La decisión del Juez es absurda. Sostiene que el Megacanje no tuvo el objetivo de evitar la devaluación y el default, como yo había explicado en mi declaración indagatoria, sino que se hizo para pagar comisiones a los bancos. Lo argumenta diciendo que nosotros sabíamos que finalmente iba a venir una fuerte devaluación y un default con pesificación y todas las medidas decididas por Duhalde en enero de 2002.
Es decir, se basa en la teoría de que era inevitable la estafa a los ahorristas, bonistas y asalariados para beneficiar a los empresarios y a los gobiernos de las provincias endeudadas. No tiene en cuenta que para hacer lo que hicieron, es decir provocar una terriblemente injusta redistribución regresiva de la riqueza y del ingreso, tuvieron que dar un golpe institucional, organizado y apoyado por Alfonsin y Duhalde, para sacarnos a De la Rúa y a mi del gobierno y frustrar la última etapa de la reestructuración de la deuda, que ya estaba preparada e iba a ser completada en menos de 90 días.
No sólo la devaluación y el default eran evitables, sino que la reactivación y el crecimiento, desde 2002 en adelante, podrían haber sido mucho más genuinos y sostenibles si nos hubieran dejado completar la reestructuración de la deuda lanzada en noviembre de 2001. Nunca hubiera existido el corralón y, el corralito, es decir, la bancarización compulsiva, se podría haber levantado sin ningún trauma el 1 de marzo de 2002.
Los devalúo-maniacos, a los que el fiscal designó peritos oficiales, convencieron al juez de que los ahora procesados somos responsables por los efectos de las políticas que ellos fogonearon y que lograron que Duhalde implementara.
Nuestro delito fue, en esa interpretación de la historia, no haber hecho nosotros lo que con tanto costo, y golpe institucional mediante, hizo Duhalde en enero de 2002.
Lamento no haberme equivocado cuando describí en 1996, con la metáfora de la servilleta, lo que estaba pasando en la Justicia Federal Argentina.