Si en febrero de este año, luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso Smith, el Gobierno hubiera reconocido la razonabilidad de la postura Judicial y, en lugar de intentar remover a los miembros de aquel tribunal, hubiera buscado una solución al problema del endeudamiento del sector privado que no significara la pesificación forzosa de todos los contratos, la economía hoy estaría estabilizada con un precio del dólar no superior a 2 pesos. Podría incluso haberse logrado la nueva estabilidad al precio de 1,40 inicialmente fijado por el nuevo Gobierno. El aumento de los precios y la consiguiente caída del salario real hubiera sido mucho menor a la que se produjo a lo largo del año.
¿Cual era la solución correcta? Sin duda, dejar flotar el peso sin abandonar la convertibilidad, es decir manteniendo la libre elección por parte de la gente de la moneda y dándole seguridad jurídica a los contratos en la moneda original. Para ayudar a los endeudados en dólares, el Gobierno debería haber asumido el compromiso de pagar una proporción de los intereses y del capital adeudado por familias y empresas cuyos ingresos no se ajustaran al precio del dólar. Los bancos seguirían siendo acreedores en la moneda original. El Gobierno hubiera devengado un subsidio a pagar en el futuro, al ritmo al que el sector privado cumpliera con sus obligaciones y en la medida que la magnitud de la devaluación lo requiriera. El subsidio hubiera terminado siendo relativamente bajo si el sector privado conseguía diferir el pago de su deuda y reducir el costo de intereses a través de la negociación con los acreedores. Además, con el paso del tiempo la divergencia entre los ingresos de los deudores y el precio del dólar se habría ido cerrando, con lo que el monto del subsidio terminaría siendo acotado y presupuestable.
Pero ocurrió todo lo contrario. La pesificación se transformó en la herramienta para resolver parcial y desequilibradamente el problema del endeudamiento privado y dejó como saldo un clima de inseguridad jurídica extremo en materia de derecho de propiedad de los depositantes y acreedores en general. La magnitud del costo fiscal futuro del sistema que se eligió para compensar a los bancos es enorme y creciente, con lo que se terminará agravando el problema del endeudamiento público. Y sigue pendiente la disputa judicial planteada por los ahorristas y acreedores que no aceptaron la pesificación.
La Corte Suprema esta a punto de decretar la inconstitucionalidad de la pesificación ¿La convertibilidad con cambio flotante sigue siendo la mejor solución? Sin duda, porque cualquier otra solución, deja abierta la puerta de una emisión presente o futura de pesos que la gente no desea mantener como tales y que, tarde o temprano, va a generar un proceso inflacionario peligroso. Además, cualquier otra solución dejará a la economía sin crédito por mucho tiempo, dado que no cabe esperar que la gente ahorre en pesos, y el ahorro en dólares u otras monedas extranjeras no se hará dentro del país.
Convertibilidad con cambio flotante significa organizar un sistema monetario que le permita a la gente sentir que sus ahorros en el país están seguros y disponibles para ser utilizados en cualquier pago interno o externo. En relación a los pagos externos con dólares ahorrados en el país sólo deberían estar restringidos por los controles de cambio vigentes, los que deberían eliminarse luego de completada la reestructuración de la deuda pública. La clave de la solución está en que la gente encuentre conveniente mantener sus dólares bancarios dentro del país, ya sea en depósitos a plazo fijo, si es que quiere ganar un interés, o en depósitos a la vista, si es que quiere hacer pagos internos o externos admitidos por el control de cambios. Para ello, debe no sólo permitirse sino también dotar de pleno respaldo legal a las cuentas a la vista en dólares, permitiendo que se movilicen a través de cheques, tarjetas de débito o transferencias bancarias. Si la convertibilidad con tipo de cambio flotante comienza a ser entendida y creída por la gente, lo cual requiere necesariamente convicción por parte de las autoridades sobre su conveniencia y viabilidad, el precio del dólar comenzará a bajar, y el problema del endeudamiento en dólares del sector privado, así como el costo fiscal de las compensaciones y subsidios a los que se ha ido comprometiendo el Gobierno, irá disminuyendo y se podrá trabajar en la preparación de un programa económico fiscalmente sostenible.
Lamentablemente, los discursos de Lavagna demuestran que el Gobierno no está convencido que la convertibilidad sea conveniente. Siguen insistiendo en obligar a la gente a ahorrar en pesos. Eso significa dejar abierta la puerta a un nuevo golpe inflacionario. Le echarán la culpa a la Corte y a los que bregamos por que se reconozcan los derechos de propiedad de los ahorristas. Pero la verdad es que los verdaderos culpables son los mismos que en enero y febrero de este año, decidieron resolver el problema del endeudamiento privado destruyendo los ahorros y provocando un brutal deterioro de los ingresos reales de la población.