciones. Lamentablemente no está traducida la narraciónen griego de la periodista ni las preguntas y respuestas que hace y recibe en inglés. Voy a tratar de conseguir una buena traducción para subir a este blog, porque espero escribir varios artículos comentando, sobre todo, cómo actuó el FMI y cómo algunos de mis propios colaboradores y otros personajes que en el 2001 decían compartir mi percepción de la realidad, a punto de haberme pedido integrarse al equipo, ahora quieren aparecer como sagaces predictores de la inevitabilidad del default y de la pesificación compulsiva. Mientras tanto, para quienes quieran ver las documentales en su versión para la televisión griega, acá van los links: primera parte (hasta la declaración del Default) y segunda parte (desde que asume Duhalde hasta la actualidad).

La situación que vive hoy Maduro, luego de la muerte de Chávez, es muy parecida a la que vivió Isabel Perón luego de la muerte de Perón en 1974. La economía de Venezuela se encuentra en una situación muy parecida a la que prevalecía en Argentina a principios de 1975: fuerte inflación reprimida, brecha gigantesca entre el precio del Dólar en el mercado oficial y el precio en el mercado paralelo, trabajadores y sindicatos demandando fuertes aumentos de salarios para sostener los niveles de vida prometidos en los años anteriores, enorme déficit fiscal, total descontrol monetario y muy bajos niveles de productividad.

Desde el punto de vista político, la desaparición de Chávez, como ocurrió con la muerte de Perón en 1974, deja sin liderazgo a un movimiento fuertemente personalista. Además, Maduro debe enfrentar una situación en la que las expectativas populares, por la naturaleza misma de la metodología política del régimen, son muy elevadas e imposibles de satisfacer frente a las penurias económicas que ya se han puesto de manifiesto y aparecerán con más claridad en el horizonte inmediato.

Es sabido que en 1975 se produjo en Argentina el episodio conocido como «Rodrigazo» cuando una fuerte devaluación, acompañada por fuertes aumentos de tarifas públicas y demandas de aumentos  salariares que fueron satisfechas luego de pujas distributivas y conflictos sociales extendidos, terminó en una explosión inflacionaria que llevó la tasa de inflación del 30 al 300 % anual. La probabilidad de que en Venezuela pase algo similar es alta. Si llegara a ocurrir, es importante que la crisis política que le suceda se resuelva dentro de los cauces constitucionales. Una renuncia anticipada de Maduro, al verse superado por la Crisis y no contar ya con el apoyo unánime de las fuerzas Chavistas, podría llevar a una nueva elección en la que seguramente resultaría electo Capriles, un dirigente que ha dado muestras de liderar una fuerza opositora bien organizada y preparada para gobernar.

Si, por el contrario, los militares Venezolanos llegaran a dividirse y un grupo anti-Chavista derrocara a Maduro para reemplazarlo por un jefe militar, el resultado para Venezuela  sería tan malo como fue para Argentina el Golpe Militar de 1976, porque la gente quedará confundida sobre quien tiene la responsabilidad política de una crisis que en Venezuela puede llegar a ser tan dolorosa como lo fue para Argentina la crisis de 1975.  Entre 1975 y 1990 Argentina sufrió mucha violencia, muy alta inflación y un completo estancamiento de la economía, fenómenos que se prolongaron durante 15 años. La estanflación prevaleció tanto con gobiernos militares como luego de la vuelta a la democracia en 1983.Todos los gobiernos responsables del Mundo, y en particular el de Argentina, que es el que está en mejores condiciones de advertir los riesgos con que se enfrenta Venezuela, deberían tratar de contribuir a que Venezuela se aferre a su sistema constitucional con transparencia y honestidad.

Lamentablemente, el Gobierno de Cristina, en lugar de solicitar a Maduro mesura y sensatez, como lo han hecho, entre otros, los gobiernos de Estados Unidos y España, actúa con el mismo fanatismo Chavista que ha llevado a Maduro no sólo a crear dudas sobre la legitimidad de su mandato sino que también lo aleja del clima de diálogo con la oposición que puede tornarse imprescindible para resolver  con éxito los seguros conflictos internos que ya se insinúan dentro del Chavismo.

Las políticas del Gobierno de Cristina son fuertemente inflacionarias. Basta observar el ritmo de crecimiento del gasto público y de la emisión monetaria. Si uno quiere entrar en más detalles vale la pena observar la evolución del déficit fiscal, bien medido, y de los salarios nominales pactados en las negociaciones colectivas de trabajo. Otra evidencia incontrastable la ofrece la evolución del precio del Dólar en el mercado paralelo y la tasa de interés aplicada a los préstamos para el consumo cuando no existen controles impuestos por el Gobierno.

Pero, al mismo tiempo, el Gobierno trata de contener el aumento de los precios con congelamientos y controles impuestos por decisiones administrativas. Por supuesto, esta combinación de políticas contradictorias hace que además de inflación abierta (a la que pretenden medir, tanto los índices oficiales como los índices privados, con grandes diferencias a causa de la estrategia deliberadamente mentirosa del INDEC) se vayan acumulando dosis cada vez mayores de inflación reprimida.

Este fenómeno no es nuevo. En realidad comenzó a existir en 2002 cuando la fuerte política inflacionista que se inauguró con la pesificación de los depósitos y de las deudas y la fuerte devaluación nominal de la Moneda fue acompañada por el congelamiento delas tarifas de los servicios públicos (agua, gas, electricidad y transportes), la implantación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, las restricciones cuantitativas a las exportaciones de alimentos y los controles de precios sobre productos como el pan, la carne y la leche. Como no podía ser de otra manera, esta inflación reprimida oficial terminó provocando una aceleración de la inflación abierta, sobre todo cuando, a partir de 2005 comenzó a observarse restricciones de oferta de carne y leche y sus precios ya no pudieron seguir controlados. También debieron liberarse, aunque sea en forma parcial y marginal, los precios del gas y de la electricidad pagados por las industrias y los comercios.

En el mismo momento en el que se comenzaba a transformar esta inflación reprimida oficial en inflación abierta, la política monetaria dejó de ser estabilizadora, como lo había sido desde fines de 2002 hasta fines de 2004, cuando el Banco Central dejó que el Peso se apreciara de la misma forma como se estaba apreciando el Real en Brasil. Como consecuencia la inflación abierta no dejó de crecer desde 2005 hasta bien entrado el 2008, cuando la crisis global y la caída de los precios internacionales trajeron un cierto respiro en materia de inflación.

La interrupción del proceso estabilizador reflejado en la apreciación del Peso y la continuidad del congelamiento de precios para los servicios públicos brindados a las familias, inauguró un nuevo período de inflación reprimida el que además fue alimentado por aumentos de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y crecientes restricciones cuantitativas a las exportaciones de alimentos.

A partir de que la fuerte expansión monetaria dejó de originarse en la compra de dólares por parte del Banco Central destinada a evitar la apreciación del Peso y pas’o a originarse en el financiamiento monetario de un déficit fiscal creciente, comenzó a observarse, como era de esperar, un proceso de fuga de capitales. La respuesta del Gobierno no fue esta vez dejar que se ajustara el tipo de cambio nominal sino imponer restricciones a las importaciones y a la compra de divisas, con lo cual pasó a controlar el tipo de cambio, pero sólo en el mercado oficial de acceso restringido. Por supuesto, como ocurre con cualquier control de precios acompañado por restricciones cuantitativas, no tardó en aparecer la brecha con el mercado paralelo de divisas, un indicador claro de que la inflación era también reprimida en el mercado del Dólar.

Al final del primer trimestre de 2013, cuando la expectativa de inflación ya se ubicaba por arriba del 30 % para todo el año y el Gobierno tendrá que enfrentar elecciones parlamentarias en Octubre en las que espera obtener un triunfo que habilite la reforma constitucional para permitir re-elección Presidencial indefinida, la decisión del Gobierno ha sido acentuar, una vez más, los controles de precios, disponiendo el congelamiento de los precios en los supermercados y, a partir de hoy, para los combustibles. Como consecuencia la inflación reprimida será cada vez de una magnitud mayor.

El gobierno espera que este aumento de la inflación reprimida signifique una reducción en la inflación abierta, aunque más no sea hasta el momento de la elección, pero claramente no está dispuesto a implementar una política fiscal y monetaria estabilizadora. Todo lo contrario, anuncia que va a acentuar la expansión monetaria y fiscal para conseguir que la economía, estancada desde principios de 2012, se reactive. Esta estrategia es sumamente peligrosa. Aumenta de manera geométrica la probabilidad de que luego de la elección se produzca una explosión inflacionaria tipo Rodrigazo de 1975.

Si uno presta atención a las declaraciones de los funcionarios más sinceros, debe concluir que el Gobierno piensa hacer responsable de esa explosión a la gente que no lo haya votado y, con esa actitud, haya provocado una mengua enorme en el poder político de Cristina al cerrarle el paso a su re-elección. Pero lo que el Gobierno no parece advertir es que el riesgo de la explosión existirá de todos modos, aun cuando los resultados electorales fueran favorables al Gobierno. ¿Qué hará en ese caso para llegar a la elección presidencial sin que se haya producido un descalabro económico fenomenal?

Yo creo que el Gobierno ni siquiera lo ha pensado, pero observando la experiencia de Venezuela, me atrevo a predecir que vendrán más estatizaciones de empresas que signifiquen fuentes de ingresos para el gobierno en los próximos dos años, aún cuando resienta las inversiones de largo plazo. El Gobernador Gioja, puntilloso defensor de la minería privada, tendrá que comenzar a poner las barbas en remojo. Puede llegar a pasarle lo que a los Eskenazy con YPF. Y no sólo la minería va a estar en el ojo de los estrategas políticos de un Gobierno de Cristina triunfante en las elecciones de Octubre. Bancos, Comercio Exterior y grandes empresas también estarán en la mira.

La represión, cuando comienza, nunca se sabe donde termina.