La corrupción que no se investiga

La entrevista que me hizo Alberto Armendariz fue muy larga. Y es natural que La Nación no la haya publicado completa. Aprovecho esta oportunidad para trasmitir a ustedes algunos comentarios que hice al periodista y que no quedaron registradas en el reportaje publicado.

Por ejemplo, cuando Alberto Armendariz me preguntó cómo me siento después de haber sido demonizado en la Argentina, yo le contesté lo que figura en la nota bajo el título "A mi me han demonizado los medios de comunicación". Luego de aludir que ahora quieren demonizar a la gente que trabajó conmigo, agregué la siguiente descripción de la labor de mis colaboradores: "Se trata de personas que durante cinco a siete años trabajaron entre 10 y 15 horas por día, incluso muchos sábados y domingos y que dejaron jalones de sus vidas para servir al país. En los primeros años cobraban sueldos de no más de 2000 pesos, cuando antes, trabajando en el sector privado, habían logrado asegurar un nivel de vida digno a sus respectivas familias. Si no fuera por el reconocimiento de gastos protocolares, no podrían haber dejado sus anteriores ocupaciones para trabajar en la transformación de la Argentina. Por eso es infame que ahora se los indague como imputados por haber cumplido con su obligación de incluir ese reconocimiento de gastos en sus declaraciones ante la DGI".

Cuando expliqué que mi demonización y los escraches a que estuve sometido eran resultado de las campañas mediáticas, consideré importante dar un ejemplo ilustrativo. "A principios de 2002, el Diario Clarín publicó una nota describiendo un escrache frente a la casa de mi madre, en San Francisco. El escrache nunca se había producido, pero me enteré que camarógrafos de TN y Canal 13 habían estado ese día en San Francisco, incitando a los vecinos que se reunían en el centro de la ciudad para manifestar frente a los bancos, para que fueran a escrachar frente a mi casa paterna. Los vecinos de San Francisco rechazaron la sugerencia, pero como la nota periodística había sido escrita con anterioridad, se olvidaron de omitir su publicación. Era claro que el frustrado escrache frente a la casa de mi madre había sido organizado por periodistas de Clarín".

Luego de preguntarme si estoy en contacto con Menem y de recibir la respuesta con que concluye el reportaje publicado, Alberto Armendariz me pidió detalles sobre las cifras globales del sistema de reconocimiento de gastos protocolares en comparación con las magnitudes de los hechos de corrupción que según mi opinión no estaban siendo adecuadamente investigados. Mi respuesta fue la siguiente: "No he hecho cálculos prolijos, pero recuerdo cifras que acabo de releer en un artículo de Marcelo Zotlogwiasda de febrero de 1993. Allí él habla de 6.350.000 anuales como costo del sistema de reintegro de gastos protocolares, pero hace el cálculo con montos mensuales algo inferiores a los reales. Un cálculo mental rápido me permitió aumentar esa cifra a 10 millones por año. Así que se trataría de 40 millones para el período de cuatro años. Sin duda, mucho menos de los casi 1.000 millones que según he leído en los diarios, serían los gastos de la SIDE por arriba de lo normal, durante el decenio de Menem.

En todo caso deberían citar a dar explicaciones a los responsables de administrar esos fondos. El Ministerio de Economía nunca tuvo partidas de gastos secretos, porque según la ley 18302 sólo correspondían a los organismos encargados de la Seguridad. Y, en tren de comparar cifras, hasta los gastos secretos de la época de Menem empalidecen frente a la magnitud de las transferencias de riqueza desde los depositantes hacia las empresas endeudadas y desde los ingresos de los trabajadores y jubilados hacia los productores de bienes exportables que produjo la devaluación-pesificación en el 2002. Los diarios en aquella época estaban demasiado ocupados en hacer lobby por la ley que proteje a las empresas culturales como para advertir que en estas transferencias salvajes de riqueza e ingresos, de muchos miles de millones de pesos, se podían esconder escandalosos actos de corrupción."

Finalmente Alberto Armendariz me preguntó cuál era mi opinión sobre la evolución de la corrupción a lo largo de los últimos diez años. Más específicamente, si la corrupción había aumentado o disminuido. Mi respuesta fue la siguiente:"Yo no tengo elementos para hacer una medición propia. Pero acabo de leer un informe del Banco Mundial sobre la "calidad de gobierno" en un gran número de países y su evolución entre 1998 y 2004. Allí se mide, entre otras cosas, la magnitud de la corrupción. Para Argentina los índices muestran un gran desmejoramiento. Pero me dá la impresión, que la magnitud de las transferencias de riqueza y de ingresos que provocaron las medidas de Duhalde en 2002 constituyen el determinante fundamental de esta tendencia. Por eso, sorprende mucho que la posible corrupción de ese año, esté ausente en la discusión mediática de la Argentina".

Aunque entiendo que estas respuestas mías a interrogantes del periodista hubieran ocupado mucho espacio en una edición dominical de La Nación, he querido transcribirlas en esta página, para que mis lectores no queden con la sensación de que acepté un reportaje para hablar sólo de lo que desde el vamos me pareció un tema poco relevante.

En realidad, acepté el reportaje porque me angustia que, en lugar de investigar la verdadera corrupción, en la Argentina los jueces y fiscales dediquen su tiempo a indagar a los integrantes de mi equipo económico, por el sólo hecho de no haber omitido en sus declaraciones impositivas la percepción de un recupero de gastos protocolares, que no hacía más que reparar la injusticia que significaban sus muy bajos sueldos.