Durante los primeros años de la convertibilidad, cuando el PBI creció por arriba del 10 % anual, las estadísticas registraron una caída de la tasa de desocupación. A su vez, la fuerte reducción de la tasa de inflación permitió una significativa disminución de la pobreza. Esta tendencia comenzó a revertirse en 1993 para la desocupación y en 1995 para los índices de pobreza. A partir de entonces, se observó una sostenida tendencia al aumento, tanto de la desocupación como de la pobreza.
La discusión sobre la estrategia que debía seguirse para revertir estos fenómenos continuó a lo largo de la década. Quienes estábamos convencidos de la necesidad de preservar la apertura, la desregulación, las privatizaciones y la protección de los derechos de propiedad como herramientas para asegurar el crecimiento sostenido de la economía, insistimos en que se necesitaban reformas laborales, tributarias y de la administración de las políticas sociales, para que el crecimiento de la economía fuera acompañado por la disminución de las tasas de desocupación y de pobreza. En materia laboral, insistimos en la introducción de flexibilidad contractual, en materia tributaria propusimos y comenzamos a implementar la eliminación de los impuestos al trabajo y otros impuestos distorsivos y reclamamos una administración menos clientelista y más eficiente de la política social, fundamentalmente en educación, salud y asistencia alimentaria, por parte de los gobiernos provinciales.
Otros dirigentes comenzaron a hablar de “cambio de modelo” porque sostenían que las reformas económicas de la década, a las que caracterizaban como “neoliberales” eran las responsables del aumento de la desocupación y la pobreza. Por consiguiente, sólo podrían revertirse las tendencias negativas observadas en la segunda mitad de la década anulando aquellas reformas. Como el símbolo de las reformas “neoliberales” era la Ley de Convertibilidad, comenzaron a sugerir su derogación. Los dirigentes más importantes que abrazaron esta posición son Eduardo Duhalde en el Partido Justicialista y Raúl Alfonsin en el Partido Radical. Ninguno de los dos consiguió éxito electoral con ese discurso a nivel nacional, pero ambos creyeron que la evolución de los acontecimientos económicos y sociales durante el año 2001 les estaba dando la razón. Por eso, cuando Duhalde asumió la Presidencia de la Nación apoyado por Raúl Alfonsin, creyó que las circunstancias lo habían convocado para eliminar la Ley de Convertibilidad y “cambiar el modelo”. Ambos esperaban contribuir de esa forma a disminuir la desocupación y la pobreza.
La discusión profesional sobre la deuda pública y el régimen cambiario
Mientras en el plano político las posiciones tendían a diferenciarse a causa de las diferencias de diagnóstico y de estrategia para revertir el aumento de la desocupación y la pobreza, los economistas profesionales discutían sobre la sustentabilidad de la deuda pública y el régimen cambiario.
Las posiciones más enfrentadas se daban entre los defensores de la dolarización, que en general argumentaban que luego de adoptado ese régimen monetario, la disciplina fiscal bastaría para asegurar el cumplimiento de la deuda y los partidarios de la flotación cambiaria, la mayoría de los cuales estaban a su vez convencidos de la inevitable necesidad de reestructuración compulsiva de la deuda, previa declaración de default. Los primeros argumentaban básicamente que la perseverando en mantener un clima de estabilidad monetaria y cumpliendo estrictamente con los servicios de la deuda se recrearía la confianza permitiendo la baja de la tasa de interés y, por consiguiente, la recuperación del crecimiento económico. Los segundos argumentaban que mientras no se corrigieran los precios relativos a favor de los bienes comercializables internacionalmente, la economía seguiría estancada y eso llevaría, inexorablemente a la imposibilidad de seguir pagando normalmente los servicios de la deuda.
Si bien yo compartía la mayoría de los argumentos de los partidarios de la libre flotación, y así lo había manifestado al lanzar el Plan de Competitividad, en marzo de 2001, estaba tan convencido como los partidarios de la dolarización, que una afectación gravosa de los derechos de propiedad de quienes habían ahorrado y confiado en el país haría imposible la recuperación del crecimiento, por más rápido y contundente que fuera el reajuste de los precios relativos a favor de los bienes comercializables. Por eso, busqué un camino intermedio, consistente en utilizar todas las posibles herramientas no monetarias para corregir el desajuste de precios relativos, aún a costa de demorarlo, pero preservando el régimen monetario, es decir la convertibilidad. En materia de régimen cambiario la idea era avanzar hacia un régimen más flexible, pero sólo después de haber reasegurado el equilibrio fiscal con la reducción de intereses de la deuda, que se conseguiría a través de una reestructuración ordenada de la deuda.
Lamentablemente, la idea de mantener la libre elección de la moneda y no imponer desde el gobierno alteración alguna de los contratos, ni para dolarizar ni para pesificar, no tuvo suficiente apoyo profesional, posiblemente, porque tanto dolarizadores como pesificadores razonaron más sobre el régimen cambiario (es decir sobre la discusión: “tipo de cambio fijo” versus “tipo de cambio flotante”) antes que sobre el régimen monetario y de protección a los derechos de propiedad en contratos a mediano y largo plazo. La Ley de Convertibilidad había creado el sistema monetario deseado por la gente, pero era compatible con los dos regímenes cambiarios extremos y cualquier variante intermedia, siempre que se dieran las condiciones fiscales necesarias.
Una desafortunada coincidencia táctica
Desde el 1 de noviembre de 2001, día en que anunciamos la reestructuración de la deuda pública en dos etapas, comenzó a gestarse una desafortunada coincidencia táctica entre los dirigentes políticos que querían “cambiar el modelo” y los economistas y empresarios que pregonaban la devaluación. Esta virtual “alianza táctica” fue abonada por importantes medios de comunicación que creyeron que “el cambio de modelo” a partir de la devaluación, brindaría el marco para encontrar una solución al problema del excesivo endeudamiento. Esta alianza táctica fue capaz de movilizar detrás de si a todos los deudores, fueran éstos públicos o privados. Al fin y al cabo, las acciones iban a concluir en una suerte de default simultáneo y generalizado que terminaría provocando una fuerte quita en el valor real de las deudas.
Lo que los dirigentes, economistas y empresarios que integraron esta alianza táctica no tuvieron en cuenta, es que los acreedores no eran sólo “inversores financieros del exterior” sino millones de ahorristas que habían confiado en el sistema financiero argentino y millones de trabajadores que aportan mensualmente para tener un ingreso en la vejez. La gravísima afectación de sus derechos de propiedad que resultaría de la reprogramación forzosa y generalizada de depósitos, la pesificacion de los contratos en dólares y la devaluación seguida de flotación del Peso haría desaparecer, prácticamente, la inversión y la compra de bienes de consumo durables, además de crear un clima de inseguridad jurídica dentro del cual se torna ilusorio pensar en canalización de ahorros hacia la inversión.
Más aumento de la desocupación y la pobreza
Las medidas adoptadas por el Gobierno de Duhalde apoyado por Alfonsin[1] desde enero de 2002 han acentuado la recesión de manera extrema y, peor aún, han creado un clima de gran escepticismo sobre la posibilidad de que la economía recupere el crecimiento. Esto provocó un importante aumento de la desocupación y la pobreza. ¿Era ésto previsible?
Por supuesto que sí, y de ahí que a lo largo de todo el año 2001, quienes teníamos la responsabilidad de gobernar luchamos para evitar el default y la devaluación[2]. Pero, ¿había realmente alguna alternativa mejor a la que finalmente se aplicó?, ¿No era inexorable que la Argentina cayera en cesación de pagos y crisis cambiaria?, es más, ¿No se habían producido ambas el 1 de Diciembre cuando se introdujo el “corralito” financiero?
La alternativa era perseverar en la eliminación del déficit fiscal de la Nación y de las Provincias, extendiendo a éstas los recortes salariales ya implementados por el Gobierno Nacional desde julio de 2001 y reforzar esta política con una fuerte reducción del gasto de intereses de la deuda pública y postergación de vencimientos de capital a obtener mediante un proceso ordenado de reestructuración de deuda como el que había comenzado el 1 de noviembre. Sin duda, la alternativa implicaba una cierta compulsión en la reprogramación y atenuación de los pagos financieros y una mayor flexibilidad posterior en la determinación del cambio de pesos a dólares, pero ambos procesos debían ser ordenados y afectar lo menos posible los derechos de propiedad de los ahorristas, inversores y trabajadores
Para frenar la salida vertiginosa de los depósitos del sistema bancario, el 1 de diciembre se introdujo lo que popularmente se llamó “corralito” que no era otra cosa que un control transitorio de los cambios, como el que tantas veces se había dado en distintos países entre 1870 y 1930, a través de la entonces denominada “suspensión de la convertibilidad”. Pero el “corralito” de Diciembre sólo limitaba las transferencias financieras al exterior y el retiro de dinero en efectivo de los bancos. Los depositantes mantenían tanto el valor como la disponibilidad de sus ahorros para pagos internos, los que podían hacerse con tarjetas de débito, cheques o transferencias entre cuentas bancarias. Simultáneamente, se promovía la bancarización de los pagos, algo que era necesario para mejorar la administración tributaria. Pero el “corralito”, lejos de significar la cesación de pagos y el abandono de la convertibilidad en el sentido de libre elección de la moneda, fue establecido para preservar el valor y la disponibilidad de los ahorros durante el proceso de reestructuración de la deuda publica y de reajuste fiscal de la Nación y las provincias, que era naturalmente complejo.
¿Por qué el Gobierno de Duhalde apoyado por Alfonsin siguió entonces un camino tan equivocado? Mi respuesta es que la discusión profesional de los economistas y la prédica de los medios fuertemente endeudados los confundió, a tal punto que creyeron sinceramente que lo que estaban implementando era un “cambio de modelo” que reactivaría la economía, generaría crecimiento y disminuiría la desocupación y la pobreza. En este trabajo quiero enfatizar el aporte de los economistas profesionales a la confusión de los dirigentes políticos.
“Prices right” versus “property rights”
Quienes enfatizaban los efectos recesivos y deflacionarios del desajuste en los precios de los bienes comercializadles internacionalmente y los bienes domésticos y propusieron el reemplazo del régimen de tipo de cambio fijo por la flotación del Peso, pensaban que dejando que los precios relativos se realinearan ( set the “prices right”) la economía dejaría de requerir delación y podría reactivarse a través del aumento de la producción de bienes exportables y sustitutos de importaciones[3].Lo que no tuvieron en cuenta es que en la medida que el reajuste de precios relativos implicara el abandono definitivo de la convertibilidad, es decir, de la libre elección de la moneda por la gente, se produciría tal destrucción de los derechos de propiedad (“property rights”), que se harían imposibles los contratos de mediano y largo plazo, con lo que prácticamente desaparecerían, tanto el ahorro en el país como la inversión empresaria y familiar.
Al mismo tiempo, los que proponían la defensa irrestricta de los derechos de propiedad de ahorristas e inversores financieros, criticaban cualquier intervención gubernamental destinada a corregir la precios relativos sin abandonar la convertibilidad[4]. Como todas eran críticas, es entendible que dirigentes políticos como Duhalde y Alfonsin, que siempre habían propuesto el “cambio de modelo”, hayan creído que había llegado el momento de hacerlo.
El futuro
El abandono de la convertibilidad, en el sentido de la libre elección de la moneda y el respeto de la moneda original de los contratos, va a impedir que exista la inversión y el aumento de productividad imprescindibles para cualquier proceso de crecimiento sostenible. La reactivación de la economía por aliento a las exportaciones y la sustitución de importaciones se darán en la medida que no requiriera nuevas inversiones importantes, dado que éstas serán muy difíciles de financiar. Además, pasara mucho tiempo antes que el aumento de la producción de bienes exportables y sustitutos de importaciones compense la enorme caída del mercado interno originada en el deterioro de los ingresos reales de la población provocado por la fuerte devaluación del peso. Este pronóstico desalentador puede cambiar en la medida que se avance en los siguientes frentes:
Reestablecimiento del Estado de Derecho en materia económica mediante la declaración de nulidad de la reprogramación forzosa de depósitos y la pesificación de los contratos. El efecto de estas decisiones sobre la inflación dependerá de la reacción del Poder Ejecutivo a esas decisiones judiciales. Éste puede aprovechar la oportunidad para comenzar a recrear la confianza de los ahorristas y los compromete a no retirar sus ahorros del sistema financiero argentino, cosa que es perfectamente posible manteniendo los depositantes la disponibilidad de sus fondos para pagos internos a través del propio sistema bancario. En ese caso se produciría una apreciación gradual del Peso conducente al equilibrio de los precios relativos a un nivel compatible con la recuperación simultánea de exportaciones y demanda interna. Si, por el contrario, resiste la declaración judicial de inconstitucionalidad o no logra el apoyo de los ahorristas para mantener los fondos dentro del sistema bancario, el Banco Central se verá obligado a emitir pesos, o aparecerán todo tipo de bonos nacionales, provinciales o privados no confiables para la gente, que alimentarán un proceso descontrolado de inflación. Eventualmente, los precios relativos volverán a equilibrarse, pero luego de un proceso inflacionario que puede ser largo, impredecible y muy costoso.
Elección de un gobierno capaz de ofrecer un nuevo liderazgo que la gente vea como protector de los derechos de propiedad y comprometido en la recreación de las condiciones para que vuelva a haber inversión y aumento de la productividad como durante buena parte de la década del ‘90.
Claro compromiso de transformación de las políticas sociales para erradicar la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia y conseguir que la inversión en capital humano no sólo aumente sino se distribuya en beneficio de las familias más pobres.
Se trata, sin dudas, de un desafió monumental para el pueblo y la dirigencia argentina. Los economistas profesionales podrán ayudar a encontrar este camino en la medida que no siga planteando la búsqueda del equilibrio de los precios relativos como antagónica a la preservación de los derechos de propiedad de ahorristas, inversores y trabajadores. En la búsqueda de reglas de juego e instituciones capaces de conciliar el reequilibrio de los precios relativos con el respeto de los derechos de propiedad radica el aporte que pueden hacer los economistas a la recuperación institucional y moral de la Argentina. Sólo en ese contexto podrá decirse que la recuperación económica argentina ha comenzado. Obviamente yo no comparto ni el pesimismo irreversible de Hans Tietmeyer ni el optimismo alegre de Joseph Stiglitz.
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[1] Para una descripción del origen de este gobierno ver mi trabajo “El Golpe Institucional” (www.cavallo.com.ar)
[2] Para una descripción de esta experiencia ver mi trabajo “La lucha por evitar el default y la devaluación” (www.cavallo.com.ar)
[3] Joseph Stiglitz acaba de decir en un artículo que era obvio que ello iba a ocurrir. Y que ya esta ocurriendo! Ver “La recuperación Argentina” en el diario español El País, el 20 de septiembre de 2002
[4] Ver las múltiples críticas de quienes pregonaban la “dolarización” a los planes de convertibilidad, a la introducción del euro y a los sucesivos intentos de reprogramación de deudas.