En mi nota del 12 de julio sostuve que en el mejor de los casos, si no hay golpe institucional de por medio, la economía argentina sufrirá estancamiento con inflación, una enfermedad que los economistas denominamos “estanflación”.
Este pronóstico no se basa en lo que pueda hacer el gobierno de aquí en adelante, sino en lo que han hecho los gobiernos de Duhalde y de Kirchner desde enero de 2002 hasta hoy. Aún si el gobierno de Cristina Kirchner aplicara las mejores políticas económicas imaginables, un cierto período de estancamiento con inflación es inevitable.
Peor aún, si se continuaran aplicando las políticas del llamado “Modelo Productivo”, es decir si se perseverara en tratar de mantener el Peso permanentemente devaluado, en lugar de estancamiento con inflación, como ocurrió varias veces entre 1975 y 1987, tendríamos algo peor: fuerte recesión con hiperinflación, como en el período 1988-1990.
De los dos escenarios posibles, mi pronóstico se apega al menos malo, porque, aún sin anunciarlo, el Gobierno está permitiendo que el Banco Central aplique una política monetaria con cierto sesgo anti-inflacionario, que no se había visto desde los tiempos de Alfonso Pratt Gay. El riesgo de caer en hiperinflación aumentaría si la actual situación política llevara a un cambio de gobierno en medio de un desorden como el de diciembre de 2001 y volvieran a tomar el poder, directa o indirectamente, los que creen que los problemas se resuelven con la emisión monetaria y la devaluación permanente de la moneda.
Tengo la sensación que el Gobierno está comenzando a darse cuenta que para frenar la inflación debe darle poder a Martín Redrado, el Presidente del Banco Central, y quitárselo a Guillermo Moreno, el Secretario de Comercio. Como ocurre en todos los países civilizados.
Pero este tímido movimiento en la dirección de la racionalidad económica, en el mejor de los casos, podrá evitar la hiperinflación, pero no conseguirá evitar la estanflación. Esto es así, porque la combinación de una política monetaria laxa, comprometida en el objetivo de no dejar apreciar el Peso, con políticas represivas de la inflación, aplicadas sistemáticamente y de manera cada vez más autoritaria, ha creado inflación reprimida de entre el 56 y el 125 %.
Esta medición de la inflación reprimida surge de un trabajo que realizamos recientemente con Joaquín Cottani y que a partir de hoy se puede consultar, en inglés, en el sitio del Grupo de los 30. Tan pronto como tengamos la traducción al castellano, incluiremos este estudio en la sección «artículos» de este sitio.
El trabajo que realizamos con Joaquín Cottani se titula “Distorsionando la Micro para embellecer la Macro”, y describe todas las distorsiones que se fueron acumulando desde enero de 2002 para tratar de evitar el aumento de un gran número de precios muy importantes en la economía argentina. Estas distorsiones adoptaron la forma de congelamiento de tarifas de servicios públicos, retenciones a las exportaciones, prohibiciones de exportar, controles de precios y subsidios sólo parcialmente compensatorios.
Como era de esperar, todas estas distorsiones han llevado a desajustes entre la oferta y la demanda de los bienes y servicios afectados, que ya se están tornando insostenibles. Es decir, que desde hace algún tiempo comenzaron a manifestarse en desabastecimiento o en precios libres, mas altos que los ordenados por el Secretario de Comercio, y mucho más elevados que los que se hubieran dado en ausencia de las distorsiones. De hecho en alguna medida estos fenómenos se vienen dando desde principios de 2007, aunque el gobierno ha tratado de esconderlos con los cambios arbitrarios en la forma de medir la inflación que desde entonces viene introduciendo el INDEC intervenido.
Las mediciones serias de la inflación sostienen que en 2007 el costo de la vida aumentó alrededor del 20 % y en lo que va de 2008, la inflación se ubica entre el 25 y el 38 %. En un sitio muy interesante, denominado www.inflacionverdadera.com, se hace un seguimiento diario de dos componentes importantes de la inflación: el índice del costo de la canasta básica y el índice de alimentos y bebidas, y sus cifras desmienten categóricamente las que reporta el INDEC controlado por Guillermo Moreno.
Al ritmo de la inflación actual, suponiendo que el gobierno aplique una política monetaria auténticamente anti-inflacionaria y el precio del dólar se mantenga en alrededor de 3 pesos, se necesitarán entre dos y cuatro años para eliminar la inflación reprimida. Si se lo quisiera hacer más rápido, digamos en un año, la inflación podría escalar a más del 56 % anual. Y si las circunstancias de la economía global o la situación política interna obligaran a eliminar de golpe las retenciones a las exportaciones, la inflación anual podría trepar al 125 % anual.
En cualquier caso, la combinación de una política monetaria suficientemente restrictiva como para evitar la devaluación del Peso, con la eliminación gradual o rápida de las distorsiones, provocará caídas de la demanda de muchos bienes y servicios, por lo que no será posible mantener un ritmo rápido de crecimiento de la economía. En el mejor de los casos se asistirá a un período de estancamiento del nivel de actividad económica, con serios riesgos de recesión.
Todo este razonamiento parte del supuesto que a partir de ahora el Banco Central se hace cargo de la responsabilidad de luchar contra la inflación e impide la devaluación de la moneda. Si esto no ocurriera, el devenir económico se tornaría mucho más grave, con riesgos crecientes de fuerte recesión e hiperinflación. Un deterioro extremo de la situación política como la que se dio a fines de diciembre de 2001, que condujera a un cambio desordenado de gobierno, transformaría estos riesgos en una casi certidumbre.
En una próxima nota contestaré una pregunta que muchas personas bien intencionadas me fornulan: ¿Porqué no podría el gobierno de Cristina Kirchner aplicar políticas capaces de producir de inmediato estabilidad y crecimiento, como ocurrió en 1991?
Hasta pronto…