Los fundamentos de una proyección relativamente optimista de nuestro futuro económico

Durante el último cuatrimestre de 2022 la economía se comportó en línea con el escenario “optimista” de nuestra proyección del 31 de agosto para 2022 y 2023. Para imaginar cómo se desenvolverá la economía en 2024 es necesario discutir cómo se sucederán los acontecimientos políticos e institucionales durante el año electoral 2023.

En materia económica, nuestro pronóstico para 2023 no prevé avances en la eliminación del desequilibrio fiscal ni en las distorsiones de precios relativos, pero, al mismo tiempo, argumenta que los desequilibrios no se agudizarán.

Los anuncios de los principales candidatos de la oposición sobre un gran cambio en la organización de la economía que incluye la eliminación total del déficit fiscal y la emisión monetaria ayudan a reducir el riesgo de un episodio hiperinflacionario como el ocurrido en la transición del gobierno del presidente Alfonsín al presidente Menem en 1989. Pero, al mismo tiempo, la presencia de fuertes grupos organizados de beneficiarios de los subsidios sociales y económicos alimenta el escepticismo de los agentes económicos sobre la viabilidad de un proceso rápido de reformas exitoso.

Por esa razón, pronosticamos que en términos de inflación y crecimiento el 2024 no será muy diferente al 2023. La gran diferencia se manifestará en cuanto a las reformas organizacionales y microeconómicas que surgirán de la eliminación de los controles cambiarios y de precios, la eliminación de subsidios, las reprivatizaciones de empresas que fueron estatizadas durante los gobiernos kirchneristas y la reforma del sistema monetario, para evitar una emisión excesiva en el futuro. La posibilidad de una fuerte desinflación y el inicio de un proceso de crecimiento sostenible se contempla para la segunda mitad de 2024 y sobre todo, para el año 2025.

Muy probablemente, las reformas que se producirán tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023 se parecerán mucho más a las de los noventa que a las que prevalecieron a partir de 2002.

Los cuatro gobiernos kirchneristas y el interregno de Macri.

El actual gobierno es la cuarta edición de la versión kirchnerista del peronismo que conquistó el poder en 2003 con un discurso antineoliberal. Ese discurso identificó a las reformas de mercado y a las políticas de estabilidad de los 90 como responsables de la crisis que en 2002 produjo un fuerte aumento de la pobreza y un renacer de la inflación.

La interpretación contrapuesta que achacaba la crisis financiera a la falta de disciplina fiscal y a la decisión de default de la deuda externa e interna, que en líneas generales compartían la versión menemista del peronismo, con el propio Menem como candidato y la coalición liberal que encabezaba Ricardo López Murphy, en conjunto capturó casi el doble de los votos obtenidos por Néstor Kirchner. Pero el desgaste político de Menem, más la satanización de las políticas neoliberales que se había impulsado durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, desalentó la participación de Menem en la segunda vuelta y Néstor Kirchner fue electo presidente con sólo el 22% de los votos.

La primera edición del kirchnerismo con el presidente Néstor Kirchner acumulando poder rápidamente, se benefició de circunstancias muy favorables. Por el lado interno, ayudaron la alta y eficiente inversión de la década de los noventa y la desindexación que había resultado de 10 años de estabilidad de precios. En el lado externo, la ayuda provino del auge de las materias primas que benefició a las exportaciones argentinas desde 2003 hasta 2010. Esas circunstancias permitieron al presidente Kirchner no sólo reactivar la economía sino iniciar un período de rápido crecimiento, incluso con políticas que gravaron fuertemente a los sectores más productivos de la economía, desincentivaron la inversión privada eficiente y no buscaron recuperar el crédito público.

La evolución relativamente exitosa de la economía en los cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner ayudó a reforzar el discurso antineoliberal y desacreditó aún más la experiencia de los 90.

La segunda edición del Kirchnerismo comenzó en diciembre de 2007 y llevó a Cristina Kirchner a la presidencia. Néstor Kirchner decidió que alternando candidaturas con su cónyuge podrían seguir gobernando por tiempo indefinido, evitando la limitación constitucional de dos mandatos consecutivos de cuatro años. Durante 2008 y 2009 la economía sufrió las consecuencias de un grave conflicto con el campo por el intento del gobierno de aumentar los impuestos a la exportación de soja y del impacto local de la recesión mundial que siguió a la crisis financiera en los Estados Unidos. Pero, para 2010, la economía se estaba recuperando porque el gobierno decidió financiar una fuerte expansión fiscal utilizando los ahorros acumulados de los fondos de pensiones privados y las reservas de divisas del Banco Central. Néstor Kirchner siguió siendo el “verdadero poder detrás del trono” y era visto por la oposición como el jefe de una asociación ilícita de funcionarios corruptos que robaban al Estado para su propio beneficio.

Luego de la muerte de Néstor Kirchner, a un año de las elecciones presidenciales en las que seguramente él hubiese sido el candidato para reemplazar a su esposa en la presidencia, la opinión pública se volcó a favor de Cristina aceptando el argumento de que no había estado involucrada en las prácticas corruptas que se habían vuelto cada vez más evidentes en los últimos años. La reactivación de la economía y la expectativa de que con Cristina recuperando el control total del gobierno cesarían las prácticas corruptas que se identificaron con su esposo, ayudaron al kirchnerismo a mantenerse en el gobierno con el 54% de los votos, el mayor respaldo obtenido por cualquier candidato desde el regreso a la democracia en 1983.

La tercera edición del kirchnerismo, contrariamente a las expectativas del electorado que llevó a Cristina al poder para un segundo mandato, vio un dramático deterioro del clima institucional tanto político como económico. La economía entró en un período de estanflación cuando las políticas económicas se volvieron cada vez más intervencionistas y populistas siguiendo la ideología económica de Axel Kicillof y los dirigentes más izquierdistas del Frente de Todos.

La política se volvió cada vez más conflictiva cuando el gobierno trató de silenciar a la prensa opositora y atacó a los jueces que procesaban a los funcionarios del gobierno acusados de corrupción, incluidos los miembros de la familia presidencial. Fue en este período que porciones significativas de la militancia peronista se alejaron del kirchnerismo y se involucraron ya sea en el PRO, el espacio político creado por Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, o en el llamado “Frente Renovador” liderado por Sergio Massa, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner que había comenzado a confrontar con Cristina Kirchner en cuanto esta comenzó a mostrar sus impulsos autoritarios.

En las elecciones de 2015, el candidato kirchnerista fue derrotado por Mauricio Macri que criticó la corrupción y los desórdenes institucionales de los gobiernos kirchneristas pero que en materia económica achacó la estanflación sólo al control de cambios y a las malas relaciones con los mercados globales de capital, sin prestar mucha atención a los retrocesos de las reformas del mercado y el abandono de la estrategia de estabilización de los años 90. Por el contrario, aconsejado por su asesor Duran Barba que recomendaba no asustar al electorado con promesas de ajustes, durante la campaña Macri dijo que no reprivatizaría las empresas que habían sido nacionalizadas por el gobierno kirchnerista ni enfatizó el problema creado por el extremo intervencionismo estatal en los mercados privados y el gran aumento del gasto público, los déficits fiscales y expansión monetaria.

Si bien Macri había sido un empresario que en los 90 había demostrado entusiasmo con las llamadas políticas neoliberales, él y sus ministros se comportaron como si aceptaran la visión de que esas reformas habían sido las responsables de la crisis de 2001-2002, algo que el kirchnerismo había argumentado todo el tiempo e incluso había vuelto a enfatizar durante la campaña presidencial de 2015.

Las expectativas favorables iniciales y el apoyo de los capitales financieros nacionales y extranjeros tendieron a desaparecer al inicio del tercer año de gobierno de Macri. Para evitar un nuevo default de la deuda, Macri tuvo que pedir un fuerte apoyo al FMI que vino condicionado a un ajuste fiscal muy necesario pero difícil de implementar.

Cristina Kirchner, que estaba siendo procesada por numerosos hechos de corrupción, encontró la oportunidad de convencer a peronistas no kirchneristas, como los que lideraba Sergio Massa, de armar una coalición para recuperar el gobierno en 2019. Con ese propósito postuló a Alberto Fernández, el jefe de campaña de Sergio Massa, como candidato a la presidencia, reservándose para ella el cargo de vicepresidenta. Como Alberto Fernández había criticado el desorden institucional de la segunda y tercera edición del Kirchnerismo, su candidatura fue vista por el público como un reconocimiento de Cristina Kirchner de que había que corregir esos errores de sus gobiernos anteriores. Su estrategia electoral fue exitosa y Alberto Fernández fue elegido presidente para el período 2020 a 2023.

El cuarto gobierno kirchnerista, que ahora entra en su tercer año, fue caótico porque comenzó con una nueva declaración de default de la deuda, la reintroducción de controles de cambio y la suspensión del programa del FMI que había negociado Macri, justo cuando la pandemia del covid exigió un gasto adicional significativo y provocó una reducción de los ingresos fiscales. El déficit fiscal primario, que en 2019 se había reducido a menos del 1% del PIB aumentó hasta el 4% del PIB en 2021 y fue financiado en su totalidad por emisión monetaria y deuda interna de muy corto plazo. Se aceleró la inflación y aumentó la pobreza.

No se corrigieron los desequilibrios estructurales de la economía que se habían agravado desde las contrarreformas posteriores al abandono de la convertibilidad. Por el contrario, se re-estatizaron nuevas empresas privadas y los impuestos y regulaciones distorsivas acentuaron los desequilibrios en los mercados privados de bienes y servicios.

Después de tres años de políticas económicas muy confusas e inconsistentes, los movimientos tácticos de Sergio Massa como ministro de Economía han logrado al menos estabilizar la tasa de inflación mensual en torno al 6% con una brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre cercana al 100%. Si bien Massa hace lo mismo que había intentado hacer Guzmán luego de negociar el programa de facilidades extendidas con el FMI, las circunstancias críticas en las que accedió a su cargo actual y la sensación de los miembros de la coalición de gobierno de que corrían el riesgo de una explosión inflacionaria, hicieron replegar a la vicepresidenta y sus seguidores de su permanente oposición a cualquier medida asociada al programa del FMI.

La discusión sobre políticas económicas durante la campaña electoral de 2023

En términos políticos la coalición de gobierno no está ofreciendo ningún curso de acción alternativo para arreglar la economía que pueda ser atractivo para el electorado y la oposición, aunque todavía no tiene una propuesta completamente consistente en materia de reorganización de la economía y estabilización macroeconómica, está mostrando más vitalidad y determinación que en la campaña de 2015 para producir un gran cambio.

El surgimiento de una fuerte alternativa libertaria liderada por Javier Milei está teniendo una fuerte influencia en el tipo de discurso económico de la oposición. Hay mucho más énfasis en el papel del libre mercado, la apertura de la economía, la reforma del Estado, la disciplina fiscal y la libertad económica en general, que lo que estaba presente en el discurso de “Cambiemos” en 2015.

Por primera vez desde el abandono de la convertibilidad en 2002, las llamadas reformas neoliberales de los 90 son apreciadas y mencionadas como referencia para futuras reformas. Estas ideas están recibiendo apoyo entre jóvenes, trabajadores y personas de escasos recursos que en el pasado fueron atraídos por políticas populistas y estatistas. Este ha sido el resultado de la predica de Milei que, con un estilo muy particular, combinó un rescate de las políticas Menem-Cavallo de los años 90 con una interpretación de la Escuela Austriaca de las políticas económicas argentinas y propuestas de reforma basadas en la eliminación total de las restricciones a la libertad económica impuestas por decisiones discrecionales de los políticos.

El énfasis de la oposición en recuperar el clima de estabilidad de los 90 volvió a poner énfasis en la necesidad de producir un ajuste fiscal rápido e introducir una reforma monetaria que le dé un papel crucial al dólar como moneda de curso legal como sucedió bajo el plan de convertibilidad. Las propuestas van desde la legalización del uso del dólar en competencia con el Peso hasta la dolarización total de la economía, pero en todo caso, la reforma monetaria requerirá una completa reunificación y liberalización del mercado cambiario y un ajuste importante del gasto público para eliminar el déficit fiscal.

El ejercicio cuantitativo elaborado para ilustrar cuál podría ser el mejor resultado de tal política de estabilización lanzada a principios de 2024 se basa en el supuesto de que el tipo de cambio tras la reunificación y liberalización del mercado cambiario se estabiliza en 700 pesos por dólar. Sería un desenlace como el de la reunificación y liberalización implementada en diciembre de 2015 por el recién promulgado gobierno de Macri cuando el tipo de cambio oficial estaba en 9 pesos por dólar y saltó inicialmente a 14 pesos y al cabo de un año a 17 pesos

Estimamos que durante los meses previos a la reunificación y liberalización, la inflación mensual se acelerará como consecuencia del reajuste de precios relativos provocado por la eliminación de los subsidios económicos y el efecto de la emisión monetaria pasada, pero una vez reunificado y liberalizado el mercado cambiario con el déficit fiscal tendiendo a desaparecer, la inflación comenzará a bajar rápidamente empujada por el tipo de cambio estabilizado en 700 pesos por dólar. Para obtener estos resultados, las medidas de ajuste fiscal deberían producir un superávit primario del 2% para posibilitar un déficit fiscal global del 0%.

Al mismo tiempo, la eliminación del sesgo anti exportador de la estructura de tipos de cambio efectivos debería ayudar a recuperar el superávit comercial de 2021 y facilitar la estabilidad del mercado cambiario.

La inflación anual durante 2024 aún puede estar alrededor del 100%, pero la inflación mensual al final de ese año debería estar por debajo del 2%, lo que permitiría alcanzar una inflación anual no superior al 20% en 2025. Si este fuera el curso de los acontecimientos durante 2024 y 2025 se asemejaría claramente al comportamiento de la economía en 1991 y 1992, los dos primeros años del plan de convertibilidad que se ha convertido en la referencia común de los economistas de oposición en la elaboración de las futuras políticas de estabilización y crecimiento.

La economía se encierra cada vez más

El manejo del sistema cambiario que está haciendo el gobierno lleva a un creciente encerramiento de la economía, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones.

En materia de exportaciones, la producción de bienes está cada vez más desalentada no sólo por los impuestos que se le aplican sino también, y sobre todo, por las restricciones arbitrarias a las importaciones.

El avance en materia de exportaciones industriales está íntimamente ligado a la factibilidad de las denominadas cadenas de valor que integran partes y servicios producidos en países distintos para lograr competitividad para el producto final. Con el tipo de administración burocrática y arbitraria, que está haciendo el gobierno de las licencias de importación, es impensado que se desarrollen actividades de exportación que no sean de bienes primarios e, incluso, peligra la continuidad de actividades que se desarrollaron en el pasado.

Si, luego de las elecciones del año que viene, continuara la actual organización del mercado cambiario, es muy probable que la próxima etapa sería la estatización del comercio exterior que tanto pregonaban los ideólogos estatistas en las décadas del 50 al 70. Eso significaría el encerramiento completo de la economía argentina y su virtual aislamiento internacional por irrelevancia.

Con sólo entender las virtudes de los mercados libres, el equipo del ministro Massa y el Banco Central podrían aventar este riesgo y preparar, para el próximo gobierno, el terreno hacia una unificación y liberalización del mercado cambiario que permita volver a abrir la economía y avanzar hacia la derrota de la inflación. Sólo si éste fuera el rumbo que se imponga a la economía a partir de 2024, es posible pensar que en pocos años se logre mejorar la calidad de vida de las familias y se creen suficientes empleos productivos como para incluir a toda la población en el reparto de los beneficios del progreso.

Desdoblamiento formal y transitorio del mercado de cambio

La propuesta que vengo pregonando desde que se establecieron los controles de cambio significa transformar al actual MULC, “mercado único y libre de cambios” que no es ni único ni libre, en un mercado comercial en el que se compren las divisas de exportación y se vendan las divisas para importaciones que se muevan físicamente a través de las fronteras. Los controles de cambio se limitarán a las operaciones que obligatoriamente se deben realizar en este mercado.

Todas las demás transacciones cambiarias, sean exportaciones o importaciones de servicios, típicamente las del turismo, así como las de naturaleza financiera, incluidas las vinculadas al atesoramiento o des atesoramiento de ahorros presentes o futuros y a las transferencias financieras, tanto de salida como de entrada de capitales, deberán cursarse en un mercado totalmente libre, en el que no participe el Banco Central, ni para comprar ni para vender.

Las virtudes de este tipo de organización del sistema cambiario son varias.

En primer lugar, todo el superávit comercial, que sigue siendo positivo, se transformará en compra de reservas por el Banco Central.

Al no tener que vender divisas para ningún otro motivo, tampoco enfrentará el dilema de fijar precios diferenciales según el motivo de la demanda, con lo que se evitarán las arbitrariedades que existen actualmente, Cualquiera sea la razón por la que la gente demanda divisas, el precio será único y determinado por la oferta y la demanda en el mercado libre.

Ya no tendrá razón de ser la existencia de un mercado negro porque la gente que ahorró en dólares billetes o en depósitos bancarios en el país y en el exterior, lo mismo que los turistas, podrán venderlos en el mercado libre al que deberán concurrir los que quieran transformar sus pesos en dólares para atesoramiento o cualquier tipo de pagos al exterior que no sea por importaciones.

Al habilitarse la entrada de capitales en forma plenamente legal, a un tipo de cambio que no está distorsionado por intervenciones discrecionales del Banco Central, la entrada y salida de divisas actuará como estabilizador del precio en el mercado libre.

El sector privado que consiga crédito en el exterior podrá ingresar esas divisas por el mercado libre con lo que se habilitará una fuente de financiamiento que hacia el mediano y largo plazo resultará seguramente más barata que el endeudamiento en pesos a tasas de interés que necesariamente tendrán que ser superiores a la tasa de devaluación en el mercado comercial. Como a la postre se producirá una unificación completa del mercado cambiario, la tasa de devaluación en el mercado libre terminará siendo muy inferior a la del mercado comercial.

¿Habrá espacio para utilizar herramientas como la del dólar “soja”?

La fijación de un precio especial por un tiempo determinado al dólar de algún tipo de exportación es una herramienta inadecuada e ineficiente. Las exportaciones aumentan cuando previamente ha aumentado la producción de bienes exportables. Para que ello ocurra, es importante que el productor, antes de decidir la inversión en capital de trabajo para producir el bien exportable, espere un precio que supere los costos de producción. El anuncio de un tipo de cambio más favorable por un tiempo determinado sólo sirve para adelantar ingresos de exportación, pero no para aumentarlos. Por el contrario, la incertidumbre que agrega este tipo de manejo cambiario puede desalentar la producción futura de los bienes exportables.

El aliento genuino y sostenible de todo tipo de exportación se producirá cuando se unifique totalmente el mercado cambiario, se eliminen las retenciones y los impuestos que encarecen los costos de la producción exportable y no haya trabas a las importaciones más allá del pago de los aranceles de importación, sin ninguna restricción de tipo cuantitativa.

¿Cómo se produciría la unificación cambiaria sin riesgo de Rodrigazo?

Desde el momento en que comience a funcionar el mercado desdoblado, la brecha entre los dos tipos de cambio no tiene porqué ser superior a la que hoy existe entre los dólares bolsa, contado con liquidación y blue y el precio oficial fijado por el Banco Central. Pero en la medida que el gobierno vaya logrando disminuir el ritmo de crecimiento del gasto público y de la emisión de pasivos del Banco Central, la brecha tendría que comenzar a cerrarse. Cuando renazca mínimamente la confianza en el manejo responsable de la emisión y el endeudamiento, el tipo de cambio libre tenderá a apreciarse y acercarse al tipo de cambio comercial. Cuando la brecha sea reducida, se podrá avanzar hacia la unificación sin un salto cambiario que desate expectativas inflacionarias por arriba de las determinadas por la inercia inflacionaria y la eliminación de la inflación reprimida. En ese momento el gobierno podrá y deberá anunciar un plan de estabilización y crecimiento capaz de revertir las expectativas desestabilizadoras que se alimentan en la actual desorganización de la economía. Desorganización de la que un ingrediente crucial es el sistema cambiario.

El ritmo de aumento del gasto público difícilmente bajará a lo largo de 2023

En mi post del 30 de setiembre argumenté que el único mecanismo que el gobierno tiene disponible para intentar bajar la tasa de inflación del 6% mensual, equivalente al 100% anual, es la reducción del ritmo de aumento del gasto público.

La experiencia de los tres primeros meses de gestión de Sergio Massa como ministro de economía permite estimar que, aun cuando subió con un discurso que enfatizaba el propósito de contener el aumento del gasto público, le resultará muy difícil conseguirlo.

Las dificultades que ha enfrentado quedan claramente documentadas por la comparación de dos decisiones administrativas. La decisión administrativa 826 del 22 de agosto de 2022 disponía una reducción del gasto y del déficit fiscal de 128.000 millones de pesos, la que fue bastamente publicitada como demostración del plan de austeridad fiscal decidido por el nuevo ministro de economía.

Pero el 28 de octubre se publicó la decisión administrativa 1074 que aumenta el déficit fiscal en 144.662 millones de pesos como resultado de un aumento de gastos de 249.866 millones de pesos y un aumento de la estimación de recursos de 105.204 millones.

En pocas palabras, A sólo dos meses de la decisión administrativa que apuntaba a reducir el gasto, se acaba de publicar otra decisión administrativa que revierte totalmente aquella primera loable intención.

Otra manifestación de la dificultad para reducir el ritmo de aumento del gasto público surge de la comparación de las cifras de ejecución presupuestaria al cierre de 2022 que acompañaron al proyecto de presupuesto para 2023, con la ejecución ya observada al cabo de los 9 primeros meses del año.

Cuando el 15 de setiembre el ministro presentó en la cámara de diputados el proyecto de presupuesto para 2023, la estimación de la ejecución del presupuesto para todo el año 2022, indicaba un aumento del gasto total del 61% en comparación con el gasto total del año 2021. Esto se muestra en la tercera columna (con datos coloreados en rojo) del cuadro 1. En la segunda columna (con números en negro), se muestra lo que ocurrió en los nueve primeros meses según la oficina de presupuesto del Congreso (OPC) . Los gastos totales subieron 66%, un ritmo bastante mayor al que se preveía sólo dos meses antes.

Comparando los datos referidos al gasto primario, las diferencias se acentúan. Mientras que en el proyecto de presupuesto para 2023 se estima que, al cierre de 2022, el gasto primario habrá aumentado 51%, el aumento del gasto primario de los primeros nueve meses, según la OPC, fue del 66%

El aumento de recursos durante los 9 primeros meses de 2022, en comparación con los mismos meses de 2021, resultó más alto que el que estimaba la ejecución del presupuesto para todo el año 2022 (54% en comparación con el 45%). Aun así, el déficit primario, que debía terminar el año aumentando 98% con respecto al de 2021, aumentó 179% según las cuentas que reporta la OPC. Es imposible que este desvío se revierta en el último trimestre del año.

En la última columna del cuadro 1 se presentan las previsiones del presupuesto para 2023 que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

El presupuesto para 2023 contempla un aumento del gasto total del 71%, no muy diferente del aumento que se terminará produciendo en 2022. Por consiguiente, no puede argumentarse que para 2023 el gobierno planea una reducción del aumento del gasto público.

Cuando se profundiza el plan presupuestario en materia de rubros del gasto, aparecen de inmediato dudas sobre la posibilidad de que se puedan llevar a cabo las reducciones que en términos reales se planean para transferencias a provincias (-13,9%), universidades (-12,2%)  y prestaciones sociales (-2,8%). El análisis de los gastos de la OPC proyectados por rubros aparece en el cuadro 4, que lleva el número de el cuadro respectivo del documento del que ha sido copiado.

Estas reducciones van a encontrar mucha oposición, especialmente porque 2023 es un año con un nutrido calendario electoral. Si el gobierno no logra llevar a cabo estos recortes en términos reales, el aumento del gasto será parecido al que se contempla para los rubros gastos en personal y en bienes y servicios, es decir del orden del 78% en lugar de 71%.

Como en el presupuesto se contempla un aumento de recursos de 78%, no es de descartar que todo el gasto termine creciendo a ese mismo ritmo con lo que no se podrá lograr la reducción planeada en las cifras del déficit fiscal.

¿Qué herramientas tiene el Gobierno para bajar la tasa de inflación del piso del 6% mensual?

Con la tasa de inflación mensual tendiendo a estabilizarse en un piso del 6% mensual, equivalente al 100% anual, en el contexto político actual no es posible imaginar herramientas efectivas para hacerla bajar de ese nivel, salvo una fuerte reducción del gasto público.

El precio del dólar para las transacciones comerciales, que en muchas ocasiones del pasado se utilizó como ancla nominal, no podrá ser utilizado con ese objetivo en el curso de los que resta de 2022 y el año 2023. La alta brecha cambiaria y las expectativas de un salto devaluatorio discreto hacen muy peligroso cualquier intento del gobierno de ubicar el ritmo mensual de ajuste del precio del dólar en el mercado oficial por debajo de la tasa de inflación.

Tampoco se podrán utilizar las tarifas de los servicios públicos y de la energía como se lo hizo de manera prácticamente continuada desde enero de 2002 en adelante. Por el contrario, la necesidad de evitar un aumento adicional de los subsidios económicos requerirá no sólo de aumentos para recuperar atrasos sino ajustes mensuales adicionales que no sean inferiores a la tasa de inflación.

El aumento de la tasa de interés para ubicarla en términos netos positivos, es decir, por arriba de la tasa de inflación, que en economías básicamente estables es la herramienta para revertir escaladas inflacionarias, como se lo está viendo en estos momentos en los Estados Unidos y en Europa, en nuestro caso tampoco ayudará a bajar la tasa de inflación. Esto se debe a que el Banco Central tiene una deuda remunerada con esa tasa (LELIQs y Pases) que ya supera a la misma base monetaria, por lo que, para no seguir aumentando esa deuda, el Banco Central tendría que dejar expandir mensualmente la base monetaria al 50% de la tasa mensual de interés. Si los otros factores de creación de base monetaria (compra de reservas y asistencia al Tesoro) no logra ser inferior al 50% de la tasa mensual de interés, la tasa de expansión de los pasivos del Banco Cenral (base monetaria mas LELIQs) se equipararía a la tasa mensual de interés, es decir algo por arriba de la tasa de inflación. El efecto contracción de demanda agregada que se espera por el aumento de la tasa de interés será compensado, probablemente más que compensado, por el efecto expansión adicional de los pasivos del Banco Central.

Los sindicatos y la misma ala kirchnerista del gobierno no permitirán que el aumento de los salarios sea inferior a la tasa de inflación, por lo que la caída del salario real, que fue utilizada en el pasado para disminuir la tasa de inflación, tampoco estará disponible en 2023, máxime teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Esto ya se ha observado en las recientes discusiones salariales.

Queda como único instrumento imaginable, la reducción del gasto público en términos reales. Es decir, que el aumento del gasto público nominal sea significativamente inferior a la tasa de inflación. Tanto de la presentación del proyecto de presupuesto para 2023 como de las expresiones del viceministro Gabriel Rubinstein, sugiere que esta es la apuesta del equipo liderado por el ministro Sergio Massa. Por esta razón vale la pena seguir en detalle la discusión del ajuste fiscal que se propone y examinar su viabilidad política.

El ajuste fiscal descripto en el proyecto de presupuesto para 2023

Dado que el proyecto de presupuesto para el año próximo incluye, como todos los años, una estimación detallada del cierre fiscal del año en curso, una forma de explorar la viabilidad de la propuesta para 2023 consiste en examinar que es lo que el equipo económico espera que ocurra en lo que resta del año 2022. De este examen, se puede deducir cual será el enfoque del ajuste fiscal de 2023. Este ejercicio ha sido prolijamente hecho por Nadín Argañaraz. Paso a resumirlo.

En el cuadro 1 se puede observar que la evolución de los distintos componentes del cuadro fiscal que se estima para el cierre de 2022 es muy diferente al curso que tuvieron las cuentas respectivas durante los ocho primeros meses del año, en comparación con los mismos ocho meses de 2021.

Así, mientras que en los primeros ocho meses los gastos totales aumentaron 72 % con respecto a los mismos meses de 2021, la estimación al cierre de 2022 que trae el proyecto de presupuesto es un aumento de sólo 61%. En línea con esta estimación, lo mismo ocurre con todos los demás conceptos de gastos, excepto el de intereses pagados por el tesoro que mientras aumentaron 66% en los primeros ocho meses, se estima que durante todo el año 2022 aumentarán 142%.

Nadín Argañaraz ha calculado los porcentajes de reducción en términos reales (es decir, descontado el efecto de la inflación) de los distintos componentes del gasto del sector público que se necesitará lograr en el período septiembre-diciembre de 2022 para que el año cierre con las cifras estimadas en el proyecto de presupuesto para 2023. Estos porcentajes se presentan en el cuadro 2.

El gasto primario debe reducirse 17% en términos reales. Más en detalle se destacan “déficit operativo de empresas públicas y otros” con una reducción del 43%, “Bienes y servicios” con una reducción del 30%, “Inversión real directa” con una reducción del 28%, “transferencias corrientes” con reducción del 26% y “prestaciones de la seguridad social” con una reducción del 13%. Los únicos rubros para los que se contempla un aumento en término reales son “transferencias de capital” y “remuneraciones” con aumentos de alrededor del 12% cada uno.

En ninguno de los discursos de los voceros del gobierno se mencionan estos esfuerzos fiscales que son los que deberían realizarse en el tercer trimestre, dado que el mes de septiembre ya ha transcurrido y no hay indicios de que se hayan producido. Al menos no ha habido reclamos de los que hubieran sido afectados por estos ajustes.

Lo que ocurra en los tres próximos meses con los gastos de los rubros mencionados y la discusión en el congreso de los ajustes contemplados para 2023 permitirán evaluar con más precisión el realismo de este programa fiscal. Pero, a la luz de lo que ha sido la trayectoria fiscal hasta aquí y los discursos de la vicepresidente y la gente que la acompaña, mi impresión es que se trata de una propuesta tan poco realizable como lo era el presupuesto para 2022 que había preparado Martín Guzmán en 2021.

Esto no significa que yo piense que el gobierno no podrá cumplir con el compromiso fiscal asumido en el programa con el FMI. Mi conclusión es que el gobierno va a necesitar una tasa de inflación de al menos 6% mensual para que se logre reducir el déficit fiscal primario al 1,9% del PBI. Por supuesto, medido el PBI a precios corrientes, es decir aumentado por el efecto de la inflación.


Mercado cambiario disfuncional

Históricamente, el mercado cambiario no ha sido funcional a la lucha contra la inflación y al mantenimiento de la estabilidad del nivel general de precios. No lo fue ni cuando funcionó como mercado único y libre ni cuando funcionó con controles de cambio.

En diciembre de 2015, apenas asumido como presidente, Mauricio Macri cumplió con su promesa electoral de eliminar el control de cambios y liberalizar el mercado cambiario. El precio del dólar en el mercado oficial saltó de 9 a 14 pesos y comenzó a flotar libremente.

Después de una aceleración inicial de la tasa de inflación, el Banco Central comenzó a usar la tasa de interés como el instrumento de política monetaria para alcanzar metas de inflación. Al mismo tiempo, el Tesoro decidió financiar una proporción

elevada del déficit fiscal con endeudamiento. Para conseguirlo tuvo que ofrecer una tasa de interés ligeramente más elevada que la que pagaba el Banco Central por la deuda que decidió emitir para financiar la acumulación de reservas externas. Como consecuencia, las reservas del Banco Central aumentaron 13.700 millones de dólares en 2016 y 15.700 millones de dólares en 2017. Estas cifras se pueden ver en el cuadro 1.

Luego de aumentar a 16 pesos desde enero a marzo, el precio del dólar comenzó a bajar y después de algunos meses, la tasa de inflación se desaceleró. El precio del dólar comenzó a rezagarse con respecto al nivel de precios y el peso se apreció en términos reales.

Al mismo tiempo que el Banco Central inducía entrada de reservas externas a través de su propio endeudamiento, el sector privado continuó enviando capitales al exterior. En 2016, la formación de activos externos del sector privado fue de 6.400 millones de dólares, no muy diferente de la que había sido en 2015. No obstante, al año siguiente fue 2.5 veces el monto de los dos años anteriores (15.700 millones de dólares).

La simultaneidad de los influjos inducidos por el endeudamiento del sector público y las salidas para formación de activos externos del sector privado sugiere que prestamistas externos y ahorristas internos tenían expectativas diferentes sobre el curso futuro del tipo de cambio. Esta divergencia en las expectativas desapareció en abril de 2018 cuando el país sufrió una interrupción repentina de la entrada de capitales. Los ahorristas internos acentuaron sus compras de dólares para la formación de activos externos y los prestamistas del exterior decidieron comenzar a retirar a su vencimiento los fondos que habían prestado.

Durante tres meses de dudas del Banco Central y del Tesoro sobre cuál debía ser la estrategia para enfrentar la interrupción repentina del flujo de capitales, como el peso estaba sufriendo una fuerte devaluación y las reservas estaban declinando rápidamente, el gobierno decidió solicitar un préstamo standby al FMI con el propósito de evitar un default de la deuda del sector público y ganar tiempo para recuperar el crédito en los mercados del exterior.

El FMI desembolsó 28.300 millones de dólares en 2018 y 15.700 millones de dólares en 2019. A pesar de estos influjos extraordinarios, las reservas externas del Banco Central declinaron de 55.100 millones a finales del 2017 a 44.800 millones para finales de 2019. Esta pérdida de reservas se produjo porque la salida de dólares para la formación de activos en el exterior del sector privado fue de 19.200 millones de dólares en 2018 y 23.500 millones en 2019.

Inmediatamente después de que el gobierno de Macri sufriera una fuerte derrota en las elecciones primarias que precedieron a la elección general de octubre de 2019, el gobierno decidió que para detener la pérdida de reservas era necesario introducir controles de cambio. A partir de ese momento se redujo drásticamente la salida de dólares para formación de activos externos del sector privado.

Como era de esperar, las transacciones que ya no podían hacerse en el mercado oficial comenzaron a cursarse por mercados informales. Uno de ellos basado en el mercado en pesos de bonos del Tesoro en dólares (CCL, contado con liquidación) y otro operando a través de la Bolsa (dólar MEP), ambos legales pero sujetos a regulaciones de la Comisión Nacional de Valores. También comenzó a operar un mercado ilegal, pero ampliamente utilizado por el público sin sofisticación financiera, denominado eufemísticamente, ¨azul¨ para evitar denominarlo ¨negro¨. La cotización del dólar en estos tres mercados informales fue siempre muy parecida.

El nuevo gobierno que asumió en diciembre de 2019, encabezado por Alberto Fernández, heredó una organización del mercado cambiario similar a la que había prevalecido hasta diciembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner.  

En lugar de continuar con la estrategia de intentar recuperar el acceso a los mercados de capitales extranjeros, las nuevas autoridades decidieron no solicitar el desembolso del último tramo del standby del FMI y anunciaron que intentarían renegociar sus términos. Al mismo tiempo, decidieron emprender una reestructuración de la deuda externa del sector público.

De septiembre a diciembre de 2019, mientras Macri aún estaba en el cargo, el Banco Central fijó una tasa de interés alta que mantuvo bastante bajo el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el informal. El diferencial comenzó a aumentar a medida que las nuevas autoridades redujeron la tasa de política monetaria de alrededor del 6% al 3% mensual y la mantuvieron en ese nivel durante los siguientes dos años.

Como era de esperar, el diferencial aumentó de manera gradual pero continua, con algunos altibajos asociados con cambios en la liquidez del mercado monetario y algunos eventos disruptivos de la economía real causados por la pandemia de COVID 19. La evolución de los tipos de cambio oficiales y de mercado libre se muestra en el gráfico 1.

La salida de reservas para la formación de activos externos del sector privado pasó de 23.500 millones de dólares en 2019 a 2.100 millones de dólares en 2020 y a cifras insignificantes en 2021 y el primer semestre de 2022. La única ventana que quedó abierta para que las personas ahorraran en dólares se limitó en 200 dólares por mes. La diferencia entre 2020 y los años posteriores, se explica por las mayores restricciones impuestas a la venta de esta cantidad limitada de dólares.

Pero la consecuencia no deseada del cierre de la venta de dólares para la formación de activos en el exterior fue la desaparición total del ingreso de capitales financieros al mercado cambiario oficial. Dada la diferencia entre las cotizaciones en el mercado oficial y en el informal, ningún tenedor de dólares los vendería al tipo de cambio oficial. Por el contrario, los deudores de dólares del sector privado que se habían endeudado en el exterior en los años anteriores comenzaron a demandar dólares en el mercado oficial para pagar esas deudas. Por lo que el flujo de dólares financieros pasó de positivo hasta 2018 (+2.500 millones de dólares) a negativo en 2019 (-1.100 millones de dólares) y negativo y mayor en términos absolutos en 2020 (-3.200 millones de dólares).

Es muy difícil estimar las salidas de dólares por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, pero, por cierto, no fue un monto despreciable. La balanza comercial pasó de 23.400 millones de dólares en 2019 a 8.300 millones de dólares en 2020. Como consecuencia, en 2020, luego de 15 meses de control de cambios, las reservas de divisas se redujeron de 44.800 millones de dólares a fines de 2019 a 39.400 millones de dólares a fines de 2020.

A pesar de un superávit comercial mucho mayor en 2021 (15.300 millones de dólares) no hubo acumulación de reservas porque la cuenta de servicios reales negativa pasó de -1.600 millones de dólares en 2020 a -4.600 millones de dólares en 2021, mientras que el resto de las cuentas no cambió mucho.

En 2020 la cuenta financiera utilizó 9.200 millones de dólares de reservas y 5.300 millones de dólares en 2021, porque además de la venta de dólares para el pago de la deuda privada, el fisco continuó con el servicio de la deuda externa, incluido el préstamo del FMI, para evitar caer en default antes de concluir los respectivos procesos de reestructuración de deuda.

Fue recién después de la aprobación del nuevo programa EFF con el FMI, en marzo de 2022, que se redujo la cuenta financiera y el FMI contribuyó a la acumulación de reservas con 4 mil millones de dólares, monto de intereses que se había pagado a la institución durante los dos años anteriores. Gracias a este reembolso del FMI, el semestre cerró con un nivel de reservas de 43.100 millones de dólares, en línea con el objetivo de acumulación de reservas fijado en el préstamo EFF.

Desde fines de junio el precio del dólar en el mercado libre se disparó rápidamente por el impacto en las expectativas de varias declaraciones críticas de la vicepresidente, la renuncia del ministro Martín Guzmán y las dificultades para designar un nuevo ministro de economía que contara con el apoyo de Cristina Kirchner.

El presidente designó a Silvina Batakis, pero como el precio del dólar en el mercado libre seguía subiendo y el Banco Central perdía reservas muy rápidamente, Sergio Massa, líder de una de las tres porciones de la coalición de gobierno que buscaba la oportunidad de pasar al ejecutivo como un ministro de economía con mucho poder, convenció al presidente y a la vicepresidente de que él era la mejor alternativa para hacer frente a la peligrosa crisis que se hacía cada vez más inmanejable.

El precio del dólar en el mercado libre informal alcanzó el máximo histórico de 340 pesos el 27 de julio. Al día siguiente mientras el ministro de economía descartaba la posibilidad de una fuerte devaluación en el mercado oficial y el presidente del Banco Central elevaba la tasa de política monetaria anual del 80% efectivo (60% nominal) al 97% efectivo (69,5% nominal), el precio del dólar en el mercado libre informal bajó a 280 pesos y parece haberse estabilizado en torno a ese nivel.

Si bien todos estos eventos políticos ocurrieron en una secuencia desordenada, el Banco Central perdió todas las reservas que había acumulado desde el desembolso del FMI a fines de marzo. Esto se puede ver en el gráfico 2.

Inicialmente, el aumento de la brecha a partir de fines de junio se atribuyó a las dificultades que encontró el gobierno para seguir colocando títulos de la deuda en pesos. Esto llevó al Banco Central a aumentar la tasa de interés de intervención del 4% al 5% mensual, pero esa decisión no tuvo un efecto significativo, al menos hasta la designación de Sergio Massa como ministro de economía

En mi opinión, el aumento vertiginoso de la brecha cambiaria a lo largo de todo el mes de julio se debió a la pérdida de reservas que instaló con fuerza la expectativa de un salto devaluatorio en el mercado cambiario oficial. La reacción del Banco Central y del Ministerio de Economía frente a este problema exacerbó esa expectativa.

Se podría haber tratado de detener la pérdida de reservas introduciendo un desdoblamiento inteligente del mercado cambiario que permita derivar a un mercado libre todas las transacciones cambiarias relacionadas con el atesoramiento de dólares, los gastos en viajes y turismo y las transferencias financieras no relacionadas con el pago diferido de importaciones, al mismo tiempo que se habilitaba ese mercado libre para la entrada de capitales y financiamiento externo para el sector privado. En lugar de hacer eso, el gobierno y el Banco Central prestaron atención a la denuncia vicepresidencial del festival de importaciones y agregaron el argumento de la demora de los productores agropecuarios en liquidar la soja que mantienen almacenada.

Como las restricciones a las importaciones y los ataques al sector agropecuario fueron vistos por los mercados como absurdos cursos de acción para resolver el problema de la pérdida de reservas, se instaló la opinión, prácticamente generalizada, de que el gobierno se verá obligado a producir un salto devaluatorio en el mercado oficial más temprano que tarde.

Una cuestión clave para proyectar el futuro de la economía argentina en los próximos 17 meses, es precisamente, si el gobierno será capaz de evitar un salto devaluatorio significativo. El denominado “escenario optimista” parte del supuesto de que Sergio Massa, sobre todo ahora que cuenta con el asesoramiento de Gabriel Rubinstein, lo logrará.