Autor: Domingo Cavallo

La discusión mediática sobre los denominados “sobresueldos” es fruto de una operación destinada a que quede sin castigo el enriquecimiento ilícito de quienes habiendo pasado por la función pública no puedan justificar su patrimonio. Pretenden beneficiarse de esta confusión tanto funcionarios de los gobiernos del pasado como del presente.

El argumento defensivo que se pretende validar es simple: cuando ante una denuncia de enriquecimiento ilícito, el acusado que no pueda explicar un aumento substancial de su patrimonio, argumentará que por la ley secreta 18.302 recibió “sobresueldos” de la magnitud suficiente como para justificar aquel aumento. Los funcionarios interesados en enriquecerse a través de la función pública tienen gran interés en que la justicia acepte este argumento. Quedaría impune para siempre cualquier delito de enriquecimiento ilícito.

La confusión se siembra argumentando que yo, como Ministro de Economía, informé al Gabinete Nacional en 1992 que los funcionarios debían declarar los “sobresueldos” a la Dirección General Impositiva. De esta forma se pretende legalizar los “sobresueldos de hasta 100 mil pesos mensuales” (sic) de cuya existencia generalizada ya se ha convencido a la opinión pública.

Para comenzar a despejar la confusión y para que los delincuentes no se salgan con la suya, debo aclarar desde el vamos que los “reintegros de gastos protocolares” se limitaron a cifras de hasta 6.500 pesos mensuales para los ministros, 5.700 para los secretarios y 4.900 para los subsecretarios.Todos los funcionarios que concurrían a las reuniones de Gabinete Nacional, saben que al poco tiempo de asumir como Ministro de Economía propuse instituir el régimen transparente que finalmente fue plasmado en el Decreto 838 de 1994[Ver Decreto].

Sin embargo predominó el criterio de evitar que ese reintegro de gastos tuviera difusión y el Presidente decidió que se pagaran en forma secreta. Recuerdo que tanto los asesores legales de los órganos responsables de administrar los fondos de la ley secreta 18302 como la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro opinaron que ese encuadre legal era posible.Yo sostuve que el mínimo ingrediente de transparencia aceptable era la obligación de incorporar el reintegro de gastos protocolares en la declaración de impuestos de cada funcionario.

Este sistema funcionó desde 1991 hasta la sanción en 1994 del Decreto 838, que cambió el origen presupuestario de los reintegros por gastos protocolares y le quitó el carácter secreto, aunque mantuvo los montos que se habían abonado mensualmente en el período anterior.

Es claro que los funcionarios que recibieron dinero por fuera del sistema legal vigente cometieron delitos y deben ser juzgados, pero no aquellos funcionarios que recibieron una retribución por su trabajo, y un reintegro de gastos vinculado con su función, dentro del marco legal y lo incluyeron correctamente en sus declaraciones juradas de impuestos.

En materia de legalidad, así lo entendió la justicia que me sobreseyó en forma definitiva en una acusación de enriquecimiento ilícito que me hicieron en 1995.Esta acusación fue promovida por quienes se sentían molestos con mi lucha contra las mafias. La Jueza Servini de Cubria, me sobreseyó en el año 2004. Es decir que la declaración de los reintegros de gastos protocolares que yo incluí en mis declaraciones juradas anuales, en conjunto con todos mis otros ingresos, fueron tomadas como justificaciones legítimas de mis variaciones patrimoniales entre 1988 y el año 2003.

La discusión pública de esta cuestión de los reintegros de gastos protocolares, que por entonces los medios también denominaban “sobresueldos”, fue muy intensa en 1993 y 1994 [ Ver nota periodística 1993], pero quedo totalmente saldada con la publicación del decreto 838 de 1994, que introdujo total transparencia en el mecanismo de contabilización y pago de los mal llamados “sobresueldos”.

Para entender porqué se ha reabierto luego de más de una década, resultan muy útiles las declaraciones de Aníbal Fernández.El Ministro del Interior acaba de afirmar que seguramente no habrá sanción legal para los que pagaron “sobresueldos”, porque la ley secreta permitía el uso discrecional de los recursos por parte de quienes debían administrarlos. Pero preanuncia que habrá una “enorme sanción moral” para los que los cobraron. Y tal como se ha montado la discusión mediática, se pretende que los destinatarios de esa “enorme sanción moral” seamos los que cobramos reintegros de gastos no mayores a 6.500 pesos mensuales, mientras se nos mezcla con los que ahora dicen haber cobrado 50 mil pesos mensuales para aumentar significativamente su patrimonio no declarado ante la DGI.

En otros términos, han metido en la misma bolsa a todos los funcionarios honestos que recibieron una retribución por su trabajo y un reconocimiento de gastos razonables vinculados con su gestión, con los que no pueden justificar incrementos patrimoniales millonarios y recurren a los gastos reservados como explicación de lo inexplicable.

No me sorprende que a algunos funcionarios les interese esta vía de indemnidad, pero me parece una actitud repudiable desde todo punto de vista. No debe permitirse que los delitos queden sin castigo y mucho menos que quienes hemos actuado con honestidad recibamos la “enorme sanción moral” a la que alude el Ministro del Interior.

La Justicia, si realmente existe, debe investigar todas las denuncias de enriquecimiento ilícito. En mi caso, el juicio se prolongó por 9 años y se pidieron informes a varios países a partir de pruebas demostradamente falsas. Finalmente debieron sobreseerme y decir burocráticamente que quedó a salvo “mi buen nombre y honor”, después que utilizaron cientos de páginas de diario y miles de minutos de radio y televisión para hacerme aparecer como corrupto. Pero yo acepté la investigación como una carga ineludiblemente asociada a mi servicio público.

Todos los funcionarios tienen que estar dispuestos a admitir que se los investigue, aunque deseo que no hagan con los demás lo que hicieron conmigo en términos de uso injusto de la mentira y la difamación pública.La Justicia también debe investigar la malversación de gastos reservados. Pero si quieren hacerlo seriamente, en lugar de tratar de “redescubrir” con 10 años de atraso el mecanismo de reintegros de gastos protocolares que rigió entre 1991 y 1994 y que fue discutido, criticado y cambiado para dotarlo de total transparencia, se debería analizar el financiamiento de las campañas electorales, no sólo durante la gestión del Dr. Menem, sino también la del Dr. Alfonsín y la del Dr. Duhalde, ninguna de las cuales está libre de sospechas.

Lamentablemente, por la forma como se ha planteado en las últimas semanas, la discusión sobre los gastos reservados no parece estar orientada a que se investiguen seriamente y se castiguen los delitos de malversación de fondos e enriquecimiento ilícito. Me citan a mí como imputado cuando he sido sobreseído en una causa anterior por enriquecimiento ilícito y como Ministro de economía nunca tuve a mi cargo partida alguna de gastos reservados.

Pareciera más bien que se trata de una nueva cortina de humo, como ocurrió ya otras veces Pero me suena que hay un objetivo aún más detestable: transformar en chivos expiatorios y someter a un “enorme castigo moral” a funcionarios honestos en aras de conseguir impunidad para los delincuentes.

Notas:[1] El texto del Decreto 838 de 1994 se
puede ver en este sitio de la Web, haciendo click aqui[2] Marcelo Zlotogwiazda, el periodista de Página 12 que inició esta discusión en febrero de 1993, acaba de recordar algunos hitos de esa discusión. Ver artículo del 8 de mayo de 2005 en Página 12. Resulta notable que el periodista haya omitido una referencia al segundo artículo que publico en aquella época, en la que yo explico que los mal llamados “sobresueldos” son en realidad compensaciones de gastos protocolares. Una trascripción de ese segundo artículo se puede encontrar en este mismo sitio, haciendo click en este link.

Lea mi artículo publicado en La Nación.

Hoy, cuando leía los dichos del Presidente Kirchner sobre la política de desendeudamiento con el FMI, me surgió la pregunta que elegí como título para este artículo.

Osvaldo Giordano, desde IDESA, viene advirtiendo sobre la deuda que el ANSES está acumulando con los Jubilados [ Ver Artículo 1 – Artículo 2] . Yo ya lo mencioné en uno de mis artículos anteriores. Pero parece que a Kirchner la noticia no le ha llegado. De otra manera no creo que siga considerando justo cancelar deuda con el FMI para acumular una deuda nada menos que con los Jubilados…!

Lo que está ocurriendo es un calco de lo que ya pasó durante el Gobierno de Alfonsín. No se cumplía con la movilidad de las jubilaciones dispuesta por las leyes entonces en vigencia, y los jubilados no tenían otra vía que el reclamo judicial para hacer valer sus derechos. Las sentencias condenando a la ANSES a pagar salían cada vez más rápido, y la ANSES no las cumplía.

Se daban aumentos a los jubilados que cobraban la mínima, con lo que, hacia 1991, el 70 % de los jubilados cobraban el haber mínimo, aunque hubieran pagado como para tener una jubilación mucho mejor. Hacia fines de 1991 la deuda acumulada con los jubilados ascendía a 18 mil millones de pesos.

La Ley de Consolidación de Pasivos, promovida desde mi Ministerio, reconoció esa deuda y dispuso su consolidación. La saldamos emitiendo Bocones Previsionales por 18 mil millones de pesos. Lejos de ser “bonos basura”, como los había denominado el Diputado Baglini, los Bocones Previsionales se cotizaron sobre la par, con lo que los jubilados pudieron cobrar el 100 % de sus acreencias.

Todo esto ocurrió antes de que reestructuráramos y comenzáramos a pagar la Deuda Externa, a través del denominado Plan Brady, concretado a principios de 1993.

Desde enero de 2002, el Gobierno está acumulando una enorme deuda con los Jubilados que deberían cobrar arriba de la mínima. Esto ocurre porque no se está cumpliendo con la ley de Solidaridad Previsional, que dispuso que anualmente el Congreso de la Nación debe fijar el coeficiente de movilidad de las jubilaciones en la misma proporción que crecen los recursos de la ANSES. Esta deuda ya está siendo reclamada por algunos jubilados ante los tribunales. Y seguramente los juicios se multiplicarán geométricamente.

Es, por consiguiente, un imperativo, comenzar a aplicar de inmediato la movilidad dispuesta por la ley de Solidaridad Previsional y consolidar la deuda ya devengada con los Jubilados. Osvaldo Giordano, que es un especialista reconocido en este tema, ha estimado que la movilidad significa un aumento del 71 % para las jubilaciones que aún no han aumentado y la deuda acumulada hasta este momento asciende a 10 mil millones de Pesos.

Mi primer proyecto de ley, cuando ingrese a la Cámara de Diputados de la Nación, se referirá a este tema. Ya lo tengo redactado y lo he incluído en este sitio [Click aquí] , por si algún Diputado o Senador lo quiere presentar de inmediato. El proyecto también está disponible para que lo haga suyo el Poder Ejecutivo. Exactamente como yo lo hice en 1991, siendo Ministro de Economía de la Nación.

La inflación se acelerará no sólo por el intento absurdo de mantener a la moneda permanentemente subvaluada, sino también por la multiplicación de medidas que restringen la inversión y deterioran la productividad.

Los controles de precios y las retenciones a las exportaciones son dos ejemplos típicos de medidas que restringen la oferta futura de bienes y servicios y que agregarán presiones inflacionarias cada vez más fuertes.

El caso de los controles de precios, particularmente ahora que han adoptado la forma de congelamiento de las tarifas pesificadas para los servicios públicos, debería ser bien conocido por los economistas del gobierno.

Durante los 70 y los 80, cuando ellos tuvieron oportunidad de aplicar sus teorías económicas, eran comunes los “tarifazos”. Por supuesto, sobrevenían luego de períodos de congelamiento de tarifas que provocaban desinversión y desabastecimiento.

Lamentablemente, después de las elecciones de octubre, asistiremos a una secuencia de tarifazos que pueden llevar a triplicar los precios de la electricidad, el gas y el transporte público.

El caso de las retenciones a las exportaciones es tan perverso como el de los congelamientos de precios. Y por las mismas razones. Las retenciones, que además de ser muy elevadas para los productos agrícolas, ahora han sido aumentadas para los productos lácteos, desalientan la inversión en sectores para los que existe demanda interna y de exportación. El resultado no puede ser otro que la acentuación del desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Ya llegará el momento en que la causa de ese desajuste deberá ser eliminada. Entonces los aumentos de precios serán mucho mayores que los que evitarán ahora.Cualquier economista sensato, que tenga más de 40 años de edad y haya vivido en la Agentina, aún sin gran entrenamiento técnico, debería conocer estos fenómenos por simple experiencia.

Durante las décadas de los 70 y de los 80, cuando los controles de precios y las retenciones estaban a la orden del día, pasamos de la inflación a la stagflación y terminamos en hiperinflación.En particular, entre 1980 y 1990, cuando nuestra moneda se devalúo muchas veces y estuvo predominantemente subvaluada, la producción y las exportaciones se estancaron, no por falta de demanda sino, precisamente, por escasez de oferta. Y la oferta no aumentaba porque no había inversión y la productividad, en lugar de aumentar, retrocedía. Los controles de precios y las retenciones a las exportaciones figuraban entre las principales causas de ese desastre económico.

Es una paradoja, y por cierto algo que vamos a lamentar mucho en el futuro, que el Gobierno de Kirchner, que goza de popularidad gracias a la expansión económica provocada por una elevada demanda mundial de alimentos que tuvimos la fortuna de poder atender gracias a la inversión en infraestructura y tecnología de la década de los 90, esté destruyendo las bases de nuestra prosperidad con controles de precios y retenciones a las exportaciones, las mismas armas de destrucción económica que nos llevaron al desastre durante los 70 y 80.

El discurso de campaña del Canciller-Candidato es revelador de la Argentina que lo entusiasma.

Para hablar de la Argentina que deplora dijo textualmente: “La Argentina fue Menem, privatizaciones y vanidad; fue De la Rúa, 20 de diciembre, paredón y después; Rodríguez Saa, default y negligencia”. No incluyó en la lista ni a la Argentina de Alfonsín, proyecto Cóndor e hiperinflación; ni a la de Duhalde, pesificación y devaluación.

La omisión de dos episodios que desdibujaron mucho más la imagen de Argentina que los que él eligió para adornar su discurso tanguero, revela que añora la Argentina de Alfonsín y de Duhalde.

La mención de los premios Nóbel y de otros intelectuales ilustres es un simple recurso escapista en un discurso de neto corte político.No es casual que no haya incluido a los dos ex-presidentes en la lista de la Argentina que deplora. Pertenece a un gobierno que es el hijo no planeado del matrimonio político Duhalde-Alfonsín y está enamorado de la política exterior argentina durante sus respectivos mandatos.

Alfonsín y Duhalde, como Kirchner y Bielsa piensan que la violación de derechos humanos, si es llevada a cabo por Fidel Castro no es condenable. Cuando Castro le bloqueó la salida a Hilda Molina, no les preocupó tanto que la mujer y su familia sufrieran, sino que se hubiera conocido que el dictador cubano les había hecho un desplante, después de que ellos le rindieron pleitesía.

Alfonsín y Duhalde, como Kirchner y Bielsa, piensan que la inversión directa extranjera es indeseable, por lo que no les preocupa que los que deciden inversiones en infraestructura y otras actividades productivas tengan mala imagen del País. Sí les interesan los elogios del FMI y de la prensa financiera mundial, que se deleita cobrando sus acreencias, mientras a los pequeños bonistas italianos, alemanes, japoneses y españoles se los insulta, llamándolos “buitres y especuladores”.

Alfonsín y Duhalde, y Kirchner y Bielsa aún más, sienten admiración por el “nacionalismo” de Chávez, aunque éste haya sido un golpista, haga simulacro de democracia y financie la desestabilización de Bolivia y sus demás vecinos andinos.

Alfonsín y Duhalde, como Kirchner y Bielsa, no consideran que Estados Unidos y Europa merezcan apoyo en su lucha antiterrorista. Han conformado una Corte Suprema de Justicia tan “garantista” que se preocupa por proteger los derechos de los terroristas que cometen delitos en España o Chile, con lo que el país pierde fuerza para reclamar que Interpol detenga a los iraníes sospechados de haber planeado y ejecutado los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel. Cuando una periodista norteamericana critica estas decisiones judiciales de Argentina, no encuentran mejor forma de responder a su crítica que descalificándola, en lugar de usar argumentos válidos.

No es casual que entre la lista de decisiones que en el pasado desdibujaron la imagen de Argentina, Bielsa ni haya mencionado que durante el gobierno de Alfonsín, nuestro País produjo y exportó misiles de largo alcance, verdaderas armas de destrucción masiva.

Tampoco es casual que se refiera a los esfuerzos de la Cancillería por reestablecer relaciones con el Reino Unido y desmontar el proyecto Cóndor, como “hacer trabajar a la Cancillería dos años para poder ponerle un ponchito a Isabel II, la reina de Gran Bretaña". A pesar de que Gran Bretaña es nuestro mayor apoyo en la lucha por la eliminación de los subsidios agrícolas en Europa, el tema comercial externo de mayor importancia para la Argentina, el Canciller-Candidato se da el lujo de subestimar los esfuerzos que llevaron a reparar, aunque sea en parte, las funestas consecuencias de la Guerra del Atlántico Sur.

Será interesante escuchar las respuestas de Bielsa a estas críticas. ¿Será capaz de dejar de lado la descalificación y discutir con seriedad algo tan importante como la política exterior de nuestra Patria?