El campo tiene razón

Las entidades representativas de los productores agropecuarios, los comercializadores de granos y todas las empresas del complejo agroindustrial granario, incluidos los principales proveedores de insumos, han dispuesto un paro nacional entre el 3 y el 7 de marzo. Esta decisión sorprende a quienes ven al campo, junto a las industrias sustitutivas de importaciones y al turismo, como los grandes beneficiarios de la política económica del gobierno de Duhalde. Pero, la actitud del campo no debería sorprender a nadie porque los agricultores tienen 45 años de experiencia de reglas de juego como las que esta reinstalando el gobierno actual, para advertir de inmediato que, tal como se suceden los acontecimientos, el beneficio que les dejará la fuerte devaluación del peso será transitorio, mientras que los perjuicios asociados a las reformas impositivas que le siguieron serán permanentes.

El complejo energético, que también incluye actividades de exportación desde la alta inversión de los 90s, ya ha advertido también que el efecto beneficioso de la fuerte devaluación será sólo transitorio mientras que las retenciones y las regulaciones represoras de la actividad, pueden transformarse en permanentes. Por eso han reducido significativamente sus inversiones con efectos sobre la oferta que no tardarán en percibirse.

A las actividades de exportación de la industria manufacturera les costará un poco más advertir los costos permanentes del sesgo anti-exportador que introducen las nuevas reglas de juego que hoy parecen facilitar la reactivación a través de la sustitución de importaciones. Es que con una moneda muy subvaluada, podrán exportar los mismos bienes que producen para sustituir importaciones. Pero sólo a costa de cobrar precios muy bajos en dólares, por la mercadería que exportan. Cuando el precio del dólar tenga un valor mas equilibrado, esas exportaciones se tornarán no rentables y la nueva sustitución de importaciones sólo podrá sostenerse mediante una política de protección arancelaria que reintroducirá el viejo sesgo anti-exportador de la política industrial argentina.

Más tarde o más temprano, todas las actividades que hoy aparecen como beneficiarias de la devaluación, terminarán formulando los mismos reclamos que hoy plantean con elocuencia los representantes del campo y de la actividad agroindustrial. La razón es muy clara: las retenciones a las exportaciones, la demora en devolver el IVA y los demás impuestos sobre los insumos, la inflación no reconocida por la legislación del impuesto a las ganancias y el deterioro creciente de la infraestructura y los servicios que sobrevendrán como consecuencia del acelerado proceso de descapitalización que sufre el país, no sólo corroerán los beneficios transitorios de la devaluación sino que quedarán como determinantes permanentes de baja rentabilidad de todos los sectores vinculados a la exportación.

¿Cómo se explica que el gobierno que hace del aliento a la producción exportable una de sus banderas fundamentales, sea tan miope en relación a las consecuencias anti-exportadoras permanentes de su accionar?

Mi explicación es política. La verdadera motivación del conjunto de medidas puestas en marcha desde que asumió la Presidencia Eduardo Duhalde, devaluación, pesificación, retenciones a las exportaciones y negación del ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, fue el logro de una fuerte quita, en términos reales, de la deuda de las provincias y de los grandes deudores privados. La transferencia inmediata de ingresos a favor de los productores de bienes de exportación, de sustitución de importaciones y del turismo, fue una consecuencia positiva pero secundaria. Lo mismo que el alivio a los deudores hipotecarios, personales y de la pequeña y mediana empresa. Por supuesto que en términos políticos, al gobierno le conviene decir que su objetivo fue obtener estos beneficios, y es lo que esta haciendo. No obstante, como la motivación verdadera fue resolver el problema de las provincias que se habían endeudado en exceso y de los grandes deudores privados, no tendrán escrúpulos en cobrar los impuestos más anti-productivos e injustos, si ello les ayuda a consolidar la fuerte transferencia de riqueza que buscaron con el abandono de la convertibilidad y la declaración de default.

El campo tiene suficiente experiencia para no dejarse ilusionar con beneficios transitorios. Tuvo 45 años de experiencia como para descubrir fácilmente que toda esta política es una trampa para volverlos a transformar en los que pagan la factura del despilfarro público. Por eso sostengo que el campo tiene razón en protestar.