Autor: Domingo Cavallo

Es una pena que mientras el Presidente Macri consigue muy buena respuesta a su política exterior y hay una mayoría de ciudadanos que desea que pueda hacer un buen gobierno, no esté logrando convencer a la gente que el rumbo económico que ha tomado su gobierno va a llevar a buen puerto.

Quienes siguen las cuentas fiscales advierten que el Gobierno está tratando de cumplir con las metas que se propuso para 2017 y los datos del primer trimestre sugieren que lo conseguirá. Pero igualmente se preguntan cómo hará el Gobierno para reducir el tamaño del Estado y llevar la presión impositiva a niveles que no ahoguen a la actividad productiva. Y aún no hallan respuesta.

Hasta las elecciones, el gobierno no parece dispuesto a  anunciar medidas muy diferentes a las que viene aplicando, pero lo mejor que pueden hacer los funcionarios del equipo económico y del Banco Central es preparar un plan de estabilización y desarrollo para anunciar antes de que termine el año y que pueda implementarse con éxito a partir de enero de 2018.

La clave de un buen plan de estabilización y desarrollo está en la coherencia y completitud de los anuncios en materia fiscal, monetaria y de reformas estructurales (reforma de la burocracia, desregulación, privatizaciones, apertura, eliminación de impuestos distorsivos), de tal forma de influir favorablemente sobre las expectativas de todos los agentes económicos, no sólo de los financistas.

Para preparar este plan, el Banco Central deberá prestar mucha atención a la experiencia de Perú y prepararse para implementar una reforma monetaria que ponga al peso en competencia (de igual a igual) con el dólar, tanto como moneda de cambio como reserva de valor. La estabilización del nivel general de precios requerirá que se estabilice el tipo de cambio Peso/Dólar, pero no basado en una gran diferencial de tasas de interés sino en la creciente confianza de la gente en que el peso dejará de perder valor tanto frente al dólar como frente a los bienes y servicios que se comercializan en los mercados del país. La política monetaria deberá basarse en el manejo de la oferta de crédito tanto en pesos como en dólares. Cuando la economía se esté desdolarizando en forma absolutamente  voluntaria, habrá llegado el momento de conducir la política monetaria basada fundamentalmente en el peso, tal como lo hacen los países cuyas economías nunca estuvieron dolarizadas. Pero si el Banco Central pretende manejar la política monetaria basada en el peso sin que éste compita libremente con el dólar en todo tipo de transacciones, terminará logrando los resultados que obtuviera Brasil en contraposición a los de Chile, Colombia y México.

El curso de la inflación

La medición de la inflación por el INDEC refleja no sólo la evolución de los precios libres sino también la de los precios regulados. El gobierno no debe asustarse por aumentos de la tasa de inflación que resultan de sus propias decisiones sobre precios regulados. Estos deben ser, inexorablemente, ajustados para terminar con los subsidios económicos. Estoy hablando de los subsidios que no tienen un correlato en el bienestar de las personas más necesitadas. Por eso nosotros insistimos en seguir la inflación con el indicador elaborado por PriceStats, que mide el cambio en los precios de bienes y servicios que se fijan libremente en los mercados. El Gráfico 1 muestra la evolución de este índice para la inflación promedio mensual y para los últimos 30 días.

Si bien a lo largo de abril la tasa de inflación promedio medida por PriceStats estuvo subiendo y la tasa de los últimos 30 días se ubica algo por arriba del promedio, anticipando que la inflación promedio subirá algo más, no se observa un cambio de tendencia en comparación con lo que ha venido ocurriendo desde el mes de junio de 2016. De hecho desde mediados de agosto hasta mediados de setiembre y desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, la tasa promedio, medida por PriceStats, creció más rápidamente que lo que lo está haciendo durante abril. Sin embargo, en aquellas dos oportunidades el Banco Central siguió bajando la tasa de LEBACs. Sorprende que en abril haya decidido revertir bruscamente esa tendencia. Se me ocurre que la observación de la tasa medida por el INDEC, con su incidencia del cambio de precios regulados, haya creado la ilusión de que en el segundo semestre de 2016 y el primer mes de 2017, la tasa de inflación había bajado significativamente y que ahora, a partir de febrero está aumentando mucho. El Gráfico 2 muestra lo que puede haber sido el origen de esta confusión.

La baja de la tasa de inflación medida por INDEC en agosto y setiembre de 2016 se explica totalmente por la reversión de algunos aumentos de precios regulados dispuestos por la justicia y el aumento de febrero y marzo (y probablemente también el de abril) tiene el mismo origen… ¡en la dirección contraria!

La tasa de LEBACs sólo influye sobre la inflación a través de la apreciación cambiaria

El aumento de la tasa de LEBACs decidido por el Banco Central no va a tener efecto sobre la inflación, sobre todo desde que la misma autoridad monetaria demostró preocupación por la apreciación cambiaria al anunciar que se propone aumentar en un 50% el nivel de reservas externas. Pero tiene un inconveniente adicional: puede demorar la reactivación de la economía.

Una forma de explicar mi escepticismo sobre la eficacia de la estrategia estabilizadora que está implementando el Banco Central, sobre todo a partir de la decisión de aumentar la tasa de LEBACs, es mediante una comparación entre el curso de las principales variables macroeconómicas entre marzo de 2016 y marzo de 2017, el primer año completo de aplicación del plan de metas de inflación y el primer año del plan de convertibilidad, marzo de 1991 a marzo de 1992.

Resultados muy parecidos en materia de inflación entre dos estrategias diferentes

Es muy interesante observar que tanto en materia de reservas externas, tipo de cambio nominal y tasa de inflación medida por el IPC, el comportamiento de las tres variables a lo largo del primer año de ambos planes, fue muy parecido. Los gráficos 3 y 4 muestran respectivamente la evolución de las reservas externas, el tipo de cambio nominal y del IPC transformados en índices base Marzo=100 para los dos planes de estabilización:

Entre marzo de 1991 y marzo de 1992, las reservas externas aumentaron 73% y en el período marzo de 2016 y marzo de 2017 el 71%. Porcentajes de aumentos prácticamente iguales.

El tipo de cambio nominal pasó de 100 a 103 durante los primeros 12 meses del plan de convertibilidad y de 100 a 104 a lo largo de los primero 12 meses del plan de metas de inflación.

El índice de precios al consumidor pasó de 100 en marzo de 1991 a 130 en marzo de 1992 (30%), mientras que el aumento del mismo índice entre marzo de 2016 y marzo de 2017 fue del 32%, una diferencia insignificante.

Pero en el resto de las variables, se observan diferencias mayores

Si bien el plan de convertibilidad, en relación con reservas e inflación medida por el índice de precios al consumidor, logró resultados  parecidos al sistema de metas de inflación, hay una diferencia  en el caso del aumento del índice de precios al productor:: mientras que en el plan de metas de inflación el aumento fue del 20%, en el caso de la convertibilidad fue del 5%. Esto se puede observar en el Gráfico 6.

Esta diferencia es fácilmente explicable, mientras desde el inicio del plan de convertibilidad hubo una apertura fuerte a las importaciones, en el caso del plan de metas de inflación, prácticamente no existió apertura importadora. Los productores de bienes que compiten con importaciones enfrentaron mucho más competencia en el caso del plan de convertibilidad que en el caso del plan de metas de inflación. Y las importaciones disciplinaron al sector productor de bienes comercializables, al que se lo apoyó con reducciones de impuestos y desregulación para que pudiera enfrentar esa competencia.

El argumento contra la apertura de la economía que se escucha en la actualidad, se relaciona con el efecto que tendría sobre el nivel de actividad económica. Se teme que podría producir más recesión y desocupación. Pero lo notable del plan de convertibilidad es, precisamente, que en esta materia produjo resultados mucho más positivos que el plan de metas de inflación. Esto se explica más abajo, pero antes hay que entender cuán diferente fue el curso de las variables monetarias.

La comparación del curso de las variables nominales durante los 12 primeros meses de los dos planes de estabilización sugiere que el tipo de cambio nominal un factor clave para lograr avanzar en la reducción de la tasa de inflación. Para quienes insisten en que la clave está en el control de la cantidad de dinero o en el manejo de la tasa de interés, el contraste entre las dos experiencias es elocuente.

Los gráficos 7 y 8 muestran la evolución comparativa de M0 y M1 respectivamente.

Durante los 12 primeros meses del plan de convertibilidad, M₀ creció 67%, mucho más que lo que creció durante los primeros 12 meses del plan de metas de inflación (35%).

De la misma forma, M₁ aumentó 108% durante los primeros 12 meses del plan de convertibilidad y sólo el 30% durante los primeros 12 meses del plan de metas de inflación.

La tasa de call (operaciones cortas entre bancos), que es la única tasa de interés para la que existen datos susceptibles de servir de base de comparación entre los dos planes, fue siempre más baja durante el plan de convertibilidad que durante el plan de metas de inflación y hacia el final de los primeros 12 meses se ubicaba en sólo 11% anual en el caso del plan de convertibilidad y del 23% anual en el plan de metas de inflación. El Gráfico 9 muestra estas tasas.

No existió gran diferencia en materia de tasas de los depósitos a plazo fijo entre los dos planes. Es decir que los bancos, a pesar de la diferente liquidez bancaria mostrada por la diferencia en las tasas de call, brindaron un incentivo parecido a la captación de depósitos a plazo fijo durante los dos planes de estabilización. Esto se puede observar en el Gráfico 10

El diferente manejo monetario de los dos planes, dio lugar a una evolución también muy distinta del saldo de préstamos bancarios al sector privado. En el caso del plan de convertibilidad se logró un aumento del 96% mientras que hacia febrero de 2017 (el dato de marzo aún no está disponible) el saldo de préstamos al sector privado había crecido sólo un 24%.

Mientras que a lo largo de los 12 primeros meses del plan de metas de inflación, el crecimiento del PBI fue negativo, durante el mismo período del Plan de Convertibilidad, el PBI creció 10%. No hay datos mensuales de la evolución del PBI, pero los datos del Índice de producción industrial publicado por FIEL y los datos de ADEFA sobre producción de automotores, aportan un indicador aproximado de la evolución del nivel de actividad económica.

En marzo de 1992 el IPI estaba un 25% por arriba del nivel de marzo de 1991 mientras que en marzo de 2017 estaba un 2% por debajo del nivel de marzo de 2016.

La producción de automóviles en marzo de 1992 había crecido 196% en relación a la de marzo de 1991 mientras que en marzo de 2017 dicha producción cayó 13% en comparación con la de marzo de 2016.

Moraleja

La sola estabilización del tipo de cambio, que podría haberse logrado como consecuencia sólo de la fuerte entrada de dólares que acontecería desde la apertura del crédito externo sin aumentar la tasa de interés, hubiera permitido lograr la caída de la tasa de inflación que se produjo a lo largo del período marzo de 2016 a marzo de 2017. Por supuesto que hubiera ayudado mucho también el haber puesto al peso en competencia directa con el dólar, habilitando su utilización como moneda de curso legal, tal como ocurre en Perú. La experiencia del plan de convertibilidad demuestra que la estabilización del tipo de cambio era suficiente para lograr la baja de la tasa de inflación al nivel que se logró con el plan de metas de inflación. Pero el haber mantenido la tasa de interés a niveles más bajos, hubiera permitido una re monetización de la economía y un significativo aumento en los préstamos bancarios al sector privado. Se podría haber evitado la recesión y, probablemente, se hubiera conseguido un crecimiento positivo.

No he presentado este argumento como crítica a la gestión del Banco Central. Sus decisiones son entendibles ante la incertidumbre sobre si iban a entrar capitales y el riesgo de que se perpetuara  por simple inercia la aceleración inflacionaria que provocó la unificación cambiaria y el reajuste de precios relativos: prefirió ser muy conservador en materia de tasas de interés y control monetario. Pero acumulada una experiencia de 12 meses y no siendo descabellado pensar que luego de las elecciones el gobierno deberá lanzar un plan más ambicioso de estabilización y desarrollo, vale la pena repensar el esquema de estabilización a la luz de la comparación que permiten los gráficos presentados en este informe.

De paso reitero mi recomendación a las autoridades del Banco Central desde que escribí “Camino a la Estabilidad”: estudien la experiencia monetaria de Perú y consulten a las autoridades del Banco Central de aquel país sobre cómo controlan la expansión del crédito interno, tanto en soles como en dólares y cómo logran mantener estable el tipo de cambio sol/dólar sin perder flexibilidad cambiaria y sin altas tasas de interés. No se confundan con la experiencia de Chile, México y Colombia, porque esas economías nunca estuvieron dolarizadas, ni de hecho ni de derecho. No cometan el error de Brasil de basar toda su estrategia estabilizadora en el mantenimiento de muy altas tasas reales de interés.

Y si quieren que la economía crezca vigorosamente, enderecen a ese objetivo las políticas no monetarias. Lo máximo que se le puede pedir a la política monetaria  es que no acentúe las tendencias recesivas, pero es ilusorio pensar que la estabilización provocará por sí sola crecimiento económico. Para que la economía crezca vigorosamente se necesitan profundas transformaciones estructurales, comenzando por la reforma fiscal y del Estado, la eliminación de regulaciones ineficientes, la buena regulación de la economía cuando los mercados no resuelven bien los problemas de asignación de recursos y, necesariamente, la apertura equilibrada de la economía. A esto me refiero cuando digo que lo que se necesita es un plan de estabilización y desarrollo y no sólo una buena estrategia estabilizadora.

 

Los ajustes fiscales siempre causan sufrimiento a mucha gente. Por eso a cualquier gobierno se le hace políticamente difícil llevar a cabo la reducción del gasto público como porcentaje del ingreso nacional y eliminar el déficit fiscal.

Hay una única herramienta disponible para que un gobierno bien intencionado y sincero pueda llevar a cabo el ajuste fiscal indispensable.  Tiene que explicarle a la gente que si el ajuste no se hace de manera explícita y transparente, se termina haciendo de manera injusta y brutal… como ocurrió en 2002. El sufrimiento de la gente es mucho mayor e infinitamente más injusto cuando el ajuste fiscal es el resultado de golpes devaluatorios.

La instrucción de Massa a sus seguidores twitteros sugiriendo que Macri está rebajando las jubilaciones como, según él, lo hiciera De la Rúa en 2001 no es inofensiva. Tampoco lo es la propuesta de De Mendiguren de ¨aumentar la facturación en lugar de bajar el gasto¨. Y mucho peor si ambas fórmulas se combinan con el tradicional elogio de Lavagna a los «superavits gemelos» de Duhalde. Estos tres ingredientes me hacen temer que si Macri y su equipo no consiguen convencer a la gente que se necesita hacer un ajuste fiscal transparente y explícito, los argentinos volveremos a soportar un ajuste brutal como el de 2002.

Paso a explicar mi temor. Obviamente Massa ataca aviesa e injustamente  tanto a De la Rúa como a Macri, siendo que la gran reducción de las jubilaciones se produjo por decisión de Duhalde y sus colaboradores, entre los que se destacan sus dos laderos económicos más importantes: De Mendiguren y Lavagna. Paso a explicarlo.

De la Rúa, con mi asesoramiento y como parte de un plan para llegar al déficit cero cuando Argentina ya había perdido todo crédito, decidió reducir en un 13% las jubilaciones y los salarios públicos superiores a 500 pesos/dólares por mes, en un momento en que en lugar de inflación había deflación, es decir, el costo de la vida bajaba.

Duhalde, con el asesoramiento de De Mendiguren en enero y de Lavagna a partir de abril, decidió la pesificación que impulsó una devaluación brutal seguida de un golpe inflacionario del 42% en un año. Con esa medida y el default de todas las deudas públicas y privadas, logró reducir el gasto público y generar los elogiados superávits gemelos, pero a costa de que las jubilaciones y los salarios, en términos de poder adquisitivo, se redujeron más del 30%. Contrariamente a lo que había ocurrido el año anterior, en 2002 las que más se redujeron fueron las jubilaciones y los salarios bajos, porque los precios de la canasta básica alimentaria y los medicamentos aumentaron mucho más que los demás precios de la economía.

Si en el 2001 el gobierno de De la Rúa hubiera podido completar el ajuste fiscal en forma explícita y transparente -en diciembre de 2001 sólo faltaba terminar la reestructuración ordenada de la deuda pública que iba a reducir a la mitad la factura anual de intereses y lograr que el déficit fuera cero en 2002- se habría evitado el ajuste fiscal brutal que implementó Duhalde luego de hacerse del poder a través del golpe institucional de diciembre de 2001.

Me temo que la oposición, al poner tantos obstáculos al ajuste fiscal transparente que trata de implementar el gobierno de Macri, termine promoviendo un ajuste brutal e injusto como el del 2002. Y no hablo sólo de la oposición kirchnerista, que está claramente enrolada en un plan destituyente, sino también de la oposición que se presenta como moderada, liderada por Massa que añora la economía de Duhalde, De Mendiguren y Lavagna. Incluso hay quienes sugieren, por lo bajo, que Macri debería llamar a Lavagna para que le maneje la economía. Estoy seguro que Lavagna sólo aceptaría  siempre que algún De Mendiguren haya generado antes,  golpe devaluatorio mediante, los superávits gemelos del 2002.

 

Este es el título que le puso Juan Manuel Compte a un muy buen reportaje que me hizo para la revista apertura. 

La economía argentina post-elecciones legislativas enfrenta desafíos internos importantes, tales como completar el re-alineamiento de los precios relativos que fueron muy distorsionados por el intervencionismo kirchnerista, producir una reducción importante del gasto público como porcentaje del PBI y eliminar o al menos reducir el impacto de la carga impositiva sobre la inversión y sobre los costos de producción.

A estos desafíos internos es muy probable que se agreguen los derivados de la reforma tributaria que a instancias de Trump puede sancionar el Congreso de los Estados Unidos.

Por lo que ha trascendido hasta ahora, Trump y los estrategas tributarios republicanos planean dos cambios fundamentales en el impuesto a la renta de las corporaciones.

Uno, consiste en bajar al 20% la tasa de ese impuesto, que hoy está en el 35. 20% es la tasa que predomina en la mayor parte de los países en los que las corporaciones estadounidenses invierten. Hasta ahora, si esas corporaciones obtienen utilidades en el exterior y los repatrian, tienen que pagar la diferencia entre el impuesto a la renta pagado al fisco extranjero y la tasa del 35 %. Para evitar pagar esta diferencia, las empresas estadounidenses, hasta ahora, venían invirtiendo sus utilidades en el exterior.

A partir de la reforma que reduzca la tasa del impuesto a la renta de las corporaciones en los Estados Unidos al 20%, ese desaliento a la repatriación de capitales desaparecerá.

El otro cambio importante es que no permitirán deducir de la renta de las corporaciones los pagos por importaciones y declararán exentos los ingresos por exportaciones. Esto equivale a poner un arancel del 20% a las importaciones y darle un subsidio del 20% a las exportaciones.  Como el Saldo de la Balanza comercial de los Estados Unidos está determinado por la diferencia entre la inversión y el ahorro, que no tiene porqué cambiar con la nueva política impositiva, el dólar tenderá a apreciarse con respecto a las monedas del resto del mundo en alrededor del 20 % para que los precios internos de exportaciones e importaciones se mantengan inalterados en los Estados Unidos. No habrá efecto inflacionario interno, pero habrá un efecto deflacionario en todo el resto del mundo. En el resto de los países el precio en dólares los bienes que entran en el comercio exterior de  los Estados Unidos bajará alrededor del 20 %.

El efecto esperable sobre la economía argentina de este cambio tributario en los Estados Unidos es un shock externo consistente en caída de los precios en dólares de las exportaciones y aumento de las tasas de interés para la deuda privada y pública que necesite colocar en los mercados del exterior. Algo muy parecido a lo que ocurrió al final de la década del 90 y durante los años 2000 y 2001, hasta mediados del 2002.

Por consiguiente, si Argentina no produce un ajuste fiscal importante, el riesgo de una interrupción repentina en el ingreso de capitales financieros puede aumentar y el fantasma de una fuerte devaluación estanflacionaria volverá a aparecer en el horizonte.

Yo espero que el presidente Macri, además de preocuparse por el resultado de la elección de octubre, pueda utilizar los próximos nueve meses para repensar su estrategia económica y tener a su equipo de gobierno preparado para implementar un plan de estabilización y desarrollo apenas clausurados los comicios que remueva el riesgo estanflacionario.

 

Hace pocos días, Javier González Fraga escribió en la Nación un artículo titulado «el camino es el gradualismo, con fuertes inversiones«. Debe haber sonado a música en los oídos de Durán Barba y de los asesores políticos y económicos a los que Macri escucha, sobre todo por contraste con las advertencias de los economistas que, como yo, sostenemos que el gradualismo (especialmente el gradualismo en materia de ajustes de precios y tarifas de los servicios públicos, de reducción del gasto público y de la eliminación de impuestos distorsivos) es el principal freno a las inversiones. Aún hablando poco en público, todas las opiniones de Carlos Melconian reflejan esta última posición y es probable que éste haya sido el motivo de su reemplazo en el Banco de la Nación.

Cuando leí el artículo de Javier, estuve tentado a escribir un post titulado: »el gradualismo que pregona González Fraga es el gran inhibidor de inversiones productivas». Pero decidí no hacerlo para no repetirme respecto de post anteriores. Lo hago ahora porque, a pesar del gran aprecio personal que tengo por Javier González Fraga, me temo que su consejo a Macri tienda a hacerlo equivocar más de lo que ya se ha equivocado.

La tesis de González Fraga es que las políticas de shock, a las que él denomina «atajos», provoca «logros» que no son sostenibles en el tiempo, ni política ni socialmente. La primera vez que le escuché esta definición creí que era una alusión al shock Duhaldista de 2002, que mediante el artificio de la pesificación forzada de la economía y la virtual expropiación de todos los depósitos en dólares de los ahorristas para financiar el desendeudamiento de los grandes deudores públicos y privados, produjo la mayor devaluación de la historia y la aparición casi milagrosa de los denominados «superávits gemelos». Me hubiera parecido no sólo realista sino sumamente beneficioso que reconociera la insostenibilidad política y social de esos supuestos «logros» económicos,

Pero esa primera interpretación, que me parecía una suerte de arrepentimiento honesto del fuerte apoyo que le había escuchado brindar al shock duhaldista sólo unos años antes, no era la del autor. Todo lo contrario. Para él, política de shock es la que lleva a la apreciación real de la moneda, fenómeno al que denomina, en todos los casos, «atraso cambiario». Es importante entender el verdadero significado de «atajo» en el lenguage de González Fraga para entender que si Macri presta atención a su consejo, las inversiones productivas brillarán por su ausencia.

No caben dudas que las políticas populistas, que provocan atraso cambiario, terminan en shocks que, como mínimo, tienen un efecto estanflacionario inicial y en la mayoría de nuestras experiencias anteriores, terminaron en períodos de inflación persistente, más alta que la de las décadas precedentes y, eventualmente, en hiperinflación. Este es sin duda el caso de los shocks que siguieron a la experiencia populista extrema del primer peronismo (1946-49) seguido del ajuste basado en controles y restricciones cambiarias del segundo peronismo y la «revolución libertadora» (1950-1958) y del tercer peronismo (1973-1975) seguido del Rodrigazo.

No es cierto que estos ajustes fueran hechos por gobiernos no peronistas… siempre. Perón se vio obligado a hacer un ajuste bastante severo a partir de 1950 e intentó hacerlo sin una fuerte devaluación, pero las devaluaciones irremediables se produjeron luego de la caída de Perón entre 1955 y 1958. El shock más fuerte se vivió al inicio del gobierno de Frondizi, que había llegado al poder con apoyo de Perón. La estabilización que siguió al shock de 1958, como en el caso de todas las estabilizaciones que procuran recrear condiciones de crecimiento sostenido, fue acompañado con una apreciación real de la moneda, sólo interrumpida por la crisis, más política que económica, de 1962. Fue este proceso exitoso de estabilización y desarrollo el que dió lugar a la década larga de crecimiento que va de 1960 a 1972, años en que la inflación no superó nunca el 30% anual y llegó a bajar hasta el 10% anual y la economía creció a un promedio del 3% anual.

El ajuste que siguió a las políticas populistas del tercer peronismo comenzó con el Rodrigazo que se produjo durante el gobierno peronista y cuyos efectos signaron la trayectoria económica del gobierno militar, el que, por intentar ser gradualista y evitar costos políticos y sociales, a diferencia del gobierno militar de Chile, no llegó nunca a corregir los defectos estructurales de la economía argentina. No se puede llamar ajuste al esquema de reducción de la inflación basado en la tablita cambiaria sostenida con endeudamiento, porque lejos de ser un ajuste, fue una política gradualista en la que el déficit fiscal y un gasto público, que no habían bajado, se financiaron con endeudamiento.

La experiencia posterior al Rodrigazo, desde 1975 hasta 1990 fue la de un largo período estanflacionario, con una economía crecientemente desorganizada, que terminó en la hiperinflación de 1989. Es absolutamente equivocado atribuir a algunos años de supuesto atraso cambiario (78-80 según González Fraga y 86-87 agrego yo, a pesar de que Javier lo omite) la causa de la triste experiencia del período 1975-1990 en que la inflación anual fue siempre superior al 100% y en promedio, el PBI declinó el 1,5% anual. Los problemas de la economía argentina entre 1975 y 1990 no fueron resultado de políticas populistas de los militares o de Alfonsín, sino de la ausencia de los cambios organizacionales que la economía requería y que no se instrumentaron, precisamente porque se quiso hacer «gradualismo» y evitar confrontar con los fuertes poderes corporativos que durante esos años dominaron a la economía Argentina.

El gobierno de Menem, al menos mientras yo fui su Ministro de Economía, fue la antítesis del populismo. La convertibilidad dio total libertad para las operaciones cambiarias a punto tal que se legalizó el uso del Dólar como moneda alternativa al Peso convertible. Fue ese carácter convertible del Peso y la libertad para operar en dólares lo que evitó que la estabilización de la economía produjera atraso cambiario. Con la fuerte entrada de capitales que siguió al lanzamiento de la convertibilidad y a todas las reformas económicas que la acompañaron, incluida una fortísima reducción del gasto público como porcentaje del PBI y la eliminación de casi 20 impuestos fuertemente distorsivos, si no se  hubiera admitido el bi-monetarismo, la conversión obligatoria a pesos de los miles de millones de dólares que venían del exterior o salían de los colchones, hubieran provocado una muy fuerte apreciación del peso y su consecuente atraso cambiario. La convertibilidad con tipo de cambio fijo lo evitó, porque el Banco Central estuvo dispuesto a comprar todos los dólares que se le ofrecieran a 1 peso. De no haberlo hecho, es probable que en lugar de 1 peso, el precio del dólar hubiera bajado a 0.70 o incluso a una cifra menor. Se produjo una fuerte expansión monetaria por acumulación de reservas, pero la inflación no aumentó sino que bajó rápidamente y tendió a desaparecer. La remonetización de la economía y la fuerte entrada de capitales, permitieron un inmediato aumento de la inversión y del consumo, dando lugar a un 10% de crecimiento del PBI en el primer año (1991) y del 34% acumulado entre 1991 y 1994. A esta política no se la puede denominar ni populista ni de atraso cambiario. Todo lo contrario. Fue una política de ajuste expansivo de la economía, basado en la capacidad que tuvo la convertibilidad, acompañada de las reformas económicas que le siguieron, de influir sobre las expectativas y atraer de inmediato un fuerte influjo de inversiones productivas.

Es cierto que en su etapa final el gobierno de Menem, cuando yo ya era su principal crítico, mucho más que los radicales, tuvo un período más populista,  que en realidad acompasó al populismo que nunca dejaron de hacer varios gobiernos provinciales, especialmente el de Duhalde. Fue entre 1997 y 1999 cuando aumentó el gasto público y se dispararon tanto el déficit fiscal de la Nación como el de las provincias. Fue ese el período de fuerte colocación de bonos en los mercados del exterior. El mayor error fue financiar el déficit provincial con endeudamiento con los bancos a tasas flotantes de interés, BADLAR mas 7% anual.

El Gobierno de De la Rúa heredó una situación desequilibrada y un endeudamiento peligroso que se agravó por los shocks externos que afectaron a la economía: devaluación del Real, fortaleza inédita del dólar, depreciación del Euro y precios bajísimos para la soja y demás productos de exportación. Intentó hacer un ajuste inevitable y ordenado, pero los populistas de su propio partido y los que estaban al frente de algunas provincias (tanto peronistas como radicales) lo boicotearon. Tanto a Machinea, como a López Murphy y a mí. Si no se hubiera producido el golpe institucional del 20 al 30 de diciembre de 2001, el ajuste habría estado completado para el mes de febrero del 2002, cuando se podría haber dejado flotar el Peso con déficit cero, fuerte reducción de la factura de intereses y sin vencimientos de deudas en dólares antes de tres años. La devaluación no hubiera superado el 20% y se hubiera evitado el ajuste monstruoso que implementó Duhalde. Sobre lo que este ajuste significó, está siendo muy elocuentemente explicado por  Fernando Iglesias, así que me abstengo de describirlo.

Este ajuste monstruoso era absolutamente innecesario y sólo se entiende como resultado del fortísimo lobby de los endeudados en dólares que quisieron sacarse de encima sus deudas a costa de los ahorros de los depositantes en el sistema bancario. Encontraron que el corralito les daba la excusa y podían echarle la culpa a Cavallo del robo alevoso que estaban cometiendo. Para compensar en algo la dureza del ajuste, congelaron precios y tarifas del sector público y, virtualmente, expropiaron el capital que había sido invertido en los sectores de energía e infraestructura. Por supuesto, fue el freno más fuerte a las inversiones productivas que pueda imaginarse. También introdujeron las retenciones a las exportaciones, supuestamente como medida transitoria para atenuar el efecto de la devaluación extrema sobre los precios, pero que Kirchner mantendría y acentuaría como forma de tener una herramienta para controlar a los gobiernos provinciales.

Las políticas del Kirchnerismo fueron tan o más populistas que las de los gobiernos de Perón y se prolongaron por más tiempo porque gozaron de una bonanza externa inédita. Primero funcionaron con la lógica del «tipo de cambio real alto» que le gusta a González Fraga y a Roberto Lavagna, y cuando la inflación llegó al 20% anual, como ineludiblemente iba a ocurrir a causa del deseo de mantener alto el precio del dólar, avanzaron hacia la inflación dibujada y reprimida con controles de precios, aumento de las retenciones y, finalmente, con controles de cambio. A partir de 2012, sin duda se puede hablar de atraso cambiario, y hay un indicador indiscutible de su magnitud: la brecha entre la cotización en el mercado paralelo y la cotización en el mercado oficial.

Pero mucho peor que el atraso cambiario fue el atraso tarifario que comenzó en 2002  y se mantuvo por 14 años. Fue mucho peor porque dio lugar a una paralización de inversiones productivas y a subsidios que representan un 4% del PBI y el 60% del déficit fiscal. El atraso tarifario es más serio que el atraso cambiario porque, al persistir, obliga a continuar cobrando impuestos distorsivos que constituyen un freno adicional a la inversión y deterioran la competitividad.

El mayor error que cometió Macri en el diseño de su política de estabilización fue el gradualismo en el ajuste tarifario. Tendría que haber sido gradualista en la unificación del mercado cambiario, reemplazando de inmediato el mercado paralelo por un mercado financiero y turístico libre, por el que deberían haberse dejado entrar a las inversiones, para después avanzar gradualmente hacia la unificación. Esto hubiera evitado el fuerte impacto sobre la tasa de inflación del  primer semestre de 2016 que tuvo la devaluación del Peso en el mercado comercial. La eliminación de las retenciones sí tenía que ser de golpe y debía ampliarse de inmediato con la eliminación de los impuestos más distorsivos: impuestos a las transacciones financieras, contribuciones patronales a la seguridad social e ingresos brutos provinciales en las etapas intermedias de producción. Todo esto hubiera sido posible si el gasto público se reducía inmediatamente en un 4% del PBI gracias al reajuste completo de las tarifas.

El efecto inicial sobre la inflación del ajuste tarifario completo no hubiera sido muy diferente al que produjo la inmdiata unificación cambiaria, pero la respuesta de la inversión hubiera sido inmediata. La fuerte inversión, entrando por el mercado financiero, hubiera provocado la apreciación del Peso en ese mercado y en el momento de la reunificación completa, unos pocos meses después, el salto devaluatorio hubiera sido menor al que resultó a largo de todo el año 2016, con la gran ventaja de que después de ese salto la gente podría haber esperado estabilidad cambiaria y de los precios porque ya habría desaparecido del horizonte el fantasma de los ajustes graduales de tarifas de los servicios públicos.

El haber elegido una estrategia gradualista en materia de ajuste de las tarifas públicas, que significó una demora en la contención del gasto público y del déficit fiscal, hizo imposible la eliminación temprana de los impuestos distorsivos. Esta es la causa principal de la ausencia de inversiones. Para colmo, si la estabilización iba a basarse en una política monetaria de altas tasas reales de interés, que sólo influye sobre las expectativas inflacionarias a través de la caída de la demanda y la apreciación insostenible del peso, la recesión puede demorar en revertirse. Otra causa de la demora de las inversiones.

Este error no se hubiera cometido si Macri y sus principales asesores no hubieran subestimado la gravedad de la crisis fiscal y de precios relativos que heredaron y si no hubieran identificado la crisis que enfrentaba su gobierno con la del 2001. No se puede razonar de la misma forma cuando hay que salir de una crisis deflacionaria (como la del 2001) que cuando la crisis a resolver es inflacionaria, fiscal y de precios elativos distorsionados (como la de 2015).

Por eso, me preocupa el consejo que pueda darle Javier González Fraga a Macri, consejo que seguramente no le daba ni le daría Carlos Melconián.

No es que yo crea ahora que Macri debe hacer de golpe el ajuste que debió haber hecho y no hizo al comienzo de su gobierno. Entiendo que la cercanía al proceso electoral y las complicaciones que, aún con pocos e imperfectos ajustes, enfrentó en 2016, lo lleven a no querer hacer grandes olas. Pero me preocupa que puedan no aprovechar el año electoral para que algún equipo trabaje en preparar un buen plan de estabilización y crecimiento para lanzar inmediatamente después de la elección. Pensar que los mercados internos y externos le van a seguir ofreciendo crédito en condiciones aceptables durante 2018 y 2019 es una quimera. Y las inversiones no llegarán hasta que los ajustes imprescindibles se hayan completado o, al menos, los inversores se convenzan que no quedarán como manifestaciones de deseo.