Megacanje: una decisión judicial tan absurda como peligrosa

Artículo editorial publicado por La Nación el 6/10/06

La resolución del juez Jorge Ballestero de procesar al ex presidente Fernando de la Rúa y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la operación de megacanje de deuda efectuada en 2001 es arbitraria e infundada, al tiempo que avanza por la peligrosa línea de enjuiciar las decisiones de política económica, especialmente cuando no coinciden con las ideas dominantes en el gobierno de turno.

El juez Ballestero imputó al ex mandatario y a varios ex funcionarios el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y, con ello, pretende sostener que aquéllos incurrieron en un crimen, que excede el margen de discrecionalidad propio de las medidas políticas.Pero más allá de esa afirmación genérica y vaga, la resolución del magistrado no contiene prueba alguna que demuestre que De la Rúa, Cavallo y sus colaboradores de entonces intentaron perjudicar «a sabiendas» al país o que obtuvieron un beneficio económico para sí o para otros, los únicos dos supuestos que, según el Código Penal, podrían haber justificado el procesamiento de los ex funcionarios por defraudación.

La operación de megacanje de títulos de la deuda externa consistió en la postergación de los vencimientos que se iban a producir entre 2001 y 2005 hasta el período 2006-2031, a cambio de pagar cuantiosos intereses que hacían incrementar la deuda durante este último período. Varios legisladores nacionales presentaron una denuncia por el supuesto fraude, sosteniendo que De la Rúa buscó beneficiar a los bancos internacionales que intervinieron en la refinanciación.

Para dictar su fallo, el juez Ballestero se apoyó en un peritaje oficial encargado a expertos de reconocida probidad profesional, aunque con una visión política y económica muy distinta de la sostenida por el ex ministro Cavallo. Sin embargo, aun cuando se dejen de lado las fundadas sospechas de parcialidad que pueden surgir de la elección de esos peritos, ni siquiera el peritaje avala la decisión del juez Ballestero.En efecto, si bien los peritos calificaron de «inútil» el megacanje que De la Rúa había realizado años antes, describieron la difícil situación económica que atravesaba la Argentina en 2000 y 2001, como consecuencia del tipo de cambio, el déficit fiscal, la recesión, el endeudamiento externo, el desequilibrio de la balanza de pagos y otros factores que ponían de manifiesto la endeblez financiera de la Argentina. Es más, los expertos indicaron que sólo existían tres alternativas para salir de ella: el default, la reestructuración unilateral de la deuda por el Estado o el canje voluntario de la deuda en condiciones de mercado.De la Rúa tomó este último camino.

La distancia que dan los años y los acontecimientos ocurridos desde 2001 hasta la fecha pueden hacernos pensar a muchos que la decisión adoptada por el ex presidente fue incorrecta e incluso perjudicial desde el punto de vista económico. Pero las decisiones se toman en el momento en que se precipitan los hechos, que en medio de la emergencia que se vivía en aquellos años eran especialmente graves y dramáticos, y pretender que la Justicia pueda hacer una evaluación de determinaciones políticas llevará al país por una peligrosa senda de confrontaciones y de persecuciones ideológicas.

En efecto, la decisión del juez no contiene prueba alguna de que haya habido una operación oscura en el pago de comisiones a los bancos internacionales de primera línea que concurrieron en rescate del país, alargando plazos cuando la Argentina ya no gozaba en absoluto de crédito internacional. Es más, el peritaje comentado sostiene que «fue celebrado conforme con los usos y costumbres -internacionales y del país- y las comisiones acordadas coincidían con las que usualmente se abonaban por operaciones como la investigada».

Por más que se pudiera sospechar que el megacanje fue una operación riesgosa y hasta ruinosa para el país, porque a lo largo de los años no lograría mejorar su situación financiera, y por más que se pudiera imaginar que el default llegaría inevitablemente -como sostienen, ex post facto, los peritos y el juez-, tampoco puede el magistrado desconocer que la decisión de declarar al país en default hubiera traído aparejados otros problemas.Por lo demás, el juez no tiene una sola prueba que demuestre que los imputados intentaron dañar al país, aun cuando su administración haya sido absolutamente errónea.

En tal sentido, puede añadirse que en aquella época otros países, como Turquía y Brasil, tomaron decisiones parecidas en momentos en que transitaban situaciones muy frágiles. Turquía evitó el default de su deuda, aunque sus indicadores financieros eran peores que los de la Argentina. Brasil también optó por evitar la cesación de pagos, incluso con cargas de intereses muy elevadas.

La decisión del juez Ballestero de procesar a quienes tomaron medidas económicas es desacertada y sólo puede entenderse si se tiene en cuenta su expresada pretensión de ocupar un cargo en la Cámara Federal, como una solapada intención de congraciarse con el gobierno de turno.Como si ello fuera poco, llama más aún la atención el apresuramiento que mostró el mismo magistrado cuando el 29 de septiembre, apenas tres días después de haber procesado la política económica de De la Rúa, desestimó otra denuncia que le habían presentado varios legisladores contra los superpoderes concedidos por el Congreso nacional al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En este último caso, en una abierta contradicción con su resolución sobre el megacanje, el magistrado resolvió que se trata de una cuestión política y, por lo tanto, no es judiciable, por lo cual no puede investigarse si los legisladores que votaron los superpoderes incurrieron en el delito de traición a la patria.

Una resolución judicial como la referida al megacanje, que se acomoda a los lineamientos de los intereses oficiales y resulta absolutamente arbitraria, deja flotando la posibilidad de que, en el futuro, se emplee igual criterio para juzgar una decisión política en cualquier otra materia, como educación o salud. Al mismo tiempo, se aleja de la independencia y probidad que deberían demostrar en todos los casos quienes tienen la excelsa misión de impartir justicia.