El riesgo país aumenta no tanto por la magnitud del déficit primario sino por el riesgo de que la situación económica y política actual pueda terminar en una “solución” como la que trajo la “Mesa del Diálogo Argentino” al final del 2001

Los acreedores externos e internos de Argentina (tenedores no bancarios de LEBACs, LETES en pesos, LETES en dólares, Bonos en dólares y en pesos bajo ley argentina y bonos bajo ley extranjera) tienen crecientes temores de que, apenas asuma un nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2019, se produzca el default de la deuda interna y externa tal como ocurrió apenas asumido el gobierno de Duhalde en enero de 2002. Incluso, si se generaliza este temor, algunos predicen que el gobierno de Macri, aunque esté determinado a evitar el default, no podrá resistir la licuación de la deuda interna en pesos, mediante la aceleración inflacionaria extrema, lo que sería sólo el inicio del proceso de default de la deuda emitida bajo ley argentina.

Este temor de los acreedores se funda no tanto en la existencia del déficit fiscal primario y al riesgo de que el gobierno pueda no cumplir con las metas fiscales comprometidas en el acuerdo con el FMI, sino en el deterioro del apoyo popular al gobierno de Macri y la aparición como alternativa de una corriente de opinión que bregue por una salida semejante a la de la “Mesa del Diálogo Argentino” del final del 2001, inspirada por Duhalde y que, esperan, será bendecida por el Papa Francisco.

Quienes están llevando a cabo la campaña comunicacional para abonar esta alternativa, utilizan la imagen de Roberto Lavagna como ministro de Duhalde y de Kirchner, pero esconden, con lógica inteligencia goebbelliana, que los superávits gemelos que tanto cautivan a muchos economistas, incluso a buenos profesionales, fue producto del default de la deuda interna por la que bregó con éxito Ignacio de Mendiguren y que tuvo que implementar, aun a disgusto, Jorge Remes Lenicov.

Para abonar aún más la perspectiva de que el gobierno de Macri pierda el apoyo del electorado y no sea reelegido, se ha comenzado a instalar, incluso con la complicidad de algunos economistas que dicen querer apoyar al gobierno, que la estrategia de crecimiento debe basarse en el “tipo de cambio real alto”, aunque sea logrado a partir de la indexación del tipo de cambio nominal, a partir de un nivel tan alto como el actual, sin preocuparse por eliminar el sesgo anti-exportador estructural que ha sido, desde siempre, el responsable del estancamiento de nuestras exportaciones.

Hasta ahora, y a pesar de los mensajes que ha enviado la realidad desde abril en adelante, muchos economistas profesionales que quieren apoyar al gobierno, incluidos varios miembros actuales y anteriores del equipo económico y parte del staff del FMI, siguen argumentado que el tipo de cambio flotante y la no intervención del Banco Central en el mercado cambiario, va a permitir que la crisis de la deuda derivada de la interrupción repentina del flujo de capitales hacia el país, sea más fácil de resolver de lo que era en el año 2001. Mucho convendría que estos mismos profesionales analicen, además de la experiencia del 2001, la de 1995, cuando la salida de capitales provocada por el impacto de la crisis mejicana, fue incluso mucho mayor de la que se está produciendo en la actualidad.

Además de advertir cual es la causa más importante del pesimismo de los acreedores reflejado en la tasa de riesgo país, es importante que el gobierno renegocie con el FMI no sólo el cronograma de desembolsos y se comprometa a un ajuste fiscal más fuerte del que había prometido en mayo, sino, sobre todo, que consiga un compromiso firme del FMI para apoyar una política monetaria y cambiaria que logre estabilizar el peso y remover del horizonte el riesgo de una acentuación y prolongación indefinida de la estanflación.

Dado el actual clima político, la única concertación que me parece conducente es la del Gobierno Nacional con todos los gobernadores y con las centrales empresarias y gremiales. Los dirigentes políticos del Peronismo pueden ayudar, pero no lo harán aquellos que ya están embarcados en la estrategia Duhaldista de bregar por una solución como la del 2002 o en la del regreso de las políticas económicas kirchneristas.

Es imprescindible ofrecer a los ahorristas argentinos oportunidades para dolarizarse sin sacar sus ahorros del país y anunciar una política monetaria-cambiaria creíble

Lo que está ocurriendo en los mercados cambiario, de acciones, de LEBACs, de LETES y de Bonos, no es muy diferente a lo que ocurrió a mediados de mayo, cuando comenzó la salida vertiginosa de los capitales de corto plazo que habían sido atraídos por las altas tasas de LEBACs. Esto significa que el programa negociado con el FMI, a pesar de su inédita magnitud, no ha logrado revertir el clima de desconfianza sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones.

No creo que esta desconfianza provenga del temor de que Argentina no logre cumplir con sus metas fiscales y que necesite recurrir a fuertes emisiones futuras de deuda destinada a captar ahorro externo para financiar un fuerte déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Mi impresión es que la desconfianza proviene de la incapacidad que está demostrando el país para evitar que el ahorro nacional se fugue al exterior.

La decisión de los argentinos de proteger el valor de sus ahorros a través de la dolarización es no sólo la lógica consecuencia de las experiencias inflacionarias por las que han atravesado, sino que ayuda a que los argentinos todavía sigan ahorrando, algo que no ocurriría si debieran resignarse a que la inflación destruya inexorablemente el valor de sus ahorros.

Cuando el gobierno trata de convencer a los ahorristas que mantengan su dinero en pesos pagando altas tasas de interés en instrumentos financieros como las LEBACs u otras obligaciones en pesos del Banco Central o del Tesoro, llega un momento que no hay tasa suficiente que los convenza, porque sospechan que esa práctica llevará a una fuerte expansión monetaria y provocará una explosión devaluatoria e inflacionaria que terminará transformando a esas altas tasa nominales de interés en tasas reales fuertemente negativas.

Los indicadores de la realidad en el mes de junio sugieren que ya estamos en esa etapa de descreimiento, imposible de revertir por más alta que se fije la tasa nominal de interés que pagan las LEBACs y las demás obligaciones en pesos del Tesoro.

Para superar esta situación y minimizar el costo estanflacionario que se va a pagar en el segundo semestre de este año y hacer viable el reinicio de un proceso de estabilización con reactivación económica en 2019, el Banco Central y el Tesoro deben encontrar la forma de evitar que la dolarización de los ahorros argentinos signifique necesariamente fuga de esos ahorros al exterior.

En la última sección de este informe se describe cómo podría lograrse este objetivo y se argumenta que el Banco Central debería modificar los arreglos monetarios-cambiarios convenidos con el FMI para permitir que la política monetaria utilice no sólo la tasa de interés de intervención (que en lo sucesivo debería ser la tasas de LILIQs y no la de LEBACs) sino también la intervención en el mercado cambiario, comprando y vendiendo reservas, según la regla de un sistema de bandas de flotación previamente anunciadas.

Ojalá el anunciado viaje del presidente del Banco Central a Washington tenga por objetivo convencer al FMI de la necesidad de replantear estos aspectos del acuerdo.

Exagerada sobrevaluación del Dólar

A fines de junio, el precio en pesos del dólar en el mercado libre, que entre marzo de 2016 y marzo de 2018 estuvo en promedio un 10% por debajo del tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo, se ubica un 30% por arriba de esa misma referencia. Esto puede apreciarse en el gráfico1.

Dos años de atraso cambiario inducido por altas tasa de interés pagadas por las LEBACs, han desembocado en el mismo fenómeno de sobrevaluación del Dólar (“overshooting”, en inglés) que se observa en los momentos en que entra en crisis un sistema de tipo de cambio fijo.

Esta observación es relevante para pensar en el régimen monetario-cambiario más apropiado para un país que enfrenta el desafío de revertir un fenómeno de inflación persistente con un alto ingrediente de inflación inercial y fuertes desajustes de precios relativos.

En lugar de elegir entre la tasa de interés o el tipo de cambio nominal como instrumentos de la política monetaria sobre la base de consideraciones teóricas sobre la supuesta superioridad de la flotación limpia, hay que analizar la evidencia empírica sobre cuál de los dos instrumentos influye más directamente en la expectativa de inflación.

Fuerte impacto de la devaluación del peso sobre la tasa de inflación de junio

El gráfico 2 muestra que la tasa de inflación de los precios libres, tal como resulta de los relevamientos de precios online de PriceStats, ha saltado del 2% mensual en mayo a casi el 4% en junio. Si además se tiene en cuenta que el INDEC no registró los últimos aumentos de la electricidad en la tasa de inflación de mayo y seguramente, no podrá evitar hacerlo en junio, la tasa de inflación medida por INDEC para este mes debería ser superior al 4% mensual.

Este salto ubica a la tasa mensual de inflación en los niveles promedio del primer semestre de 2016 cuando la tasa estimada por PriceStats se ubicó en el 3,2% y la estimada por INDEC en el 4,1%. Se trata de tasas de inflación que prácticamente duplican a los niveles promedios del período julio 2016 a mayo de 2018 (que fueron 1,76% para PriceStats y 1,84% para INDEC). Esto se puede observar en el gráfico 3.

Este comportamiento de la tasa mensual de inflación es comparable al observado entre diciembre de 2015 y enero de 2016, luego de que el tipo de cambio oficial subiera de 9,7 pesos por dólar a principios de diciembre a 14 pesos por dólar a fines de enero. Aquel salto en el precio del dólar fue del orden del 40%, muy parecido al que acaba de pegar este año, cuando pasó de 21 pesos a principios de mayo a 29,5 pesos a fines de junio.

El similar comportamiento de la tasa de inflación durante los dos primeros meses de ambos episodios devaluatorios permite alertar que la tasa mensual de inflación del segundo semestre de 2018 puede ubicarse entre el 3 y el 4% mensual, como ocurrió en el primer semestre de 2016.

Hay claras evidencias de que el gobierno viene acentuando el ajuste fiscal

La comparación de la evolución de las cuentas fiscales durante los cinco primeros meses de cada año, pone de manifiesto que en lo que va de 2018, el gobierno nacional está acentuando el ajuste fiscal. En el cuadro 1 se puede observar que el gasto primario, que en los cinco primeros meses de 2016 había aumentado 27% y 33% en los mismos meses de 2017, en los primeros cinco meses de 2018 ha aumentado sólo el 17%.

El resto de los rubros fiscales del cuadro 1 muestran una fortaleza y dos debilidades del ajuste fiscal, tal como se dio en este período de cinco meses.

La fortaleza es el ritmo de aumento de los recursos fiscales (23%), significativamente mayor al aumento de los gastos primarios. Esta fortaleza explica que el déficit primario muestre una reducción del 25%, un gran cambio de tendencia con respecto a los primeros cinco meses de 2017, cuando el déficit primario había aumentado 25%.

Las dos debilidades son la composición del cambio en el gasto primario y el todavía muy elevado incremento de los intereses pagados por el tesoro.

El 17% de aumento del gasto primario se logra con una reducción del 21% de los gastos de capital y de un aumento del 28% de los gastos corrientes. Es probable que la reducción de los gastos de capital se haya logrado demorando el pago de certificados de obras, algo que no va a poder sostenerse a lo largo de todo el año 2018, so pena de producir una paralización de obras públicas en curso de ejecución. Y el aumento de los gastos corrientes, ya elevado con respecto a la meta presupuestaria para todo el año 2018, probablemente aumente aún más en lo que resta del año debido a la aceleración de la inflación que ya se observa en el mes de junio.

Los datos de recaudación fiscal del mes de junio muestran un incremento cercano al 40% y si bien, la aceleración inflacionaria y la devaluación van a provocar aumentos del gasto corriente y de los intereses a cargo del tesoro, semejante aumento de la recaudación debería facilitar el cumplimiento de la meta fiscal para el segundo semestre, sobre todo si el gobierno encuentra la forma de continuar con la reducción de los subsidios económicos.

En realidad, la reducción, o mejor, la completa eliminación de los subsidios económicos son el rubro crítico para cumplir con las metas fiscales no sólo para lo que resta del año 2018 sino, para que el cumplimiento de las metas fiscales para 2019 sea compatible con un proceso de desinflación acompañado por la reactivación de la economía.

Encontrar la forma de eliminar los subsidios económicos sin desalentar la inversión en los sectores de la energía, es la clave del éxito del programa económico del gobierno

La fuerte devaluación del Peso desde principios de mayo probablemente tenga un efecto neutro sobre la posibilidad de cumplir con las metas fiscales, excepto en lo que respecta al rubro subsidios económicos destinados al sector de la energía.

El aumento del gasto en intereses derivado de la devaluación y del aumento de los gastos sociales (sobre todo las erogaciones previsionales) derivados del aumento de la tasa de inflación, es posible que se compense con el aumento de la recaudación provocado también por la aceleración inflacionaria.

Pero la fuerte devaluación del Peso provoca un aumento más que proporcional sobre el monto de subsidios económicos comprometidos por el Tesoro para asegurar el abastecimiento de gas y electricidad a los niveles de precios fijados para los usuarios finales.

Esto precios, a pesar de los ajustes que se fueron produciendo a lo largo de los últimos dos años, incluido el del mes de mayo que provocó extrema oposición política, están todavía bastante por debajo de los costos de producción. Además, mientras que los precios a los usuarios están fijados en pesos, los costos de producción, como los de importación del gas, del gasoil y del fueloil dependen en casi un 100% del valor del dólar. Por consiguiente, cualquier devaluación, no acompañada por un ajuste semejante de los precios a pagar por los usuarios finales, genera un fuerte aumento en el monto de los subsidios.

El nuevo Ministro de Energía, Javier Iguacel, deberá encontrar una combinación inteligente de aumentos de precios al consumidor final y modificaciones reglamentarias y reformulaciones contractuales, que permita eliminar los subsidios económicos. Existen muchas modificaciones reglamentarias y contractuales, en línea con la organización del sector energético que dio tan buenos resultados en los 90s, que permitan a las empresas que han invertido y necesitan seguir invirtiendo, reducir la incertidumbre sobre el tratamiento al que estarán sometidas en el futuro. Y que le permitan también ampliar su margen de acción para aprovechar oportunidades de comercio y hacer un uso más eficiente de sus recursos humanos, tecnológicos y de capital.

Si en lugar de avanzar rápidamente hacia la eliminación de los subsidios económicos, el ajuste fiscal comprometido para 2019 se lograra con fuertes reducciones en las partidas de gastos de capital o en la postergación de reducciones impositivas, como las que están proponiendo los ministros de economía de las provincias, será muy difícil conciliar la lucha contra la inflación con un proceso de reactivación económica que deje atrás el episodio estanflacionario que se ha iniciado en el mes de junio y que inevitablemente va a profundizarse en lo que resta del año 2018.

La segura estanflación del segundo semestre de 2018 sólo se revertirá durante 2019 si se logra detener la fuga de capitales que comenzó en mayo y que continúa a pesar del acuerdo con el FMI

Las tasas de rendimiento de los bonos que se muestra en el gráfico 3 permiten advertir que la fuga de capitales que comenzó a principios de mayo con la salida de los fondos que habían entrado a través de operaciones de carry trade atraídos por las altas tasas de interés pagadas por la LEBACs, no se ha detenido. Por el contrario, hacia el final de junio tanto la tasa de rendimiento del bono largo PAR38 como la del bono más corto BONAR24 se ubican en los niveles más altos desde la normalización de la relación financiera con el exterior que se logró con la unificación cambiaria y la solución del conflicto con los holdouts.

Esta muestra clara de desconfianza de los tenedores externos de bonos argentinos no puede deberse a una percepción de que Argentina deberá ampliar la emisión de bonos durante los próximos años más allá de los que necesite emitir para afrontar los vencimientos de capital de los bonos en circulación. Los fondos comprometidos por el FMI y otros organismos financieros del exterior, más el compromiso de ajuste fiscal del gobierno deberían llevar a predecir que no se necesitará recurrir a los mercados internacionales para incrementar el stock de deuda que está actualmente en los portafolios de los tenedores del exterior.

La desconfianza se origina en las dificultades que perciben, tanto los observadores del exterior como los inversores locales, para mantener el ahorro de los argentinos invertidos en activos financieros locales. Y estas dificultades se originan en el afán del gobierno de inducir la pesificación de los ahorros pagando altas tasas nominales de interés por la LEBACs y cuanta obligación futura en pesos decida asumir el gobierno para absorber emisión monetaria excesiva.

En una economía crónicamente inflacionaria la gente interpreta, por larga experiencia, que el afán de hacerle ahorrar en pesos esconde siempre la intención de terminar desvalorizándole sus ahorros cuando esa deuda se torna demasiado gravosa e insostenible. La desvalorización de los ahorros en pesos se produce por la emisión monetaria destinada a afrontar vencimientos de la deuda cuando ya no se consigue refinanciarla voluntariamente. La fuerte emisión provoca devaluación y aceleración inflacionaria, alcanzando tasas de devaluación e inflación muy superiores a las tasas nominales de interés a la que había sido pactada la deuda en pesos, por más alta que esas tasas de interés hayan sido ex-ante.

La solución de una crisis monetaria como la que está enfrentando nuestra economía desde principios del mes de mayo requiere que el gobierno encuentre formas de financiar su déficit sin resistir la decisión de los ahorristas argentinos de dolarizar sus activos financieros. También requiere que el Banco Central reconozca explícitamente que la política monetaria utilizará no sólo la tasa de interés sino también la intervención con dólares de sus reservas en el mercado cambiario enderezados ambos instrumentos tanto a reducir la tasa de inflación como a mantener la tasa de cambio dentro de una banda de flotación predefinida. El tipo de cambio tiene que pasar a tener la misma importancia que la tasa de interés como instrumento de la política monetaria.

Así como las metas fiscales acordadas con el FMI son muy razonables, los arreglos monetarios y cambiarios contenidos en el programa económico anunciado no lo son.

No tiene sentido que el Banco Central siga sosteniendo que implementará una política monetaria de metas de inflación manejando la tasa de interés y dejando que el tipo de cambio resulte de la flotación libre en el mercado cambiario con ventas preanunciadas de dólares por parte del gobierno a licitar luego de las horas de operación del mercado.

Si el Banco Central o el gobierno van a intervenir en el mercado cambiario para influir sobre el tipo de cambio, es necesario que lo reconozcan en forma explícita y anuncien la banda de flotación que guiará las decisiones de intervención. Es probable que el anunciado viaje del Presidente del Banco Central a Washington en los próximos días tenga por objetivo renegociar con el FMI este capítulo del acuerdo vigente.

Como conciliar el deseo de los ahorristas de dolarizar sus activos financieros con la necesidad del gobierno de financiar su déficit y controlar la emisión de pesos por parte del Banco Central

Ni la apelación a que la gente decida mantener sus ahorros en pesos como forma de testimoniar su nacionalismo, ni la zanahoria de muy altas tasas de interés pagadas por las obligaciones del Tesoro o del Banco Central denominadas en pesos, son formas efectivas de frenar el proceso de dolarización de los ahorros. Por el contrario, cuando la gente ve que se acentúan esta apelación y estos incentivos exagerados, tiende a sospechar que se los quiere hacer entrar en una trampa para proceder, en algún momento, a la desvalorización de los ahorros en pesos. Por consiguiente, la gente no sólo dolariza sus ahorros, sino que tiende a mantenerlos en billetes o a girarlos al exterior. Es entonces cuando la dolarización de los ahorros se transforma en fuga de capitales. Eso es lo que está ocurriendo en este momento.

Pero la dolarización de los ahorros por parte de los argentinos no debe significar necesariamente fuga de capitales. Es posible conseguir que aun decidiendo dolarizar sus ahorros, los ahorristas argentinos los mantengan invertidos en activos financieros originados en el financiamiento de la capacidad productiva creada a través de la inversión pública y privada.

Una forma de facilitar la dolarización de los ahorros y retenerlos en el país es que el Banco Central pague a su vencimiento las LEBACs, reemplace por LELIQs o encajes remunerados a las que están en el activo de los bancos y el Tesoro emita LETEs a distintos plazos para absorber los pesos emitidos para pagar las LEBACs colocadas fuera del sistema bancario. De esa forma se brindará a los ahorristas argentinos la posibilidad de dolarizar sus activos financieros sin necesidad de que esos ahorros se fuguen al exterior o se mantengan como dólares atesorados en billetes.

Al mismo tiempo que se lleva a cabo este reemplazo de LEBACs por LETEs el Tesoro deberá abstenerse de emitir deuda en pesos pactada a tasas nominales de interés. Sólo deberá emitir LETES o bonos ajustables en dólares.

También convendrá alentar que los depositantes de los bancos que quieran dolarizarse lo hagan manteniendo sus ahorros en caja de ahorro o depósitos a plazo fijo en dólares. Para alentar ese tipo de depósitos los bancos deberían pagar tasas de interés apenas inferiores a las de las LETEs, tasas que deberían ser compensadas por el Banco Central cuando los bancos depositen en esa institución los saldos no prestados al sector privado o invertidos en LETEs. Facilitar la inversión en LETEs de los depósitos en dólares captados por los bancos, sustrayendo a esa inversión de los límites de exposición al sector público en relación al patrimonio de los bancos, contribuirá a darle liquidez a las LETEs mediante el funcionamiento de un activo mercado secundario.

Que sea el sector público el que utilice el grueso del financiamiento creado por los ahorros dolarizados que logren mantenerse invertidos en el país y que, al mismo tiempo, se abstenga de demandar crédito en pesos, permitirá maximizar la disponibilidad de crédito en pesos para el sector privado, sin perjuicio de que se amplíe también la posibilidad de que el sector privado con ingresos altamente correlacionados con el valor del dólar acceda al crédito en dólares sin necesidad de emitir deuda en el exterior.

Si el Tesoro y el Banco Central maneja la oferta de activos financieros en dólares de esta forma, es posible que se revierta la fuga de capitales que está llevando a una sobrevaluación extrema del dólar y será factible que el Banco Central anuncie una política monetaria que utilice a la tasa de LELIQs y a la intervención reglada en el mercado cambiario como instrumentos para estabilizar el tipo de cambio y lograr una rápida desinflación.

La prioridad de la política económica durante el segundo semestre debe ser reducir a un mínimo todos los subsidios económicos

La opinión de muchos comentaristas económicos y de dirigentes empresarios, que siempre sostienen que hay atraso cambiario y que alientan permanentemente la devaluación, es muy equivocada y peligrosa.

La eliminación del atraso tarifario que da origen a los subsidios económicos, el más gravoso componente del déficit fiscal debe tener siempre prioridad frente a cualquier sospecha de atraso cambiario. Esta afirmación es sumamente importante Me interesa enfatizarla, especialmente ahora que el tipo de cambio está todavía por arriba de 27 pesos por dólar.

Los devalúo-maniacos, cuando observan desajustes en los precios relativos siempre aluden al atraso cambiario y recomiendan dejar que el peso se devalúe hasta encontrar su supuesto equilibrio de mercado. Esta es una recomendación razonable cuando el atraso cambiario ha sido inducido por tasas de interés muy altas en términos reales en un contexto de déficit fiscal que no encuentra financiamiento en el mercado local de capitales. Pero en ese caso, debe tenerse cuidado de no producir una devaluación exagerada que cree un desequilibrio en la dirección opuesta, fenómeno al que Rudiger Dornbursh denominó “overshooting” al describir la devaluación que sigue al abandono del tipo de cambio fijo.

La experiencia de Argentina demuestra que el ¨overshooting¨ puede ser tan o más acentuado cuando se produce una interrupción repentina en el flujo de capitales en un contexto de tipo de cambio flotante luego de que las altas tasas de interés alentaron la entrada de capitales de muy corto plazo.

A Federico Sturzenegger se lo critica por haber ¨quemado¨ 12 mil millones de dólares de reservas tratando de atenuar la devaluación del peso desde el 3 de mayo cuando el precio del dólar tocó los 23 pesos. Pero en realidad el error que cometió fue no hacer, en ese momento, una oferta masiva de dólares como la que hizo cuando el precio del dólar llegó a 25 pesos por dólar.  Hubiera terminado vendiendo menos reservas y no habría sido necesario subir las tasas de interés de 27 a 40% anual. Lo equivocó su insistencia en que la libre flotación del dólar es, en todo tipo de circunstancia, la mejor manera de enfrentar shocks externos. Una comparación de cómo nuestro país enfrentó la interrupción repentina de ingresos de capitales en 1995 y la que se produjo ahora, en mayo de 2018, muestra que no es la flexibilidad cambiaria la clave para lograr una rápida solución. La clave está en ver cómo se logra mantener la credibilidad en los anuncios de la política monetaria.

Ahora, es más difícil que lo que hubiera sido con un tipo de cambio de 23 pesos por dólar, pero aún con el dólar de 27 pesos por dólar, antes que aflojar frente a los exhortos de seguir devaluando para asegurar un tipo de cambio real alto, el gobierno tiene que animarse a eliminar el atraso tarifario, cualquiera sea el impacto inmediato que pueda tener sobre la tasa de inflación de los meses en los que se produzcan los ajustes.

El clima estanflacionario del segundo semestre de 2018 ya es inevitable y, por consiguiente, el gobierno debe tratar de crear condiciones para que el año 2019 sea de fuerte reducción de la inflación y de reactivación vigorosa de la economía. Es posible lograrlo, pero sólo si el gobierno no sigue cometiendo a partir de aquí, el mismo tipo de error que cometió entre diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de este año: haber equivocado la secuencia de los reajustes de precios relativos y los rubros en los que actuar con gradualismo. En todo caso hubiera sido más razonable eliminar gradualmente cualquier atraso cambiario que haber aplicado demasiado gradualismo en la eliminación del atraso tarifario. Y, por supuesto, la secuencia debería haber sido la opuesta a la que se aplicó. Era prioritario eliminar el atraso tarifario antes que el atraso cambiario. Ojalá los estrategas económicos del gobierno hayan aprendido la lección.

 

Desde el 20 de mayo, la inflación de los últimos 30 días, medida sin el efecto de los precios regulados, saltó de menos del 2% mensual a cerca del 3% mensual.

Hasta la escapada del dólar, la tasa de inflación de los precios online (que no toma en cuenta el efecto de los aumentos de tarifas y otros precios regulados) medida con respecto al índice de los 30 días anteriores, estaba bajando. Se ubicaba por debajo del 2% mensual. Eso hacía presumir que la tasa de inflación promedio del mes (que compara los precios promedios de mayo, con los precios promedios de abril) iba a ser algo más baja que la observada en abril. La tasa de inflación medida por INDEC habría sido, de todas maneras, bastante más alta por efecto del aumento de los precios de la energía durante mayo.

A partir de del 20 de mayo, la tasa de inflación de los últimos 30 días pegó un salto desde el 2% mensual a cerca del 3% mensual, reflejando el comienzo del traslado a los precios del aumento del precio del dólar. Este aumento sólo tendrá un efecto marginal en la tasa promedio de inflación del mes de mayo porque incidirá sólo durante los diez últimos días del mes, pero su efecto será mucho más significativo sobre la tasa de inflación de los precios no regulados en el mes de junio. No sería raro que la tasa de inflación mensual medida por INDEC en mayo resulte cercana al 3% y que esa misma tasa se repita en junio, a pesar de que para este mes no se contemplan ajustes en los precios de los precios regulados.

En el Gráfico 4 se comparan la tasa de inflación medida por INDEC y la tasa de inflación medida a partir de los precios online de los bienes y servicios no regulados. La diferencia refleja precisamente el efecto de los ajustes de los precios regulados que viene siendo significativa desde el mes de febrero y que probablemente va a ser más alta en el mes de mayo que en los tres meses anteriores.

El Banco Central y el Gobierno tenían la esperanza que la tasa mensual de inflación comenzara a descender en junio, mes para el que no se planeaban aumentos importantes en los precios regulados. Incluso se comenzó a comentar que en lo que resta del año 2018 y 2019 ya no se producirían ajustes importantes de los precios regulados. Se mencionó como posibilidad que los aumentos de precios de la energía anunciados para el mes de julio no se aplicarían. Pero todas estas expectativas y planes se vieron repentinamente frustradas cuando la salida de los capitales de corto plazo y la reacción del Banco Central provocaron la fuerte escapada del precio del Dólar.

Con el precio del Dólar a 25 pesos, la lucha contra la inflación se complica en varios frentes: en primer lugar, por el traslado de la devaluación a los precios, que, aunque el Banco Central espera que sea limitado a causa de la restricción monetaria que supone la tasa de LEBACs del 40%, no será insignificante y probablemente supere el 50% del porcentaje de devaluación.

En segundo lugar, porque el aumento del precio del dólar aumenta el monto de los subsidios que el gobierno tendrá que pagar a las empresas energéticas, dado que los costos de la energía se ajustan por el precio del dólar en prácticamente el 100%. Aún con los fuertes aumentos anteriores y los del mes de mayo, que generaron tanta resistencia, los precios pagadas por el gas y la electricidad por los usuarios todavía estaban 40% por debajo de los costos de producción o importación. Con el aumento del precio del Dólar, el atraso tarifario ha aumentado en alrededor de 20%, es decir que ahora los precios pagados por los usuarios se ubican 60% por debajo de los costos de producción o importación. Incluso el desfasaje puede llegar a ser mayor, porque están aumentando mucho los precios del gas que necesitará importarse este invierno. Este problema ya ha sido advertido por el Presidente Macri, que ha dicho que será necesario seguir ajustando los precios de la energía.

La interrupción repentina del flujo de capitales de corto plazo puso de manifiesto que el Gobierno puede verse impedido de seguir financiando el déficit fiscal con nuevo endeudamiento y ahora ya se está negociando un programa de apoyo del FMI. Por consiguiente, el ajuste fiscal se ha transformado en un imperativo. Y es imposible pensar en un ajuste fiscal significativo si es que el Tesoro debe aumentar el pago de subsidios por la energía. Sin duda, el gobierno enfrenta un dilema muy complejo.